TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 094/2018-RA

Sucre, 26 de febrero de 2018


Expediente                : Santa Cruz 148/2017

Parte Acusadora        : Ernesto Arispe Miranda y otros

Parte Imputada        : Juan Carlos Carpio Ugarte

Delitos                : Apropiación Indebida y otro


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 9 y 11 de octubre del 2017, Juan Carlos Carpio Ugarte, de fs. 360 a 364 vta. y Ernesto Arispe Miranda, Pablo Edimiro Castro Escalante y Wenceslao Simón Ramírez Gutiérrez, por si mismos y en representación legal de Juan Carlos Aranibar Medina, David Jaime Ballesteros Baigorria, Carlos Simón Sánchez Rivero, Fernando Céspedes Diez, Adolfo Cuellar Casanova, Modesto Choque Quispe, Luis Alberto Guasace Rojas, José Gutiérrez Melgarejo, Arcelio Herrera Roca, Carlos Arturo Jiménez Schmidt, Lorgio Fernando Landivar Bañon, Juan Pablo Martínez García, Wilfredo Enrique Padilla Mariaca, Julio Pérez, Juan Carlos Pérez Méndez, Emilio Ramos Candia, Anacleto Ricalde Duran, Luis Fernando Rojas, Freddy Taborga Changaray, David Siles Rojas, Diego Armando Vaca, Janine Ivonne Vaca Bustillo y Gerardo Ernesto Vega Gómez, de fs. 370 a 374, interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 72 de 22 de septiembre del 2017, de fs. 347 a 350 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido inter partes por la presunta comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 31/2017 de 31 de mayo (fs. 296 a 306 vta.), el Juez Cuarto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Juan Carlos Carpio Ugarte, autor de la comisión del delito de Apropiación Indebida, previsto y sancionado por el art. 345 con la agravante prevista por el art. 346 bis, ambos del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión, más cien días multa a razón de Bs. 1.- por día, concediendo el beneficio de la suspensión condicional de la pena, siendo absuelto del delito de Abuso de Confianza.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Juan Carlos Carpio Ugarte (fs. 309 a 314 vta.), los acusadores particulares Ernesto Arispe Miranda, Pablo Edimiro Castro Escalante y Wenceslao Simón Ramírez Gutiérrez, por si mismos y en representación legal de otros (fs. 323 a 333 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 72 de 22 de septiembre de 2017, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró improcedentes las cuestiones planteadas en los recursos; por ende, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencias de 2 y 4 de octubre de 2017  (fs. 351 y 353), los recurrentes fueron notificados con el referido Auto de Vista; y, el 9 y 11 del mismo mes y año, interpusieron los recursos de casación, que son objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


De la revisión de los recursos de casación, se advierte lo siguiente:


II.1. Del recurso de casación de Juan Carlos Carpio Ugarte.


El recurrente denuncia que el Auto de Vista impugnado, infringe el principio de legalidad, vulnera los derechos pro homine y pro libertates, garantizados por la Constitución Política del Estado y normas internacionales, siendo contraria a la doctrina establecida por este Tribunal. En apelación restringida, habría denunciado que el fallo de mérito incurrió en los defectos previstos por los incs. 1), 5) y 6) del art. 370 del Código de Procedimiento Penal (CPP), agravios sobre los cuales el Tribunal de alzada, de manera arbitraria, excediéndose de su poder, sin efectuar un adecuado fundamento específico, objetivo, razonado y omitiendo la aplicación obligatoria de la jurisprudencia establecida, dictó la Resolución impugnada, sosteniendo de forma general que en base a los datos del proceso, no evidenció las condiciones previstas en el art. 370 de la norma Adjetiva Penal, señalando que: i) En juicio se demostró la existencia real y material de los hechos querellados, en cuanto al monto de $us. 24.135,56, las personas involucradas y el daño causado a múltiples personas o víctimas, según el informe de auditoría y que al tratarse de una cooperativa es claro que se trata de dinero de los socios, sin que exista duda sobre la participación del acusado en la Apropiación Indebida, con la agravante de víctimas múltiples, tipificados por los arts. 345 y 346 bis del CP, ii) Que la prueba documental fue relevante para fundar la Sentencia y que se valoró la prueba conforme lo previsto por los arts. 171 y 173 del CPP, iii) Que la Sentencia condenatoria cumple con lo dispuesto por los arts. 124 y 360 incs. 1), 2) y 3) del CPP, iv) Que el fallo de mérito, detalló cada uno de los actos del querellado, para llegar a consumar el delito por el cual fue condenado el acusado, detallando los elementos configurativos del delito y la conducta antijurídica del mismo.


Los argumentos de alzada, a decir del recurrente, no observa y viola lo dispuesto por los arts. 115.I, 116.I, 117.I, 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), arts. 8 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 1, 6, 124, 169, 173, 363, 13, 70, 345 y 346 del CPP, al declarar improcedente el recurso de apelación restringida, por las siguientes razones: a) El Tribunal de apelación al igual que el Juez de mérito, no había expuesto sus razones de orden psicológico, científico y legal, conforme lo previsto por los arts. 124 y 173 del CPP, para determinar la existencia real de $us. 24.135,56, afirmación que sería simple, sin justificativo ni motivo, que infringe las reglas de la sana crítica como el correcto entendimiento humano, en razón a que no existe prueba documental que evidencia su existencia real, la posesión o tenencia del mismo por parte del imputado, b) Los informes contables producidos como prueba de cargo y descargo, serían antagónicos en cuanto a la existencia e inexistencia material del monto de dinero, por lo que dar credibilidad a una, constituiría un acto arbitrario fuera de toda lógica, ciencia y experiencia por parte de los Vocales y el Juez de mérito, conllevando la vulneración del principio de legalidad vinculado al derecho del debido proceso y la defensa, tutelados por el art. 115.II de la CPE. Refiere también, que el derecho penal sería de última ratio y que los elementos configurativos de la acción y la tipicidad penal, deben ser compulsadas y determinadas en una esfera judicial extra penal, por cuanto los querellantes en lugar de recurrir conforme lo previsto por los arts. 357 y 358 del Código Procesal Civil (CPC), acudieron a la vía penal, sin determinar la existencia o inexistencia del valor o la propiedad de la suma de dinero que hipotéticamente les pertenece y si dicho valor se encuentra en posesión ilegítima e ilegal del acusado; aspectos que serían esenciales para determinar la antijuricidad y culpabilidad del acusado, los cuales no fueron analizados ni fundamentados por los vocales en el fallo impugnado.


Por otro lado, refiere que el Tribunal de apelación, expresó: “y que al tratarse de una cooperativa es claro que se trata del dinero de los socios de dicha cooperativa” (sic), argumento que demuestra a decir del recurrente, una errónea interpretación y aplicación del art. 76 incs. 1) y 3) del CPP, así como la vulneración del debido proceso penal, en razón a que las supuestas víctimas, alegaron ser socios de una cooperativa y ofrecieron una lista con 126 nombres incluido el del acusado, que tendría esa calidad; y al determinar la apropiación indebida de la suma de dinero mencionada en el párrafo anterior, se entendería que el acusado también se apropió de un dinero que corresponde a 126 personas incluido entre ellos el acusado; es decir, que la suma de dinero no solo pertenecería a los querellantes, quienes no eran socios el periodo “I-200 a VI-2012” (sic), ésta confusión e incongruencia en la calidad de víctima, por parte del Tribunal de alzada y el Juez de origen, sería inconcebible, por cuanto no sería racional la dualidad de víctimas de un mismo hecho, o son personas individuales o jurídicas, y en caso de la última su existencia legal en autos no habría sido acreditada.


Alega que los arts. 13 y 70 del CP, así como la doctrina legal establecida por éste Tribunal, estableció tres presupuestos para la imposición de una pena; sin embargo los vocales de manera unilateral, habrían afirmado que el tipo previsto por el art. 345 con relación al 346 bis, ambos del CP, está demostrado con el informe contable de cargo, argumento lesivo a su derecho y que atenta a su patrimonio económico, al condenarle a sufrir una pena y resarcir un daño económico de manera injusta y arbitraria, violando el principio de legalidad, pues no se habría fundamentado de manera lógica ni jurídica sobre la configuración de los elementos del delito, labor que debió realizar el de alzada, en revisión de sentencia, en resguardo de los derechos y garantías fundamentales del acusado, pues no existiría los presupuestos de subsunción de la acción humana al tipo penal de Apropiación Indebida.


Invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos “67/2013-RRC de 11 de marzo, 466/2014 de 17 de septiembre, 321/13-RRC de 06 de diciembre del 2013, 724/04 de 26 de noviembre del 2004, 214/2007 de 28 de marzo, 183/07 de 06 de febrero del 2007, 161/12 de 17 de julio de 2012, 351/13 de 19 de agosto del 2013, 347/13-RRC de 24 de diciembre, 535 de 29 de diciembre del 2006, 223/13 de 17 de junio de 2013, 176 de 26 de abril de 2010, 231/06 de 04 de julio de 2006, 134/13-RRC de 20 de mayo de 2013, 84/16 de 01 de marzo de 2006, 84 de 01 de marzo del 2006, 236/07 de 07 de marzo de 2007, 316 de 28 de agosto de 2006, 17 de 24 de marzo de 2014” (sic).


II.2.        Del recurso de casación de Ernesto Arispe Miranda y otros.


  1. La parte recurrente asevera que el Tribunal de alzada, incurrió en inequívocos y evidentes errores de derecho y de hecho, violaciones de normas de orden público y cumplimiento obligatorio, emitiendo una resolución injusta e ilegal que lesiona y atenta ingentemente la seguridad jurídica y el orden procesal, denotándose en el mismo parcialización ingente y sugestiva con la parte querellada, al haber hecho una interpretación de forma errónea y no valorando correctamente las disposiciones sustantivas y adjetivas penales, ignorando y negando la validez de la doctrina y sentencias constitucionales glosadas por el Tribunal constitucional Plurinacional, que impera la contradicción y transgresión a resoluciones dictadas por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales y del Tribunal Supremo de Justicia, causándole agravio en su derecho a la propiedad; bajo dicha introducción, expone el primer agravio titulado “CARENCIA DE VALORACION INTELECTIVA DE SENTENCIA E INALTERABILIDAD DE PENA IMPUESTA AL QUERELLADO POR EL JUEZ A QUO”, posteriormente cita el argumento del Tribunal de alzada, que señaló: i) sobre el quantum de la pena observada, se dejaría a criterio del Juez de Sentencia, la facultad privativa de imponer la pena de acuerdo a las circunstancias atenuantes o agravantes que señala el art. 37, 38 y 40 del CP, ii) Que la prueba documental como el informe económico financiero y la carta, habrían sido relacionadas con los demás medios de prueba ofrecidos e incorporados por la parte querellante en juicio, los cuales también merecieron valoración correcta según los usos establecidos por los arts. 171 y 173 del CPP, iii) Que, se valoró correctamente el informe contable, un certificado y la existencia del dinero, por lo que no evidenció el defecto previsto por el inc. 6) del art. 370 del CPP, habiendo hecho el de mérito, uso correcto de las facultades que le otorgan los arts. 170 y 173 del CPP; al respecto, a decir de la parte recurrente, solamente se produjo medios legales de prueba de cargo, la cual solo fue valorada en forma descriptiva y no individual e intelectivamente; que de no haberse cometido dicho error, se habría condenado al acusado, también por el delito de Abuso de Confianza y se le hubiese impuesto la pena de 10 años. Agravio en el que invocan como precedente, el Auto de Vista de 23 de febrero del 2007, emitido por la Sala Penal Tercera de Cochabamba, que dispuso que el juzgador debe realizar la fundamentación o valoración intelectiva y no solamente fáctica.


  1. Bajo el título de “FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DE SENTENCIA Y AUTO DE VISTA”, expone el segundo agravio, citando en primer lugar el argumento de alzada al resolver el defecto de falta de fundamentación de la sentencia, en cuyo criterio, el fallo de mérito cumpliría con las formalidades exigidas por los arts. 124 y 360 incs. 1), 2) y 3) del CPP, al haber dado razones jurídicas del porqué está condenando al querellado por el delito de Apropiación Indebida y porqué está absolviendo del delito de Abuso de Confianza. Al respecto la parte querellante, sostiene que no se efectuó una correcta valoración de antecedentes para la imposición de la pena y confirmarse los tres años de presidio, a cuyo fin invoca los Autos Supremos 245/2012 y 161/2012-RRC sin fecha exacta-, los cuales habrían establecido que todo Auto de Vista debe estar debidamente fundamentado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, completitud, legitimidad y logicidad, posterior a dicho argumento, la parte recurrente expone argumentos dirigidos a cuestionar la Sentencia y a referir lo que en su criterio contenía y demostraba la prueba producida en juicio, señalando que se demostró el elemento doloso, la tipicidad, antijuricidad, punibilidad y culpabilidad del imputado, también hizo referencia a la valoración defectuosa de la prueba, afirmando que las mismas demuestran la comisión del tipo de Abuso de Confianza, finalmente refiere que en la Sentencia es inexistente o insuficiente la motivación de la absolución por el tipo penal de Abuso de Confianza.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS.


En el caso de autos, se establece que el 2 y 4 de octubre de 2017, fueron notificados los recurrentes, con el Auto de Vista impugnado; y, el 9 y 11 del mismo mes y año, interpusieron sus recursos de casación; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que les otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde a continuación verificar los demás requisitos de admisibilidad.


IV.1. Del recurso de casación de Juan Carlos Carpio Ugarte.


En el único agravio planteado, el recurrente acusa que el Auto de Vista impugnado, incurrió en falta de fundamentación a tiempo de resolver los motivos de apelación fundados en la existencia de los defectos de sentencia previstos por los incs. 1), 5) y 6) del art. 370 del CPP, exponiendo sobre los mismos argumentos generales, los cuales son identificados en cuatro incisos en el acápite II.1 de la presente resolución, señalando que el argumento de alzada no cumple el mandato previsto por los arts. 124 y 173 del CPP, además de vulnerar el principio de legalidad, vinculado al derecho del debido proceso, la defensa y patrimonio económico; al respecto, se advierte que si bien el recurrente invocó varios Autos Supremos en calidad de precedentes, se limitó a citar algunos y a transcribir parcialmente otros, sin cumplir el requisito de admisibilidad previsto por el segundo párrafo del art. 417 del CPP; sin embargo, el recurrente vinculó la denuncia a la supuesta vulneración del principio de legalidad, relacionado a su derecho del debido proceso, defensa y patrimonio económico, proveyó los antecedentes generadores del defecto [la falta de fundamentación del Auto de Vista impugnado, a tiempo de resolver los agravios fundados en la existencia de los defectos de sentencia previstos por los incs. 1), 5) y 6) del art. 370 del CPP], precisó el resultado dañoso (vulneración del debido proceso, derecho a la defensa y patrimonio económico); por lo que el motivo deviene en admisible vía excepcional, por cumplimiento de los requisitos de flexibilización.


IV.2 Del recurso de casación de Ernesto Arispe Miranda y otros.


En el primer motivo de casación, la parte recurrente señala que el Tribunal de alzada, incurrió en inequívocos y evidentes errores de derecho y de hecho, lesionando y atentando la seguridad jurídica, el orden procesal y su derecho a la propiedad, a continuación identificó tres argumentos del Tribunal de apelación, relacionados al quantum de la pena, la valoración probatoria y la inexistencia del defecto previsto por el inc. 6) del art. 370 del CPP; alegando posteriormente, que el Juez de mérito no valoró de manera intelectiva la prueba y que de no haberse cometido dicho error se habría condenado al acusado también por el delito de Abuso de Confianza, imponiéndole la pena de 10 años. El argumento expuesto por la parte recurrente, no precisa el agravio ocasionado por la Resolución impugnada, pues se limitaron a identificar el argumento del Tribunal de apelación, sin concretar el supuesto agravio que les causa los fundamentos de alzada, que fueron identificados; asimismo, si bien invocaron como precedente contradictorio el Auto de Vista de 23 de febrero de 2007, que habría sido emitido por la Sala Penal Tercera de Cochabamba; sin embargo, no consideraron que ante la invocación de resoluciones Autos de Vista- que no se encuentran sistematizados, los recurrentes, además de identificar el fallo, deben adjuntar las mismas, requisito que en el caso de autos, no fue cumplido; en cuanto a la supuesta lesión a la seguridad jurídica, orden procesal y derecho a la propiedad, la falta de claridad en el agravio planteado, conlleva el incumplimiento del primer requisito de flexibilización, que es proveer de manera clara los hechos generadores del defecto; por lo que el motivo analizado, deviene en inadmisible, por incumplimiento de los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, y los criterios de flexibilización.


En el segundo motivo, los recurrentes citando el argumento del Tribunal de apelación a tiempo de resolver la denuncia de falta de fundamentación de la sentencia, alegan que el de alzada, no hizo una correcta valoración de antecedentes para confirmar la pena de tres años, posteriormente hicieron referencia a todos los antecedentes y pruebas producidas en juicio para exponer lo que en criterio de los recurrentes demostraron; al respecto invocaron como precedentes, los Autos Supremos 245/2012 y 161/2012-RRC; empero, no cumplieron con identificar de manera correcta, al no mencionar la fecha exacta de su emisión, tampoco precisaron en que consiste la supuesta contradicción entre el fallo recurrido y los precedentes invocados, no siendo suficiente la simple mención de los mismos a efecto de cumplir con el requisito previsto por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, deviniendo en inadmisible el recurso planteado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso interpuesto por Ernesto Arispe Miranda, Pablo Edimiro Castro Escalante y Wenceslao Simón Ramírez Gutiérrez, por si mismos y en representación legal de Juan Carlos Aranibar Medina, David Jaime Ballesteros Baigorria, Carlos Simón Sánchez Rivero, Fernando Céspedes Diez, Adolfo Cuellar Casanova, Modesto Choque Quispe, Luis Alberto Guasace Rojas, José Gutiérrez Melgarejo, Arcelio Herrera Roca, Carlos Arturo Jiménez Schmidt, Lorgio Fernando Landivar Bañon, Juan Pablo Martínez García, Wilfredo Enrique Padilla Mariaca, Julio Pérez, Juan Carlos Pérez Méndez, Emilio Ramos Candia, Anacleto Ricalde Duran, Luis Fernando Rojas, Freddy Taborga Changaray, David Siles Rojas, Diego Armando Vaca, Janine Ivonne Vaca Bustillo y Gerardo Ernesto Vega Gómez, de fs. 370 a 374; y, ADMISIBLE el recurso de casación planteado por Juan Carlos Carpio Ugarte, de fs. 360 a 364 vta. Asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos