TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 1060/2018-RA

Sucre, 21 de diciembre de 2018


Expediente                : La Paz 125/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otros

Parte Imputada        : Lucy Lidia Maldonado de Vásquez

Delito                : Estafa


RESULTANDO


Por memorial presentado el 5 de septiembre de 2018, cursante de fs. 219 a 224, Juan Carlos Sosa Mamani, Balbina Quispe Flores y Juan José Siñani Quiroga, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 28/2018 de 18 de abril, de fs. 208 a 212, pronunciado por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y los recurrentes contra Lucy Lidia Maldonado de Vásquez por la presunta comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 32/2016 de 1 de agosto (fs. 137 a 142), el Tribunal Quinto de Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Lucy Lidia Maldonado de Vásquez, absuelta del delito de Estafa, tipificado y sancionado por el art. 335 del CP, por no existir prueba que genere convicción en el Tribunal sobre su responsabilidad penal, con imposición de costas atribuible al Ministerio Público y acusación particular, más reparación de daños, que serán calificados en ejecución de Sentencia.


  1. Contra la referida Sentencia, los acusadores particulares Juan Carlos Sosa Mamani y Balbina Quispe Flores interpusieron recurso de apelación restringida (fs. 176 a 180), que previo memorial de subsanación (fs. 192 a 196), fue resuelto por Auto de Vista 28/2018 de 18 de abril, dictado por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que rechazó y declaró inadmisible el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 29 de agosto de 2018 (fs. 213), los recurrentes fueron notificados con el referido Auto de Vista; y, el 5 de septiembre del mismo año, interpusieron el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.


Los recurrentes haciendo alusión a los antecedentes del proceso y la apelación restringida planteada, recurren en casación bajo los siguientes aspectos:

  1. En cuanto al contenido de la Sentencia, se señaló la errónea aplicación del art. 359 del Código de Procedimiento Penal (CPP), puesto que en la parte IX.VALORACIÓN INTELECTIVA DE LAS PRUEBAS, sólo de valoró las pruebas relevantes consideradas como útiles al hecho, sin valorar la prueba de manera integral, ya que es deber del Tribunal, no solo valorar las pertinentes, como se hizo en la Sentencia, objeto de casación.


  1. Nuevamente identificado la errónea aplicación del art. 359 del CPP, alega la aplicación de la sana crítica y los razonamientos en que fundamenta la Sentencia su decisión, siendo que en la misma, no se halla expresado de manera clara, precisa y concreta bajo qué reglas de la sana crítica se ha realizado la valoración de los elementos de prueba, reemplazando dicha labor con meras relaciones de hecho.


  1. Cita como erróneamente aplicado el art. 124 del CPP por parte de la Sentencia, reiterando que la fundamentación probatoria se ha reemplazado por meras relaciones de hecho, ya que no brinda un razonamiento preciso y claro.


  1. Denuncia la errónea aplicación del art. 360 inc. 3) del CPP en Sentencia, siendo que si bien hay una exposición de motivos de hecho y derecho, la misma en general y no se menciona expresamente la individualización del voto de cada miembro del Tribunal, causando incertidumbre respecto a este requisito procesal.


  1. En base al art. 359 del CPP, se aduce la prueba D-6 no ha sido citada en la Sentencia, omitiendo su valoración y que respecto a las pruebas testificales de cargo y descargo, así como a las documentales (cita textual), no expresan bajo qué reglas de la sana crítica han merecido valoración y haciendo énfasis en la prueba testifical de cargo y la documental de la acusación pública y particular, tampoco han merecido una adecuada valoración, reiterando que dicha valoración ha sido sustituida por meras relaciones de hecho que confunden al lector de la Sentencia, vulnerando el art. 124 del CPP; además que no consta el voto de los miembros del Tribunal.


Al efecto en calidad de precedentes contradictorios cita el Auto Supremo 091/2006 de 28 de marzo y el Auto de Vista 14/2015 de 26 de marzo, impetrando la nulidad de la Sentencia.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El derecho de Impugnación encuentra su fundamento en el art. 180 par. II de la Constitución Política del Estado (CPE), el cual establece el derecho a recurrir toda decisión judicial dentro un determinado proceso sometido a juzgamiento por la justicia ordinaria. En el mismo sentido el art. 394 del Código de Procedimiento Penal ha establecido el derecho a recurrir los fallos judiciales por quien le corresponda y esté permitido por Ley.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, también asumido en el Auto Supremo Nº 118/2015-RRC de 24 de febrero, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consiste la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS.


En el caso de autos se advierte que los recurrentes fueron notificados con el Auto de Vista impugnado el 29 de agosto de 2018, interponiendo su recurso de casación el 5 de septiembre del mismo año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Conforme se tiene del recurso de casación, en los motivos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto que se exponen, los recurrentes haciendo una exégesis y abstracción de los argumentos expuestos en el recurso de apelación restringida, en la exposición de sus fundamentos, señalan agravios como defectos por la errónea aplicación de los arts. 359, 124 y 360 inc. 3) del CPP; estableciéndose de ello, la no vinculación de estos argumentos con los fundamentos del Auto de Vista emitido, cuando los agravios, deben relacionarse a defectos, errores y falencias en las que incurra el Auto de Vista en la forma de resolver la apelación restringida planteada por las partes; que contrariamente los recurrentes no exponen agravio alguno que les haya causado el Auto de Vista, limitándose a impugnar nuevamente la Sentencia, conforme se evidencia de la simple lectura de los motivos que argumenta y del petitorio del recurso, equivocando por el sentido y la naturaleza jurídica del recurso de casación que conforme al art. 416 primera parte del CPP, únicamente puede ser procedente para impugnar Autos de Vista.


De lo expuesto, se evidencia que los recurrentes al interponer su recurso, han ejecutado una axiomática falta de técnica recursiva, extrañándose los verdaderos fundamentos del recurso de casación, que más allá de subtitularse en la suma “INTERPONE RECURSO DE CASACIÓN”, de la revisión del memorial, no se ha podido identificar el argumento central de casación, por el cual se impugne efectivamente el Auto de Vista. Así, para este Tribunal, no es coherente y procedente que en base a una limitada argumentación jurídica se pretenda la admisión del recurso y su análisis en el fondo, cuando no se cuenta con los presupuestos mínimos para ejercer la labor nomofiláctica, uniformadora y de legalidad en casación, la cual debe emerger precisamente del uso adecuado de los recursos que franquea la Ley a las partes, máxime si se resguardan la legalidad y los intereses del orden público.


Por ello, la parte recurrente, pretendiendo la revisión de la Sentencia ante este Tribunal, incumple los fundamentos de procedencia del recurso de casación, ante una errónea interpretación de la finalidad del recurso y las funciones del Tribunal Supremo de Justicia, con una falencia recursiva que desnaturaliza la propia norma procesal, cuya procedencia desde todo punto de vista vendría a ser ilegal y contraria a la misma doctrina legal aplicable pronunciada por este alto Tribunal de justicia en sus Autos Supremos 219/2014-RRC de 4 de junio y 396/2014-RRC de 18 de agosto, entre otros, que en definitiva han sido inobservados por parte de los recurrentes al momento de interponer el presente recurso de casación; por cuanto, al no haber dado cabal y correcto cumplimiento a los arts. 416 y 417 del CPP, limitándose además- a citar meramente como precedentes el Auto Supremo 091/2006 de 28 de marzo, sin exponer ninguna relación de contradicción con el Auto de Vista, sin mayores consideraciones corresponde determinar la inadmisibilidad del recurso de casación, al no haber fundado eficazmente el recurso de casación, impugnando el Auto de Vista, invocando los precedentes contradictorios inobservados por el Tribunal de alzada y estableciendo la contradicción que se pretende; y más aún, al extrañarse alegato alguno respecto a la vulneración de derechos fundamentales y/o garantías jurisdiccionales para poder ingresar al análisis vía flexibilización.

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Juan Carlos Sosa Mamani, Balbina Quispe Flores y Juan José Siñani Quiroga, de fs. 219 a 224.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos