TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 1018/2018-RA

Sucre, 12 de noviembre de 2018


Expediente                : Santa Cruz 79/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte Imputada        : Juan Carlos Tolavi Jaldín 

Delitos        : Tentativa de Homicidio y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 7 de febrero de 2018, cursante de fs. 512 a 519, Juan Carlos Tolavi Jaldín, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 66 de 7 de julio de 2017, de fs. 506 a 509 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera  del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Silvia Paz Acosta contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Tentativa de Homicidio y Amenazas, previstos y sancionados por los arts. 251 y 293 con relación al art. 8 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 24/2016 de 12 de mayo (fs. 291 a 296 vta.), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Juan Carlos Tolavi Jaldín, autor y culpable de la comisión del delito de Homicidio en el grado de Tentativa, previsto y sancionado por el art. 251, con relación al art. 8 del CP, imponiendo la pena de cuatro años y seis meses de reclusión, con costas y responsabilidad civil averiguable en ejecución de sentencia, siendo absuelto de los delitos de Tentativa de Asesinato y Amenazas, previstos en los arts. 252 y 293 con relación al art. 8 del CP. 


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Juan Carlos Tolavi Jaldín formuló recurso de apelación restringida (fs. 369 a 377), que fue resuelto por Auto de Vista 66 de 7 de julio de 2017, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


  1. En mérito al decreto de 31 de julio de 2018 (fs. 536), emitido por el Magistrado y Presidente de Sala Penal, se advierte que por diligencia de 12 de septiembre de 2018 (fs. 536), el recurrente fue notificado con el referido Auto de Vista; y, el 7 de febrero del mismo año interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extrae el siguiente agravio:


El recurrente dentro de la rememoración de los antecedentes del proceso señala referente a la actuación del Tribunal de alzada en los puntos 9, 10, y 11 que la Sala Penal Tercera pareciera que no leyó la apelación restringida debido a que a fs. 4 expresaron que el imputado en estado de ebriedad se acercó a la víctima queriéndola matar con un cuchillo carnicero, situación de la que discrepa el recurrente aludiendo que esta situación no se habría demostrado en juicio, indicando también que fuera de ello, los Vocales habrían expresado aspectos ajenos; por otro lado, asimismo hubieran señalado que el recurrente no demostró cuál sería el derecho vulnerado cuando en realidad estaría claramente identificado en el respectivo recurso, con todos los defectos debidamente fundamentados, por último expresaron que no se fundamentó el inc. 6) del art. 370 del Código de Procedimiento Penal (CPP), cuando alega que sí expresó la valoración defectuosa con relación al cuchillo.


Posteriormente expresa que existió fundamentación contradictoria en la Sentencia con relación a los testigos de cargo, transcribiendo los arts. 293, 251 y 8 del CP, así como los principios de imparcialidad, independencia, igualdad, legalidad, debido proceso, también los artículos 167, 169, 124 del CPP, 116 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) y comentarios sobre la Tentativa de los tratadistas Jorge Valda, Muños Conde, Mir Puig, Muños y García. A tal efecto invoca los Autos Supremos 201/2013 de 16 de julio, referente al derecho de consagrar abogado defensor, 330/2012 de 16 de noviembre, relativo a la notificación personal, 106/2013 de 19 de abril, respecto a la duda razonable y 068/2013-RRC, sobre el principio de tipicidad.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 12 de septiembre de 2018, interponiendo su recurso de casación el 7 de febrero del mismo año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP; toda vez que, mediante decreto de 30 de agosto de 2018, se dispuso la notificación al mencionado recurrente, ya que fue omitido dicho actuado procesal, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Ahora bien, de la revisión del recurso de casación se puede observar una carencia de técnica recursiva y argumentativa en cuanto a la identificación y precisión de los supuestos agravios incurridos por el Tribunal de alzada, siendo una copia casi exacta  de su recurso de apelación restringida, alegando cuestiones dirigidas contra la Sentencia, describiendo aspectos generales que hubiese realizado el Tribunal de alzada que no constituyen agravios concretos sino reclamos, al no estar debidamente precisados ni fundamentados, omitiendo completamente su deber de señalar en términos claros la posible contradicción entre el Auto de Vista impugnado con sus precedentes invocados.


En cuanto al recurso de casación, el recurrente argumenta que Sala Penal Tercera pareciera que no leyó la apelación restringida debido a que a fs. 4 expresaría hechos no contemplados en el juicio, como el hecho que el imputado en estado de ebriedad se acercó a la víctima queriéndola matar con un cuchillo; por otro lado, señaló que el Tribunal de alzada concluyó que el imputado no habría demostrado el derecho vulnerado y que no se fundamentó el defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, cuando contrariamente este en su recurso señaló que la valoración defectuosa sería con relación al cuchillo. Finalmente el impetrante refiere la contradictoria fundamentación de la Sentencia relativo a los testigos de cargo, invocando los Autos Supremos 201/2013 de 16 de julio, referente al derecho de consagrar abogado defensor, 330/2012 de 16 de noviembre, relativo a la notificación personal, 106/2013 de 19 de abril, respecto a la duda razonable y 068/2013-RRC, sobre el principio de tipicidad.


Sobre el particular, analizados los argumentos traídos en casación, resulta evidente que no se precisó en forma clara la contradicción incurrida por el Tribunal de alzada con los precedentes invocados, pues el recurrente se limita a emitir criterios de desacuerdos, sin fundamentar de forma concreta el supuesto agravio cometido al resolver el recurso de apelación restringida; por otro lado, el imputado tampoco motiva su reclamo con las temáticas invocadas en sus precedentes, que por cierto son totalmente distintas a lo señalado en su recurso de casación, en total incumplimiento a los requisitos previstos en los arts. 416 y 417 del CPP, no siendo viable el análisis de fondo de lo pretendido.


Las falencias advertidas en el presente recurso, no pueden ser suplidas de oficio ni con las meras referencias de vulneración al debido proceso o la presunta concurrencia de defectos absolutos cómo se observa en el presente caso, asimismo a efectos de ingresar al fondo del agravio vía flexibilización, la parte recurrente tenía la obligación de cumplir con los presupuestos explicados en el acápite anterior de la presente Resolución, mismos que fueron omitidos, pues se limita a expresar vulneraciones de derechos, sin efectuar mayor argumentación al no fundamentar de forma clara y concreta su petición, ni señalar en que consistiría la restricción o disminución de las citadas garantías y menos explica el resultado dañoso emergente, derivando en que el recurso resulte inadmisible, aún de manera extraordinaria.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Juan Carlos Tolavi Jaldín, de fs. 512 a 519.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.