TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 1000/2018-RA

Sucre, 07 de noviembre de 2018


Expediente                Santa Cruz 152/2018 

Parte Acusadora        Ministerio Público y otros

Parte Imputada         Carlos Hugo Justiniano Eklund y otros

Delitos              : Homicidio y Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de             Tránsito y otro


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 14 de septiembre de 2018, Carlos Hugo Justiniano Eklund, de fs. 1224 a 1231 y Boleslaw Brychy Leigue conjuntamente Luís Jhonny Leigue Ruiz, de fs. 1241 a 1247, interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista 55 de 10 de agosto de 2018, de fs. 1207 a 1211 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la apoderada de la parte acusadora particular Ingrid Vásquez de Leigue contra Simón Antonio Rodríguez Roca e inter partes, por la presunta comisión de los delitos de Homicidio y Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito y Conducción Peligrosa, previstos y sancionados por los arts. 261 y 201 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 7 de enero de 2018 (fs. 1056 a 1076), el Tribunal Sexto de Sentencia y Sustancias Controladas del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Carlos Hugo Justiniano Eklund, autor y culpable de la comisión del delito de Homicidio y Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito previsto y sancionado por el art. 261 del CP, imponiendo la pena de un año de reclusión, más el pago de costas procesales a calificarse en ejecución de sentencia y absuelto del delito de Conducción Peligrosa; y, Simón Antonio Rodríguez Roca fue absuelto de los delitos endilgados en su contra.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Carlos Hugo Justiniano Eklund (fs. 1084 a 1103), los acusadores particulares Boleslaw Brychy Leigue y Luís Jhonny Leigue Ruiz (fs. 1105 a 1112 vta.) y la representante del Ministerio Público (fs. 1113 a 1130), promovieron recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 55 de 10 de agosto de 2018, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisibles e improcedentes los recursos planteados; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.

  1. Por diligencia de 7 de septiembre de 2018 (fs. 1216 y 1218), los recurrentes fueron notificados con el Auto de Vista impugnado; y, el 14 del mismo mes y año, interpusieron los recursos de casación que son objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


De los memoriales de los recursos de casación, se extraen los siguientes motivos:


II.1 Recurso de casación de Carlos Hugo Justiniano Eklund


  1. El recurrente plantea la contradicción del Auto de Vista que impugna con los Autos Supremos 140/2009 de 5 de marzo, 272/2009 de 4 de mayo y 704/2015 de 30 de septiembre, cuestionando la postura del Tribunal de apelación en lo que fue el rechazo de un incidente de exclusión probatoria efectuado por el recurrente contra una “pericia elaborada y realizada por el Cnel. Aquiles Zabala Álvarez” (sic), cuya producción no le habría sido notificada impidiendo -en su perspectiva- el ejercicio de mecanismo de defensa. Agrega que habiendo el Tribunal de sentencia considerado que tal oposición debió ser realizada en etapa preparatoria y no en esa fase, el reclamo fue desarrollado como uno de los agravios de la Sentencia, a cuya respuesta el Tribunal de apelación se apoyó también en el mismo argumento para rechazar la pretensión.


Sobre el particular, previa transcripción de varias porciones del Auto Supremo 704/2015 de 30 de septiembre, enfatizando el razonamiento referido a que el juicio oral es el tiempo procesal pertinente para la oposición de incidentes de exclusión probatoria, el recurrente concluye que “las exclusiones probatorias, están reservadas por la ley, para realizarse en juicio oral y al momento de pretender judicializarse las pruebas, siendo ese el momento preciso para plantearlas” (sic) afirmación con la que sostiene que los argumentos del Auto de Vista 55, abordaron una dirección contraria a la doctrina legal aplicable invocada.

  1. Como segundo motivo, manifiesta que habiendo sido condenado por la comisión de un delito de tipo culposo, debió -previamente- determinarse la existencia de uno de los elementos a través de los que una conducta culposa se manifiesta (negligencia, imprudencia o impericia); sin embargo, llevado que fue tal reclamo en apelación restringida, el Tribunal de alzada expresó que tal agravio no había sido fundamentado con relación a la errónea aplicación de la ley sustantiva. Añade que la doctrina legal contenida en los Autos Supremos 431/2006 de 11 de octubre, 329/2006 de 29 de agosto y 417/03 de 19 de agosto (invocados también como precedentes contradictorios), consideraron que la tipicidad es el hecho que se adecua al tipo, así como, razonaron que se genera errónea aplicación de la ley sustantiva en los casos de errónea calificación de la tipicidad de la conducta reprochada. Finalmente expresa que “la adecuación de la conducta no puede ser exacta cuando no ha existido ninguna fundamentación respecto a la adecuación…al tipo” (sic).


  1. En el tercer motivo del recurso, el imputado señala que la Sentencia violó el art. 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP), dado que la relación de hechos fuera sólo una descripción del siniestro acaecido el 1 de abril de 2015, sin establecer cuál fue su participación y las razones de considerarlo autor del ilícito; asimismo, no se brinda el origen de la conclusión que su persona haya realizado “un giro en U”, como tampoco las razones a partir de las que el Tribunal de sentencia asumió la convicción que “las acciones fueron fruto de la impericia y confianza excesiva del conductor” (sic), cuando en todo caso la existencia de una licencia de conducir en titularidad, demuestra idoneidad para poner un motorizado en movimiento.


Apoyado en lo anterior, reclama que el Tribunal de apelación, se limitó a referir que el fallo de mérito había realizado la especificación de la participación del imputado en el hecho, sin precisarse cuál el grado de esa conclusión, ni las razones para haberse determinado la impericia, como tampoco se mencionaron cuáles serían las disposiciones incumplidas del Código de Tránsito. En tal dirección invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 724/2004 de 26 de noviembre y 479/2005 de 8 de diciembre, del cual extracta un fragmento atinente a la calificación de defecto absoluto a los casos en los que una resolución judicial no exponga las razones que fundamente los alcances de su decisión.


  1. Reproduciendo el contenido del art. 173 del CPP, así de expresar que es deber de los jueces y tribunales fundamentar el valor que asignan a cada uno de los elementos probatorios producidos en juicio oral, acusa que en la sentencia se “anota de manera general las pruebas erróneamente valoradas” (sic), además de incurrir en omisiones, yerros que, en el planteamiento del recurso, hubieran sido replicadas por el Tribunal de apelación, toda vez que en “6 líneas…arguye…estaría vetado de realizar una revalorización probatoria, sin que ello hubiera sido solicitado” (sic).


Prosigue, endilgando contradicción del Auto de Vista impugnado con los Autos Supremos 515/2006 de 16 de noviembre y 91/2006 de 28 de marzo, compendiando en cada caso partes atinentes al respeto del principio de inmediación y la obligación de los Tribunales de alzada en anular las sentencias que contengan infracción a las reglas de la sana crítica. Precisa que la postura de la Sala Penal Segunda es contraria a esa doctrina, habida cuenta que “no se pronuncia…respecto a los fundamentos vertidos en cuanto a la vulneración de la denuncia de usurpación de funciones por el perito de partes…principio de favorabilidad en cuanto a la cantidad de pericias favorables y no indica porque considera que el Tribunal de sentencia, evaluó correctamente los elementos colectados” (sic), además de atribuir que la Sentencia se basa en una errónea valoración de la prueba, constatable a partir de las observaciones realizadas por el recurrente.


II.2 Recurso de casación de Boleslaw Brychy Leigue y Luís Jhonny Leigue Ruiz.


Previa reseña de los antecedentes que condujeron a la emisión de la Sentencia 7 de 19 de enero de 2017, y sintetizar los argumentos por los que el Tribunal de alzada declaró la improcedencia de su recurso de apelación restringida, los recurrentes plantean como motivos de su recurso:


  1. Formulando que la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia ha sido constante en establecer que es deber de jueces y tribunales pronunciarse sobre todos los puntos denunciados por las partes en fase de recursos, y señalando que tal comprensión se hallase en los Autos Supremos 8 de 26 de enero de 2007, 411 de 20 de octubre de 2006, 431 de 15 de octubre de 2005, 189/2012-RRC de 8 de agosto (se transcribió en cada caso una porción referida a esa temática) como también fuera presente en los Autos Supremos 455 de 14 de noviembre de 2015, 12/2012 de 30 de enero, 278/2012-RRC de 31 de octubre y 776/2013 de 23 de diciembre; los recurrentes, denuncian que el Auto de Vista 55, vulneró el principio de congruencia negando su propia competencia “prevista en el art. 398 del CPP, al pronunciarse de manera genérica y esquiva, sin especificar cada uno de los agravios…vulnerando el debido proceso previsto en los arts. 115.I, 117.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), en su vertiente de falta de fundamentación, que deviene en defecto absoluto insubsanable previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP, situación que además se repite al haber manifestado criterio sobre asuntos que no corresponden a la impugnación” (sic). Arguyen que del contenido del art. 124 del CPP se desprende el principio de congruencia, informado como una respuesta equivalente y simétrica al agravio propuesto.


Los recurrentes argumentan que el Auto de Vista que impugnan incurre en vicio de incongruencia omisiva, pues en la respuesta al agravio enmarcado en el art. 370 inc. 5) del CPP, se reiteró los mismos argumentos de la Sentencia de grado, cuando en el recurso de apelación restringida expusieron el reclamo de insuficiente fundamentación referida a “la irresponsabilidad del padre en los delitos acusados, ya que no basta mencionar que la regla general de responsabilidad de los padres sobre los actos de los hijos es esencialmente civil…sino que el Tribunal de Sentencia…estaba obligado a explicar de manera completa y lógica, cuál es la consecuencia que se deriva de un padre que obtiene licencia de conducir provisional para su hijo menor, aduciendo ciertos fines, y que no obstante de ello permite que el menor pueda usar el vehículo de noche y fuera de los fines permitidos” (sic) así como reclamar “que el fundamento debió centrarse en la conducta del padre que omite su deber de control y vigilancia de la fuente de peligro creada con la Licencia Provisional” (sic).


  1. Considerando que la jurisprudencia del Máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria, ha dispuesto que el deber de fundamentación relacionado con las reglas de la sana crítica obligan a los jueces a “asignar convicción específica…respecto a cada uno de los medios de prueba que las partes han producido en juicio [que] no puede ser sustituida por la simple enumeración…o argumentos generales” (sic). Los recurrentes alegan que en apelación restringida invocaron como precedentes contradictorios los Autos Supremos 111 de 31 de enero de 2007, 308 de 25 de agosto de 2006 y 349 de 28 de agosto de 2006 (en el memorial de casación son reproducidos fragmentos sobre consideraciones en torno a la vulneración de los arts. 173 y 339 del CPP, así como la descripción de la forma de abordaje de la prueba en base a las reglas de la sana crítica y la prohibición de suplantar la fundamentación probatoria por la relación de documentos o argumentos de las partes).


Califican como aceptación tácita de la infracción al art. 173 del CPP, y eje de la contradicción planteada, el hecho que el Auto de Vista sea permisivo con el yerro de la Sentencia de enlistar varios documentos y con ello genéricamente concluir que la prueba no era suficiente para demostrar la responsabilidad de Simón Antonio Rodríguez. Agregan que la Sentencia no emitió criterio individual sobre el “Requerimiento al director del SEGIP…y copias legalizadas de información requerida Informe SEGIP-SEGELIC N° 066/2015de 22 de abril…y sus anexos”, sino se limitó a referir genéricamente que “no son…determinantes para establecer algún grado de responsabilidad penal de Simón Antonio Rodríguez Roca…por el accionar de su hijo, en cuanto incumplió su posición de garante que asumió ante el Estado y ante la sociedad, creando una fuente de peligro para la sociedad, toda vez que no se acredita que el hecho de permitir salir a su hijo de su domicilio particular conduciendo el vehículo fuera de los límites del permiso concedido, en un estado inconveniente, sin poder predecir a futuro qué este consuma bebidas alcohólicas y que protagonice por ello y la imprudencia de otro conductor un accidente tan terrible, toda vez que éste asume esencialmente una responsabilidad civil del mal accionar de su hijo, como se evidencia en la declaración jurada, para obtener el permiso del SEGIP” (sic)


Finaliza enfatizando que la Sala pronunciante se encontraba obligada a realizar un control de mérito sobre la denuncia de insuficiente fundamentación en la sentencia y la omisión de emitir un razonamiento individual sobre cada uno de esos documentos.   


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que los recurrentes fueron notificados con el Auto de Vista impugnado el 7 de septiembre de 2018, interponiendo sus recursos de casación el 14 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que les otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


IV.1 Recurso de casación de Carlos Hugo Justiniano Eklund


En el primer motivo, se considera contradictoria la decisión del Tribunal de alzada en sentido de refrendar la negatoria de los de Sentencia en promover un  incidente de exclusión probatoria sobre una pericia, al considera que tal pretensión debió ser planteada en etapa preparatoria, alega que esa postura contradice la doctrina legal de los Autos Supremos 140/2009 de 5 de marzo, 272/2009 de 4 de mayo y 704/2015 de 30 de septiembre, destacando en cada caso el razonamiento referido a que el juicio oral es el tiempo procesal pertinente para la oposición de incidentes de exclusión probatoria.


En lo que toca al Auto Supremo 140/2009 de 5 de marzo, precisar que fue emitido por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Suprema de Justicia, y atiende aspectos de admisibilidad, es decir, no disgrega ni refiere cuestiones de análisis de fondo pasibles a ser entendidas como precedentes contradictorios a efectos de los arts. 416 y ss. del CPP, no pudiendo en consecuencia ser tomado en cuenta en el presente caso. En lo que son los Autos Supremos 272/2009 de 4 de mayo y 704/2015-RRC de 30 de septiembre, se expone una situación de hecho similar a la problemática de autos, cual es, la opinión sobre el momento procesal oportuno para la oposición de exclusiones probatorias, cuya particularidad en el caso de autos refiere la especificidad de una pericia, labrada en etapa preparatoria; de tal cuenta la Sala considera que los presupuestos contenidos en el art. 416 del CPP, restando declarar la admisibilidad que corresponda.         

En el segundo motivo, se manifiesta que habiéndose emitido sentencia condenatoria por la comisión de un delito de tipo culposo, debió determinarse como parte de la correcta concreción del marco penal, la existencia de uno de los elementos a través de los que una conducta culposa se manifiesta (negligencia, imprudencia o impericia); sin embargo, ello no ocurrió en Sentencia, ante lo cual y previa activación de apelación restringida, el Tribunal de alzada se pronunció señalando que no se había fundamentado la errónea aplicación de la ley sustantiva denunciada; tal aspecto en términos del recurso constituye un vicio incongruencia omisiva cometido en el Auto de Vista 55; con ello se expresó, haber invocado los Autos Supremos 431/2006 de 11 de octubre, 329/2006 de 29 de agosto y 417/03 de 19 de agosto, mismos que en exposición del recurso- consideraron tópicos sobre tipicidad y errónea aplicación de la ley sustantiva.


Sucede pues que, el recurso de casación opera dentro de una naturaleza definida por Ley; como está desarrollado en el apartado III de esta Resolución, casación posee en esencia un fin nomofiláctico, esto es, unificador y uniformador de la jurisprudencia en la jurisdicción ordinaria. Casación tiene para sí la resolución de las acciones recursivas contra Autos de Vista emitidos por las Salas Penales en los Tribunales Departamentales de Justicia, es decir, su lecho se encuentra sobre las cuestiones expresadas en un momento procesal distinto y posterior a la emisión de una Sentencia, cadena procesal que no admite -por ejemplo- censurar cuestiones contenidas en una Sentencia, si es que antes no se ha agotado el estadio procesal de apelación restringida, y claro, previo cumplimiento y adecuación de los requisitos contenidos en los arts. 416 y ss. del CPP; dicho de otro modo la apreciación de eventuales desarreglos contra una Sentencia no pueden ser analizados de manera directa y pasando por alto el argumento que un Auto de Vista haya generado. Todo esto tiene relación con la invocación de los Autos Supremos “431/2006 de 11 de octubre de 2001” y 329/2006 de 29 de agosto, pues el recurrente apoya en ellos su rechazo sobre una supuesta errónea concreción del marco penal de parte de la Sentencia, marco argumentativo que trata modular a los fines del recurso de casación; algo que, como se tiene en este párrafo es inviable poder ingresar al fondo de lo pretendido.


En el tercer motivo, el imputado plantea que el Auto de Vista 55, es contradictorio a la doctrina legal sentada en los Autos Supremos 479/2005 de 8 de diciembre y 7247/2004 de 26 de noviembre, con base en las conclusiones del primero sobre los reclamos de infracción al art. 124 del CPP por parte de la Sentencia en lo que fue la determinación del grado de participación, las razones de considerar al imputado  autor del delito, el origen de la conclusión que su persona haya realizado “un giro en U”, y las razones por las que se llegó a la convicción que “las acciones fueron fruto de la impericia y confianza excesiva del conductor” (sic); para el caso del Auto Supremo 479/2005 de 8 de diciembre, el recurrente propone que los patrones sobre fundamentación que orienta este precedente fueron incumplidos por el fallo impugnado, toda vez que “se limita a referir que la sentencia habría realizado una especificación de la participación del imputado” (sic).


En el orden de parámetros que orientan admisibilidad en casación, vistos en los arts. 416 y ss. del CPP, la Sala considera que dentro del presente motivo, ellos fueron cumplidos con relación al Auto Supremo 479/2005 de 8 de diciembre, por lo cual el análisis de fondo se centrará en ese precedente de manera única. En lo que es el Auto Supremo 724/2004 de 26 de noviembre, la Sala omitirá su análisis de contraste, al haber sido solamente citado, en tal sentido el motivo en análisis deviene en admisible.


En el cuarto motivo, manifiesta el recurrente que el Auto de Vista impugnado es contradictorio a los Autos Supremos 515/2006 de 16 de noviembre y 91/2006 de 28 de marzo, mismos que conforme el desarrollo del recurso- obligasen a los tribunales de alzada anular las sentencias que contengan infracción a las reglas de la sana crítica. Califica que apartándose de tales directrices la Sala pronunciante en “6 líneas…arguye…estaría vetada de realizar una revalorización probatoria” (sic) cuando ello no fue solicitado; es decir señala- se omitió brindar respuesta sobre la denuncia de usurpación de funciones por el perito de partes, principio de favorabilidad en cuanto a la cantidad de pericias favorables, y las razones por las que el Tribunal de apelación consideró correcta la labor reflejada en Sentencia.


Se presenta una situación similar al segundo motivo de este recurso, es decir, alegando una situación de hecho similar, basada en el deber de anulación de un sentencia con errores en la valoración de la prueba, se induce a la admisión de un tópico que no es referido, a un argumento expresado por el Auto de Vista recurrido, por cuanto se plantea sobre una eventual contradicción sobre un supuesto no definido; dado que los argumentos sostenidos por el recurrente tienen como origen y destino la Sentencia de grado, reclamando al Auto de Vista incurrir en un supuesto similar afirmando que no fuera “coherente por parte del tribunal de alzada, desestimar todos los argumentos que fueron expuestos en la apelación restringida, en escasos fundamentos  generan una lesión a derechos fundamentales y además genera un defecto de la sentencia” (textual a fs. 1229 vta.). Tal disincronía, genera a efectos procesales, el no cumplimiento de la premisa prevista por los primeros párrafos de los arts. 416 y 417 del CPP; y por ende la declaratoria de inadmisibilidad.


II.1 Recurso de casación de Boleslaw Brychy Leigue y Luís Jhonny Leigue Ruiz


El primer motivo propuesto por los recurrentes, arroja el planteamiento de contradicción entre la jurisprudencia contenida en los Autos Supremos 8 de 26 de enero de 2007, 411 de 20 de octubre de 2006, 431 de 15 de octubre de 2005, 189/2012-RRC de 8 de agosto, de los cuales se reprodujo porciones relacionadas al deber de congruencia entre planteamiento de agravio y pertinencia de resolución, en torno al sistema de recursos de la Ley 1970, y un supuesto actuar omisivo de parte del Tribunal de apelación en lo que fue la respuesta a los planteamientos vinculados a la denuncia de defecto de la sentencia enfrascado al art. 370 inc. 5) del CPP. En posición del memorial de casación, el tribunal de alzada replicó los argumentos de la Sentencia, cuando se reclamó insuficiencia de fundamentación sobre “la irresponsabilidad del padre en los delitos acusados, ya que no basta mencionar que la regla general de responsabilidad de los padres sobre los actos de los hijos es esencialmente civil…sino que el Tribunal de Sentencia…estaba obligado a explicar de manera completa y lógica, cuál es la consecuencia que se deriva de un padre que obtiene licencia de conducir provisional para su hijo menor, aduciendo ciertos fines, y que no obstante de ello permite que el menor pueda usar el vehículo de noche y fuera de los fines permitidos” (sic) así como reclamar “que el fundamento debió centrarse en la conducta del padre que omite su deber de control y vigilancia de la fuente de peligro creada con la Licencia Provisional” (sic).


Con tales antecedentes, cumplidos los requisitos exigidos para casación en la Ley 1970, ello es, el señalamiento de una problemática de situación de hecho similar, referida a un supuesto defecto de incongruencia omisiva y su tratamiento procesal, resta a la Sala declarar la admisibilidad del presente motivo, exceptuando el análisis de los Autos Supremos 455 de 14 de noviembre de 2015, 12/2012 de 30 de enero, 278/2012-RRC de 31 de octubre y 776/2013 de 23 de diciembre, habida cuenta, de que en el texto del recurso únicamente fueron enunciados.


En lo que toca al segundo motivo, alegan que en apelación restringida invocaron como precedentes contradictorios los Autos Supremos 111 de 31 de enero de 2007, 308 de 25 de agosto de 2006 y 349 de 28 de agosto de 2006, reproduciendo fragmentos sobre consideraciones en torno a la vulneración de los arts. 173 y 339 del CPP, así como la descripción de la forma de abordaje de la prueba en base a las reglas de la sana crítica y la prohibición de suplantar la fundamentación probatoria por la relación de documentos o argumentos de las partes, calificando como aceptación tácita de la infracción al art. 173 del CPP, y eje de la contradicción planteada, el hecho que el Auto de Vista sea permisivo con el yerro de la Sentencia de enlistar varios documentos y con ello genéricamente concluir que la prueba no era suficiente para demostrar la responsabilidad de Simón Antonio Rodríguez.


Asimismo enfatizan que el Tribunal de alzada se encontraba obligada a realizar un control de mérito sobre la denuncia de insuficiente fundamentación en la Sentencia y la omisión de emitir un razonamiento individual sobre cada uno de esos documentos.


Con tales antecedentes, cumplidos los requisitos exigidos para casación en la Ley 1970, ello es, el señalamiento de una problemática de situación de hecho similar, referida a un supuesto defecto de incongruencia omisiva y su tratamiento procesal, resta a la Sala declarar la admisibilidad del presente motivo, exceptuando el análisis de los Autos Supremos 111 de 31 de enero de 2007, 308 de 25 de agosto de 2006 y 349 de 28 de agosto de 2006, habida cuenta, de que en el texto del recurso únicamente fueron enunciados, restando declarar la admisibilidad que corresponda.

  

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLES los recursos de casación interpuestos por Carlos Hugo Justiniano Eklund, de fs. 1224 a 1231, únicamente para el análisis de los motivos primero y tercero; y, Boleslaw Brychy Leigue conjuntamente Luís Jhonny Leigue Ruiz, de fs. 1241 a 1247. Asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.