TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 099/2018-RA

Sucre, 26 de febrero de 2018


Expediente                : La Paz 4/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Edyberto Huayta Ancachi y otros

Delito        : Tráfico de Sustancias Controladas


RESULTANDO


Por memorial presentado el 25 de mayo de 2017, cursante de fs. 361 a 368, Edyberto y Clementina ambos de apellidos Huayta Ancachi interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 109/2016 de 8 de noviembre, de fs. 356 a 358 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra José Páucar Córdova y los recurrentes, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 51/2015 de 29 de septiembre (fs. 295 a 300), la Juez Quinto de Sentencia en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró, autores y culpables a Clementina Huayta Ancachi en grado de autoría y a Edyberto Huayta Ancachi en grado de Complicidad, de la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley 1008, imponiendo a la primera la pena de diez años de presidio y al segundo la pena de seis años y seis meses de reclusión, más el pago de costas, daños y perjuicios averiguables en ejecución de sentencia y quinientos días multa a razón de Bs. 2.- por día, por otra parte José Páucar Córdova fue absuelto del delito endilgado en su contra.


  1. Contra la mencionada Sentencia, los imputados Edyberto y Clementina ambos de apellidos Huayta Ancachi (fs. 306 a 312), y el Ministerio Público (fs. 314 a 319 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 109/2016 de 8 de noviembre, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisible e improcedente el recurso de los imputados, e inadmisible el recurso del Ministerio Público por plantear fuera del plazo estipulado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 22 de mayo de 2017 (fs. 359), los recurrentes fueron  notificados con el referido Auto de Vista; y el 25 del mismo mes y año, interpusieron el recurso de casación, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del recurso de casación interpuesto, se extraen los siguientes motivos:


  1. Los recurrentes denuncian falta de congruencia penal entre los hechos plasmados en acusación fiscal y los referidos en Sentencia, previsto en el art. 362 del Código de Procedimiento Penal (CPP), expresando que fueron acusados por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas y que en Sentencia fueron condenados en el grado de Autoría y Complicidad respectivamente, sin la debida fundamentación sobre la participación criminal de cada uno, ni  las motivaciones sobre las acciones propias de este delito; a tal efecto citan la Sentencia Constitucional 1733/2003 de 27 de noviembre.


  1. Alega también la falta de fundamentación de la Sentencia, señalando que no se pronunció el juzgador ni el Auto de Vista respecto a la Complicidad del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, pues únicamente se le habría sentenciado como tal, por el vínculo consanguíneo, citando la S.C. 2023/2010 de 9 de noviembre, y los Autos Supremos 319/2012-RRC de 4 de diciembre y 126/2013 de 10 de mayo.


  1. Finalmente denuncian el defecto previsto en el inc. 6) del art. 370 del CPP, referente a la valoración defectuosa de la prueba, expresa que en Sentencia no se señaló cuál de las conductas de Tráfico de Sustancias Controladas habría subsumido su conducta Clementina Huayta, e inclusive refiere que no se demostró su posesión dolosa; expresando también que con relación a la Complicidad de Edyberto Huayta la Sentencia también se basó en hechos inexistentes, lo cual vulneró el derecho a la defensa y debido proceso, Citan los Autos Supremos “0145/20013-RRC de 28 de mayo de 2013”, 196/2005 de 3 de junio y 151/2007 de 2 de febrero.


  1. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley, conforme a la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de este Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte, y por lo tanto, aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que los recurrentes fueron notificados con el Auto de Vista impugnado el 22 de mayo de 2017, interponiendo su recurso de casación el 25 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que les otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Con relación al primero motivo del recurso, los recurrentes denuncian falta de congruencia penal entre los hechos plasmados en la acusación fiscal y los referidos en Sentencia, previsto en el art. 362 del CPP, refiriendo que fueron acusados por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas y que en Sentencia fueron condenados en el grado de Autoría y Complicidad respectivamente, sin la debida fundamentación sobre la participación criminal de cada uno, ni  las motivaciones sobre las acciones propias de este delito.


Al respecto, por la simple lectura del párrafo anterior se advierte que en la formulación del recurso se invoca como precedente contradictorio la SC 1733/2003 de 27 de noviembre, sin embargo de acuerdo a la exigencia de admisibilidad, conforme el art. 417 del CPP las Sentencias del Tribunal Constitucional no se encuentran en el catálogo de presupuestos para la realización de contraste, puesto que la normativa limita únicamente a la utilización de Autos Supremos dictados por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vistas dictados por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia, por lo que resulta inadmisible este primer motivo.


Como segundo motivo alegan falta de fundamentación de la Sentencia, señalando que no se pronunció la Juez ni el Tribunal de alzada respecto a la Complicidad del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, pues únicamente se le habría sentenciado como tal, por el vínculo consanguíneo, citando al respecto la Sentencia Constitucional 2023/2010 de 9 de noviembre y los Autos Supremos 319/2012-RRC de 4 de diciembre y 126/2013 de 10 de mayo.


Al respecto, como anteriormente se refirió que no pueden ser tomadas en cuenta las Sentencias Constitucionales a efectos de invocar precedentes contradictorios, también se debe referir que en esta etapa procesal se verifica la legalidad del Auto de Vista que resuelve un recurso de apelación restringida; sin embargo, de la revisión del presente agravio se establece que éste motivo está en contra de la Sentencia, pretendiendo que éste Tribunal realice su función nomofiláctica con relación a la misma, buscando un nuevo control de legalidad de dicho fallo dentro de una etapa que no se encuentra reservada para ello, puesto que ya fue objeto de análisis por el Tribunal de alzada, en todo caso correspondía a la parte recurrente, cumplir con la carga de realizar una adecuada fundamentación identificando cuáles son los argumentos del Tribunal de alzada que considera atentatorios a sus derechos y garantías constitucionales; en consecuencia, puesto que no es posible legalmente retrotraer etapas y menos utilizar un instituto jurídico, desnaturalizando su verdadero alcance, no resulta coherente el planteamiento del presente agravio, mediante recurso de casación, por lo que el motivo en análisis deviene en inadmisible.


Finalmente con relación al tercer motivo donde refieren defecto previsto en el inc. 6) del art. 370 del CPP, referente a la valoración defectuosa de la prueba, expresan que en Sentencia no se señaló a cuál de las conductas de Tráfico de Sustancias Controladas habría subsumido su conducta Clementina Huayta, e inclusive refiere que no se habría demostrado su posesión dolosa; expresando también que con relación a la Complicidad de Edyberto Huayta la Sentencia también se basó en hechos inexistentes, lo cual vulneró el derecho a la defensa y debido proceso; asimismo citan los Autos Supremos “0145/20013-RRC de 28 de mayo de 2013”, 196/2005 de 3 de junio, 151/2007 de 2 de febrero.


Al respecto, como se puede advertir; nuevamente los recurrentes refieren defectos propios contenidos en la Sentencia, y no fundamentan adecuadamente los agravios que supuestamente les causa el Auto de Vista, por lo que no corresponde ejercer un nuevo control de legalidad sobre la Sentencia, puesto que fue objeto de análisis por parte del Tribunal de alzada. Por otro lado, los Autos Supremos anteriormente referidos, tampoco fueron enunciados en apelación restringida conforme lo exigen los requisitos de admisibilidad contenidos en los arts. 416 y 417 del CPP, por lo que deviene en inadmisible también este motivo.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Edyberto y Clementina ambos de apellidos Huayta Ancachi, de fs. 361 a 368.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos