TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 1037/2018-RRC

Sucre, 23 de noviembre de 2018


Expediente                        La Paz 128/2015

Parte Acusadora                : Carmen Rosa Calasich Zarate de Paz 

Parte Imputada        : Nancy Francisca Saravia Castellón de Flores

Delito                         : Estelionato

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 30 de junio de 2015, cursante de fs. 589 a 592 vta., Nancy Francisca Saravia Castellón de Flores, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista de “04/2014 de 16 enero de 2015”, de fs. 565 a 570 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Carmen Rosa Calasich Zarate de Paz contra la recurrente, por la presunta comisión del delito de Estelionato, previsto y sancionado por el art. 337 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 55/2008 de 16 de diciembre (fs. 444 a 449), el Juez Tercero de Sentencia de la ex Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, declaró a Nancy Francisca Saravia Castellón de Flores, absuelta de pena y culpa del delito de Estelionato, previsto y sancionado por el art. 337 del CP, ya que el hecho no existió, no constituye delito o que el imputado no participó en él-, sin costas.


  1. Contra la mencionada Sentencia, la acusadora particular Carmen Rosa Calasich Zárate de Paz (fs. 454 a 459 vta.), y la imputada Nancy Francisca Saravia Castellón de Flores (fs. 470 a 472), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por los Autos de Vista 357/09 de 25 de mayo de 2009 (fs. 484 a 486 vta.), 30/2014 de 10 de abril (fs. 533 a 536 vta.); que fueron dejados sin efecto por los Autos Supremos 776/2013 de 23 de diciembre (fs. 526 a 529 vta.) y 509/2014-RRC de 1 de octubre (fs. 555 a 560 vta.); en cuyo mérito, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 04/2014 de 16 de enero de 2015, que declaró admisible la apelación de la parte acusadora; por ende, anuló la Sentencia apelada, disponiendo la reposición del juicio por el Juez de Sentencia siguiente en número; e, inadmisible el recurso planteado por la imputada, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación interpuesto por Nancy Francisca Saravia Castellón y del Auto Supremo 781/2018-RA de 28 de agosto, se extraen los motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).

  1. La recurrente señala que las sub-reglas para la valoración de la prueba sana crítica- establecidas en el Auto Supremo 131 de 31 de enero de 2007, fueron vulneradas por el Tribunal de apelación, al revalorizar prueba extraordinaria y manifestar la existencia de desigualdad, rechazando prueba extraordinaria de la querellante, olvidando que en conformidad al art. 171 del CPP libertad probatoria- el Tribunal de alzada tiene la facultad de admitir o limitar los medios de prueba, cuidando que la misma esté referida directa o indirectamente al objeto del proceso y sea útil para el descubrimiento de la verdad; en el presente caso, si ya se contaba con la declaración de la impetrante aceptando la existencia de antecedentes penales, la prueba extraordinaria de la acusación a criterio de la recurrente sería excesiva e impertinente; concluyendo en la inexistencia de vulneración del derecho a la igualdad, sino que por el contrario el Juez de instancia habría limitado la producción de prueba respecto a un hecho probado y que no era objeto de controversia.


  1. Arguye que el Tribunal de apelación concluyó que el Juez de Sentencia debió suspender la audiencia de juicio, y conforme al art. 335 del CPP, otorgar 10 días para que la parte acusadora tenga el tiempo prudencial para analizar y estudiar la prueba extraordinaria ofrecida, afirmando que al no haber obrado de ésta forma el Juez de origen vulneró el debido proceso, contrariando los Autos Supremos 92 de 28 de marzo de 2013 y 509/2014-RRC de 1 de octubre, referido el primero al procedimiento para la producción de prueba extraordinaria en juicio y el segundo a la congruencia, pertinencia y deber de fundamentación de las resoluciones; asimismo afirma al respecto que la Sentencia en cuestión, fue emitida el 16 de diciembre de 2008 y por lo mismo no sería aplicable un procedente jurisprudencial inexistente en dicha gestión, vulnerando en ese caso el Tribunal de alzada el debido proceso, la seguridad jurídica, el derecho a la defensa, la igualdad entre partes, y el principio de irretroactividad de la norma, éste último establecido en el art. 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), que según la impetrante también sería aplicable a las resoluciones emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional, los cuales acusa sólo pueden aplicarse a los casos que en ese momento se hallan en tramitación y no de forma posterior.           


Finalmente señala la existencia de contradicción entre el Auto de Vista impugnado con otros Autos de Vista dictados por la misma Sala pero con diferentes autoridades jurisdiccionales, afirmando la uniformidad de criterios al confirmar la Sentencia 55/2008; asimismo, hace hincapié en el razonamiento del Ministerio Público que mediante la Resolución de Rechazo 88/02 de 14 de marzo de 2002, confirmada por la Resolución Jerárquica 160/02, determinó la inexistencia del delito, en base a la cual se tramitó la conversión de acción.   


I.1.3. Petitorio.


La recurrente solicita se de curso a su recurso de casación y se deje sin efecto el Auto de Vista para que dicha instancia emita una nueva resolución en base a la doctrina que se emita en el presente caso.



I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 781/2018-RA de 28 de agosto, de fs. 911 a 914, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Nancy Francisca Saravia Castellón, para el análisis de fondo de los motivos identificados precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y precisado el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 55/2008 de 16 de diciembre (fs. 444 a 449), el Juez Tercero de Sentencia de la ex Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, declaró a Nancy Francisca Saravia Castellón de Flores, absuelta de pena y culpa del delito de Estelionato, previsto y sancionado por el art. 337 del CP, ya que el hecho no existió, no constituye delito o que el imputado no participó en él-, sin costas, en base a los siguientes argumentos:


Con base a los hechos probados se pudo establecer que el documento de compra venta de 16 de febrero de 2000, sobre el inmueble ubicado en la calle Hugo Hernest de la zona Bajo Seguencoma de la ciudad de la Paz, a favor de Paola Susana Berzaín Battioni, en el que la imputada se obliga en la cláusula segunda a pagar la suma de $us. 35.000.- como parte del precio de la transferencia, otorgando como garantía hipotecaria el bien inmueble ubicado en la región de Calacoto.


Según el informe de Derechos Reales de 21 de noviembre de 2001, se advierte que el inmueble se halla registrado a nombre de Raúl Flores Callejas, estableciéndose que la imputada asumió una deuda dando como garantía un lote de terreno registrado a nombre de Raúl Flores quien era su esposo, de lo que se establece que la imputada no puso como garantía un bien ajeno menos que esté sujeto a litigio o gravamen, fundamentos que eximen de responsabilidad al no haberse demostrado el hecho acusado.


II.2.        De las apelaciones restringidas.


Contra dicha Sentencia interponen recurso de apelación restringida:


II.2.1. Carmen Rosa Calasich Zárate.


Violación al principio de igualdad de las partes y de contradicción, previsto en los arts. 12 y 329 del CPP.


Refiere que la Sentencia se basó en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio en clara vulneración del principio de legalidad de la prueba, previsto en los arts. 370 inc. 4), 13, 172 y 340 del CPP.


La Sentencia se basa en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba prevista en el art. 370 inc. 6) del CPP, siendo que no se aplicó de manera correcta lo establecido en el art. 173 del CPP.


II.2.2. Nancy Francisca Saravia Castellón de Flores.


Refiere que se debe dar curso a la extinción de la acción penal por prescripción al haber transcurrido el tiempo para que opere la misma.


Respecto a la excepción de cosa juzgada señala que no se valoró la prueba que adjuntó y menos la jurisprudencia, olvidando que para su interposición no se necesita el reconocimiento de firmas y rubricas como lo establecerían las Sentencias que hacen referencia.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado. 

       

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista “04/2014 de 16 de enero de 2015”, que declaró admisible la apelación de la parte acusadora; por ende, anuló la Sentencia apelada, disponiendo la reposición del juicio por el Juez de Sentencia siguiente en número; e, inadmisible el recurso planteado por la imputada, motivando la interposición del presente recurso de casación, en base a los siguientes argumentos:


II.3.1. Con relación a Nancy Francisca Saravia Calderón


Respecto a su recurso de apelación restringida se advierte de antecedentes que la recurrente fue notificada con la Sentencia el 19 de diciembre de 2008, presentando su respuesta y recurso de apelación, a la vez, el 10 de febrero de 2009; por lo que, el recurso se encontraría fuera del plazo previsto por el art. 408, determinando en consecuencia declarar su inadmisibilidad por manifiesta extemporaneidad.


II.3.2. Del recurso de apelación de Carmen Rosa Calasich Zárate de Paz.


1.- Con relación a la audiencia de 27 de octubre de 2010, que el Juez no hubiera dado curso a la solicitud de aclaración; refiere que este argumento no habilita al recurso de apelación restringida más si en su oportunidad no se hizo reserva de apelación, habiéndose permitido que opere el principio de preclusión.


2.- El Tribunal de alzada advirtió que el Juez de origen en la audiencia de 8 de diciembre de 2008 no asumió la misma postura desplegada el 10 del mismo mes y año; en que la parte acusada solicitó la introducción de la prueba extraordinaria, pues al tratarse de dos pedidos de la misma naturaleza, estaba en la obligación de dictaminar similares decisiones, evidenciando incluso este Tribunal que el argumento por el que se rechazó la introducción de la prueba extraordinaria a la querellante, fue por demás  injusto; pues la acusada en su declaración al haber declarado cierto hecho de contar con antecedentes penales había sentado las bases suficientes para que la recurrente solicite la introducción de la prueba extraordinaria ofrecida, lo que sin duda genera un defecto procesal conforme a lo previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP, al no haberse protegido los derechos y garantías constitucionales.


Por otro lado, señala que en la audiencia de 10 de diciembre de 2008, ante la introducción de la prueba extraordinaria por la acusada, misma que conforme se tiene de antecedentes fue admitida, el Juez de origen pese a la oposición de la querellante omitió dar cumplimiento a lo previsto en el art. 335 inc. 1) del CPP; generando en el desarrollo del juicio un vicio insubsanable, pues el objeto de la suspensión que refiere el código adjetivo penal es que la parte contraria tenga un tiempo prudencial para analizar y estudiar la prueba ofrecida; por lo que, al no haber obrado de tal manera reconoció el derecho al debido proceso que asiste a la parte querellante; en consecuencia, se debe tener en cuenta lo previsto en el Auto Supremo 92 de 28 de marzo de 2013; doctrina en la cual se hubiera basado el Tribunal de alzada.


3.- Con relación al defecto comprendido en el art. 370 inc. 4) del CPP, con relación a la introducción de la prueba del certificado de matrimonio y la libreta de familia en audiencia de 10 de diciembre de 2008; al respecto señala que, en mérito de la relación efectuada en el punto anterior al advertir que la forma en que fue introducida la citada prueba extraordinaria, desconoció inicialmente el derecho a la igualdad; y por otro lado, no se cumplió con lo previsto en el art. 335 del CPP, señalando que no existe duda para concluir que el fallo recurrido evidentemente incurre en el defecto denunciado, máxime si se considera que la fundamentación realizada por el Juez de mérito para llegar a la decisión de absolver a la acusada, está relacionada con dicha documentación, porque este Tribunal no puede efectuar abstracción de tales medios de prueba, a los fines de causar menor perjuicio a las partes, más aún si fue incorporada al juicio con violación de las normas contenidas en el CPP.


4.- Con elación a la denuncia sobre el defecto comprendido en el art. 370 inc. 6) del CPP, señala que existe una presunción de ganancialidad y el Tribunal de alzada señala que no advierte que la acusada a momento de suscribir el documento de 16 de febrero 2000, con la querellante haya cumplido la formalidad que exige el art. “115 del CF”, llevando a determinar que el Juez de origen, en la actividad valorativa de la prueba no observó las reglas fundamentales de dicha labor, (la lógica, la psicología y la experiencia) en el marco de la razonabilidad y equidad previsibles para decidir de forma urgente, quebrantando principios que generan que el fallo apelado incurra en una ausencia de fundamentación, que a su vez desemboca en el desconocimiento del art. 124 del CPP, incurriendo en el defecto previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP, máxime si en el hipotético caso de que la acusada, sólo haya dispuesto su cuota parte como relaciona el Juez de Sentencia, no se advierte que previamente haya dado cumplimiento a los principios de publicidad y oponibilidad de su derecho propietario, previsto en el art. 1538 del Código Civil (CC), haciéndose aplicable la premisa de “nadie puede disponer más derechos de los que tiene”, que no fue observada en su real dimensión.

5.- Por último, refiere que el numeral tercero de la fundamentación probatoria, se realiza una relación de la prueba literal ofrecida por la querellante, consistente en la tarjeta de propiedad con partida 01216885, informe DDRR de 21 de noviembre de 2001 y matricula 2010990017280, las cuales establecerían que el bien otorgado en garantía por la acusada estaría  sólo a nombre de Raúl Flores Callejas, pronunciamiento del Juez de mérito, que incurriría en una ausencia de fundamentación en relación a la valoración probatoria que debió merecer la misma.

     

III. VERIFICACIÓN DE LA PROBABLE CONTRADICCIÓN CON EL PRECEDENTE INVOCADO Y LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.

En el recurso de casación plateado se denuncia que: 1) En el primer motivo se aduce que el Auto de Vista incurre en vulneración de la sana crítica y las sub reglas de la valoración de la prueba establecidas en el Auto Supremo 131 de 31 de enero de 2007, al revalorizar la prueba extraordinaria; 2) En el tercer motivo denuncia la inaplicabilidad de los Autos Supremos 92 de 28 de marzo de 2013 y 509/2014-RRC de 1 de octubre, citados por el Tribunal de apelación en el Auto de Vista impugnado, con el argumento de que, la Sentencia fue emitida el 16 de diciembre de 2008 y por lo mismo la jurisprudencia citada sería inexistente en dicha gestión, vulnerando por ello el debido proceso, la seguridad jurídica, el derecho a la defensa, la igualdad entre partes, y el principio de irretroactividad de la norma establecida en el art. 123 de la CPE; por lo que, corresponde verificar dichos extremos.


III.1. Requisitos que debe cumplir el precedente contradictorio.


Siendo el recurso de casación un mecanismo que busca otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cuestionar la inadecuada aplicación o interpretación de las disposiciones legales realizadas por el Tribunal de apelación, contrarios a otros precedentes, debe señalarse que el precedente contradictorio en materia penal, constituye una decisión judicial, previa al caso analizado, que al ser emanado por un Tribunal superior en grado o por uno análogo, debe ser aplicado a casos que contengan similitud con sus hechos relevantes; al respecto, la normativa procesal penal en el país, ha otorgado al precedente contradictorio carácter vinculante (art. 420 del CPP). La importancia de precedente contradictorio, deviene del objetivo y fin del recurso casacional; toda vez, que el más alto Tribunal de Justicia del Estado, tiene la tarea u objetivo de unificar o uniformar la jurisprudencia nacional, con el fin de brindar seguridad jurídica a las partes inmersas en un proceso judicial, asegurando la aplicación uniforme de la ley y por ende la efectivización del principio de igualdad y la tutela judicial efectiva;  atribución, que se encuentra descrita en los arts. 419 del CPP y 42 inc. 3) de la LOJ y que es conocida como función nomofiláctica (interpretación de la norma en procura de una jurisprudencia uniforme e integrada).


De lo anterior, se establece que únicamente son recurribles en casación, aquellos Autos de Vista que resulten indudablemente contrarios a la jurisprudencia establecida en un hecho similar; por este motivo, para que el planteamiento del recurso casacional sea certero, la parte recurrente no debe limitarse únicamente a presentarlo dentro del plazo dispuesto por ley y señalar la contradicción en la que creyere que incurrió el Tribunal de alzada respecto al fallo citado, lo que podría derivar en la admisibilidad del recurso, sino, debe asegurarse que el o los precedentes invocados, correspondan a situaciones fácticas análogas, como exige el art. 416 del CPP; lo contrario, por simple lógica, imposibilita a este Tribunal, verificar en el fondo la denuncia de contradicción por ser inexistente; es decir, que al no tratarse de situaciones fácticas similares, bajo ningún aspecto podría existir contradicción en la resolución entre uno y otro fallo.


Refiriéndose a la labor de contraste que debe realizar este Tribunal, el Auto Supremo 219/2014-RRC de 4 de junio señaló: “El art. 416 del CPP, instituye que: El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores o por la sala penal de la Corte Suprema, en esa línea el art. 419 del CPP, establece como formas de resolución de aquel recurso dos supuestos, a saber: Si existe contradicción la resolución establecerá la doctrina legal aplicable, caso contrario lo declarará infundado y devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia. En el primer caso y cuando se deje sin efecto el fallo que motivó el recurso, se devolverán actuados a la sala penal de la Corte Superior que dictó el Auto de Vista recurrido para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida.


En el caso que este Tribunal llegue a determinar la existencia de la contradicción señalada en el art. 419 del CPP; es decir, contradicción entre la Resolución recurrida en casación y el precedente contradictorio invocado, el art. 420 del CPP, señala que los efectos de la doctrina legal establecida: …será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, norma que es afín con el inc. 3) del art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que instituye como atribución de las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a las materias de su competencia, el sentar y uniformar la jurisprudencia.


La cuestión y el efecto de la doctrina legal a ser sentada por este Tribunal Supremo, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) respeto a la seguridad jurídica; b) realización del principio de igualdad; y c) unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


En cuanto al precedente contradictorio exigido como requisito procesal de cumplimiento obligatorio a momento de la interposición del recurso de casación, es necesario precisar que el mismo en esencia constituye una cuestión jurídica que ha sido discutida y resuelta anteriormente, la cual puede aplicarse a casos similares, con posterioridad a ese primer pronunciamiento, como vía de solución a la propuesta o reclamo pretendido en casación; vienen a constituir, entonces, criterios interpretativos que han sido utilizados por los entes que conforman la estructura de la jurisdicción ordinaria en materia penal en el Estado, integrada por los Autos Supremos pronunciados por el Tribunal Supremo y Autos de Vista emitidos por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia.


Bajo esa línea, la legislación nacional dentro del tercer párrafo del art. 416 del CPP, manifiesta: Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, ha puntualizado: Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.


De ello se concluye que el requisito de invocar un precedente contradictorio dentro del sistema de recursos que el Código de Procedimiento legal prevé, atinge a señalar a una resolución en específico, ya sea un Auto Supremo y/o un Auto de Vista, que dentro la materia, vislumbre la aplicación de la norma sustantiva o adjetiva a un caso determinado, donde se haya formado un criterio de decisión a un caso anterior, para que posteriormente en función de la identidad o de la analogía entre los hechos del primer caso (precedente contradictorio) y los hechos del segundo caso (resolución impugnada) se proceda a la determinación delegada por Ley a este Tribunal”.


III.2. Análisis del caso concreto.


III.2.1. Sobre la supuesta revalorización de la prueba realizada por el Tribunal de alzada.


A los fines de resolver el recurso de casación es preciso considerar lo denunciado en su primer motivo, en el que se denuncia vulneración de la sana crítica y las sub reglas de la valoración de la prueba establecidas en el Auto Supremo 131 de 31 de enero de 2007, por el Tribunal de alzada, al revalorizar la prueba extraordinaria, manifestando la existencia de desigualdad, y rechazar prueba extraordinaria de la querellante, olvidando que de conformidad al art. 171 del CPP, el Tribunal de alzada tiene la facultad de admitir o limitar los medios de prueba, siendo que en el presente caso, si ya se contaba con la declaración de la impetrante aceptando la existencia de antecedentes penales, la prueba extraordinaria de la acusación sería excesiva e impertinente.


A efectos de verificar la existencia de la contradicción denunciada por la recurrente es preciso tener en cuenta la doctrina legal establecida por el Auto Supremo 131 de 31 de enero de 2007; la cual establece que:

“A partir del cambio de sistema procesal, se implementa como principio rector del sistema de prueba vigente el principio de la libre valoración; por tanto no existe el sistema de prueba legal o tasada, vigente durante mucho tiempo en el marco del proceso inquisitivo, en el que sólo determinadas pruebas servían para demostrar la verdad de los hechos imputados, señalándose además el valor de cada una de ellas.

En el sistema actual, a diferencia del sistema anterior, el Juez es libre para obtener su convencimiento, porque no está vinculado a reglas legales sobre la prueba, ni a las presunciones que ésta defina, de ahí que puede convencerse por lo que le diga un único testigo, frente a lo que digan varios. Ahora bien, el principio de libre valoración de la prueba no significa que el juez o Tribunal tengan una facultad sin limitaciones, con total irrevisabilidad de la convicción del órgano a quo respecto de los hechos probados. El principio de libre valoración de la prueba significa que el Juez debe apreciar la prueba durante el juicio "según las reglas de la sana crítica, es decir según las reglas de la lógica y dentro de ellas, el principio de no contradicción, así como según los principios generales de la experiencia", debiendo traducir ese razonamiento en el fallo de manera objetiva, situación que se expresa a través de los elementos que prueba que en su conjunto formulan la razonabilidad del fallo y la motivación del titular del órgano jurisdiccional para decidir de tal o cual forma, sobre la base de la imputación objetiva.

Es obligación de quien acusa, cumplir con la carga de la prueba, demostrando plenamente la hipótesis acusatoria, tarea que puede requerir la demostración no sólo de cuestiones objetivas, sino también de elementos normativos y subjetivos descritos en el injusto típico, de ahí que ante la eventual inexistencia de uno de estos elementos, la conducta no puede subsumirse, dentro del tipo de injusto atribuido, en función del principio de legalidad penal y consecuente afectación a la seguridad jurídica de las personas, situaciones que devienen en defectos absolutos no susceptibles de convalidación, ya que afectan la esfera de las garantías constitucionales del individuo, estando además expresamente previstas como defectos de la sentencia en el articulo 370 del Código de Procedimiento Penal.

Ante un eventual error en la subsunciòn de la conducta por el A quo si la sentencia aporta los elementos de prueba necesarios para que a partir de un nuevo análisis se pueda determinar que la conducta constituye delito dentro de la familia de los delitos que se analizan y que han sido acusados previa verificación de que para dictar nueva resolución no es necesaria la realización de un nuevo juicio, el Tribunal Ad-quem, en aplicación del principio "iura novit curia" y observando la celeridad procesal, en aplicación del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, dictará sentencia directamente”.

Respecto al precedente invocado resulta menester verificar si el Auto de Vista y lo denunciado resultan contradictorios al mismo; en este caso, es preciso señalar que la recurrente denuncia la vulneración de las reglas de la sana crítica y las sub reglas de la valoración debido a que el Auto de Vista revalorizó la prueba extraordinaria; en consecuencia, la temática base de la denuncia se sustenta en rechazar la prueba extraordinaria de la querellante realizando una revalorización de la misma, olvidando que de conformidad al art. 171 del CPP; con relación a este aspecto, verificado el precedente se advierte que el mismo emerge de la aplicación del principio de libre valoración de la prueba, la aplicación de las reglas de la sana crítica; posteriormente, hace una argumentación referida a quién acusa debe cumplir con la carga de la prueba, demostrando plenamente la hipótesis acusatoria; y finalmente, se advierte una fundamentación sobre un eventual error en la subsunción de la conducta realizada por el Juez de origen si la Sentencia aporta los elementos de prueba necesarios para que a partir de un nuevo análisis se pueda determinar que la conducta constituye delito dentro de la familia de los delitos que se analizan y que fueron acusados previa verificación de que para dictar nueva resolución no es necesaria la realización de un nuevo juicio, el Tribunal de apelación, en aplicación del principio "iura novit curia" y observando la celeridad procesal, en aplicación del artículo 413 del CPP, dictará Sentencia directamente; este aspecto contrastado con lo pedido por la recurrente; se advierte, que la misma básicamente denunció que el Tribunal de alzada revalorizó prueba y que ésta labor no le está permitida, situación que; en primer lugar, no condice con lo previsto por el precedente invocado, siendo que en el precedente no se habla sobre revalorización de la prueba por el Tribunal de alzada; y segundo, que no se explica cuál de los argumentos del Auto de Vista asignó un probable valor positivo o negativo a determinada prueba; en consecuencia, se advierte una imprecisión en la supuesta prueba que según la recurrente el Auto de Vista revalorizó; en ese entendido, se debe tener en cuenta que para identificar una supuesta revalorización de la prueba se debe considerar que la facultad de valorar la prueba corresponde exclusivamente al Juez o Tribunal de Sentencia, situación que no consta en el precedente; asimismo, no se advierte demostración alguna, que el Tribunal de alzada no haya analizado y/o abocado a controlar que el fundamento sobre la valoración de la prueba y de los hechos tenga la coherencia, orden y razonamientos lógicos que manifiesten certidumbre, lo contrario significaría desconocer el principio de inmediación que se constituye en el único eje central en la producción probatoria reservada exclusivamente para los Tribunales de Sentencia que sean estos colegiados o unipersonales; en consecuencia, al no contener esas particularidades de revalorización de la prueba el precedente invocado con relación a la supuesta revalorización denunciada de cometida por el Tribunal de alzada no es posible establecer el aspecto contradictorio denunciado; teniendo en cuenta lo establecido en el punto III. 1., que en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar; que en este caso no lo es; por lo que no corresponde dar curso a lo solicitado.

III.2.2. Inaplicabilidad de Autos Supremos al ser la data de los mismos posterior a la emisión de la Sentencia.


En su tercer motivo, la recurrente denuncia la inaplicabilidad de los Autos Supremos 92 de 28 de marzo de 2013 y 509/2014-RRC de 1 de octubre, citados por el Tribunal de apelación en el Auto de Vista impugnado, con el argumento de que, la Sentencia fue emitida el 16 de diciembre de 2008 y por lo mismo la jurisprudencia citada sería inexistente en dicha gestión, vulnerando por ello el debido proceso, la seguridad jurídica, el derecho a la defensa, la igualdad entre partes, y el principio de irretroactividad de la norma prevista en el art. 123 de la CPE, que según la impetrante también sería aplicable a las resoluciones emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional; al respecto, se debe tener en cuenta que sobre las resoluciones emitidas por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia estas, por disposición del art. 420 del CPP  cuentan con la obligatoriedad de su aplicación por parte de los Tribunales inferiores; en este caso, si al momento de dictarse la sentencia dichas resoluciones no se emitieron; sin embargo, es deber del Tribunal de alzada observar la doctrina legal establecida en los Autos Supremos indicados, bajo la premisa que los actos jurisdiccionales son la vía de materialización de la Ley, concibiendo que ésta opere a partir de su puesta en frente ante una situación o problemática de conocimiento de la autoridad jurisdiccional; es decir, la aplicación de la ley, proviene de la interpretación que el juzgador le otorgue para la solución de un hecho en concreto, estableciendo a través de los fallos que emita la relación entre una y otra.


En la eventualidad de aplicación divergente de una misma norma en diversos casos o bien que en la resolución de diversos hechos se aplique un alcance distinto de una misma norma, y dada la naturaleza abstracta de la Ley, emerge la necesidad de uniformar criterios de su aplicación, ello en pos de asegurar la igualdad de las partes ante la Ley, forjando un sentimiento colectivo de seguridad jurídica y predictibilidad en la aplicación de la norma. Tales criterios no sólo trascienden ámbitos de índole procesal y sustantivo, sino adquieren vigor y comprensión en los postulados que la propia Constitución Política del Estado sienta, véanse los arts. 119.I. y 178.I. Una contingente inobservancia de los parámetros establecidos a partir de la doctrina legal aplicable, vulneraría los principios de celeridad y economía procesal que han sido plasmados en el art. 115.II de la CPE y 3.7 de la LOJ, que establecen que el Estado debe garantizar una justicia sin dilaciones. El ordenamiento jurídico boliviano en materia penal, establece claramente que los fallos del Tribunal Supremo de Justicia son de cumplimiento obligatorio por los jueces inferiores; en ese sentido, el art. 420.II del CPP, establece como efectos de los fallos emergentes de un recurso de casación que: “La doctrina legal establecida será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá ser modificada por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación”, de tal consecuencia que el cumplimiento de los fallos de este Tribunal, no está sujeto o reatado a la circunstancialidad o a la voluntad de las autoridades jurisdiccionales, sino que es el resultado de una estructura procesal recursiva, como de la vigencia de los principios de igualdad, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, que son base de la jurisdicción ordinaria; más aún en el ámbito penal, donde se debate la responsabilidad penal del procesado, que puede generar en su caso, la restricción de su derecho a la libertad o la imposición de una sanción penal.


En este ámbito, esta Sala Penal emitió el Auto Supremo 037/2013-RRC, de 14 de febrero, invocado por la recurrente como precedente, que estableció la siguiente doctrina: “El art. 180. I de la Constitución Política del Estado, entre los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece el de la "celeridad", principio que garantiza a todo sujeto procesal, tener acceso a un pronunciamiento oportuno sin dilaciones innecesarias.


Respetando el principio constitucional de celeridad, los Tribunales y Jueces inferiores, están obligados a cumplir en forma inexcusable con la doctrina legal establecida por el Tribunal Supremo, al constituirse en el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria de acuerdo al art. 181 de la CPE; en cuyo mérito, teniendo esta doctrina carácter "erga omnes", debe ser cumplida en forma obligatoria, pues su inobservancia por un lado afecta al fortalecimiento institucional y, especialmente, a la naturaleza, finalidad y efectos obligatorios de la que estánrevestidos los Autos Supremos que establecen doctrina legal, con sentido ponderable de uniformar la jurisprudencia en el Órgano Judicial en materia penal; y, por otro, provoca dilaciones innecesarias generando a las partes incertidumbre respecto a la resolución de sus causas; consecuentemente, ningún juez o tribunal inferior podrá sustraerse de su cumplimiento bajo ningún concepto o razonamiento, omitiendo la imperatividad prevista por el segundo parágrafo del art. 420 del CPP.


Por otra parte, ante la advertencia de falta de fundamentación en la Sentencia, que no influyó en la parte dispositiva, el Tribunal de alzada, sin necesidad de anularla, tiene la facultad de realizar una fundamentación complementaria; un entendimiento contrario, significa desconocer su competencia prevista por los arts. 413 y 414 del CPP, con la consiguiente restricción al derecho de acceso a la justicia reconocido por la Constitución Política del Estado”.


En este sentido, se advierte que el Auto de Vista al ampararse en los Autos Supremos 92 de 28 de marzo de 2013 y 509/2014-RRC de 1 de octubre, actuó de manera coherente y concordante con lo manifestado, debido a las características de las resoluciones que se emiten en la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (Carácter obligatorio); bajo ese entendimiento, no corresponde dar curso a lo pretendido; siendo que, no se advierte la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales resultando este motivo infundado. En consecuencia, el Tribunal de alzada al realizar el control de legalidad de la Sentencia en cuanto a las denuncias planteadas obró de manera correcta con la debida fundamentación al haber contenido en su argumento la debida motivación explicando y justificando de forma lógica y con base en la Ley, las razones de la decisión asumida en apego al principio de congruencia.


Por todos los argumentos expresados en el presente fallo se pone en evidencia que el Auto de Vista realizó un correcto análisis al resolver los aspectos denunciados en el recurso de apelación restringida interpuesto, siendo que el Tribunal de alzada emitió una resolución enmarcada en la previsión de los arts. 124 y 398 del CPP; en consecuencia, no corresponde dar curso a lo solicitado al no haberse evidenciado la contradicción con los precedentes invocados; así como, no advertirse la existencia de la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales, correspondiendo en consecuencia declarar infundado el recurso de casación intentado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación de lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Nancy Francisca Saravia Castellón de Flores, de fs. 589 a 592 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.