TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 1011/2018-RA

Sucre, 07 de noviembre de 2018


Expediente                : Potosí 16/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Ana María Mercado Morales y otro

Delito                : Conducta Antieconómica


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 13 de septiembre de 2018, Francisco Sánchez Coca, de fs. 270 a 271 vta. y Ana María Mercado Morales, de fs. 320 a 321 vta., interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 15/18 de 9 de julio de 2018, de fs. 224 a 228, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el Instituto Superior de Educación Pio XII representado por Víctor Hugo Ramírez Siñaniz contra los recurrentes, por la presunta comisión del delito de Conducta Antieconómica, previsto y sancionado por el art. 224 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 11/2017 de 31 de julio (fs. 81 a 88), el Tribunal de Sentencia de Llallagua del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró a Francisco Sánchez Coca y Ana María Mercado Morales, culpables del delito de Conducta Antieconómica, previsto y sancionado por el art. 224.I del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión, con costas a la víctima, rechazando la solicitud del beneficio de suspensión condicional de la pena.


b)        Contra la mencionada Sentencia, los imputados Ana María Mercado Morales (fs. 105 a 112 vta.) y Francisco Sánchez Coca (fs. 116 a 117 vta.), formularon recursos de apelación restringida, que fue resuelto por Auto de Vista 15/18 de 9 de julio de 2018, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que declaró improcedentes los citados recursos y confirmó la Sentencia apelada.


c)        Por diligencias de 6 y 7 de septiembre de 2018 (fs. 231 y vta.), fueron notificados los recurrentes con el referido Auto de Vista; y, el 13 del mismo mes y año, interpusieron los recursos de casación que son objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


De los memoriales de los recursos de casación, se extraen los siguientes motivos:


II.1.        Del recurso de casación de Francisco Sánchez Coca


  1. El recurrente denuncia vulneración al principio de legalidad establecido en la Sentencia Constitucional 213/2013 y errónea aplicación de la ley, debido a que jamás habría manejado recursos económicos del Estado y, particularmente de Isec Pio XII, otorgados por el Tesoro General de la Nación, más simplemente omitió realizar descargos de algunos recursos que recibió de los alumnos, siendo una conducta culposa y no dolosa. Por otro lado, en la Sentencia y Auto de Vista impugnados no se demuestra su participación en el delito doloso de corrupción, debido a que ni siquiera existe prueba. En la referida Sentencia Constitucional se establece cuáles son los delitos vinculantes y propios de corrupción, debiendo ser acusado y sentenciado por el párrafo segundo del art. 224 del CP, violentando el principio de legalidad.


  1. Atenúa vulneración al principio de favorabilidad y la irretroactividad de la ley penal desfavorable, debido a que habría cometido el delito en la gestión 2008, momento en que la sanción penal era distinta a la actual, debiendo haberse aplicado la normativa vigente a la comisión del delito, contrariando el razonamiento contenido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1742/2013 y 2243/2012 de 8 de noviembre y el art. 123 de la Constitución Política del Estado (CPE).


  1. Denuncia vulneración a la aplicación de las normas sustantivas o materiales en el tiempo, debido a que estas contienen las reglas de conducta y las sanciones cuando se comente delitos, estando vinculadas a la consolidación de derechos y al nacimiento de obligaciones, las cuales no pueden ser modificadas por la afectación de la seguridad jurídica, conforme a la Sentencia Constitucional 0770/2012.


II.2. Del recurso de casación de Ana María Mercado Morales


  1. La recurrente denuncia vulneración al principio de legalidad establecido en la Sentencia Constitucional 213/2013 y errónea aplicación de la ley, debido a que jamás habría manejado recursos económicos del Estado y, particularmente de Isec Pio XII, otorgados por el Tesoro General de la Nación, más simplemente omitió realizar descargos de algunos recursos que recibió de los alumnos, siendo una conducta culposa y no dolosa. Por otro lado, en la Sentencia y Auto de Vista impugnados no se demuestra su participación en el delito doloso de corrupción, debido a que ni siquiera existe prueba. En la referida Sentencia Constitucional se establece cuáles son los delitos vinculantes y propios de corrupción, debiendo ser acusado y sentenciado por el párrafo segundo del art. 224 del CP, violentando el principio de legalidad.


  1. Atenúa vulneración al principio de favorabilidad y la irretroactividad de la ley penal desfavorable, debido a que habría cometido el delito en la gestión 2008, momento en que la sanción penal era distinta a la actual, debiendo haberse aplicado la normativa vigente a la comisión del delito, contrariando el razonamiento contenido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1742/2013 y 2243/2012 de 8 de noviembre y el art. 123 de la Constitución Política del Estado (CPE).


  1. Denuncia vulneración a la aplicación de las normas sustantivas o materiales en el tiempo, debido a que estas contienen las reglas de conducta y las sanciones cuando se comente delitos, estando vinculadas a la consolidación de derechos y al nacimiento de obligaciones, las cuales no pueden ser modificadas por la afectación de la seguridad jurídica, conforme a la Sentencia Constitucional 0770/2012.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, en los supuestos antes destacados, de acuerdo a lo siguiente:


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva.


En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su impugnación qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación, no mereció o merecieron debida fundamentación; o sobre qué cuestiones se incurrió en omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos, o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que los recurrentes fueron notificados con el Auto de Vista impugnado el 6 y 7 de septiembre de 2018, interponiendo sus recursos de casación el 13 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que les otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Se deja constancia, que la razón para desarrollar de forma única el análisis y resolución de los motivos expuestos por los recurrentes Francisco Sánchez Coca y Ana María Mercado Morales, se debe a que los mismos son materialmente idénticos, exponiendo bajo los mismos términos y alcances su argumentación y petitorio.


IV.1.        De los recursos de casación de Francisco Sánchez Coca y Ana María Mercado Morales.


En relación al primer motivo los recurrentes denuncian vulneración al principio de legalidad establecida en la Sentencia Constitucional 213/2013 y errónea aplicación de la ley, debido a que jamás ha manejado recursos económicos del Estado y, particularmente de Isec Pio XII, otorgados por el Tesoro General de la Nación, más simplemente omitió realizar descargos de algunos recursos que recibió de los alumnos, siendo una conducta culposa y no dolosa. Por otro lado, en la Sentencia y Auto de Vista impugnados no se demuestra su participación en el delito doloso de corrupción, debido a que ni siquiera existe prueba. En la Sentencia Constitucional referida establece cuáles son los delitos vinculantes y propios de corrupción, debiendo ser acusado y sentenciado por el párrafo segundo del art. 224 del CP, violentando el principio de legalidad; empero, los recurrentes no invocan ningún precedente contradictorio, a fin de realizar el examen de contrastación, aspecto ineludible que debe ser cumplido, conforme prevén los arts. 416 y 417 del CPP, imposibilitando toda contrastación sobre disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, o en razón a preceptos a aplicarse y sobre la solución pretendida; en cuyo mérito, debido a que las omisiones son atribuibles a los recurrentes y no pueden ser suplidas de oficio. Con relación a los presupuestos de flexibilización exigidos para la apertura excepcional de un agravio reclamado, explicados en el acápite anterior de esta resolución, se establece que en el motivo deducido identifica de manera plena el hecho generador del defecto; como ser, la errónea aplicación de la Ley sustantiva, bajo el argumento de que no manejaron recursos económicos del Estado y particularmente del ISEC PIO XII, aspecto que no hubiera sido considerado y/o fundamentado por el Auto de Vista, lo cual le hubiera generado la vulneración del principio de legalidad, identificando de esta manera el defecto y el daño emergente del Auto de Vista al haberse interpretado de manera errónea el art. 224 del CP; motivos que sin duda hacen ver el cumplimiento de los requisitos de flexibilización en el presente motivo; por lo que, el mismo deviene en admisible.


Se deja constancia, que la Sentencia Constitucional 213/2013, no tiene calidad de precedente ordinario, de acuerdo a lo determinado en el párrafo primero del art. 416 del CPP, por lo que no es válida para realizar el ejercicio de contraste.


En el segundo motivo atenúan que el Auto de Vista como la Sentencia vulneraron el principio de favorabilidad y la irretroactividad de la ley penal desfavorable, debido a que se habría cometido el delito en la gestión 2008, momento en que la sanción penal era distinta a la actual, debiendo haberse aplicado la normativa vigente a la comisión del delito, contrariando el razonamiento contenido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1742/2013 y 2243/2012 de 8 de noviembre y el art. 123 de la CPE; empero, nuevamente se incurre en la no invocación de precedente contradictorio alguno, a fin de realizar el examen de contrastación, incumpliendo los requisitos inmersos en los arts. 416 y 417 del CPP, imposibilitando todo ejercicio de contrastación sobre disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, o en razón a preceptos a aplicarse y sobre la solución pretendida, imposibilitando el análisis de fondo. Sobre los presupuestos de flexibilización exigidos para la apertura excepcional de un agravio reclamado, explicado en el acápite anterior de esta resolución, se establece que en el presente motivo los recurrentes precisaron el hecho generador del defecto (La aplicación de favorabilidad y la irretroactividad de la Penal desfavorable porque no se aplicó la normativa vigente en el momento del hecho incurriendo en contradicción con el art. 123 del CPP), lo cual les hubiera generado la vulneración al principio de favorabilidad y de irretroactividad; posteriormente, se observa que dichas alegaciones sustentan la verificación de defectos del Auto de Vista que generan el daño emergente del mismo, siendo que, en la resolución impugnada no se hubiera aplicado de manera correcta lo previsto en el art. 123 de la CPE; lo cual, en criterio del recurrente constituiría efectivamente una fundamentación indebida de la resolución impugnada; en consecuencia, habiendo cumplido con los requisitos de flexibilización previsto en el punto III de la presente resolución, este motivo resulta admisible.


Se deja constancia, que la Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1742/2013 y 2243/2012 de 8 de noviembre, no tienen calidad de precedentes ordinarios, de acuerdo a lo determinado en el párrafo primero del art. 416 del CPP, por lo que no es válida para realizar el ejercicio de contraste.


En relación al tercer motivo denuncian vulneración a la aplicación de las normas sustantivas o materiales en el tiempo, debido a que estas contienen las reglas de conducta y las sanciones cuando se comente delitos, estando vinculadas a la consolidación de derechos y al nacimiento de obligaciones, las cuales no pueden ser modificadas por la afectación de la seguridad jurídica, conforme a la Sentencia Constitucional 0770/2012; empero, los recurrentes no invocan ningún precedente contradictorio, a fin de realizar el examen de contrastación, aspecto ineludible que debe ser cumplido, conforme prevén los arts. 416 y 417 del CPP, imposibilitando toda contrastación sobre disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, o en razón a preceptos a aplicarse y sobre la solución pretendida; en cuyo mérito, debido a que las omisiones son atribuibles a los recurrentes y no pueden ser suplidas de oficio, no es posible efectuar el análisis de fondo de lo pretendido. Por otro lado, incumplen con los presupuestos de flexibilización para la apertura excepcional de un agravio reclamado -conforme al acápite anterior de esta resolución-, debido a que los recurrentes, en los motivos expresados, no identifican los errores del Auto de Vista impugnado de los que pueda derivar transgresión de derechos, una falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva; deviniendo el presente motivo en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLES los recursos de casación interpuestos por Francisco Sánchez Coca, de fs. 270 a 271 vta. y Ana María Mercado Morales, de fs. 320 a 321 vta., únicamente con relación a los motivos primero y segundo; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, se dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.