TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 096/2018-RA

Sucre, 26 de febrero de 2018


Expediente                : Chuquisaca 3/2018

Parte Acusadora        : Zenaida Garrón Serna

Parte Imputada        : Fermina Murillo Quispe de Zamora

Delito        : Despojo


RESULTANDO


Por memorial presentado el 16 de enero de 2018, que cursa de fs. 103 a 112 vta., Fermina Murillo Quispe de Zamora, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 350/2017 de 4 de diciembre, de fs. 87 a 92 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por Zenaida Garrón Serna contra la recurrente, por la presunta comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del Código Penal (CP).

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 28/2016 de 28 de septiembre (fs. 53 a 62), el Juez Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Fermina Murillo Quispe de Zamora, absuelta de la comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del CP, con costas a ser calificadas en ejecución de sentencia.

  1. Contra la referida Sentencia, la acusadora particular Zenaida Garrón Serna formuló recurso de apelación restringida (fs. 65 a 68 vta.), que previo memorial de subsanación (fs. 83 a 84), fue resuelto por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Auto de Vista 350/2017 de 4 de diciembre, que declaró parcialmente procedente el recurso planteado; en consecuencia, dispuso anular la Sentencia apelada y siendo que el error cometido fue por el juzgador, no corresponde el reenvío del proceso; sino, que dicho Juez, de manera inmediata, dicte nueva Sentencia, corrigiendo y subsanando el error cometido.

  1. Por diligencia de 9 de enero de 2018 (fs. 93), fue notificada la recurrente, con el Auto de Vista recurrido e interpuso recurso de casación el 16 del mismo mes y año, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. Transcribiendo los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal (CPP), denuncia, que el Tribunal de alzada incurrió en errónea y defectuosa aplicación e interpretación de la norma sustantiva penal (art. 351 del CP), y de los Autos Supremos 338 de 5 de abril de 2007, 444 de 15 de octubre de 2015 y 197 de 11 de julio de 2013; por cuanto, con una interpretación falaz, determinó la existencia de tipicidad, resultándole ridícula y arbitraría la decisión de ordenar al Juez de origen que corrija de manera directa los supuestos defectos de la Sentencia para que la condene, alegando, que la Sentencia se había analizado y fundado en uno de los bienes jurídicos protegidos, teniéndose acreditado que la procesada procedió a invadir las áreas comunes; sin embargo, se absolvió sin tomar en cuenta el otro bien jurídico protegido, que era el derecho real constituido sobre dichas áreas comunes; deducción que le resulta falaz e inaudita, por cuanto, el único bien jurídico protegido por el tipo penal sería la posesión sobre un bien inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido que se refiere al uso, goce y disfrute sobre un derecho real, resultándole imprescindible, que la víctima haya tenido físicamente la cosa inmueble, se haya servido o utilizado el mismo para algún fin; lo que no ocurrió, por lo que la Sentencia no le resulta contradictoria con la parte dispositiva, ya que, no se tuvo como demostrado que la acusadora particular haya acreditado posesión sobre el baño o haya ejercido algún derecho real sobre las áreas comunes, que era el único bien que alegaba en su querella, estableciendo la Sentencia de manera clara en su segundo párrafo del parágrafo II que Zenaida Garrón Serna ocupa tres ambientes (tienda, trastienda y cocina) a través de sus inquilinos, que las áreas comunes de la que también es dueña en una fracción, no ha sido utilizada por la Sra. Barrón, ello en referencia al patio común, pues no se demostró que utilizó el patio común con anterioridad al hecho, y sobre la utilización del baño estableció que era utilizada por la propia acusada; evidenciándose, que la sentencia no determinó como hecho probado que los inquilinos de la acusadora venían ejerciendo algún derecho real sobre el patio común.


Añade, que el Tribunal de alzada no consideró que el tipo penal es de resultado y exige tres modalidades: a) que el despojo se produzca invadiendo el inmueble; en su caso, no se puede invadir lo que es de uno mismo, puesto que son comunes e indivisibles y de alícuota parte en régimen de copropiedad junto a la de los demás propietarios, resultándole absurdo concebir la existencia del hecho, cuando la Sentencia tuvo como hecho probado que su persona vino poseyendo las áreas comunes porque era un derecho que tiene sobre el mismo, acreditándose que su persona realizó mejoras, no habiéndose demostrado que la acusadora tenga posesión de las áreas comunes y menos venía ejerciendo algún derecho real; b) que el despojo se produzca manteniéndose en él; en su caso, se tiene probado que su persona es propietaria individual de una superficie de terreno dentro del inmueble, que a su vez son copropietarios de las áreas comunes, siendo además la poseedora junto a sus inquilinos por más de 20 años; y, c) que el despojo se produzca expulsando a los ocupantes, en su caso, no se puede expulsar de un área común a alguien que jamás ocupó el mismo, habiéndose demostrado que la acusadora nunca utilizó el baño ni las áreas comunes por sí, ni por sus inquilinos, por lo que no puede alegar expulsión de un lugar donde jamás estuvo; aspectos, que evidencian que su persona no despojó; sin embargo, el Tribunal de alzada estaría forzando una subsunción por el hecho de haberse probado que su persona colocó una calamina en la puerta y haber restringido el paso a la querellante, sin considerar que el Juez de mérito en aplicación de la teoría del delito realizó un trabajo de correcta subsunción y en aplicación del riesgo permitido, traduciendo su acción de poner calamina en la puerta de la acusadora como un riesgo lógicamente y jurídicamente permitido con el único afán de no permitir que delincuentes ingresen a su domicilio por los ambientes de la acusadora en resguardo de la seguridad de su familia y de todos los ocupantes de su inmueble, puesto que, la acusadora nunca ocupó personalmente el inmueble y cuando lo ocupaban sus inquilinos no hacían uso de las áreas comunes, menos del baño, quedando por meses su inmueble vacío, creando un peligro para los demás copropietarios. Al respecto invoca los Autos Supremos 254 de 22 de julio de 2005, 338/2007 de 5 de abril y 316/2006 de 28 de agosto.


  1. Bajo el acápite “VULNERACIÓN AL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN SUS VERTIENTES FALTA DE MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN INCONGRUENCIA OMISIVA Y EL DERECHO DE DEFENSA”; reclama, que el Auto de Vista recurrido omitió pronunciarse a fondo sobre la Sentencia, ingresando a revalorizar prueba pese a estarle terminantemente prohibido; pronunciándose sobre cuestiones de hecho y no de derecho, incurriendo en una incongruencia omisiva, ya que no resolvió a cabalidad los puntos observados en la Sentencia que provocaron su anulación, tampoco se había pronunciado a todos los puntos cuestionados en la apelación restringida de la parte contraría, limitándose a buscar un error de derecho en la Sentencia, alegando que el Juez de mérito no consideró una de las vertientes del tipo penal, sin complementar sobre los elementos constitutivos del tipo, concluyendo respecto al primer punto que sí era acogible lo reclamado, reservándose el derecho a fundamentar en la parte resolutiva del mismo auto, lo que no aparece, respecto al punto quinto no se sabe si fue acogido parcial o totalmente, lo que vulnera sus derechos a la defensa y debido proceso, puesto que, resolvió de manera conjunta todos los motivos del recurso de apelación restringida con un solo decisorio, de que el Juez de Sentencia, cometió un error de derecho que constituye defecto absoluto no susceptible de convalidación, sin disponer el reenvió del juicio, generándole incertidumbre e inseguridad jurídica, siendo que cada punto debía tener el fundamento de su determinación de manera aislada e independiente; a cuyo efecto, invoca los Autos Supremos 331/2016-RRC de 21 de abril, 206/2014-RRC de 22 de mayo, 203/2014-RRC, 544/2015-RRC de 24 de agosto, 214 de 28 de marzo de 2007, 149 de 6 de junio de 2008 y 79/2011 de 22 de febrero y la Sentencia Constitucional 0177/2013 de 22 de febrero.


  1. Denuncia, vulneración al principio de inmediación como vertiente integrante del debido proceso y vulneración al derecho de acceso a la justicia y seguridad jurídica; por cuanto, el Tribunal de alzada inobservando los arts. 413 y 414 del CPP, de manera parcializada y arbitraria exige que el Juez de mérito de manera directa emita en su contra Sentencia condenatoria, haciendo creer que se trataría de un error de derecho y que por tanto no correspondería el reenvío del proceso, limitándole de poder ser juzgada ante un nuevo Tribunal en juicio de reenvío como correspondería, pues en todo caso, si el Tribunal de alzada advirtió que los errores del Juez de origen eran de derecho, podía haberlas subsanado; sin embargo, conminó al mismo Juez que sin reenvío emita Sentencia condenatoria, situación nunca antes visto en un Estado de derecho, evidenciando que lo resuelto fue una cuestión de hecho y no de derecho. Al respecto invoca el Auto Supremo 022/2010 de 3 de febrero.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN

El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.

Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que la recurrente cumplió con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta, que fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 9 de enero de 2018, interponiendo su recurso de casación el 16 del mismo mes y año, cumpliendo de esta manera con el primer párrafo del art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Respecto al primer motivo, en el que la recurrente denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en errónea y defectuosa aplicación e interpretación del art. 351 del CP, y de los Autos Supremos 338 de 5 de abril de 2007, 444 de 15 de octubre de 2015 y 197 de 11 de julio de 2013; por cuanto, con una interpretación falaz, determinó la existencia de tipicidad alegando, que la Sentencia se habría analizado y fundado en uno de los bienes jurídicos protegidos, teniéndose acreditado que la procesada procedió a invadir las áreas comunes; sin embargo, se la había absuelto sin tomar en cuenta el otro bien jurídico protegido, que era el derecho real constituido sobre dichas áreas comunes; deducción que le resulta falaz e inaudita, por cuanto, no se tuvo como demostrado que la acusadora particular hubiere acreditado posesión sobre el baño o haya ejercido algún derecho real sobre las áreas comunes, estableciendo de manera clara la Sentencia, que las áreas comunes de la que también es dueña en una fracción no fue utilizado por la Sra. Barrón, ello en referencia al patio común, pues no se demostró que utilizó el patio común con anterioridad al hecho, y sobre la utilización del baño estableció que era utilizada por la propia acusada; evidenciándose, que en ninguna parte la Sentencia determinó como hecho probado que los inquilinos de la acusadora venían ejerciendo algún derecho real sobre el patio común; no considerando además el Tribunal de alzada, que el tipo penal es de resultado y exige tres modalidades: a) que el despojo se produzca invadiendo el inmueble; b) que el despojo se produzca manteniéndose en él; y, c) que el despojo se produzca expulsando a los ocupantes; que en su caso no se evidenció ninguna, forzando el Tribunal de alzada una subsunción por el hecho de haberse probado que su persona colocó una calamina en la puerta y luego haber restringido el paso a la querellante, sin considerar que el Juez de mérito en aplicación de la teoría del delito realizó un trabajo de correcta subsunción y en aplicación del riesgo permitido, traduciendo su acción de poner calamina en la puerta de la acusadora como un riesgo lógicamente y jurídicamente permitido con el único afán de no permitir que delincuentes ingresen a su domicilio por los ambientes de la acusadora en resguardo de la seguridad de su familia y de todos los ocupantes de su inmueble.


Al respecto invocó los Autos Supremos: 254 de 22 de julio de 2005, que establecería que para la consumación del delito de Despojo se requieren los elementos: invadir el inmueble y expulsar al poseedor, explicando el recurrente, que en su caso el Tribunal de alzada habló de una posible invasión al inmueble, elemento que no puede existir porque el sujeto activo no puede ser un propietario como lo es su persona que es copropietaria de las áreas comunes, y que no puede invadir lo que le pertenece y siempre utilizó; 338/2007 de 5 de abril, que señalaría que se tiene terminantemente prohibido obviar elementos del tipo objetivo; es decir, los que componen la segunda parte del tipo penal “sea que se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él”, fundamentando la recurrente, que lo único que hizo el Tribunal de alzada fue alegar que el tipo penal se subsume, ya que existe un defecto en la sentencia, porque el Juez no habría advertido la otra vertiente del tipo penal que era el ejercicio de un derecho real constituido sobre él, cuando el precedente refiere, que la calidad de ser propietario o titular de un bien inmueble no se traduce como ejercer un derecho real, aspecto no considerado por el Tribunal de alzada, además que la calidad de ejercer jamás fue acreditado; y, 316/2006 de 28 de agosto, que establece que solo aquellas conductas que lleguen a ser muy graves y dolosas deben ser sancionadas como delitos, salvando las excepciones expresamente previstas por Ley, explicando el recurrente que en su caso el Auto de Vista recurrido no observó que ante la inexistencia de tipicidad en cuanto al hecho, debió ser tramitado en la vía civil mediante un interdicto de adquirir la posesión o finalmente reivindicar su derecho propietario, situación que jamás sucedió; en la argumentación de este motivo, se evidencia que la recurrente explicó la posible contradicción de la Resolución recurrida con relación a los precedentes invocados, en tal sentido, se observa que cumplió con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, deviniendo en consecuencia en admisible.


Respecto al segundo motivo, en el que reclama que el Auto de Vista recurrido omitió pronunciarse a fondo sobre la Sentencia, ingresando a revalorizar prueba pese a estarle terminantemente prohibido; pronunciándose sobre cuestiones de hecho y no de derecho, incurriendo en una incongruencia omisiva, ya que no resolvió a cabalidad los puntos observados en la Sentencia, tampoco se había pronunciado a todos los puntos cuestionados en la apelación restringida de la parte contraría, limitándose a alegar que el Juez de mérito no consideró una de las vertientes del tipo penal, sin complementar sobre los elementos constitutivos del tipo, resolviendo de manera conjunta todos los motivos del recurso de apelación restringida con un solo decisorio, de que el Juez de origen cometió un error de derecho que constituye defecto absoluto no susceptible de convalidación; sin disponer el reenvió del juicio, generándole incertidumbre e inseguridad jurídica, siendo que cada punto debía tener el fundamento de su determinación de manera aislada e independiente, lo que no ocurrió violando sus derechos a la defensa y debido proceso. Sobre este reclamo, corresponde señalar que la recurrente incurre en confusión; por cuanto, por una parte denuncia que el Tribunal de alzada omitió pronunciarse a fondo sobre la Sentencia; limitándose a alegar que el Juez de mérito no consideró una de las vertientes del tipo penal, sin complementar sobre los elementos constitutivos; por otro lado la recurrente afirma, que el Auto de Vista recurrido ingresó a revalorizar prueba; y finalmente refiere que incurrió en incongruencia omisiva; fundamentos, que en definitiva se confunden y resultan completamente diferentes; por cuanto, una cosa es cuestionar que el Auto de Vista incurrió en una insuficiente fundamentación; otra sostener, que incurrió en revalorización de la prueba; y, otra señalar que incurrió en incongruencia omisiva, lo que significaría que el Tribunal de alzada no se hubiere pronunciado a los reclamos efectuados; en consecuencia, la referida confusión en la fundamentación del motivo de casación, impide que este Tribunal pueda ejercer su labor encomendada por ley, a través de la comparación del Auto de Vista recurrido con los precedentes invocados, al no tenerse claro el motivo denunciado en la fundamentación sujeta a confrontación.


Por otra parte, si bien la recurrente denuncia la vulneración de los derechos a la defensa y debido proceso; no obstante, al no tenerse claro el motivo denunciado por la confusión en la que incurrió, se tiene que no cumplió ni con los presupuestos de flexibilización explicados en el acápite anterior de la presente Resolución, situación por el que este motivo deviene en inadmisible.


Finalmente, respecto al tercer motivo, en el que reclama que el Tribunal de alzada inobservó los arts. 413 y 414 del CPP; puesto que, de manera parcializada y arbitraria exigiría que el Juez de mérito de manera directa emita en su contra Sentencia condenatoria, haciendo creer que se trataría de un error de derecho, y que por tanto no correspondería el reenvío del proceso, cuando lo resuelto fue una cuestión de hecho, pues en todo caso, el Tribunal de alzada podía haber subsanado los errores; sin embargo, conminó al mismo Juez que sin reenvío emita Sentencia condenatoria, limitándole de poder ser juzgada ante un nuevo Tribunal en juicio de reenvío como correspondería, situación nunca antes vista en un Estado de derecho, que vulnera el principio de inmediación como vertiente integrante del debido proceso y vulneración a los derechos de acceso a la justicia y seguridad jurídica. Al respecto invocó el Auto Supremo 022/2010 de 3 de febrero, que establecería que si el Tribunal de alzada advierte defectuosa valoración de la prueba debe anular total o parcialmente la Sentencia disponiendo la realización de un nuevo juicio por otro Tribunal; explicando la recurrente, que en su caso, el Tribunal de alzada al revisar cuestiones de hecho de manera absurda y arbitraria no dispuso el juicio de reenvío o si advirtió que los errores eran de derecho, debía de haber subsanado los errores; sin embargo, conminó al mismo Juez que emita Sentencia condenatoria; conforme se tiene de la fundamentación expuesta, se evidencia que la recurrente explicó la posible contradicción de la Resolución recurrida con relación al precedente invocado, en tal sentido, se observa que cumplió con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, deviniendo en consecuencia, el presente motivo en admisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Fermina Murillo de Zamora, de fs. 103 a 112 vta.; únicamente para el análisis de los motivos primero y tercero identificados; asimismo, en cumplimiento del segundo párrafo del referido artículo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos