TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 1056/2018-RA

Sucre, 21 de diciembre de 2018


Expediente                : La Paz 120/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte Imputada        : Martín Certan Quispe  

Delitos        : Estafa y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 30 de mayo de 2018, cursante de fs. 506 a 514 vta., Rafael Quiñones Tinini y Gregoria Laura Cosme, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 31/2017 de 3 de mayo, de fs. 399 a 403, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Ministerio Público y la parte recurrente contra Martín Certan Quispe, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Material, Uso de Instrumento Falsificado, Estafa y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 198, 203, 335 y 337 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 04/2016 de 21 de marzo (fs. 340 a 353), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Martín Certan Quispe, absuelto de pena y culpa de la comisión de los delitos de Falsedad Material, Uso de Instrumento Falsificado, Estafa y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 198, 203, 335 y 337 del CP, ya que la prueba aportada no fue suficiente para generar convicción de la responsabilidad penal, disponiendo la cesación de todas las medidas cautelares personales impuestas en su contra.


  1. Contra la mencionada Sentencia, los acusadores particulares Rafael Quiñones Tinini (fs. 364 a 370 vta.), y Gregoria Laura Cosme (fs. 372 a 378 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 31/2017 de 3 de mayo, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisibles e improcedentes los recursos planteados; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 9 de agosto de 2017 (fs. 410 y 411), los recurrentes fueron  notificados con el referido Auto de Vista; y, el 30 de mayo de 2018, interpusieron el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN



Del presente recurso de casación interpuesto, se extraen los siguientes agravios:


  1. Los recurrentes refieren que la Sala Penal Tercera emitió un Auto de Vista en la que existe una errónea aplicación de la ley sustantiva  conforme el defecto previsto en el inc. 1) del art. 370 del Código de Procedimiento Penal (CPP), argumentando que contendría interpretaciones ambiguas de normas legales, donde se habría establecido también que los delitos de Estafa, Estelionato, y Uso de Instrumento Falsificado no habrían existido, así como que tampoco se demostró la acusación; empero, en el punto 4 de la resolución impugnada, mediante la prueba documental a la que hicieron referencia a criterio del recurrente se demostraría que el imputado encuadraría su conducta al tipo penal de Falsedad Material, ya que procedió a elaborar con terceros el Testimonio de Protocolización 989/92, siendo el mismo falso conforme al informe efectuado por la Notaria de Fe Pública donde supuestamente se protocolizó dicho documento y porque se habría también demostrado que la persona con la que se firmó dicho documento hubiera fallecido el año 1989; es así, que el Tribunal de alzada solo habría hecho referencia a la Sentencia Constitucional 770/2012 de 13 de agosto, referente al principio de legalidad, asimismo señaló al art. 408 del CPP, sin tomar en cuenta el fondo del recurso, ni tampoco el contrato de compra venta de 24 de junio de 2005 suscrito entre los recurrentes con el imputado aludiendo en consecuencia la falta de fundamentación en el Considerando III punto tercero, repitiéndose las mismas transcripciones para ambos denunciantes en sus respectivos recursos de apelaciones restringidas. Asimismo alega que no se valoró la prueba documental MP-1, consistente en el Testimonio anteriormente expresado, señalando que el imputado tuvo conocimiento al tramitar los papeles cuando nunca presentó prueba alguna sobre ello como ser el talonario de trámite de DDRR. Finalmente hizo referencia al voto disidente en Sentencia, invocando los Autos Supremos 450/2004 de 19 de agosto, 104/2004 de 20 de febrero, 356/2011 de 4 de julio, 349/2011 de 15 de junio y 344/2011 de 15 de junio, referentes a la atribución del Tribunal de alzada con relación a la Sentencia a objeto de anularla total o parcialmente ante la existencia de errónea aplicación de la ley o emitir nueva Sentencia, conforme a los arts. 413 y 414 del CPP.


  1. Denuncian que el Tribunal de alzada incurrió en el defecto de fundamentación insuficiente y contradictoria previsto en el inc. 5) del art. 370 del CPP, con relación a los arts. 124 y 359 del CPP, señalando en primera instancia aspectos del debido proceso y su rol en cada etapa del proceso, citando la Sentencia Constitucional 760/2003, referente al principio de imputación, para luego argumentar que el ad quem incurrió en fundamentación contradictoria al no pronunciarse sobre la Sentencia recurrida en cuanto a la prueba judicializada como ser la prueba MP-1 Testimonio 989/92, MP-3 Testimonio 150/2009, MP-4 cartas notariadas, MP-5 informe de derechos reales, MP-6 contrato de compra venta condicional de 24 de junio de 2005, MP-7 recibos, MP-8 resolución de Auto definitivo, MP-9 informe de Notaria de Fe Pública Nº 06, MP-10 informe de Notaria de Fe Pública Nº 10, donde los recurrentes realizan argumentaciones respectos a las diferentes pruebas citadas, invocando a tal efecto los Autos Supremos 431/2005 de 15 de octubre, referente a la debida fundamentación.


  1. Acusan inexistencia de fundamentación del Auto de Vista impugnado, argumentando que se señalaron precedentes y doctrina legal sin explicar las razones jurídicas en que se basan, existiendo confusión y ambigüedad omitiendo fundamentar sobre los agravios reclamados como la falta de valoración probatoria, invocando los Autos Supremos 385/2013 de 31 de diciembre y 287/2013-RRC de 4 de noviembre, referentes al deber de fundamentación de resoluciones judiciales; en suma, sostienen que en la emisión del Auto de Vista impugnado no existen fundamentos sino meras transcripciones, citas de hechos y razonamientos, generando inseguridad jurídica siendo contrarios a los precedentes citados.


  1. Señalan como motivo de casación la defectuosa valoración probatoria, citando el art. 3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), referente a la imparcialidad, donde luego refieren la violación de este principio, y que no se habría considerado todas las cuestiones reclamadas, convalidando la Sentencia impugnada y los defectos absolutos que esta contendría, salvo lo emitido por el voto disidente donde contendría todos los agravios respectos a la inobservancia de la ley, la insuficiente fundamentación y la escasa valoración probatoria, más los ilícitos cometidos por el acusado, haciendo una explicación sobre los delitos acusados, a) En cuanto al delito de Estafa se aduce que concurrirían los elementos típicos de este delito y que se demostró el dolo cuando el acusado fue al puesto de la querellante el 24 de junio de 2005 a ofrecer un lote de terreno cuando no era legítimo propietario evidenciándose el desprendimiento patrimonial con la prueba MP-7 en la suma de 1.500 dólares americanos, b) Con relación al delito de Estelionato se expresa que se demostró cuando se suscribió el documento de compra venta de 24 de junio de 2005 sin que el acusado sea propietario y por otro lado cuando realizó el proceso civil de Usucapión contra Francisco Loza siendo este que estaba fallecido, obteniendo la Sentencia 187/2008, c) Respecto al delito de Uso de Instrumento Falsificado se señala que se demostró dicho delito con las pruebas MP-1 testimonio 989/92 pues quien habría otorgado dicho testimonio Francisco Loza falleció años antes, conforme también se evidenció con la prueba MP-5 referente a un informe de la Notaria Sarandí Marcela Encinas; y, d) Que el delito de Falsedad Material se sostuvo que se subsumiría por haber realizado el Testimonio 989/92, sin embargo la interpretación para absolverlo habría sido que dicho documento se realizó ante notario de Fe Pública y fue una función exclusiva del Notario y no del imputado. A tal efecto invocaron los Autos Supremos 444/2005 de 15 de octubre, referente a que se considera defecto absoluto la errónea valoración probatoria en Sentencia, y  77/2013 respecto a la atribución del Tribunal de alzada de modificar la situación jurídica del imputado.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la LOJ, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.





IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


El Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento de la primera parte del art. 418 del CPP, al momento de analizar las formalidades que las partes deben observar previa interposición del recurso de casación, debe examinar si se cumplieron con los requisitos formales de admisión previstos por los arts. 416 y 417 de la citada norma procesal, para con su resultado, declarar admisible o inadmisible el recurso; siendo esta labor de trascendental importancia a objeto de que este Tribunal, abriendo su competencia pueda confrontar, sobre la base de criterios ciertos y objetivos, la autenticidad o no de cada uno de los motivos que hacen al recurso de casación con el contraste de los precedentes invocados en dichos recursos.


Las formas procesales revisten un carácter protocolar que es impuesta como carga a quien pretende se le conceda un derecho en uso de las facultades que la ley le confiere, con el fin de evitar la discrecionalidad de las partes en la tramitación de las causas, siendo una necesidad imperiosa dentro un Estado Democrático de Derecho, precisamente para qué quien alega, pueda obtener una respuesta justa y pertinente respecto a lo que impetra, como parte del principio de legalidad que involucra al debido proceso; tales criterios, inclusive provienen del artículo 29 núm. 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, estableciendo que: "….en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática….”.


Bajo ese contexto, conforme se precisó en el acápite III inc. i) de esta resolución, respecto a las formas procesales establecidas como carga que deben asumir los recurrentes, indicar que el plazo para interponer el recurso de casación en materia penal es de cinco días, plazo que conforme dispone el art. 130 del CPP, empieza a correr a partir del día siguiente de practicada la notificación y se computa sólo los días hábiles. En autos, primeramente conforme se advierte de la diligencia de fs. 410 y 411, los querellantes Gregoria Laura Cosme y Rafael Quiñones Tinini, fueron notificados el miércoles 9 de agosto de 2017 con el Auto de Vista impugnado, interponiendo su recurso de casación el miércoles 30 de mayo de 2018, conforme consta en el cargo de recepción del secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a fs. 515, evidenciándose que el plazo de presentación fenecía el miércoles 16 de agosto de 2017; por lo que en observancia al plazo establecido el recurso de casación fue interpuesto fuera del plazo procesal exigido por el art. 417 del CPP; en consecuencia, el presente recurso deviene en inadmisible, en previsión del precitado precepto procesal.


Asimismo se debe advertir, que los recurrentes conforme se evidencia en obrados, si bien presentaron memorial de incidente de nulidad de notificación el 6 de abril de 2018; empero, mediante Auto de 3 de agosto de 2018 (fs. 529 a 230), se declaró el mismo improbado, manteniéndose incólume la notificación acusada de nula. Por otro lado, en su recurso de casación en ninguna parte alegó violación o vulneración de su derecho de acceso al recurso con relación a la notificación realizada, motivo por el que este Tribunal no puede ingresar al fondo de lo pretendido de oficio a considerar la invalidez de la diligencia realizada.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Rafael Quiñones Tinini y Gregoria Laura Cosme, de fs. 506 a 514 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos