TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 097/2018-RA

Sucre, 26 de febrero de 2018

Expediente                : Santa Cruz 12/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte Imputada        : Luís Fernando Gutiérrez Leigue    

Delito                : Abuso Sexual

RESULTANDO

Por memorial presentado el 1 de agosto de 2017, cursante de fs. 1245 a 1251 vta., Luís Fernando Gutiérrez Leigue, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 23 de 18 de mayo de 2017, de fs. 1211 a 1213, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Forty Fernández Lamas contra el recurrente por la presunta comisión del delito de Violación Agravada de Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis con relación al art. 310 inc. g) ambos del Código Penal (CP).

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

  1. Por Sentencia 46 de 13 de septiembre de 2016 (fs. 1110 a 1118 vta.), el Tribunal Sexto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Luís Fernando Gutiérrez Leigue, absuelto de culpa y pena de la comisión del delito de Violación Agravada de Adolescente, ya que la prueba aportada no fue suficiente para generar en el Tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal del acusado, determinando la cesación de todas las medidas cautelares impuestas en su contra, sin costas y sin declaración de denuncia falsa o temeraria.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el Ministerio Público (fs. 1129 a 1131 vta.) y la acusadora particular Forty Fernández Lamas (fs. 1188 a 1195), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por el Auto de Vista 23 de 18 de mayo de 2017, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisibles y procedentes los recursos planteados; por ende, anuló totalmente la Sentencia apelada, ordenando la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia llamado por ley, disponiendo el reenvío del expediente, siendo rechazada la solicitud de complementación y enmienda del imputado mediante Resolución de 30 de junio de 2017 (fs. 1219 a 1220 vta.).


  1. El recurrente interpuso recurso de casación el 1 de agosto de 2017, según cargo de recepción (fs. 1267).


II. DEL RECURSO DE CASACIÓN

Del memorial del recurso de casación, que es objeto del presente análisis de admisibilidad, se extraen los siguientes agravios, inherentes a la denuncia de una presunta revalorización de la prueba por parte del Tribunal de apelación, a través de los siguientes argumentos:


  1. Transcribiendo la totalidad del Considerando Segundo de la Resolución impugnada, que son señalados como el argumento de la decisión de anulación de la Sentencia, el recurrente expresa que su contenido delata una “ilegal revalorización de la prueba testifical de las testigos Forty Fernández y María Elizabeth Ibáñez Fernández…tomando en cuenta el certificado Grumeso que nunca fue parte de la comunidad de la prueba…de igual modo [se] revaloriza el certificado médico legal o prueba D-1 [al señalar] que dicho certificado médico es tajante” (sic).


De igual forma reproduciendo una porción de la Resolución cuestionada, el recurrente cuestiona que la misma ingresó a revalorizar elementos de hecho, cuando el Tribunal de alzada expresa “que en el caso de autos nos encontramos ante una violación por ejercicio del poder…se colige que el imputado cometió el hecho delictivo de violación motivado por su superioridad física, la fragilidad de la víctima y la oportunidad que se le presentó para tenerla al alcance indefensa, con escasa resistencia y totalmente desprevenida” (sic).


Agrega que a través de memorial de 28 de junio de 2017, el hoy recurrente solicitó explicación, complementación y enmienda de cuatro aspectos relativos a lo dictaminado y las consideraciones por las que el Tribunal de apelación determinó la anulación total de la Sentencia, obteniendo en respuesta el Auto 65 de 30 de junio de 2017, puesto que según perspectiva del recurrente- “de manera ilegal, arbitraria e inconstitucional nuevamente con argumentos relacionados a revalorización testifical y documental del certificado médico legal, rechazan la solicitud de explicación, complementación y enmienda” (sic).


Sobre esta temática fueron invocados como precedentes contradictorios los Autos Supremos 384/2005 de 26 de septiembre, 200/2012-RRC de 24 de agosto, 304/2012-RRC de 23 de noviembre y 0034/2013-RRC de 14 de febrero, todos propuestos como jurisprudencia que censura la revalorización en la resolución de recurso de apelación restringida.


  1. Partiendo de la misma situación de hecho, pero bajo un matiz jurídico procesal distinto, el recurrente aduce que el Auto de Vista recurrido “inobservó” los Autos Supremos 065/2012-RA de 19 de abril, “073/2013-RRS” de 19 de marzo, 215/2013 de 12 de junio, que fueran relacionados a la fundamentación descriptiva, analítica o intelectiva y jurídica, requisitos de validez que serían advertidos en la Sentencia de primera instancia, que fue anulada violando el debido proceso, el acceso a la justicia y la seguridad jurídica, a partir de acciones de revalorización de pruebas testificales y documentales.


Más adelante en el recurso se cita como fundamentos jurídicos de la pretensión los arts. 13.I, 14.I, 22, 109.I, 115.I-II de la Constitución Política del Estado (CPE), que relacionados a la protección de derechos, la igualdad de su goce, la libertad de las personas, el debido proceso, son invocados como normas transgredidas por la decisión asumida por la Sala Penal.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN

El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP).


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.

IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS

El art. 417 del CPP determina que el plazo para la presentación del recurso de casación son 5 días computables a partir de la notificación con el Auto de Vista impugnado ante la Sala que lo emitió.


De los antecedentes llegados a casación se destaca un aspecto, que es la reposición del cuerpo séptimo en el expediente, pieza en la que se hallasen justamente las actuaciones previas a la emisión del Auto de Vista impugnado. Por decreto de 16 de noviembre de 2017, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, atendiendo la pérdida o extravío del citado cuerpo hecha saber a través de lo informado por su Secretario en la misma fecha, dispuso “la reposición del cuerpo No. 7 del expediente NUREJ: 201423389” (sic); luego, por decreto de 4 de diciembre de 2017, fue repuesto el expediente, ordenando la remisión inmediata de los actuados a este Tribunal Supremo de Justicia, habida cuenta la existencia del recurso de casación opuesto por el recurrente.


Resulta que de entre los actuados repuestos, no figuran las diligencias de notificación a las partes ni del Auto de Vista ni de su Complementario, haciendo que el establecimiento de una fecha hito a efectos del cómputo de plazos; sin embargo, debe tenerse en cuenta las especiales condiciones de esa situación, por cuanto, este estado no es atribuible a ninguna de las partes sino a omisiones, desajustes o desarreglos acontecidos al interior del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Esta Sala Penal converge que los efectos de este tipo de situaciones, no pueden ser soportadas por las partes, ya que implicaría una deliberada afectación al derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. Esta razón, conduce a la Sala a amparar su examen en el principio procesal de verdad material, contenido en el art. 180.II de la CPE, procediendo a un análisis del expediente con menor ortodoxia procesal; empero, a partir de lo consignado en éste. Por cuanto el Auto de Vista impugnado habría sido emitido el 18 de mayo de 2017 y el Auto Complementario que rechazó la solicitud de explicación, complementación y enmienda, fue emitido el 30 de junio de 2017, momento desde que el cómputo de plazo a afectos de oponer recurso de casación debe empezar. A fs. 1221, se presenta una fotocopia autenticada por el Secretario de la Sala Penal Primera, de justamente el Auto 65, en el que en manuscrito marginal se lee “para: Luís Fernando Gutiérrez Leigue…Fecha: 25-07-2017…Hrs: 11:55 a.m.” (sic)


Consta también en el expediente evidencia del timbre electrónico en la presentación del recurso de casación de Luís Fernando Gutiérrez Leigue, tal cual se tiene a fs. 1267, consignando el 1 de agosto de 2017, como fecha de oposición del recurso. Paralelamente, de fs. 1256 a 1265, se halla memorial presentado por Forty Fernández Lamas el 7 de septiembre de 2017, en el que dándose por notificada con el recurso de casación promovido por el recurrente. Con este último actuado el Tribunal de apelación mediante providencia de 8 de septiembre de 2017, tuvo por presente y dispuso la remisión de actuados a este Tribunal Supremo.

De lo expresado se concluye que entre el registro de consignación sobre la notificación al recurrente con el Auto de Vista impugnado, fue realizada el 25 de julio de 2017; y, 1 de agosto del mismo año, fue presentado el recurso de casación; es decir, dentro de los cinco días hábiles que otorga el art. 417 del CPP.


La Sala Penal estima que a efectos de no afectar derechos de las partes, debe considerarse que en el caso de la víctima lo decidido en el Auto de Vista impugnado, no le hacía pasible a tener el interés de recurrir esa decisión, como a la vez tener presente que por medio de su memorial de 7 de septiembre y al ser el mismo inserto al expediente, su pronunciamiento sobre la pretensión en casación fue debidamente absuelta.


Ahora bien respecto a los demás requisitos de admisibilidad se advierte que:


En el primer motivo de casación, el recurrente alega la contradicción entre el Auto de Vista recurrido y los Autos Supremos 384/2005 de 26 de septiembre, 200/2012-RRC de 24 de agosto, 304/2012-RRC de 23 de noviembre y 0034/2013-RRC de 14 de febrero, manifestando que los mismos disponen jurisprudencia que censura y prohíbe a los tribunales de apelación el proceder a la revalorización de la prueba a momento de resolver recursos de apelación restringida; aspecto que habría sido incumplido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, asumiendo una dirección contraria hubiera dado valor positivo a una pieza documental, base en la que sustentó su decisión de anular la Sentencia de primera instancia.


En el segundo motivo del recurso, el recurrente indica que si los requisitos de validez descritos en el art. 360 del CPP, habrían sido cumplidos por la Sentencia, y ésta no adolecía de los defectos señalados en el art. 370 del CPP, mal podía el tribunal de alzada decidir su anulación. Esta situación es descrita por el recurrente como un entendimiento contrario a la doctrina legal aplicable establecida en los Autos Supremos 065/2012-RA de 19 de abril, “073/2013-RRS” de 19 de marzo, 215/2013 de 12 de junio.


De lo referido anteriormente la Sala Penal concluye que los requisitos previstos en los arts. 416 y 417 del CPP y desarrollados en el acápite anterior de la presente Resolución, han sido suficientemente cumplidos por el recurrente, pues en ambos motivos de su recurso, describe los argumentos y antecedentes por los que considera la existencia de una contradicción entre el fallo impugnado y los precedentes invocados; dejando sentado que de aquí en adelante el Auto Supremo 065/2012-RA de 16 de abril, no será tomado en cuenta, por cuanto corresponde a una resolución, que homóloga a ésta, no define doctrina legal aplicable alguna, no siendo susceptible de ser tenida como precedente contradictorio. En lo demás resta a la Sala Penal declarar la admisibilidad del recurso planteado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Luís Fernando Gutiérrez Leigue, de fs. 1245 a 1251 vta. En cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas: el Auto de Vista impugnado, así como el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos