TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 1024/2018-RRC

Sucre, 16 de noviembre de 2018


Expediente                        : Santa Cruz 69/2018        

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otros

Parte Imputada                : Gabriela Arias Eguez y otros

Delito                        : Robo Agravado

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 2 de abril de 2018, cursante de fs. 2439 a 2447 vta., Gabriela Arias Eguez, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 11 de 15 de febrero de 2018, de fs. 2094 a 2097 vta. y el Auto Complementario 44 de 12 de marzo de 2018, de fs. 2110 a 2111, pronunciados por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Marcial Vargas Vargas y Mary Ely Ferrufino Salazar contra la recurrente y Erick Alberto Villamor Rodríguez, por la presunta comisión del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado por el art. 332 incs. 1) y 2) del Código Penal (CP).

       

I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.   Antecedentes.


  1. Por Sentencia 18/12 de 23 de junio de 2017 (fs. 1880 a 1895), el Tribunal Octavo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Gabriela Arias Eguez y Erick Alberto Villamor, absueltos de pena y culpa, de la comisión del delito de Robo Agravado, dejando sin efecto las medidas cautelares de carácter personal impuestas en su contra.


  1. Contra la mencionada Sentencia, los acusadores particulares Marcial Vargas Vargas y Mary Ely Ferrufino Salazar (fs. 2028 a 2033 vta.), interpusieron recurso de apelación restringida; a cuyo efecto, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista 11 de 15 de febrero de 2018, que declaró admisible y procedente el recurso de planteado; en consecuencia, anuló totalmente la Sentencia apelada, disponiendo el reenvío del expediente ante otro Tribunal de Sentencia llamado por Ley, siendo resuelta la solicitud de complementación de la parte acusadora, mediante Resolución 44 de 12 de marzo de 2018 (fs. 2110 a 2111), motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 586/2018-RA de 27 de julio, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).

La recurrente transcribe el cuarto considerando del Auto de Vista, para señalar que esos argumentos son ilegales inconstitucionales y contrarios a los precedentes contradictorios que invoca, porque el mismo incurrió en una ilegal revalorización de la prueba testifical de la testigo Mery Ely Ferrufino y peor aún que el Tribunal de alzada revalorizó esa prueba tomando como base, que inicialmente afirmó que el dinero fue sustraído del baño ubicado en la segunda planta del inmueble, de igual, manera incurre en revalorización de las pruebas del Ministerio Público y la acusación particular entre ellas la MP-11, MP-12, MP-29, MP-58, MP-19 y MP-21; empero, el Auto de Vista señala que no se hizo una revaloración profunda de las pruebas; sin embargo, realizando una revalorización de la siguiente manera: “…en lo que se refiere a la valoración de la prueba, tenemos que establecer que el Tribunal A quo no hizo ninguna fundamentación ni valoración sobre cada una de las pruebas documentales incorporadas al juicio oral por su lectura conforme el art. 333 del CPP, tampoco existe un párrafo o acápite relacionado al análisis y valoración de los testimonios de los testigos de cargo y de descargo; finalmente, no se hizo tampoco una valoración profunda de las pruebas insertadas por el Ministerio Público numeradas como MP-11, MP-12, MP-29, MP-58, MP-19 y MP-21, referente a las certificaciones emitidas por la empresa telefónica TIGO con relación al flujo de llamadas entre ambos acusados, así como el movimiento económico efectuado por la imputada Gabriela Arias Eguez y su madre, quien de manera contradictoria dice ser de bajos recursos económicos; sin embargo, se certifica un movimiento económico por sumas significativas en dólares americanos…” (sic), esos extremos hacen que se incurra en vulneración de los precedentes contradictorios  que establecen la prohibición de revalorizar prueba testifical y documental por parte del Tribunal de alzada tal como sucedió en el Auto de Vista ahora impugnado. Aspecto que, lo hubiera hecho conocer en su debida oportunidad al momento de plantear el memorial de complementación y enmienda de dicha resolución. Por otro lado, también señala que la Resolución recurrida anuló ilegalmente la Sentencia que declaró su absolución y al hacerlo no tomó en cuenta la doctrina legal establecida respecto a la fundamentación descriptiva, fáctica, analítica o intelectiva y jurídica, siendo que la Sentencia presentaba todos los requisitos establecidos por dichos precedentes contradictorios porque la misma contenía la fundamentación descriptiva, fáctica, analítica o intelectiva y jurídica, siendo que en el Auto de Vista simplemente se señala que no se cumplió los arts. 124, 360 incs. 2) y 3), 363 y 365 del CPP; sin tomar en cuenta que la Sentencia se encontraba debidamente, bajo la aplicación del principio in dubio pro reo y el hecho de anularla genera la vulneración de su derecho al debido proceso, los principios de legalidad, inmediación, seguridad jurídica y contradicción.


Con relación a la temática planteada invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 65/2012-RA de 19 de abril, 73/2013-RRC de 19 de marzo, 215/2013 de 12 de junio, relacionados a la fundamentación descriptiva, fáctica, analítica o intelectiva y jurídica, invocando también los Autos Supremos 384/2005 de 26 de septiembre, 200/2012-RRC de 24 de agosto, 304/2012-RRC de 23 de noviembre y 34/2013-RRC de 14 de febrero, los cuales se encontrarían relacionados a la prohibición de los Tribunales de alzada de revalorar prueba; y finalmente, refiere el Auto Supremo 369/2012 de 5 de diciembre, el cual se encuentra vinculado a la duda razonable bajo el principio in dubio pro reo.


I.1.2. Petitorio.

El recurrente solicita que una vez admitido su recurso, se dicte resolución que disponga se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado.


I.2. Admisión del recurso.


Por Auto Supremo 586/2018-RA de 27 de julio, este Tribunal Supremo de Justicia declaró admisible el recurso interpuesto por Saturnino Álvarez Andrade, para el análisis de fondo del único motivo vía flexibilización.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1.  De la Sentencia.


Por Sentencia 18/12 de 23 de junio de 2017, el Tribunal Octavo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a los imputados Gabriela Arias Eguez y Erick Alberto Villamor absueltos del delito de Robo Agravado, en base a los siguientes argumentos:


  1. No se tiene establecido el hecho de que la imputada hubiere actuado conjuntamente con otras personas y en forma dolosa, para apoderarse ilegítimamente de los bienes de la víctima.


  1. No se configura la adecuación de la conducta antijurídica del agente al tipo penal, en lo que respecta al apoderamiento de los bienes de la víctima consistentes en la sustracción de la suma de $us. 100.000.- (cien mil dólares estadounidenses) y Bs. 50.000.- (cincuenta mil bolivianos).


  1. En el caso de la ejecución del delito, no se tiene claramente el autor material e intelectual del mismo, no existe una relación de coincidencia en tiempo, lugar, hechos y personas, elementos armonizantes y componentes del mencionado tipo penal.


II.2. De la apelación restringida.


Los querellantes interpusieron recurso de apelación restringida, identificando como agravios de la Sentencia los siguientes:


  1. La insuficiente y contradictoria fundamentación de la Sentencia, señalando a tal efecto que la Resolución impugnada no explica, ni expone de manera lógica y coherente las razones de sus fundamentos fácticos y jurídicos para haber arribado a la conclusiones de que los imputados no resultan ser autores del ilícito acusado por insuficiencia probatoria; asimismo, señala fundamentos incongruentes expuestos como primer y segundo hecho probado.


  1. Como segundo defecto, arguye que la Sentencia se basa en valoración defectuosa de la prueba, omitiendo además valorar la prueba documental y pericial judicializada.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dictó el Auto de Vista 11 de 15 de febrero de 2018, declarando admisible y procedente la apelación restringida interpuesta, señalando entre sus argumentos lo siguiente:


  1. El Tribunal de Sentencia a tiempo de emitir su Fallo, no ha tomado en cuenta ciertos hechos y circunstancias que detalla la acusación fiscal y particular, habiendo incurrido en falta de fundamentación y motivación de la Resolución al no cumplir con lo normado por los arts. 124 y 360 en sus incs. 1), 2) y 3) del CPP, cometiendo el defecto de Sentencia previsto por el inc. 5) del arts. 370 del CPP.


  1. En lo que se refiere a la valoración probatoria, el Tribunal de origen no hizo ninguna fundamentación de valoración sobre cada una de las pruebas documentales incorporadas al juicio oral por su lectura, conforme lo previsto por el art. 333 del CPP, tampoco existe un análisis y valoración profunda de las pruebas insertadas por el Ministerio Público PM11, 12, 29, 58, 19 y 21.

                                       

III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Y VERIFICACIÓN DE POSIBLE EXISTENCIA DE DEFECTOS ABSOLUTOS

Admitido el recurso de casación, corresponde emitir pronunciamiento de fondo, dentro de los límites establecidos en el Auto Supremo 586/2018-RA de 27 de julio, que admitió vía excepcional por cumplimiento de requisitos de flexibilización, el recurso que es caso de autos; por lo que con carácter previo, a los efectos señalados, se establece las bases legales y doctrinales que servirán de sustento a la presente Resolución.


III.1.        La labor del Tribunal de alzada respecto a la correcta valoración de la prueba.


La actuación y límites circunscritos a los Tribunales de alzada en la resolución del recurso de apelación restringida, en primer plano se hallan dispuestos por la competencia otorgada por el art. 51 inc. 2) del CPP; asumiendo un segundo plano en el marco sobre el cual aquel tipo de recurso debe ser resuelto; es así que, los arts. 407 y siguientes de la norma adjetiva penal, predisponen a partir de la propia naturaleza jurídica de este recurso dos aspectos, una incorrecta interpretación o aplicación de la ley (error in iudicando) o bien que la decisión del presunto agravio haya sido emitida a través de un procedimiento que no reúna requisitos o condiciones de validez (error in procedendo), de ello se desprende que la labor de los tribunales de apelación debe necesariamente estar apartada de una nueva valoración de la prueba producida en juicio, debiendo limitar su ámbito de decisión a que la revisión de la sentencia de grado posea fundamentos suficientes (tanto descriptivos como intelectivos), sobre la valoración de la prueba, su coherencia, orden, idoneidad a los principios de la sana crítica, motivación eficaz y que ofrezcan en consecuencia certidumbre sobre la decisión de condena o absolución según el caso.


Sobre los anteriores argumentos, este Tribunal se ha pronunciado mediante el Auto Supremo 200/2012-RRC de 24 de agosto, al señalar que: "Es necesario precisar, que el recurso de apelación restringida, constituye un medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o en la Sentencia, no siendo el medio idóneo que faculte al Tribunal de alzada, para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho que es de potestad exclusiva de los Jueces o Tribunales de Sentencia; por ello, si el ad quem, advierte que la Sentencia no se ajusta a las normas procesales, con relación a la valoración de la prueba y la falta de fundamentación y motivación, que haya tenido incidencia en la parte resolutiva, le corresponde anular total o parcialmente la Sentencia, y ordenar la reposición del juicio por otro Tribunal" (resaltado nuestro).

 

Argumentos concordantes con los entendimientos asumidos en los Autos Supremos 332/2012-RRC de 18 de diciembre y 304/2012-RRC de noviembre.


En ese contexto, el Tribunal de alzada al resolver el recurso de apelación restringida, tiene el deber de ejercer el efectivo control de la valoración de la prueba realizada por el Juez o Tribunal de Sentencia, a efecto de constatar si se ajusta a las reglas de la sana crítica y que se halle debidamente fundamentada; sin embargo, esto no supone un reconocimiento a la posibilidad de que aquel Tribunal pueda ingresar a una nueva revalorización de la prueba (por la característica de la intangibilidad de la prueba) o revisar cuestiones de hecho (intangibilidad de los hechos), como también realizar afirmaciones imprecisas, incorrectas o alejadas de la realidad; porque de hacerlo desconocería los principios rectores de inmediación y de contradicción que rigen la sustanciación del juicio penal, incurriendo en un defecto absoluto no susceptible de convalidación emergente de la vulneración de los derechos a la defensa y al debido proceso.


III.2. La debida fundamentación de las resoluciones judiciales.


El art. 180.I de la CPE, entre los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece el debido proceso como principio que garantiza a todo sujeto procesal, tener acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado, sobre todos los motivos alegados en cualquier recurso que la ley prevé, por lo mismo las autoridades que ejercen jurisdicción a nombre del Estado, deben manifestar por escrito los motivos de sus resoluciones, resguardando de esa manera tanto a los particulares como a la colectividad, de decisiones arbitrarias.


Orlando A. Rodríguez Ch., en su obra “Casación y Revisión Penal”, refiriéndose a la fundamentación y motivación, refiere: “…constituye un sello de garantía a los usuarios de la administración de justicia, porque con ello se evita la arbitrariedad, el capricho, decisiones contrarias, errores de lógica jurídica, y el actuar irrazonado de los funcionarios judiciales” (sic).


El mismo autor citando a -Joan Pico I Junoy-, manifiesta que la motivación cumple las siguientes finalidades: a) Le permite controlar a la sociedad la actividad judicial y cumplir así con el de publicidad; b) Garantía intraprocesal de los derechos y libertades fundamentales de las partes; c) Logra el convencimiento de las partes sobre la justicia y corrección de la decisión judicial, eliminando la sensación de arbitrariedad y estableciendo su razonabilidad, al conocer por qué concreto de su contenido; y, d) Les garantiza a las partes procesales la posibilidad de control de la resolución judicial interponiendo ante los tribunales superiores que conocen de los correspondientes recursos.


Ese entendimiento fue asumido por este Tribunal mediante varios Autos Supremos, tales como el Auto Supremo 5 de 26 de enero de 2007, que estableció la siguiente doctrina legal: “La exigencia de motivación es una garantía constitucional de justicia, fundada en el régimen republicano de gobierno que, al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, permiten el control del pueblo, sobre su conducta, resguardando con ello a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces; la motivación responde también a otros fines, ya que podrán los interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptación o fundar su impugnación por los medios que la ley concede. Al mismo tiempo brinda al Tribunal de alzada el material necesario para ejercer su control, y finalmente sirve para crear la jurisprudencia, entendida como el conjunto de las enseñanzas que derivan de las sentencias judiciales.


De ahí que la motivación de los fallos emergentes de los recursos, debe ser expresa, clara, legítima y lógica.


a) Expresa: porque el Tribunal, no puede suplirla por una remisión a otros actos, o a las constancias del proceso, o reemplazarlas por una alusión de la prueba. La ley exige que el juzgador consigne las razones que determinan su decisorio, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por él, para arribar a la conclusión.


b) Clara: en la resolución, el objeto del pensar jurídico debe estar claramente determinado, de manera que produzca seguridad en el ánimo de quienes la conozcan, aún por los legos.


c) Completa: la exigencia comprende a todas las cuestiones planteadas por las partes en los diferentes recursos que se analizan, y a cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión. El Tribunal está obligado a considerar todas las cuestiones esenciales o fundamentales que determinan el fallo. En este sentido, cualquier aspecto de la indagación susceptible de valoración propia, asume individualidad a los fines de la obligación de motivar; y sobre la base del principio de exhaustividad habrá falta de motivación, cuando se omita la exposición de los razonamientos efectuados sobre un punto esencial de la decisión y sobre los hechos secundarios alegados en el mismo, porque la obligación de motivar alcanza también a ellos en cuanto comprenden el iter a través del cual el Tribunal llega a la conclusión sobre la causa petendi.


La motivación de los fallos emergentes de los recursos, para ser completa, debe referirse al petitum y al derecho, analizando la resolución impugnada y expresando las conclusiones a las que se arribe luego de un examen sobre la veracidad de las denuncias formuladas, resolver apartándose del petitum significa que el fallo incurre en un vicio de incongruencia.


El vicio de incongruencia como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones, en definitiva constituyen el objeto del recurso. Al conceder más, menos o cosa distinta a lo pedido, el órgano judicial incurre, en las formas de incongruencia conocidas como ultra petita, citra petita o extra petita partium.


d) Legítima: la legitimidad de la motivación se refiere tanto a la consideración de las denuncias formuladas, como a la obligación de revisar ex oficio la legitimidad del proceso. Por lo tanto, el fallo que se funda en la consideración de cuestiones alejadas del objeto particular del recurso deducido, no está debidamente motivada.


e) Lógica: finalmente se exige que la sentencia cumpla con las reglas de logicidad, de ahí que el Tribunal valorará las cuestiones formuladas de un modo integral, empleando el razonamiento inductivo, verificando la observancia de las reglas de la sana crítica y exponiendo los razonamientos en que se fundamenta la decisión; es decir, sustentándolos en las reglas de la lógica, psicología y experiencia” (sic).



III.3. Análisis del caso concreto.


Denuncia la recurrente dos aspectos: el primero de ellos, que el Tribunal de alzada incurrió en revalorización probatoria; y el segundo, que el Auto de Vista observado anuló la Resolución de origen aun cuando esta se encontraba debidamente fundamentada y hubiere cumplido con los presupuestos de fundamentación descriptiva, fáctica, analítica y jurídica, aplicando el principio de duda favorable al imputado.


III.3.1. De la denuncia de revalorización probatoria incurrida por el Tribunal de alzada.


Ahora bien, en cuanto a las pruebas señaladas por el recurrente como revalorizadas en alzada, el Tribunal de apelación precisó respecto a la testifical de Mery Ely Ferrufino que:


“(…) el Tribunal a quo incurre también en contradicción cuando afirma inicialmente que el dinero fue sustraído del baño ubicado en la segunda planta del inmueble conforme lo manifiesta el testigo de cargo Mery Ely Ferrufino Salazar, sin embargo posteriormente en forma contradictoria referente a la colección de las huellas en el lugar y la toma de impresión digital de todos los empleados, excepto el acusado Erick Alberto Villamar, no expone ningún fundamento ni motivación de la Sentencia; el Tribunal no determinó cual el grado de participación de cada imputado, si existieron dos o más personas en la comisión del hecho, y al contrario el Tribunal decide eximir de responsabilidad a ambos acusados; en lo que se refiere a la valoración de la prueba, tenemos que establecer que el Tribunal a quo no hizo ninguna fundamentación ni valoración sobre cada una de las pruebas documentales incorporadas al juicio oral por su lectura conforme al Art. 333 del Código de Procedimiento Penal, tampoco existe un párrafo o acápite relacionado al análisis y valoración de los testimonios de los testigos de cargo y descargo; finalmente no se hizo tampoco una valoración profunda de las pruebas insertada por el Ministerio Público numeradas como MP11, PM12, MP29, MP58, MP19 y MP21 referentes a las certificaciones emitidas por la empresa telefónica TIGO con relación al flujo de llamadas entre ambos acusados, así como al movimiento económico efectuado por la imputada Gabriela Arias Eguez y su madre, quien de manera contradictoria dice ser de bajos recursos económicos, sin embargo se certifica un movimiento económico por sumas significativas en dólares americanos; elementos de prueba que no han sido debidamente valorados por el Tribunal a quo (…)”.


Entonces, de lo resuelto por el Tribunal de alzada, se advierte que este, ejerciendo su labor de control de valoración, hace referencia a las contradicciones expuestas en Sentencia referidas a la participación de los imputados en el ilícito acusado, en cuanto a la testifical de Mery Ferrufino Salazar, aspecto que no puede tomarse como revalorización probatoria; ya que, únicamente el Tribunal de apelación hizo referencia a una parte de la Sentencia y al no parecerle coherente lo concluido por el de mérito estableció las contradicciones incurridas por este Tribunal, sobre la absolución de los imputados; aspecto que, no implica la revalorización de la señalada testifical sino más bien el debido control de valoración probatoria encomendado.


De la misma forma, en cuanto a lo manifestado por el Tribunal de alzada, al hacer referencia de forma concreta a las pruebas de cargo, MP11, 12, 19, 21, 29 y 58; y, lo manifestado en relación “al movimiento económico efectuado por la imputada Gabriela Arias Eguez y su madre, quien de manera contradictoria dice ser de bajos recursos económicos, sin embargo se certifica un movimiento económico por sumas significativas en dólares americanos”, en este punto, este Tribunal advierte, que el Auto de Vista recurrido es emitido en atención a la apelación restringida sostenida por los querellantes, mediante la cual acusaron los defectos de Sentencia contenidos en los incs. 5) y 6) del art. 370 del CPP, haciendo énfasis en que el Tribunal de origen fundó su Resolución en valoración defectuosa de la prueba, toda vez que no se tomaron en cuenta las certificaciones referidas a los movimientos económicos efectuados por la imputada Gabriela Arias Eguez y su madre Antonia Eguez Melgar.


Por consiguiente, en lo que respecta a la valoración probatoria ejercida por el de origen, el Tribunal de apelación precisó en cuanto a las pruebas observadas, que no se realizó un análisis lógico o “valoración profunda” -en palabras del Tribunal observado-, toda vez que no se realizó ninguna fundamentación o valoración al respecto, reiterando lo manifestado por los apelantes en cuanto al movimiento económico efectuado por la imputada Gabriel Eguez y su madre.


Al respecto, cabe precisar conforme a las consideraciones expuestas en el acápite III.1 de la presente Resolución, que el Tribunal de alzada no puede emitir criterios subjetivos referidos a la existencia del hecho y la culpabilidad de los imputados, al ser esta labor privativa del Tribunal de Sentencia, debiendo el de apelación enmarcar sus actuaciones al control de valoración probatoria desplegado por el inferior, a los efectos de no vulnerar la naturaleza jurídica del principio de inmediación que rige nuestro ordenamiento procesal, aspecto que en el caso de Autos no sucedió, máxime si lo resuelto por el Tribunal de alzada, se dio en atención a haber advertido que la Resolución de origen no se ajusta a las normas previstas en cuanto a la valoración probatoria y la debida fundamentación y motivación exigidas, circunstancia por la cual ordenó la reposición del juicio por otro Tribunal, sin que ello implique la revisión de cuestiones de hecho o revalorización probatoria; en consecuencia, carece de veracidad lo acusado por la recurrente en cuanto a al primer aspecto expuesto se refiere.


III.3.2. En cuanto a la denuncia de anulación de la Sentencia a pesar de su debida fundamentación.


Por otro lado, la recurrente arguye que el Tribunal de alzada anuló la Sentencia absolutoria a su favor, sin tomar en cuenta que la citada Resolución se encontraba debidamente fundamentada y dando aplicabilidad al principio de duda favorable al imputado.


Así se tiene de la revisión de antecedentes, que el Tribunal de apelación ante la denuncia del defecto contenido en el inc. 5) del art. 370 del CPP, precisó que la Sentencia “no contiene los motivos de hecho y de derecho en que basa sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba de manera infundada, el fallo de mérito no contiene una relación del hecho histórico de manera precisa, es decir no se ha fijado clara, precisa y circunstanciadamente la especie que se estima acreditada y sobre la cual se ha emitido el juicio, que es lo que se conoce como fundamentación fáctica. Además del análisis de la sentencia impugnada, se puede extraer que la misma se sustenta en hechos que no fueron debidamente acreditados en la audiencia de juicio oral, incurriendo en lo previsto por el art. 37 del inc. 5) de la citada Ley, toda vez que el Tribunal a quo al valorar las pruebas de cargo y de descargo no ha desarrollado una actividad u operación intelectual de forma conjunta y armónica de exclusividad jurisdiccional, con el fin de determinar, si los datos fácticos obtenidos en la producción de la prueba desfilada en la audiencia de juicio oral, público, continuado y contradictorio, poseían la entidad y cualidad suficiente y requerida para corroborar la presunción de inocencia o permitir con certeza plena e incontrastable sobre la pretensión punitiva del proceso, mediante el método libre de la valoración racional y científica de acuerdo a las reglas de la sana crítica, la lógica y el sentido común, uniendo en este trabajo global e intelectual aspectos y elementos como la ciencia, la conciencia y experiencia, es decir no ha hecho uso razonable de las previsiones de los arts. 171 y 173 del Código de Procedimiento Penal” (sic).


Ahora bien, a los efectos de advertir si lo señalado por el Tribunal de alzada carece o no de fundamentos, es menester realizar la compulsa de lo resuelto por el Tribunal de origen; a tal efecto, se observa que en los fundamentos de la Sentencia, se plasma como primer considerando la cita cronológica de actuados procesales cursantes en el caso presente; como segundo considerando, rememora de manera escueta la acusación pública que pesa en contra de los imputados por el delito de Robo Agravado; ya en su tercer considerando, como primer hecho probado señala la relación circunstanciada del hecho plasmada en la acusación pública, con la indicación inclusive- de actos investigativos, para posteriormente concluir en que el razonamiento abordado emerge de la declaración de la testigo de cargo Mary Ely Ferrufino Salazar, transcribiendo de manera amplia la citada aseveración para finalmente concluir que “Las afirmaciones del nombrado testigo de cargo, no tienen aptitud y suficiencia probatoria para enervar el principio constitucional de presunción de inocencia ya que no existen razones objetivas que validen la participación de los imputados Gabriela Arias Eguez y Erick Alberto Villamor Rodríguez, y tener una convicción el tribunal; además si bien demuestra que existió robo agravado pero sin apuntar a los directos autores, se hallan corroboradas y apoyadas con las pruebas documentales de cargo signadas con los No. 1 a 59 y 1 a 17” (sic). limitándose a su simple identificación de los actuados señalados-.


Como segundo hecho probado, el Tribunal de Sentencia indica que “luego de cometido el hecho delictivo, se invoca que los imputados Gabriela Arias y Erick Alberto Villamor Rodríguez, estas personas ya identificadas, las cuales no prestaron sus declaraciones y peritajes requeridos para la investigación, siendo llamados por ley mediante mandamiento de aprehensión emitidos por el Ministerio Público obstaculizando las investigaciones, se toma ese fundamento para culpar a los imputados. Esta conclusión surge de las mismas pruebas testifical y documentales precedentemente examinadas y valoradas, de las cuales se establece que el hecho delictivo fue cometido el día 06 de marzo del 2.010 que los imputados Gabriela Arias Eguez y Erick Villamor Rodríguez, de los actos investigativos realizados, no señalan o no se tiene prueba que se tenga convicción que hubiesen sido los autores del hecho acusado”. (Negrillas nuestras).


Más adelante y bajo el acápite de “Personalidad de los imputados”, básicamente lo realizado por el Tribunal de origen es la transcripción de lo manifestado por ambos procesados en juicio oral; para luego, bajo el acápite de “Determinación de la responsabilidad penal” acotar la consideración de absolución de los imputados.


Para terminar, previo al decisum en el caso presente, bajo el título de “Fundamentación de derecho”, el Tribunal de origen, dejando expresa constancia que lo inferido emerge de la prueba de cargo examinadas, concluye que no se configura ninguno de los elementos del tipo penal endilgado a la conducta Gabriela Arias Eguez, para finalmente absolver a ambos procesados, haciendo alusión sucinta principio de indubio pro reo.


Ahora bien, el Tribunal de alzada, es concreto al señalar que la Sentencia absolutoria en el caso de Autos es carente de fundamentación al no contener la debida fundamentación fáctica y el valor otorgado a los medios de prueba, fundamentos que sirvieron para disponer la reposición del juicio por otro Tribunal, advertido de que el Tribunal de Sentencia simplemente se abocó a la mención de las pruebas, sin describir el contenido de las mismas y el valor asignado a cada una de ellas, menos una valoración conjunta y armónica, acreditando en base a ello los hechos probados fundamentación fáctica-, sin brindar las respectivas explicaciones técnicas del por qué su decisión.


Por ende, este Tribunal verifica que el Tribunal de alzada cumplió con las exigencias de la debida fundamentación desarrolladas en el acápite II.2 de la presente Resolución, pues sus argumentos contienen una explicación suficiente de las razones que justifican la nulidad de la Sentencia, pues la falta de fundamentación probatoria, así como de la fundamentación fáctica hechos probados-, que resultan privativas del Tribunal de mérito, constituye un vicio sustancial, que quebranta el debido proceso al privar a la sociedad de la posibilidad de control sobre la correcta actividad judicial traducida en la administración de justicia proba y transparente, además de no cumplir con el requisito de la publicidad de las razones que llevan al Tribunal a determinar la absolución o culpabilidad de los procesados; es decir, que la Sentencia no cumplió con los parámetros de una Resolución correctamente fundamentada al no ser expresa ni clara, no siendo suficiente el simplemente hacer alusión al principio de duda favorable al imputado, incumpliendo lo dispuesto por el art. 124 del CPP, que deriva en el defecto absoluto previsto por el art. 169 inc. 3) de la norma adjetiva penal, por vulnerar el debido proceso en su elemento la debida fundamentación que constituye una garantía para las partes en particular y la sociedad en general, para ejercer control sobre la corrección de la decisión asumida por el administrador de justicia.


En consecuencia, se pone en evidencia que el Auto de Vista realizó un correcto análisis, al resolver los aspectos denunciados sin incurrir en revalorización de la prueba y declarando la procedencia del recurso interpuesto, al considerar que la Sentencia impugnada incurrió en falta de fundamentación y motivación ante el incumplimiento de los arts. 124 y 360 incs. 1) y 2) del CPP; correspondiendo por ende, no dar curso a lo peticionado por la recurrente al no haberse evidenciado la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales acusados, deviniendo el motivo resuelto en infundado.



POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación de lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Gabriela Arias Eguez.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos