TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 101/2018-RA

Sucre, 28 de febrero de 2018


Expediente                : La Paz 68/2017

Parte Acusadora        : Juana Pomacusi Mayta

Parte Imputada        : Dionicio Cuevas Mayta

Delitos        : Apropiación Indebida y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 25 de julio de 2017, cursante de fs. 584 a 585 vta., Dionicio Cuevas Mayta, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 40/2017 de 8 de junio, de fs. 578 a 580, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Juana Pomacusi Mayta contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Apropiación Indebida, Despojo y Perturbación de la Posesión, previstos y sancionados por los arts. 345, 351 y 353 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 14/2014 de 19 de diciembre (fs. 553 a 555), la Juez Cuarto de Sentencia Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Dionicio Cuevas Mayta, autor de la comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del CP, imponiendo la pena de tres años y tres meses de reclusión, más el pago del daño civil ocasionado que debe ser calificado conforme a procedimiento, siendo absuelto de los delitos de Apropiación Indebida y Perturbación de la Posesión.


  1. Contra la referida Sentencia, el imputado Dionicio Cuevas Mayta interpuso recurso de apelación restringida (fs. 557 a 558 vta.), que fue resuelto por Auto de Vista 40/2017 de 8 de junio, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisible e improcedentes las cuestiones planteadas en el recurso; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.

  1. Por diligencia de 18 de junio de “2016” (fs. 582), el recurrente fue notificado con el referido Auto de Vista; y, el 25 de julio de 2017, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:


El recurrente posteriormente de realizar una extracción de los hechos querellados y procesados ante la Juez de Sentencia Cuarto en lo Penal, refiere que la acusadora particular habría iniciado dos procesos por el mismo hecho: a) Uno por el delito de orden público, Allanamiento de Domicilio y Robo, caso 2101-2010; y, b) Otro proceso por estos mismos hechos por los delitos de Despojo, Perturbación de la Posesión y Apropiación Indebida, en el Juzgado Cuarto de Sentencia; fallo que ahora es recurrido. Señala que la doctrina y la legislación vigente no permiten el doble juzgamiento por un mismo hecho, de acuerdo al art. 117 segundo  parágrafo del Código de Procedimiento Penal (CPP), por ello se planteó el incidente de litispendencia; sin embargo, fue rechazado, pese a que se formuló apelación, no se dio curso en la presenta causa. El aforismo latino “NON BIS IN IDEM” o “NE BIS IN IDEM” (no dos veces por la misma causa) expresado en el art. 4 de CPP, habría adquirido la calidad de garantías jurisdiccional de naturaleza procesal (cita doctrina de Silvia Barona Vilas). Refiere que “El Art. 14-7 del PIDDCP” (sic), establece que nadie será juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido condenado o absuelto, invocando respecto al “non bis in ídem” la Sentencia Constitucional 1764/2004-R de 9 de noviembre, por lo que argumenta que en la causa penal se hubiere vulnerado este principio procesal. Denuncia también que no se le dio una adecuada participación como acusado, pese a las objeciones, a los anuncios y reservas de apelación, vulnerándose su derecho a la defensa, por lo que formula recurso de casación “EN CONTRA DE LA SENTENCIA, RESOLUCIÓN 40-2017, DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2017” (sic).


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


El Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento de la primera parte del art. 418 del CPP, al momento de analizar las formalidades que las partes deben observar previa interposición del recurso de casación, debe examinar si se cumplieron con los requisitos formales de admisión previstos por los arts. 416 y 417 de la citada norma procesal, para con su resultado, declarar admisible o inadmisible el recurso; siendo esta labor de trascendental importancia a objeto de que este Tribunal, abriendo su competencia pueda confrontar, sobre la base de criterios ciertos y objetivos, la autenticidad o no de cada uno de los motivos que hacen al recurso de casación con el contraste de los precedentes invocados en dichos recursos.


Las formas procesales revisten un carácter protocolar que es impuesto como carga a quien pretende que se le conceda un derecho en uso de las facultades que la ley le confiere, con el fin de evitar la discrecionalidad de las partes en la tramitación de la causas, siendo una necesidad imperiosa dentro de un Estado Democrático de Derecho, precisamente para qué quien alega, pueda obtener una respuesta justa y pertinente respecto a lo que impetra, como parte del principio de legalidad que involucra al debido proceso; tales criterios, inclusive provienen del artículo 29 núm. 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, estableciendo que: "….en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática….”.


Bajo ese contexto, conforme se precisó en el acápite III inc. i) de esta Resolución, respecto a las formas procesales establecidas como carga que deben asumir los recurrentes, indicar que el plazo para interponer el recurso de casación en materia penal es de cinco días, plazo que conforme dispone el art. 130 del CPP, empieza a correr a partir del día siguiente de practicada la notificación y se computa sólo los días hábiles. En autos, conforme se advierte de la diligencia a fs. 582, el recurrente Dionicio Cuevas Mayta, por intermedio de su Abogado fue notificado con el Auto de Vista 40/2017, el 18 de junio de “2016”, siendo lo correcto el año 2017 a horas 16:05 pm., y conforme consta en el comprobante de caja del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz a fs. 583, así como por el cargo de recepción a fs. 585 vta., interpuso su recurso de casación el 25 de julio de 2017 a horas 16:50 pm. Entonces, de la compulsa de estos antecedentes, conforme a la documental cursante en obrados, se puede establecer con claridad que el recurso de casación planteado por el recurrente, fue presentado fuera del plazo de los cinco días previsto por el art. 417 del CPP; en consecuencia, el mismo deviene en inadmisible, en previsión del precitado precepto procesal.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Dionicio Cuevas Mayta, de fs. 584 a 585 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos