TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 080/2018-RA

Sucre, 26 de febrero de 2018


Expediente                : La Paz 82/2017

Parte Acusadora        : Sonia Santos Paco

Parte Imputada        : Francisca Huanca Quispe y otros

Delito        : Despojo


RESULTANDO


Por memorial presentado el 23 de junio de 2017, que cursa de fs. 552 a 558, Francisca Huanca Quispe, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 15/2017 de 16 de marzo, de fs. 527 a 532 y el Auto Complementario de 5 de mayo de 2017, de fs. 538 y vta., pronunciados por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Sonia Santos Paco contra la recurrente, Víctor Quisbert Limachi, Cristina Vela Oviedo y Félix Condori Condori (los dos últimos fueron declarados rebeldes), por la presunta comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del Código Penal (CP).

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 12/2015 de 13 de mayo (fs. 414 a 424), el Juez Primero de Partido y de Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Francisca Huanca Quispe, autora y culpable de la comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión, más el pago de costas, daños y perjuicios a calificarse en ejecución de sentencia, respecto a Víctor Quisbert Limachi fue absuelto del delito endilgado en su contra, por otra parte fue rechazada la solicitud de complementación y enmienda de la parte acusadora particular mediante Resolución de 15 de mayo de 2015 (fs. 426).

  1. Contra la referida Sentencia, la imputada Francisca Huanca Quispe formuló recurso de apelación restringida (fs. 469 a 474), que fue resuelto por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz mediante Auto de Vista 15/2017 de 16 de marzo, que declaró admisible e improcedentes las cuestiones planteadas en el recurso; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada, siendo rechazada la solicitud de complementación y enmienda de la imputada mediante Resolución de 5 de mayo de 2017 (fs. 538 y vta.).

  1. Por diligencia de 14 de junio de 2017 (fs. 540), fue notificada la recurrente con el Auto Complementario de 5 de mayo de 2017; y, el 23 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. La recurrente refiere, que el Auto Supremo 59 de 16 de marzo de 1985 dispondría: “LA FUERZA Y VIOLECIA DE UN DESPOJO QUE DISPONE EL ART. 613 del Código de Procedimiento Civil”; también la falta de justificación fehaciente de los elementos que tipifican el delito previsto por el art. 351 del CP; sin embargo, el Auto de Vista recurrido confirmó la inobservancia y errónea aplicación de la Ley sustantiva al tomar en cuenta solo parte del tipo penal de Despojo; no considerando, que exige entre sus componentes la fuerza y violencia, que deben ser tomados en cuenta en su totalidad y no solo en fracciones o dejadas al libre arbitrio y discrecionalidad como ocurrió en su caso, en su perjuicio, vulnerándose flagrantemente los principios de legalidad y nullun poena sine lege y favorabilidad; que tienen estrecha relación con el precedente que invocó; por cuanto, en su causa no se demostró con prueba que genere certeza en el Juez de mérito, de que su persona hubiere actuado con fuerza, violencia, amenazas, engaño o abuso de confianza para un supuesto delito de Despojo, contrariando al Auto Supremo que invocó; que además, no fue referido ni valorado por el Tribunal de alzada, limitándose a efectuar una interpretación abierta y desfavorable contra su persona al señalar en su cuarto Considerando, que “Este mismo tipo penal consigna como medio de cometerlo `cualquier otro medio`…”; lo que evidenciaría, que actuó contrario a la Constitución Política del Estado respecto al principio de legalidad y favorabilidad; por cuanto, interpretó la frase “cualquier otro medio”, añadiendo en su párrafo III del mismo Considerando, que su persona ingresó al inmueble con el uso de violencia, sin respaldar cuál el elemento de prueba que acreditaría tal afirmación, aspecto que no fue respondido; además, que el haber cambiado la puerta de acceso al inmueble, agregar otra fila de ladrillos a la que ya había, hacer mejoras al inmueble y en definitiva no permitir el ingreso de la querellante, serían los fundamentos que establecerían “otros medios”, sin que los mismos se encuentren clara y puntualmente fundamentados con mínima prueba, preguntándose su persona, si los actos que efectuó constituyen Despojo, lo que fue manejado por el Juez de mérito y repetido por el Tribunal de alzada, sin que ninguno haya justificado la existencia de Violencia al ingreso del inmueble, sumándose que para que concurra el Despojo no resulta necesario demostrar el derecho propietario; en cuyo caso considera, que como poseedora y propietaria con documento privado del verdadero propietario, sus actos no pueden ser considerados como delito; puesto que, de una interpretación gramatical del tipo penal de Despojo previsto por el art. 351 del CP, la violencia, amenazas, no fueron probados, tampoco que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, ni se mantuvo en él, ni expulsó a ningún ocupante; olvidándose a su criterio, lo que se entiende por posesión, limitándose el Juez de mérito y Tribunal de alzada al hecho de que existen pagos de impuestos, no considerando, que su persona demostró, que dicho inmueble corresponde a otra persona y no a la querellante, incurriendo en una errónea aplicación del art. 351 del CP.


  1. Por otra parte, reclama que invocó el Auto Supremo “206/2004-RRC de fecha 22 de mayo de 2014” (sic); en el entendido de que el Tribunal de alzada debía tomar en cuenta los defectos absolutos de los que fue víctima; puesto que, el juicio fue iniciado vulnerando el principio de continuidad previsto por los arts. 334 y 335 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que fue modificado por la Ley 586, ya que, después de la inspección ocular, la audiencia tuvo una paralización de más de 4 meses, existiendo un defecto absoluto no susceptible de convalidación, que vulneran los derechos al debido proceso, defensa y el principio de inmediación a lo largo de su proceso, que no puede repararse, siendo el único responsable el Juez de origen, que no aplicó el principio de celeridad, no existiendo justificativo alguno que aclare por qué hubo paralización de más de 4 meses entre una y otra audiencia, considerando los parámetros de la Ley 586 y el concepto de continuidad que modificó la Ley 1970.


  1. Denuncia, grave infracción al procedimiento que constituye actividad procesal defectuosa por vulneración al derecho al debido proceso y defensa; por cuanto, el Tribunal de alzada no se pronunció ante su reclamo concerniente a que en la audiencia de 13 de mayo de 2015 fue objeto de abuso a su derecho a la defensa en su componente defensa técnica; puesto que, su abogado siempre asistió a todas las audiencias y en la referida fecha asistió a otra audiencia en la localidad de Viacha; y, como fue de conocimiento general reflejado en medios de comunicación en la referida fecha, hubo paro rotundo por los pobladores de la provincia Ingavi, lo que impidió que su abogado retornara de inmediato, evidenciando que su inasistencia fue por una razón debidamente fundamentada y de fuerza mayor; no obstante, se le obligó a aceptar el patrocinio de otro abogado, con quien no tuvo la oportunidad de conversar de qué se trataba su hecho a pesar de que el mismo fue designado para Víctor Quisbert en anterior audiencia, limitándose a sentarse sin asumir defensa alguna, por lo que salió como única autora y culpable del delito acusado, cuando considera, que debió suspenderse la audiencia para que el abogado de oficio pueda hacer un estudio de todo el cuaderno de juicio, pese a que su persona solicitó la presencia de su abogado de confianza, el Juez de Sentencia le obligó a que prosiga la audiencia hasta lograr su condena, impidiéndosele hacer uso de su derecho a la defensa ya que no produjo pruebas ni alegó nada en su favor, inobservando las Sentencias Constitucionales 0144/2004-R y 0142/2005-R; respecto al debido proceso la Sentencia Constitucional 1534/2003-R de 30 de octubre; y, con relación al derecho a la defensa la Sentencia Constitucional 0480/2011-R de 18 de abril. Reclamo que afirma, lo efectuó de forma oportuna en la última audiencia realizada.


  1. Bajo el título “OTRA GRAVE INFRACCIÓN NO SUSCEPTIBLE DE CONVALIDACIÓN Y QUE CONSTITUYE DEFECTO PROCESAL ABSOLUTO ES LA ESTABLECIDA EN EL ART. 169 NUM. 1) DEL C.P.P.” (sic); reclama, que emitida la Sentencia por el Juez Henry D. Sánchez Camacho, solicitó explicación, complementación y enmienda, que fue resuelto por otro Juez (Narda Soria Galvarro), lo que vulnera los arts. 169 inc. 1) del CPP, 30.10 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y 180.1 de la Constitución Política del Estado (CPE), la Sentencia Constitucional 582/2013, aspecto que observó y fue rechazado por el Juez Sánchez Camacho, que fue observado por Resolución 078/2016 de 30 de marzo.


  1. Finalmente manifiesta, que en la formulación de su recurso de apelación restringida reclamó lo establecido en el art. 169 inc. 2) del CPP; ya que, de la revisión del acta de audiencia de juicio oral el Juez de mérito no le permitió plantear incidentes ni excepciones a pesar de la existencia de una nulidad declarada probada, alegando que ya se tenía ese momento procesal, lo que produjo actividad procesal defectuosa que vulneró su derecho a la defensa.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la LOJ, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que la recurrente cumplió con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta, que fue notificada con el Auto Complementario de 5 de mayo de 2017, el 14 de junio de 2017, interponiendo su recurso de casación el 23 del mismo mes y año, cumpliendo de esta manera con el primer párrafo del art. 417 del CPP; ello en razón de que, el 15 y 21 de junio de 2017, fueron declarados feriados nacionales, el primero por la festividad de Corpus Christi y el segundo por Año Nuevo Aymara, por lo que se verificará a continuación el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Ahora bien, respecto al primer motivo, donde la recurrente denuncia que el Auto de Vista recurrido confirmó la inobservancia y errónea aplicación de la Ley sustantiva al tomar en cuenta solo parte del tipo penal de Despojo; no considerando, que exige entre sus componentes los elementos fuerza y violencia, que deben ser tomados en cuenta en su totalidad y no en fracciones o dejadas al libre arbitrio y discrecionalidad como ocurrió en su caso, en su perjuicio, vulnerándose los principios de legalidad y nullun poena sine lege y favorabilidad; por cuanto, no se demostró con prueba, de que su persona hubiere actuado con fuerza, violencia, amenazas, engaño o abuso de confianza para un supuesto delito de Despojo, limitándose el Tribunal de alzada a efectuar una interpretación abierta y desfavorable contra su persona al señalar en su IV Considerando, la frase “cualquier otro medio”, añadiendo en su párrafo III, del mismo Considerando, que su persona ingresó al inmueble con el uso de violencia, sin respaldar cuál el elemento de prueba que acreditaría tal afirmación, preguntándose su persona, si los actos que efectuó constituyen Despojo, lo que fue manejado por el Juez de mérito y repetido por el Tribunal de alzada, sin que ninguno haya justificado la existencia de Violencia al ingreso del inmueble, pues su persona como poseedora y propietaria con documento privado del verdadero propietario, sus actos no pueden constituir delito; además, de lo previsto por el art. 351 del CP, la violencia, amenazas, no fueron probados, tampoco que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, ni se mantuvo en él, ni expulsó a ningún ocupante; limitándose el Juez de mérito y Tribunal de alzada al hecho de que existen pagos de impuestos, no considerando, que su persona demostró, que dicho inmueble corresponde a otra persona y no a la querellante.


Sobre el referido reclamo, invocó el Auto Supremo 59 de 16 de marzo de 1985; sin embargo, cabe referir, que por mandato del art. 416 del CPP, la invocación del precedente contradictorio debió efectivizarse en la formulación del recurso de apelación restringida; por cuanto, la presunta trasgresión habría sido producida a tiempo de emitirse la Sentencia; y, en casación la parte recurrente tenía la carga procesal de señalar, en términos claros y precisos, la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado, exigencia que en el caso de autos no fue observado; sumándose a dicha negligencia, que el precedente que invoca, corresponde a una causa en vigencia del Código de Procedimiento Penal aprobado por Decreto Ley 10426 de 23 de agosto de 1972; por tanto, no puede considerarse precedente oponible al presente caso, por corresponder a un sistema procesal distinto al acusatorio.


En consecuencia, respecto a este motivo, el recurrente no cumplió con la carga procesal de invocar precedentes contradictorios en forma oportuna, conforme impone el art. 416 del CPP, aspecto que impide a este Tribunal efectuar su labor encomendada por ley, omisión que no puede ser suplida de oficio ni con la mera enunciación de vulneración a los principios de legalidad, nullun poena sine lege y favorabilidad; consecuentemente, ante la inobservancia de la norma precedentemente citada y los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite anterior de la presente Resolución, el presente motivo deviene en inadmisible.


En cuanto, al segundo motivo, donde refiere que invocó el Auto Supremo “206/2004-RRC de fecha 22 de mayo de 2014” (sic); en el entendido de que el Tribunal de alzada debía tomar en cuenta los defectos absolutos de los que fue víctima; puesto que, el juicio fue iniciado vulnerando el principio de continuidad, que fue modificado por la Ley 586, por cuanto, después de la inspección ocular, la audiencia tuvo una paralización de más de 4 meses, existiendo un defecto absoluto no susceptible de convalidación, que vulneran los derechos al debido proceso, defensa y el principio de inmediación, siendo el único responsable el Juez de mérito, que no aplicó el principio de celeridad, no existiendo justificativo alguno que aclare por qué hubo paralización de más de 4 meses entre una y otra audiencia. Al respecto, la recurrente no invocó precedente contradictorio alguno; si bien refiere que invocó el Auto Supremo “206/2004-RRC de fecha 22 de mayo de 2014”, se entiende que fue en la formulación de su recurso de apelación restringida; sin embargo, no fue ratificada en la interposición del presente recurso; en consecuencia, no cumplió con la carga procesal de exponer en qué consistiría la contradicción en el que hubiere incurrido el Auto de Vista recurrido respecto de algún precedente en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, aspecto que impide a este Tribunal realizar la labor que le encomienda la ley.


Por otra parte, si bien la recurrente refiere la concurrencia de defecto absoluto no susceptible de convalidación que vulneraría sus derechos al debido proceso y defensa; no obstante, olvidó exponer en qué consiste la disminución o restricción de los referidos derechos; ello, es explicar cómo entiende que se materializó el agravio alegado y cuál el resultado dañoso producto del defecto, con lo que se tiene que tampoco cumplió con los requisitos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite anterior de la presente Resolución; en consecuencia, el presente motivo deviene en inadmisible.


Respecto al tercer motivo, en el que denuncia actividad procesal defectuosa por vulneración al derecho al debido proceso y defensa; por cuanto, el Auto de Vista recurrido no se pronunció ante su reclamo concerniente a que en la audiencia de 13 de mayo de 2015, fue objeto de abuso a su derecho a la defensa en su componente defensa técnica; puesto que, ante la inasistencia fundamentada de su abogado, el Juez de origen la obligó a aceptar el patrocinio de otro abogado, con quien no tuvo la oportunidad de conversar de qué se trataba su hecho, limitándose a sentarse sin asumir defensa alguna, por lo que salió como única autora y culpable del delito acusado, cuando considera, que debió suspenderse la audiencia para que el abogado de oficio pueda hacer un estudio de todo el cuaderno de juicio, pese a que su persona solicitó la presencia de su abogado de confianza, reclamo que lo efectuó de forma oportuna en la última audiencia realizada.


Sobre este reclamo, se advierte que la recurrente no invocó precedente contradictorio alguno; en consecuencia, no cumplió con la carga procesal de exponer en qué consistiría la contradicción en el que hubiere incurrido el Auto de Vista recurrido respecto de algún precedente en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, impidiendo a este Tribunal Supremo realizar su labor que le encomienda la ley, sin que la omisión en la que incurrió la recurrente pueda ser suplida de oficio.


Ahora bien, la recurrente denuncia actividad procesal defectuosa por vulneración a los derechos al debido proceso y defensa; sin embargo, no cumplió con los requisitos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite anterior de la presente Resolución; puesto que, olvidó explicar cuál el resultado dañoso producto del defecto; en consecuencia, el presente motivo deviene en inadmisible.


Finalmente respecto a los motivos cuarto y quinto, donde reclama que: i) emitida la Sentencia por el Juez Henry D. Sánchez Camacho, solicitó explicación, complementación y enmienda, que fue resuelto por otro Juez, lo que vulnera los arts. 169 inc. 1) del CPP, 30.10 de la LOJ y 180.1 de la CPE, la Sentencia Constitucional 582/2013, aspecto que observó y fue rechazado por el Juez Sánchez Camacho, que fue observado por Resolución 078/2016 de 30 de marzo; y, ii) en la formulación de su recurso de apelación restringida reclamó lo establecido en el art. 169 inc. 2) del CPP; ya que, de la revisión del acta de audiencia de juicio oral el Juez de mérito no le permitió plantear incidentes ni excepciones a pesar de la existencia de una nulidad declarada probada, alegando que ya se tenía ese momento procesal, lo que produjo actividad procesal defectuosa que vulneró su derecho a la defensa.


De la relación de argumentos de los referidos motivos, se observa que el recurrente no denuncia agravios en los que hubiere incurrido la Resolución impugnada; en ese entendido, no se apertura la competencia de este Tribunal; por cuanto, de acuerdo a lo previsto por el art. 416 del CPP, el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista emitidos por los Tribunales Departamentales de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otros Tribunales Departamentales de Justicia o por las Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en consecuencia, los motivos en cuestión devienen en inadmisibles.



POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Francisca Huanca Quispe, de fs. 552 a 558.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos