TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 1001/2018-RA

Sucre, 07 de noviembre de 2018


Expediente                : Beni 13/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Einar Paniagua Méndez 

Delito        : Almacenaje, Comercialización, Compra Ilegal de Diésel Oíl,       Gasolina y Gas Licuado de Petróleo.


RESULTANDO


Por memorial presentado el 15 de enero de 2018, cursante de fs. 268 a 272, el Ministerio Público interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 007/2017 de 24 de abril, de fs. 252 a 253 vta., pronunciado por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, dentro del proceso penal seguido por la parte recurrente contra Einar Paniagua Méndez, por la presunta comisión del delito de Almacenaje, Comercialización, Compra Ilegal de Diésel Oíl, Gasolina y Gas Licuado de Petróleo, previsto y sancionado por el art. 226 Bis del Código Penal (CP).

       

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 04/2016 de 19 de febrero (fs. 188 a 191 vta.), el Tribunal Primero de Sentencia de Guayaramerín del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, declaró a Einar Paniagua Méndez, absuelto de la comisión del delito de Almacenaje, Comercialización, Compra Ilegal de Diésel Oíl, Gasolina y Gas Licuado de Petróleo, previsto y sancionado por el art. 226 Bis del CP, disponiendo la cesación de todas las medidas cautelares impuestas en su contra y la devolución del vehículo motorizado, previa acreditación del derecho propietario del diésel y los tres bidones.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el Ministerio Público formuló recurso de apelación restringida (fs. 223 a 226 vta.), que fue resuelto por Auto de Vista 007/2017 de 24 de abril, dictado por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, que declaró improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 8 de enero de 2018 (fs. 263), la parte recurrente fue notificada con el referido Auto de Vista; y, el 15 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del recurso de casación interpuesto, se extraen los siguientes agravios:


  1. La entidad recurrente hace referencia bajo el subtítulo puntos que se apelan, que se emitió una Sentencia condenatoria rompiendo los criterios de congruencia entre la parte considerativa y la resolutiva señalando los siguientes puntos: a) El Tribunal de Sentencia contradictoriamente sostiene no haberse probado la acusación. b) El Tribunal de mérito no valoró la prueba MP-D-11. c) Señaló que las pruebas MP-D-1 al MP-D-8 no llegarían al convencimiento de la comisión del delito acusado. d) Preceptuó que no se hizo inspección del lugar para justificar una carencia probatoria. e) Sostuvo la concurrencia de un error de prohibición invencible en la acción del acusado. f) Señaló que no hubo dolo en la acción del acusado sino culpa. g) No fundamentó porque no aplicó el principio de congruencia para sentenciar al acusado por el delito de Contrabando.


  1. Indica como defecto de Sentencia el previsto en el inc. 5) del art. 370 del Código de Procedimiento Penal (CPP), referente a la falta de fundamentación de la Sentencia, vulnerando los arts. 124 y 173 del CPP, sosteniendo que el propio acusado en juicio confesó haber transportado el combustible sin la hoja de ruta correspondiente, sin embargo contradictoriamente el a quo, determinó no haberse probado la acusación como tampoco se realizó la valoración probatoria de dicho extremo, expresando también las normas sobre la declaración del imputado. Continúa señalando que constituye falta de fundamentación de la Sentencia los siguientes aspectos: El hecho que el Juzgador no valoró la prueba MP-D-11 referente a la carencia de autorización de transportar combustible, el señalar que las pruebas documentales MP-D-1 a la MP-D-8 no le llevó al convencimiento de la comisión del delito de Almacenaje, Comercialización y Compra Ilegal de Diésel Oíl, la carencia de realización de la inspección del lugar del hecho, la concurrencia del supuesto error de prohibición invencible de la acción del acusado, y por último el aspecto de no aplicar el principio de congruencia para sentenciarlo por el delito de Contrabando. Es así, que argumenta que ninguno de los razonamientos expuestos por el Tribunal de mérito para optar por la absolución del acusado se enmarcaron dentro de la racionalidad y logicidad propia de una debida fundamentación sujeta a los principios de la razón y la sana crítica en sus componentes del sentido común, experiencia y lógica, haciendo referencia a los Autos Supremos 242/2006 de 5 de julio, 507/2007 de 11 de octubre, 273/2012 de 12 de septiembre, Auto de Vista de 23 de septiembre de 2008, “437, 438, 443 y 448 de septiembre de 2007”, todos referentes a la falta de fundamentación; más los señalados en el subtítulo de precedentes contradictorios como los Autos Supremos 065/2012 de 19 de abril, 248/2012 de 10 de octubre, 342/2006 de 28 de agosto, relacionados a la debida fundamentación, 46/2010 de 9 de marzo, sobre los requisitos para dictar sentencia condenatoria, 256/2011 de 6 de mayo y 359/2009 de 26 de junio, respecto a la posibilidad de dictar nueva sentencia sin nuevo juicio y 307/2003 de 11 de junio, relativo a la incongruencia de la Sentencia.     


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.




IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que la recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 8 de enero de 2018, interponiendo su recurso de casación el 15 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Ahora bien, en cuanto a los motivos traídos en casación, tomando en cuenta que ambos aspectos denunciados tienen similares agravios, por lo que a fin de no ser reiterativos en los planteamientos, corresponde unificar de la siguiente manera:


La entidad recurrente denuncia el defecto de Sentencia previsto en el inc. 5) del art. 370 del CPP, relativo a la falta de fundamentación de la Sentencia, en vulneración de los arts. 124 y 173 del CPP, argumentando los siguientes extremos: a) Que el Tribunal a quo sostuvo no haberse probado la acusación pese a la confesión del imputado. b) No se valoró la prueba MP-D-11 relativo a que el imputado no tenía autorización para transportar combustible. c) El Tribunal de Sentencia, sin fundamentación alguna señaló que las pruebas documentales MP-D-1 a la MP-D-8 no llevó al convencimiento que el imputado cometió el delito acusado. d) Que para justificar una carencia probatoria, expresó el Tribunal de Sentencia que no se realizó inspección del lugar del hecho. e) Se sostuvo la concurrencia del error de prohibición invencible en la acción del imputado. f) No se fundamentó por qué no se aplicó el principio de congruencia para sentenciar al acusado por el delito de Contrabando. A tal efecto invocó los Autos Supremos 242/2006 de 5 de julio, 507/2007 de 11 de octubre, 273/2012 de 12 de septiembre, Auto de Vista de 23 de septiembre de 2008, 437, 438, 443 y 448 de septiembre de 2007, todos referentes a la falta de fundamentación; más los señalados en el subtítulo de precedentes contradictorios como los Autos Supremos 065/2012 de 19 de abril, 248/2012 de 10 de octubre, 342/2006 de 28 de agosto, relacionados a la debida fundamentación, 46/2010 de 9 de marzo, sobre los requisitos para dictar sentencia condenatoria, 256/2011 de 6 de mayo y 359/2009 de 26 de junio, respecto a la posibilidad de dictar nueva sentencia sin nuevo juicio, y 307/2003 de 11 de junio, relativo a la incongruencia de la Sentencia.  


Sobre el particular, analizados los argumentos vertidos en casación, se evidencia que la entidad recurrente, incurre en la carencia de técnica recursiva; pues, efectuando un análisis de los argumentos expuestos precedentemente, se advierte la invocación de defecto de Sentencia previsto en el inc. 5) del art. 370 del CPP, relativo a la falta de fundamentación de la Sentencia, sin identificar los agravios generados por el Tribunal de alzada a momento de resolverse las denuncias efectuadas en apelación restringida, demostrando además carencia de técnica argumentativa al realizar alusiones que están dirigidas contra la Sentencia, constituyéndose en una copia fiel del recurso presentado en alzada, tratando que esta Sala Penal realice su labor nomofiláctica sobre los fundamentos de la Sentencia, aspecto que no puede ser atendido favorablemente; pues, si bien invoca precedentes, la entidad incumple con los requisitos previstos en los arts. 416 y 417 del CPP, omisión incurrida que no puede ser suplida de oficio por esta Sala Penal y que inviabiliza ingresar al análisis de fondo de lo pretendido, debido al mal planteamiento del presente recurso deducido líneas arriba.


Por otro lado, las falencias advertidas precedentemente en el planteamiento del recurso, no pueden ser suplidas de oficio ni con las meras referencias de vulneración al debido proceso o la presunta concurrencia de defectos absolutos cómo se observa en el presente caso, asimismo a efectos de ingresar al fondo del agravio vía flexibilización, la parte recurrente tenía la obligación de cumplir con los presupuestos explicados en el acápite anterior de la presente Resolución, mismos que fueron omitidos, pues se limita a expresar vulneraciones de derechos, sin efectuar mayor argumentación al no fundamentar de forma clara y concreta su petición, ni señalar en que consistiría la restricción o disminución de las citadas garantías y menos explica el resultado dañoso emergente, derivando en que el agravio resulte inadmisible, aún de manera extraordinaria.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público, de fs. 268 a 272.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos