TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 077/2018-RRC

Sucre, 23 de febrero de 2018

Expediente                          : Santa Cruz 59/2017

Parte Acusadora                 : Ministerio Público y otros

Parte Imputada                  : Ruddy Álvaro Villegas Ocaña

Delito                                 : Homicidio

Magistrado Relator             : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 21 de febrero, 16 de marzo del 2017, cursantes de fs. 2325 a 2336 y 2339 a 2345 vta., Ruddy Álvaro Villegas Ocaña, Wildo Marcelo Delgado Fernández y Cynthia de los Ríos Rissiotti, interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 94 de 23 de diciembre del 2016, de fs. 2311 a 2323, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Wildo Marcelo Delgado Fernández y Cynthia de los Ríos Rissiotti contra Ruddy Álvaro Villegas Ocaña, por la presunta comisión del delito de Homicidio, tipificado por el art. 251 del Código Penal (CP).


  1. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedente.


  1. Por Sentencia 4/2016 de 10 de agosto, fs. 2217 a 2235, el Tribunal Duodécimo Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz de la Sierra, declaró a Ruddy Álvaro Villegas Ocaña, autor de la comisión del delito de Homicidio, previsto y sancionado por el art. 251 del CP, imponiendo la pena de diez años de presidio, con costas a favor del Estado.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el Ministerio Público (fs. 2240), los acusadores particulares Wildo Marcelo Delgado Fernández y Cynthia de los Ríos Rissiotti (fs. 2260 a 2267) y el imputado Ruddy Álvaro Villegas Ocaña (fs. 2269 a 2277), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 94 de 23 de diciembre del 2016, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz de la Sierra, que declaró improcedentes los recursos apelación restringida.


I.1.1. Motivos de los recursos de casación.


De los memoriales de recursos de casación y del Auto Supremo 526/2017-RA de 12 de julio, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


I.1.1.1. Del recurso de casación de Ruddy Álvaro Villegas Ocaña.


  1. El primer motivo, contradicción entre el Auto de Vista 94 de 23 de diciembre de 2016 y los Autos Supremos 329/2006 de 29 de agosto, 417/03 de 19 de agosto del 2003 y 431/2006 de 11 de octubre, señalando que el Tribunal de apelación no consideró la falta de comprobación del dolo eventual, ratificando la Sentencia y actuando en sentido contradictorio a lo establecido por la doctrina legal aplicable de aquellas Resoluciones. Habiéndose señalado además que en el caso de autos no se probó el elemento dolo eventual y se aplicó erróneamente el art. 14 del CP, pues el propio Tribunal de grado estableció que no se probó en juicio la existencia de rencillas, resentimiento u odio entre el acusado y el occiso.


  1. Segundo motivo, el Tribunal de apelación incurrió en falta de fundamentación y sobre posición de ésta por una relación de hechos y mención de argumentos expuestos por las partes, en relación a los siguientes tópicos: a) Sentencia contradictoria con los elementos probatorios; b) Falta de fundamentación del quantum de la pena; c) Sentencia basada en hechos inexistentes o valoración defectuosa de la prueba; y, d) El Tribunal de Sentencia le impidió la producción de prueba ofrecida. Admitido en vía de flexibilización de admisibilidad al haberse denunciado la vulneración del art. 124 del CPP; consiguientemente, la afectación a derechos y garantías en el proceso.


I.1.1.2. Del recurso de casación Wildo Marcelo Delgado Fernández y Cynthia de los Ríos Rissiotti.


Luego de realizado el análisis de cumplimiento de requisitos procesales se admitió para el pronunciamiento de fondo, el segundo motivo de este recurso referido a la falta de fundamentación por parte del Tribunal de apelación, sobre la denuncia de defecto de la Sentencia en torno a errónea aplicación de la norma sustantiva; aspecto que, entraría en contradicción con el Auto Supremo 410/06 de 20 de octubre del 2006, además de incumplir con lo previsto en el art. 124 del CPP, vulnerando de tal manera el derecho y las reglas del debido proceso y principio de congruencia.


En tanto los motivos primero motivo (falta de fundamentación del Auto de Vista impugnado); tercero (denuncia de transgresión al principio de congruencia); cuarto (errónea aplicación de la norma sustantiva); y, quinto (solicitud al Tribunal Supremo de Justicia de aplicar los entendimientos de los Autos Supremos 221 de 28 de marzo del 2007, 28/2014RRC de 18 de febrero, 141 de 22 de abril del 2006), fueron declarados inadmisibles por no cumplir con la carga procesal prevista por los arts. 416 y 417 del CPP, así como de no poseer fundamentación suficiente que amerite un eventual análisis de fondo.


I.1.2. Petitorios.


El imputado Ruddy Álvaro Villegas Ocaña, solicita se declare fundado su recurso y deliberando en el fondo, se dicte Auto Supremo que deje sin efecto el Auto de Vista de 23 de diciembre de 2016; en tanto que los acusadores particulares Wildo Marcelo Delgado Fernández y Cynthia de los Ríos Rissiotti, solicitaron al Tribunal de casación que previo examen de admisibilidad, se declare fundado su recurso y deliberando en el fondo se dicte Auto Supremo para dejar sin efecto el Auto de Vista 94/16 de 23 de diciembre, ordenando a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz dicte un nuevo Auto de Vista “en base a los hechos reales suscitados dentro del marco correcto de interpretación de la Ley y cumpliendo los precedentes invocados, determinando que los hechos se califican como Asesinato y determinen la pena de treinta años de prisión sin derecho a indulto” (sic).


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1.  De la Sentencia.


Por Sentencia 4/2016 de 10 de agosto, el Tribunal Décimo Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Ruddy Álvaro Villegas Ocaña, autor del delito de Homicidio, previsto y sancionado en el art. 251 del CP, imponiendo la pena de diez de años de presidio, más pago de costas al Estado a calificarse en ejecución de Sentencia; de igual forma la Sentencia, aplicando el art. 363 inc. 2) del CPP, declaró absuelto de pena y culpa del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 del CP, por no adecuarse la conducta antijurídica del imputado al citado tipo penal.


Para mejor contextualización de los antecedentes del proceso en relación a las problemáticas llegadas a casación, la Sentencia de grado será sintetizada de la siguiente forma:

       

Objeto del juicio: El 18 de julio de 2013, en predios del Colegio Militar de Aviación de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el imputado Ruddy Álvaro Villegas Ocaña que se encontraba como “pabellonero”, tomó un arma semiautomática (fusil GALIL, calibre 5.56) que fue dejada por un tercer cadete sobre una “catrera” mientras se conducía al baño, y en forma desproporcional el imputado preparó y disparó el arma en dos oportunidades sobre la humanidad de Wildo Delgado de los Ríos, quien a resultados falleció de manera inmediata. Ambas personas eran cadetes de cuarto año de esa institución militar. 


Hechos probados: “En fecha 18/07/2013 el acusado Ruddy Álvaro Villegas Ocaña, ha sido el autor y partícipe del hecho punible de Homicidio del ex cadete Wildo Delgado de los Ríos…, con quien estaba estudiando desde el primer año la carrera militar de aviación, estando en el cuarto año, próximos a egresar, estableciéndose entre ellos relación de estudios únicamente, llegándose a demostrar que ese día 18 de julio del 2013 aprox. A horas 12:30 a 13.00 p.m., ambos estaban en el pabellón rojo donde era el dormitorio de ambos, el imputado se encontraba de pabellonero y el occiso se encontraba de reposo por estar malherido del pie, ambos estaban solos en el pabellón rojo donde habitaban, después llegaron sus dos camaradas Kenny Hinojosa que tenía el arma de fuego homicida y Larry Boris Alcocer ambos estaban haciendo guardia perimetral, Kenny Hinojosa entrega el arma a su camarada Larry Bortis Alcocer y entra al baño a hacer sus necesidades y Larry Boris Alcocer deja el arma en la cama superior de una de las catreras del pabellón rojo ubicada cerca de la puerta de ingreso al pabellón, colocándose de rodillas en el piso para colar su zapato. Es en ese momento, en que el imputado Ruddy Álvaro Villegas Ocaña, sabiendo que estaba prohibido manipular el arma que estaba al cuidado de su camarada Kenny Hinojosa, pese a haber escuchado la advertencia de su camarada Larry Boris Alcocer de dejar el arma en su lugar, prosigue manipulando, toma el arma de fuego dejado en la catrera y empieza a manipularla y a prepararla, colocando el cartucho de los proyectiles en el alojamiento correspondiente, lo desasegura, manipula la palanca y coloca el dispositivo de disparo en ráfaga y dispara contra la humanidad de Wildo Delgado de los Ríos, saliendo dos proyectiles que impactaron en la mejilla izquierda y en la clavícula izquierda del occiso provocando su muerte en forma instantánea y otro proyectil quedó trancado en el arma homicida, ante este hecho el testigo Larry  Boris Alcocer le quita el arma de las manos del acusado y sale a pedir ayuda fuera del pabellón” (sic).     


Hechos no probados: Las atestaciones depuestas por “Ricardo Bautista Carreño, Elmer Vera Calizaya, Marcelo Márquez Arce, Darwin Mauricio Chinell Huanca, Cnel. Freddy Rocha Montero, David Fernando Aparicio Saavedra, norma Simón Vázquez Paredes, Kevin Jhonatan Jimenes, Cnel. Carol Roca Rojas, Cnel. Franz Ramiro Gemio Urrutia, Sbtte. Edgar Leonardo Bazoaldo Saucedo, Ruddy Magadalena Rodríguez Poveda, Yosalin Herrera Álvarez Ocaña existía amistad y que jamás vieron alguna discusión por algún motivo entre ellos, coinciden en que ambos eran deportistas ero no vienen a enervar la comisión del hecho por que no estuvieron presentes en el mismo” (sic).  


Labor de subsunción, el Tribunal de grado concluyó que los hechos probados se adecuaron al delito de Homicidio previsto y sancionado por el art. 251 del CP, en razón del siguiente argumento: (1) “el hecho de que el imputado sin justificativo excusable hubiera dado muerte…a Wildo Delgado de los Ríos, empleando un fusil marca Galil calibre 5.5.6. mm de industria israelí, subsume su conducta en el presupuesto jurídico contenido en el art. 251 del CP. Para que la conducta se adecue a dicha norma…basta con que una persona le de muerte a otra…el tipo penal…es una conducta dolosa que puede ser cometida como lo establece el art. 14 del CP, tanto por dolo directo como por dolo eventual cuando el sujeto previene ese resultado, ya sedan los requisitos necesarios para que se verifique un dolo eventual; (2) en el dolo eventual, la posibilidad del resultado se acepta y la acción es compatible o reflejo de la intención de querer causar un daño, quien arremete en contra de una persona utilizando un arma de fuego que es un arma contundente para causar la muerte de una persona, no podría nunca justificar ese su accionar tomando en cuenta que la víctima estaba desarmada y que precisamente falleció por un impacto de bala penetrante en la mandíbula y otro impacto de bala en la clavícula izquierda; (3) No tratándose de un delito cometido por negligencia imprudencia e impericia, porque el autor es una persona que conocía ampliamente el manejo de las armas desde el primer año, según las declaraciones de los testigos que desfilaron por el Tribunal, los cadetes del COLMILAV al cuarto año ya estaban preparados para manejar cualquier clase de armas de fuego el fusil Galil calibre 5.56, tenía el mismo mecanismo de todos los otros fusiles que ellos manejaban a diario en la guardia perimetral en sus instrucciones , por lo que el hecho juzgado no se trata de un homicidio culposo como tampoco este Tribunal considera que se debe dictar sentencia absolutoria a su favor por las características, elementos objetivos y subjetivos del hecho juzgado; y, (4) El autor debe representarse que el resultado tiene un alto grado de posibilidades de verificarse y aun así actúa con plena indiferencia acerca de si el resultado se produce o no, admitiendo su eventual realización, pudiendo abstenerse de hacerlo dejar el arma en su lugar; toda vez, que fue advertido por su camarada Larry Boris Alcocer y no accionarlo de haber sido así no hubiera matado a Wildo delgado de los Ríos.    


Imposición de la pena: El Tribunal de sentencia condenó al acusado la comisión del delito de Homicidio, previsto y sancionado por el art. 251 del CP, imponiendo la pena de diez años de presidio. Sobre el particular, la Sentencia en la parte pertinente invocando los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP, se pronunció en sentido: a) Personalidad del acusado, mayor de edad, estado civil soltero, edad 26 años, nacionalidad boliviana, ocupación ex cadete del COLMILAV, grado de instrucción bachiller hasta el 4to. año de cadete; b) Antecedentes, no se demostró que el acusado haya tenido antecedentes penales, concluyéndose que ese sería la primera vez que estuviera siendo sometido a un proceso penal por delitos relacionados a materia ordinaria; y, c) Determinación de la pena, “desarrollada la audiencia oral, pública y contradictoria con todas las formalidades legales, en observancia de los arts. 358 y 359 de la Ley 1970, se pasó a deliberar en sesión secreta, llegando luego del examen minucioso de la prueba de cargo y descargo en su conjunto, por votación unánime…se determinó…que las pruebas aportadas por el Ministerio Público han sido suficientes para generar la responsabilidad penal del acusado, debiendo dictarse sentencia condenatoria…por el delito de Homicidio como lo establece el art. 251 del Código Penal” (sic).


II.2.  RECURSOS CONTRA LA SENTENCIA


II.2.1.        Apelación restringida de Wildo Marcelo Delgado Fernández y Cynthia de los Ríos Rissiotti.


A través de escrito presentado el 2 de septiembre de 2016, los acusadores particulares, impugnaron la Sentencia de grado, reclamando:


1. Carencia de fundamentación en la sentencia, siendo insuficiente y contradictoria, pues hace una simple relación de documentos o la mención de los requerimientos de las partes. Así, en los puntos Hechos Probados V y Valoración de la Prueba VII, se realiza una simple mención de las pruebas sin indicar cual el valor que se les asigna a cada una incumpliendo lo dispuesto en el art. 124 del CPP.


2.   Incongruencia entre la sentencia y la acusación; por cuanto, el Ministerio Público formuló acusación por el delito de Homicidio (art. 251 del CP); en tanto, el acusador particular demandó el delito de Asesinato (art. 252 del CP), y si bien se absolvió al acusado por este último tipo penal, empero, no se dio cuenta sobre los motivos de esa decisión.


3.        No se brindó motivación sobre las agravantes y atenuantes en la imposición de la pena, a más de referencias insustanciales como la edad del acusado, presentándose el defecto previsto en el art. 370 inc. 11) del CPP.


II.2.2. Apelación restringida de Ruddy Álvaro Villegas Ocaña.


Por memorial de 5 de septiembre de 2016, el acusado opuso apelación restringida, argumentando:


a.         En cuanto a las reservas de apelación realizadas en juicio oral: i) Defecto absoluto conforme el art. 169 inc. 3) del CPP, ya que el juicio prosiguió con solo dos miembros de los tres exigidos por la Ley, pues ante el fallecimiento de uno de los integrantes del Tribunal de sentencia, se debió dar cumplimiento a lo previsto por el art. 60 de la LOJ y el art. 330 del CPP, ambas normas modificadas por la Ley 586; ii) Violación de los arts. 119 Constitucional y 12 del CPP, en cuanto a la negativa de introducir como prueba de descargo a una prueba ofrecida por el Ministerio Público, en función a que al momento de la atestación de Larry Boris Alcocer, la defensa solicitó la introducción de la prueba documental N° 37 (manual de instrucciones para el manejo de armas en la guardería perimetral) ante lo que el Tribunal de sentencia negó la pretensión en el entendido de que es potestad del Ministerio Público el introducir y judicializar esa prueba; y, iii) Lesión a los arts. 117, 119.II y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE) y los arts. 8 y 347 del CPP, por negativa a intervención del imputado cuando solicitó ejercicio de la defensa material en audiencia de 9 de diciembre de 2015, bajo el argumento que se le cedería la palabra en la etapa de alegatos.


b.         Defectos de la Sentencia: (1) inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva, ya que no se efectuó una correcta aplicación del elemento dolo, pues no se expuso la existencia de un móvil que demuestre la voluntad de cometer el ilícito, más cuando la diferencia doctrinal entre dolo eventual y culpa consciente es mínima; (2) inexistencia de fundamentación en la sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria, ya que su contenido devela por un lado que el acusado colocó el cargador en tanto los testigos aseveraron que el arma se hallaba con el cargador puesto y los cartuchos en éste, por lo que el acusado no cargó el arma ni introdujo los proyectiles, así como el quantum de la pena no fue fundamentada; (3) sentencia basada en hechos inexistentes o valoración defectuosa de la prueba, ya que no se prestó el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, como es el caso de lo depuesto por el testigo Ricardo Bautista Carreño, así como las conclusiones arribadas sobre la relación fáctica son contradictorias a las atestaciones de Kenny Hinojosa y Larry Boris Alcocer, en torno al cargado del arma y el estado (cargada o descargada) en que ésta había sido dejada en el lugar de los hechos.


II.3.  Del Auto de Vista 94 de 23 de diciembre de 2016.


En conocimiento de los recursos citados, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista impugnado, declarando admisibles e improcedentes, con los siguientes argumentos:


  1. La Sentencia posee una correcta fundamentación descriptiva, fáctica, probatoria intelectiva y jurídica, habida cuenta de la correcta descripción de los elementos probatorios incorporados durante el juicio, su referencia explicativa de su relevancia y aspectos sobresalientes; la descripción fáctica basada en las pruebas incorporadas a juicio, más la descripción clara, precisa y circunstanciada de los hechos establecidos como verdaderos, la argumentación sobre cuáles las pruebas que condujeron a los de grado a arribar a la culpabilidad del acusado por el delito condenado.


  1. Sobre el defecto de la Sentencia contenido en el art. 370 inc. 1) del CPP, denunciado por el imputado en sentido de no haberse comprobado el elemento subjetivo del delito acusado, esto es, el dolo, el Tribunal de apelación concluyó que, “de la lectura integra de la sentencia…con relación a este defecto, se llega a determinar que el tribunal inferior procedió a realizar un análisis correcto sobre todos los elementos constitutivos del delito de Homicidio con relación a la conducta típica y antijurídica del acusado para que de forma correcta llegar a la conclusión sobre su plena responsabilidad…en calidad de autor, por existir tipicidad en su conducta…habiendo el mismo tribunal inferior fundamentado correctamente esta subsunción…con relación al art. 14 del Código Penal, indicando que existen los requisitos necesarios para la existencia de una conducta dolosa del acusado enmarcada dentro de dolo eventual al momento de cometer el hecho delictivo…para lo cual se procedió a utilizar un arma de fuego, para lo cual también…se fundamentó todo lo referente a este dolo eventual, dejando claro que éste delito…no se dio por negligencia, imprudencia o impericia, al ser el imputado…una persona que conocía ampliamente el manejo de las armas, por estar cursando el 4to. año en el Colegio Militar, y que a esas alturas ya están preparados para manejar armas de fuego” (sic).


  1. Sobre las alegaciones del Ministerio Público sobre también- el art. 370 inc. 1) del CPP, en torno al quantum de la pena, se consideró que no existe errónea fijación de la pena; toda vez, que de la lectura de la sentencia se observó que para aplicar la pena que le correspondía al acusado, por el delito de Homicidio se realizó una correcta fundamentación y valoración de los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP, apreciando la personalidad del autor, su conducta, los límites legales mínimo y máximo, la gravedad del hecho, sus consecuencias, como también los antecedentes personales, familiares, situación económica, social del imputado, valorándose los hechos y circunstancias que motivaron para cometer el ilícito antijurídico, tomando en cuenta además que no se demostró la existencia de antecedentes penales.


  1. En lo que fue la denuncia del art. 370 inc. 5) del CPP, propuesta tanto por la defensa como por los acusadores particulares; el Tribunal de apelación sostuvo que, la sentencia contiene una fundamentación coherente, lógica y motivada, aplicándose de forma correcta la fundamentación descriptiva, fáctica, y probatoria intelectiva; por cuanto, se aprecia que del conjunto de pruebas judicializadas el Tribunal de mérito valoró y fundamentó el conjunto de las pruebas de cargo producidas, en las que se hallan las atestaciones de Kenny Hinojosa y Larry Boris Alcocer, valoradas en forma conjunta con otras pruebas de cargo para determinar la existencia del hecho y la culpabilidad del imputado. De igual cuenta la fundamentación jurídica fue correcta pues, se comprende porque se atribuyó al imputado el delito de Homicidio en relación al art. 14 del CP.


Sobre la denuncia efectuada por los acusadores particulares sobre ausencia de fundamentación al desestimarse el delito de Asesinato, se planteó que, durante el desarrollo del juicio oral no se constató violación de derechos y garantías de las víctimas participando de forma activa en todos los actos procesales se apreció, valoró y fundamentó correctamente la deposición testifical de Larry Boris Alcocer en conjunto con los demás elementos de prueba y en el aparatado VIII.7 de la sentencia, se halla la fundamentación sobre la comprobación de la acusación fiscal y no así la particular.


  1. En relación la incongruencia alegada por las víctimas, en el entendido que la sentencia no guardase congruencia con las acusaciones fiscal y particular, el Tribunal de apelación avala lo concluido en juicio oral, pues los hechos y circunstancias descritas en ambas acusaciones guardan similitud diferenciándose en la calificación jurídica que brindan a esos hechos; aspecto que fue comprendido por los de instancia, quienes aplicando el principio iura novit curia, calificaron los hechos probados en juicio como Homicidio desestimando a partir de esos mismos hechos la comisión del delito de Asesinato; ejercicio que no se halla prohibido en la norma, dado que la limitante se basa en condenar por hechos distintos a los acusados, más no en lo que a calificación jurídica obedece.


  1. Con relación a lo alegado por el acusado en base al art. 370 inc. 6) del CPP, esto es, una sentencia basada en hechos inexistentes y valoración defectuosa de la prueba, por no haberse dado razón sobre las declaraciones de Ricardo Bautista Carreño, Kenny Hinojosa y Larry Boris Alcocer, el Tribunal de apelación, reseñando pasajes de la Sentencia, concluyó que la denuncia no es evidente pues en efecto sí existió pronunciamiento, así como se brindó valoración sobre las atestaciones llegando a la conclusión que su información no enerva las conclusiones sobre los hechos probados.


  1. Sobre las reserva de apelación efectuadas por el acusado, el Auto de Vista recurrido en casación, se pronunció de la siguiente manera: 1) La prosecución del juicio con solo dos integrantes es correcta al constituir ellos mayoría, sin que exista norma alguna que vede la prosecución de un juicio oral en esas condiciones; 2) La judicialización de las pruebas materiales en juicio oral está reservada a  la parte que las ofreció, siendo que en caso de que otra parte proponga su introducción física, deberá esperar hasta que la misma sea introducida por quién la ofreció, sin que con ello se violente derecho o garantía constitucional; y, (3) Sobre la no intervención del acusado en audiencia de 9 de diciembre de 2015, se concluyó que “no es cierto…que se le haya coartado el derecho a la defensa material…toda vez que de la lectura del acta de juicio oral…se establece que el tribunal inferior mencionó que por el principio de inmediatez, se le cedería la palabra al acusado…en la etapa de alegatos, toda vez que en ese momento su abogado manifestó que su defendido iba a manifestarse con relación a una prueba material que no fue introducida en el juicio, por lo que el tribunal consideró que su intervención no estaba relacionada con su defensa, sino a una prueba material que no fue producida; sin embargo posteriormente se cedió la palabra al acusado en los alegatos finales…también se le dio la oportunidad en juicio oral, para que preste su declaración ante el tribunal…haciendo uso de su derecho constitucional no quiso declarar, por lo que no es cierto…que se le haya violentado su derecho a la defensa material” (sic).


III. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS PLANTEADOS


Como se describió precedentemente el Auto Supremo 526/2017-RA de 12 de julio, previo juicio de admisibilidad, estableció el marco de análisis y examen de los motivos que la parte acusada y los acusadores particulares plantearon en casación, en el orden sintetizado en el apartado I.1.1 de esta Resolución. A continuación son desarrollados las consideraciones y lo decidido por la Sala.

III.1. Sobre los argumentos expresados por Ruddy Álvaro Villegas Ocaña.


III.1.1.        Primer motivo: errónea aplicación de la Ley sustantiva y contradicción con los Autos Supremos 329/2006 de 29 de agosto, 417/03 de 19 de agosto del 2003 y 431/2006 de 11 de octubre.


El recurrente denuncia errónea aplicación de la Ley sustantiva, por una subjetiva subsunción de la conducta del sujeto activo al art. 14 del CP; pues, en la sentencia dentro de los hechos probados no se determinó la existencia de dolo; es decir, conocimiento y voluntad de causar el resultado. En el enjuiciamiento no se estableció la existencia de un móvil que demuestre la voluntad de cometer el ilícito. En el planteamiento del recurso la Sentencia de grado en este particular es contradictoria, pues en el numeral VII) 3, aduce que no se determinó que el acusado haya tenido rencillas o resentimiento para con la víctima; empero, se incorpora la figura del dolo eventual para sustentar lo fallado, sin haberse establecido si existió la voluntad de ocasionar el hecho. A ese fin se plantea la contradicción con los Autos Supremos 329/2006 de 29 de agosto, 417/03 de 19 de agosto del 2003 y 431/2006 de 11 de octubre, señalando que el Tribunal de apelación realizó una inadecuada labor de subsunción de la conducta al tipo penal; y por ende, control de logicidad; por cuanto, no se hubo probado la existencia de dolo eventual en el accionar reprochado, cuestionándose en casación, el tratamiento jurídico realizado sobre tal particular por autoridades inferiores.


III.1.1.2.        El precedente contradictorio en el marco del Código de Procedimiento Penal y el sistema judicial boliviano.


La estructura orgánica de la jurisdicción ordinaria dispuesta desde la Constitución Política del Estado y desarrollada por la Ley del Órgano Judicial, dota al Tribunal Supremo de Justicia como labor central el sentar y uniformar jurisprudencia, circunstancia que a más de converger en una tarea eminentemente jurídica trae consigo la delicada función de resguardar el principio de igualdad en la aplicación de la Ley, principio que como se tiene harto dicho es vital dentro la organización del Estado Social y Democrático de Derecho.

       

El término doctrina legal a la que el art. 420 del CPP hace referencia, concierne a la: “…jurisprudencia, pero circunscrita a la del más alto Tribunal del país, el que unifica la interpretación de las leyes por medio de la casación” (OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, pág. 359; I.S.B.N. 950-885-005-1), concepto que es ampliamente compatible con la propia estructura del sistema de recursos en el procedimiento penal boliviano y la conformación orgánica de los tribunales en la jurisdicción ordinaria.


Ahora bien, un precedente contradictorio entendido como herramienta a través de la cual este Tribunal ejerce su función de unificar la jurisprudencia, constituye una decisión judicial previa que funciona como modelo para determinar un grado de contradicción con los Autos de Vista recurridos en casación. Viene a constituir un criterio interpretativo utilizado en la resolución de casos iguales a los que se procura casación. No es la resolución del caso sea efectuada con un determinado prejuicio, sino que se aplica a este supuesto la misma respuesta y tratamiento jurídico dado en una situación de hecho similar anterior. En sentido estricto, se trata de las razones de la decisión de un fallo, cuya aplicación se pretenda contraria al fallo que se recurre, razón por la que se exige entonces que el caso presente en el cual se lo invoca sea análogo al anterior precisamente en relación con los hechos relevantes a los que se aplicó un determinado tratamiento jurídico, de ahí la comprensión del art. 416 del CPP, en calificar a la contradicción partiendo desde la identificación de una situación de hecho similar.


Entonces, un precedente contradictorio tanto en un sentido práctico (la forma en la que es invocado), como su esencia utilitaria al fin de uniformar jurisprudencia en torno a los aspectos con relevancia jurídica, requiere para su planteamiento recursivo, no una invocación mecánica o automática, desprovista de la necesaria consideración de los fundamentos que condujeron a su resultado; sino que, estos fundamentos deben interactuar con las peculiaridades del caso concreto que se recurre.


III.1.1.2. Análisis sobre la existencia de contradicción.


En el marco de los párrafos que anteceden, la Sala considera para mejor exposición referir una síntesis de las problemáticas planteadas dentro de los Autos Supremos invocados como precedentes contradictorios, brindar en extenso la doctrina legal aplicable por ellos sentada, para finalmente ponderar sus alcances en relación a los contenidos y orientación asumida por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz en el Auto de Vista impugnado. En tal orden se tiene:


El Auto Supremo 329/2016 de 29 de agosto, pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Suprema de Justicia, dentro de un recurso de casación promovido por el imputado JVC en el proceso penal seguido en su contra por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, se denunció errónea aplicación del art. 48 con referencia al inc. m) del art. 33 de la Ley 1008; pues en perspectiva del entonces recurrente su conducta no se adecuó al tipo penal sentenciado y condenado sino al de transporte de sustancias controladas. El Tribunal de casación, luego de verificada la denuncia le brindó mérito, dejando sin efecto el Auto de Vista recurrido.


La errónea aplicación de la norma sustantiva denunciada, motivó que el Auto Supremo 329/2016 de 29 de agosto, se pronuncie respecto a la labor de subsunción de los Jueces y Tribunales de grado, sentando la siguiente doctrina legal aplicable:


“La calificación del delito en el Código de Procedimiento Penal, se entiende como la apreciación que cada una de las partes hace de los hechos, de las leyes aplicables y de la resultante relacionada al acusado; y, cuando no se la califica adecuadamente, se genera una errónea aplicación de la ley sustantiva, por la errónea calificación de los hechos (tipicidad), porque la adecuación de la conducta humana a la descripción objetiva del o de los delitos endilgados, debe ser correcta y exacta” (sic).


También, el Auto Supremo 417/03 de 19 de agosto, con el voto del Ministro Héctor Sandoval Parada, la Sala Penal de la extinta Corte Suprema de Justicia, resolvió el recurso de casación opuesto por GPB en el que acusó errónea subsunción de los hechos al tipo penal previsto por el art. 55 de la Ley 1008, y 23 del CP, dentro del proceso penal seguido en su contra por el delito de Transporte de sustancias controladas contenido en el art. 55 de la L1008. El entonces recurrente reclamando que la pena impuesta como cómplice resultaba indebida, solicitó se aplique el art. 8 del CP con relación al art. 76 de la Ley 1008; es decir, condenársele por complicidad en tentativa de transporte de sustancias controladas.


La Sala Penal, consideró que el Auto de Vista recurrido mantuvo la condena impuesta a GPB en primera instancia, sin que de por medio, exista fundamentación alguna y sin haber resuelto los planteamientos opuestos por éste en apelación restringida sobre la tipificación del delito y la imposición de la pena. La doctrina legal aplicable plasmada en el Auto Supremo descrito aborda dos temáticas una sustantiva y otra procesal, sirviendo la segunda de apoyo a la primera. En tal sentido sobre el deber de congruencia por parte de los Tribunales de apelación se sentó:


DOCTRINA LEGAL APLICABLE: (Congruencia) El Auto de Vista deberá circunscribirse indefectiblemente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de apelación y fundamentación, por ello la pertinencia del Auto de Vista con los puntos resueltos por el inferior, deriva de la correspondencia que aquél debe tener con los extremos de la apelación y que inexcusablemente debe contener la fundamentación, respecto a los hechos fácticos debatidos y traídos en apelación.


(Calificación del delito) El Supremo Tribunal de Justicia, tiene la potestad de modificar por medio de una nueva resolución, la doctrina legal que con motivo de otro recurso de casación hubiere establecido, conforme dispone la segunda parte del art. 420 del CPP; de ahí que, la jurisprudencia, si bien sienta doctrina sobre alguna institución o algún punto no aclarado por el Código, no constituye de ninguna manera, fuente productora de derecho penal, sino que se traducen en criterios interpretativos teleológicos del sentido y alcance de la ley sobre un caso particular; que como se dijo, la misma puede modificar a veces la doctrina sentada en resoluciones anteriores.


Los delitos emergentes de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, son de carácter formal y no de resultados; al respecto, la doctrina moderna sostiene que el transporte de sustancias controladas de un lugar a otro, sin autorización legal sea este aéreo, terrestre, lacustre u otro medio, se halla penado por ley y que éste delito queda consumado en el momento en que se descubre e incauta la droga, siendo indiferente si la sustancia controlada llegó o no a su destino ni la distancia recorrida. De ahí que en delitos de narcotráfico, la parte sustantiva de la Ley 1008, tiene como vertiente la teoría finalista del delito, en la que los medios empleados no son tan importantes, sino el fin que persigue el delito propiamente dicho; por ello, tratándose de transporte de sustancias controladas el "animus delicti" trazado por el art. 55 de la Ley 1008, con claridad señala que comete este delito. "El que ilícitamente y a sabiendas trasladare o transportare cualquier sustancia controlada". Para configurar este hecho ilícito, sólo se requiere de dos elementos: a) Que el agente sepa que lo que transporte es ilícito; y, b) El traslado de la sustancia controlada se realice por cualquier medio de transporte, sea terrestre, aéreo, acuático u otro que implique traslado o desplazamiento, sin que la interrupción en la comisión del delito, sea un elemento determinante para no considerar como consumado el mismo, si de por medio existieron factores preparatorios certeros e inequívocos, que marcaron indefectiblemente la relación de causa-efecto". Por consiguiente será delito consumado, cuando el agente realiza actos previos, como ser adquirir la droga, almacenar la misma, esconder, trasladar de un lugar a otro; es decir, que absorbe en si todos los actos ejecutivos precedentes, los cuales se integran y se compenetran en aquel para formar un solo ente jurídico.


(Tipicidad). De otro lado, al estudio del delito y sus elementos se lo denomina "La teoría del delito" y esta ha de fundarse, según la ley, en la acción y no en la personalidad del autor. Consecuentemente, delito es toda conducta típicamente antijurídica y culpable descrita por la Ley penal cuyo resultado es la pena o las medidas preventivas o represivas. En cambio la tipicidad, es la adecuación de la conducta del sujeto al tipo penal; es decir, que el hecho se adecua al tipo.


Que, partiendo de estos conceptos, se tiene que la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, es una ley especial, en ella están consignados los delitos y las penas en el Título III, que constituye la parte sustantiva de la ley; por ello, no puede confundirse una conducta que se encuentra expresamente tipificada como delito por otra del Código Penal, este es el caso del art. 76 de la citada Ley 1008 que establece que: "el cómplice de un delito relativo a sustancias controladas, será sancionado con dos terceras partes de la pena imponible al autor"; esta norma debió ser aplicada a la conducta de los imputados Germán Pablo Bautista y Alejandrina Ramos Vargas, y no el art. 23 del Código Penal, que sólo funciona en los delitos ordinarios previstos en el Código Punitivo.


Los párrafos que anteceden, constituyen la doctrina legal aplicable del Auto Supremo 417/03 de 19 de agosto, en ellos se plasman sus criterios rectores; es decir, las razones de su decisión y son identificables al constituir el nodo central en el que la forma de solución (parte resolutiva) como la problemática planteada (motivos de casación) hallan unión.


Y el Auto Supremo 431/2006 de 11 de octubre, dictado por la Sala Penal Primera de la otrora Corte Suprema de Justicia a partir de un recurso de casación opuesto por el imputado RGCT dentro del proceso penal seguido en su contra por el delito de Suministro, previsto y sancionado por el art. 51 de la Ley 1008. En esa ocasión se planteó como motivo de casación la labor de los tribunales inferiores en la tipificación y subsunción de los hechos al tipo penal, por cuanto en la proposición de RGCT, su conducta debió ser tipificada como grado de tentativa de suministro.


Luego de un breve bagaje sobre los antecedentes del proceso la Sala Penal Primera integrada por las Ministras Beatriz Sandoval de Capobianco y Rosario Canedo Justiniano, dejó sin efecto el Auto de Vista recurrido en esa ocasión definiendo como doctrina legal aplicable: 


“que la calificación del hecho a un tipo penal determinado es en razón a describir primeramente el hecho para luego comparar las características de la conducta ilícita con los elementos constitutivos del delito; es necesario tomar en cuenta que la conducta general descrita por el tipo penal se encuentra en la norma, mientras que la conducta particular se identifica por la descripción de sus peculiaridades, si estas se subsumen a todos los elementos constitutivos de un tipo penal, recién podrá calificarse el hecho como delito incurso en tal normativa; en caso de que falte la adecuación de un elemento constitutivo del tipo penal, el hecho no constituye delito o en su caso se adecua a tentativa u otra figura delictiva”.


De lo hasta aquí reseñado, es visible que los precedentes contradictorios invocados poseen varias características en común: tipo de familia de delitos (L1008); denuncias sobre incorrecta aplicación de la ley por parte de los Tribunales de mérito y apelación; y, con particularidad divergencias por el grado de participación criminal. Nótese, que en todos los casos se riñe con el grado de participación criminal de los recurrentes, aduciéndose errónea aplicación de la norma al caso concreto. En lo demás, los tres Autos Supremos, ordenan a los Tribunales inferiores el rigor que deben tener a momento de la subsunción de los hechos probados y las particularidades de cada caso en específico sobre los elementos constitutivos del tipo penal, así como observancia, a los demás componentes que hacen a la Teoría del Delito, esto es entre otras circunstancias, el grado de participación criminal.


Primeramente y dentro de la revisión que la Sala efectuó de los antecedentes llegados a casación, se concluye que no es evidente la contradicción planteada, habida cuenta que el Auto de Vista que hoy se recurre, posee exhaustividad y correspondencia a los reclamos realizados en apelación restringida; además, de contener respuesta directa sobre el planteamiento de la configuración del elemento subjetivo del tipo penal; es decir, la existencia o no de dolo eventual. Así a fs. 2317 vta., el Tribunal de apelación da cuenta sobre el razonamiento y fundamentación que condujo a los jueces de instancia a determinar la existencia de dolo eventual en la conducta desplegada por el agente, señalando que el “delito cometido no se dio por negligencia, imprudencia o impericia, al ser el imputado…una persona que conocía ampliamente el manejo de las armas, por estar cursando el 4to año en el Colegio Militar” (sic). Incluso la lectura del Auto de Vista en cuestionamiento da cuenta de la labor realizada por los de apelación sobre el control de fundamentación no solo en la conducta general que el tipo penal describe, sino en la conducta particular a partir de la identificación y descripción de sus peculiaridades, en el orden del Auto Supremo 431/2006 de 11 de octubre, razones por las que no se constata ningún tipo de contradicción.


En cuanto, al tratamiento brindado por los Tribunales inferiores al reclamo de falta de probanza e inconsistencia argumentativa de la existencia o no de dolo eventual en la conducta del recurrente, la Sala considera, que la labor de control efectuada por el Tribunal de apelación, en relación a las conclusiones arribadas por los de mérito en la construcción teórica, fáctica y jurídica sobre los hechos sometidos a juicio oral ha sido correcta.


A manera de contextualización, cabe precisar que la inclusión del elemento dolo en la norma penal boliviana, aproxima a las reformas promovidas en el año 1997. Como comenta Idón Chivi Vargas (Diagnóstico del Código Penal Boliviano desde la Pluralidad y el Pluralismo Jurídico, 2008), el soporte epistemológico de estas modificaciones se encuentra en la Escuela Finalista del Derecho Penal, trabajo sobre el cual uno de sus consultores externos el Prof. Guntër Stratenwerth, planteó: “Según el concepto final de acción el tipo es objetivo y subjetivo y la culpabilidad es puro juicio de reproche, en cuanto a la acción, no es suficiente la simple voluntariedad de la conducta; sino que, es necesario indagar el contenido de esa voluntad que siempre es final, no solo en las acciones lícitas sino también en las ilícitas. Quiere decir lo anterior que la dirección de la voluntad tiene un fin”.


En ese orden, el Auto Supremo 231 de 4 de julio de 2006, estableció una secuencia de pautas para establecer la conducta final del imputado, señalando que es preciso determinar:


“1.- La creación de un riesgo jurídico-penalmente relevante o no permitido. 2.- La realización del riesgo imputable en el resultado y 3.- La concurrencia de todos los elementos objetivos y subjetivos en la conducta del agente con el tipo de injusto imputado. En el primer aspecto deberá constatarse si la conducta del agente genera riesgo ilegal o no permitido. Para ello habrán de valorarse en primer lugar las normas administrativas de control de la actividad en que se desenvuelve el imputado, respecto al segundo aspecto esa conducta generadora de riesgo ilegal debe dar lugar a la vulneración de un bien jurídico; consecuentemente, a la subsunción del hecho a un determinado tipo penal, de lo contrario y ante su inexistencia dará lugar a la falta de tipicidad en la conducta del agente y finalmente en el tercer aspecto es imprescindible la concurrencia de todos los elementos del tipo de injusto, objetivos y subjetivos, detallados en el tipo penal en el cual se pretende subsumir la conducta del imputado, su no concurrencia da a lugar a la falta de tipicidad’’.


Tal postura es profundizada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, a través del Auto Supremo Nº 322/2014-RRC de 15 de julio, en cuyo tratamiento sobre los elementos subjetivos del tipo penal, refirió que el dolo representa una voluntad de conseguir un resultado y “Esa voluntad se conecta en la acreditación de la existencia de una decisión dirigida al conocimiento de la potencialidad de los medios para la producción del resultado y en la decisión de utilizarlos. Si además, resulta acreditada la intención de conseguir el resultado, concurrirá la modalidad dolosa intencional en la que el autor persigue el resultado previsto en el tipo en los delitos de resultado. Pero ello, no excluye un concepto normativo del dolo basado en el conocimiento de que la conducta que se realiza pone en concreto peligro el bien jurídico protegido, de manera que en esta segunda modalidad, el dolo radica en el conocimiento del peligro concreto que la conducta desarrollada supone para el bien jurídico”.


Más adelante el Auto Supremo 429/2014 de 24 de septiembre, pronunciado por la Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, cualificó la conceptualización del dolo eventual en nuestra jurisprudencia, brindando una reseña sobre las tendencias doctrinarias en torno a ese particular, además de tomar postura propia sobre el tratamiento de esa figura. De tal cuenta se sentó:


“En torno al dolo eventual: i) la Teoría del consentimiento o aceptación, el resultado se presenta como posible [eventual] y el agente acepta o consiente su producción. En concreto el sujeto se represente el resultado típico como probable [salir a robar a una persona con un arma de fuego representa la probabilidad de que deba usar el arma de fuego] y consienta o acepte el mismo para el caso que se produzca [el autor que amenaza con un arma de fuego acepta al hacerlo que es posible que deba usar el arma de fuego ante la resistencia de la víctima]. ii) La Teoría de la probabilidad, considera que basta que el autor se haya planteado la posibilidad de que el resultado pudiera producirse y a pesar de ello haya actuado; y, iii) Teoría ecléctica, que exige por una parte, que el sujeto "tome en serio" la posibilidad de la producción de un delito y por otra que el mismo "se conforme" con dicha posibilidad, aunque sea a disgusto.


El citado Auto Supremo 429/2014 de 24 de septiembre, concluye brindando un concepto sobre el alcance definición y características del dolo eventual, precisando:


“En conclusión, dolo eventual se genera cuando una conducta implica un riesgo y puede causar otros, cuya producción no es impedimento para que continúe el comportamiento, en el dolo eventual, el resultado no excede el propósito del agente, porque actúa a sabiendas del riesgo que asume y de que el resultado lesivo se producirá, si no hace nada para evitarlo”. (énfasis propio).


Como está descrito el tratamiento jurídico y jurisprudencial que sobre el Dolo ha realizado el máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria es uniforme y coherente, por cuanto identifica esa figura en la manifestación que el agente realiza en el mundo material a través de una conducta que posea la suficiencia de causar riesgo real y cierto al bien jurídico tutelado y cuyo resultado no exceda el propósito del agente, por el conocimiento y conciencia del riesgo causado por su acción y la eventual afectación al bien tutelado. Postura en la que lo resuelto por el Auto de Vista impugnado halló afinidad, por cuanto las condiciones especiales en la conducta del agente, esto es, el conocimiento del manejo de un arma de fuego, importan las condiciones y eventuales incidentes sobre su manipulación y manejo, es decir, que el delito no fue cometido por “negligencia, imprudencia o impericia” (conclusión referida por la Sentencia de grado a fs. 2233 vta., y por el Tribunal de alzada a fs. 2318) sino se enmarca a las características del dolo eventual, no existiendo con tales consideraciones errónea aplicación de la norma sustantiva.  


III.1.2.        Segundo motivo: falta de fundamentación en el Auto de  Vista recurrido.


El recurrente sostiene que el Tribunal de apelación incurrió en falta de fundamentación sobreponiéndola por una relación de hechos y la mención de argumentos expuestos por las partes, en relación a los siguientes tópicos: 1) Sentencia contradictoria con los elementos probatorios; 2) Falta de fundamentación del quantum de la pena; 3) Sentencia basada en hechos inexistentes o valoración defectuosa de la prueba; y, 4) El Tribunal de Sentencia le impidió la producción de prueba ofrecida.


El recurrente a lo largo de su memorial de casación vierte apreciaciones sobre el valor de las pruebas, mismas que están ceñidas de reclamos relacionados al art. 370 del CPP; esto es, valoración de la prueba y contradicción en la Sentencia, alegando de manera superficial que el Tribunal de alzada, omitió otorgar una respuesta coherente o fundamentada sobre lo expresado en apelación restringida. De tal cuenta, corresponde a esta Sala verificar la existencia de por un lado la presencia de falta de fundamentación así como si de la misma se desprendiese vulneración a derechos y garantías constitucionales.


Primeramente, la Sala ve necesario traer a colación aspectos inherentes a los requisitos de validez de las resoluciones procesales en torno a su fundamentación, luego relacionar el contexto jurídico sobre tratamiento de denuncias de defectuosa valoración de la prueba en el sistema de recursos previsto en el Código de Procedimiento Penal, para después proceder al análisis de lo alegado por el recurrente y verificar la existencia o no de las vulneraciones denunciadas.


III.1.2.1.        Deber de fundamentación de las resoluciones judiciales: Finalidades, lineamientos indicativos y jurisprudencia consolidada.


El Derecho y la práctica jurídica se manifiestan a través de un canal necesario: el lenguaje. La exposición de argumentos y la sostenibilidad de los alegatos que las partes propongan, o en su caso, la solidez con la que las decisiones judiciales forjen autoridad, deben someterse al lenguaje. Esto no quiere decir, que el argumento jurídico sea encasillado a una perspectiva gramatical, semántica, o diluir el razonamiento jurídico en las reglas de la sintaxis. En todo caso se trata de hallar un punto intermedio en el que a partir del lenguaje la transmisión de los argumentos jurídicos y el razonamiento de jueces y tribunales adquiera estabilidad y permanencia, donde el resultado final sea generar la sensación de haberse impartido justicia. 


Tomando como punto de partida el Diccionario de la lengua española de la RAE, argumentación es “la acción de argumentar”, argumentar significa “aducir, alegar, poner argumentos” y argumento es un “razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición, o bien para convencer a otro de aquello que se afirma o se niega”. Cabe recordar que motivar en un sentido amplio, es otorgar motivo para una cosa. Explicar la razón que se ha tenido para hacer una cosa.

Se ha repetido hasta lo extenuante que la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales forma parte del derecho al debido proceso, y que el Estado desde el Texto Constitucional reconoce y garantiza este derecho en sus arts. 115.II, 117.I y 180.I; sin embargo, la Sala, sin desconocer ninguna de esas situaciones, considera que la motivación y fundamentación de las decisiones judiciales no es un fin en sí mismo, ya que más allá de la divergencia y textura que la doctrina del derecho procesal le ha brindado, responde a fines más prácticos y utilitarios; estos son: 1) La verificación pública sobre el impacto que una norma promulgada conforme procedimiento legislativo posea; 2) Las motivaciones que condujeron a un juez o Tribunal a decidir en una u otra forma; y, 3) El mecanismo idóneo para transparentar las razones por las que una autoridad judicial asumió una decisión.


La Sala de igual manera halla convencimiento, en que la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, no debe, en la medida de lo necesario, ostentar contorsiones jurídicas cuando la descripción de un hecho y su adecuación a la norma responden a un postulado básico, que es la prerrogativa conferida al justiciable de exigir el Estado tanto un juzgamiento imparcial y justo, como que la decisión que se asuma sea de fácil comprensión y agote las alegaciones del valga la redundancia- justiciable.


En relación a los presupuestos sobre denuncias de valoración de la prueba dentro del sistema de recursos del Código de Procedimiento Penal, urge recalcar que la valoración de la prueba, incluso la determinación de hechos, halla su límite en el principio de inmediación, esto es que solo el Tribunal o Juez de Sentencia es el llamado a determinar hechos y valorar los elementos de prueba; tarea que es vedada a los Tribunales de apelación, quienes tienen limitada su competencia a ser una instancia de revisión de logicidad de los fundamentos de la Sentencia, razón que explica que las posibilidades de recurrir en apelación se hallen restringidas al catálogo del art. 370 del CPP. Precisar también, que el Tribunal de casación es un tribunal de derecho, más no de hecho, tanto por las competencias salientes de los arts. 416 y siguientes del CPP, como por su naturaleza y posición otorgada por la Ley del Órgano Judicial inhibiendo realizar un análisis que incumba revalorización de las pruebas y determinación de hechos. No obstante lo anterior, la tendencia jurisprudencial asumida en las jurisdicciones ordinaria y constitucional, hacen que en supuestos donde se denuncien vulneración de derechos y garantías constitucionales se proceda a la verificación de la existencia de esos reclamos; sin que en modo alguno ello quiera suponer el contrariar las normas antes anotadas o prever decisiones basadas en la discrecionalidad.    

Así las cosas, surge necesario sentar que el derecho a una resolución justa que ponga a fin al proceso, se matiza en la exigencia de que ésta sea motivada de forma circunstanciada, señalando y justificando especialmente los medios de convicción en que se sustentó y lo que desechó; circunstancia que no implica, la obligación de transcribir literalmente las declaraciones, como tampoco la de un análisis exhaustivo de toda la prueba disponible, si con lo contenido en las resoluciones fácilmente se llega a la conclusión que superando la duda denote la existencia de una conducta típica, antijurídica y culpable del imputado. En los casos donde la motivación fuera insuficiente, al extremo de no crear fe y resultar contraria o ambivalente a los contenidos de la prueba producida en juicio oral, se violaría el debido proceso, tanto en la medida en que esa prueba sea esencial para una fundamentación suficiente, como en la medida en que su efectiva consignación resultase indispensable para ejercer el derecho a recurrir el fallo.


La Sala expresa que la garantía y derecho a un debido proceso, prevista en los arts. 115.II y 117.I y 180.I de la CPE, en el caso de los procesos penales exige que su conclusión respete el derecho a la congruencia de la sentencia, que no es otra cosa que la correlación entre acusación, prueba y decisión. Sin embargo, el reclamo debe ser de contenido sustancial. De ninguna manera se trata, de seleccionar arbitrariamente algún segmento de una Sentencia o Auto de Vista para reprocharle su falta de motivación, fundamentación o contradicción, pues antes debe tenerse presente que un fallo es una unidad que, y si es que a lo largo de su contenido permite su comprensión y explica las razones de su decisión de manera suficiente, deberá tenérselo por adecuadamente fundamentado, más allá de vacíos que no comprometan el fondo, para los que se tiene reservado la rectificación expresada en el art. 414 del CPP.


III.1.2.2.        Sentencia contradictoria con los elementos probatorios - Basada en hechos inexistentes o valoración defectuosa de la prueba.


El recurrente alega que la Sentencia de grado y el Auto de Vista impugnado vulneran lo dispuesto por el art. 124 del CPP, lesionando así derechos fundamentales al reemplazar la fundamentación con una simple relación de hechos y la mención de lo señalado por las partes. En el caso del Auto de Vista expresa que solamente refiere una lista de elementos que una Sentencia debería contener, sin que se halle fundamentos que respondan a los puntos impugnados en apelación restringida.


Expresa que la Sentencia resulta incongruente entre sus conclusiones sobre la manipulación del arma, afirmando que el imputado “coloca el cartucho con los proyectiles en el alojamiento correspondiente”, y lo declarado por Kenny Hinojosa y Larry Boris Alcocer quienes respectivamente indicaron “al ingresar le entregó el arma a su camarada Alcocer en forma desdoblada, con el cargador puesto” y “el arma no estaba cargada, pero los cartuchos estaban en el cargador y el cargador estaba en su alojamiento del arma”.


Explica que con esa contradicción “es evidente que el acusado no cargó el arma ni introdujo los proyectiles en el cargador”, constituyendo un defecto absoluto, a más de existir una escasa y contradictoria fundamentación con los mismos elementos probatorios.


Asimismo, plantea que en el caso de la declaración de Ricardo Bautista Carreño de la que se extrajo únicamente la afirmación que entre la víctima y el acusado no hubiera existido rencillas, resentimiento u odio, no se encuentran razones por las que el Tribunal desechó el resto de esa atestación, menos aún su aseveración sobre haber visto a la víctima manipular el arma, aspecto sobre el que no se hubiera otorgado pronunciamiento sobre su valor probatorio.


Como se tiene expresado anteriormente el límite del pronunciamiento en el sistema de recursos del sistema procesal penal boliviano se encuentra en el principio de inmediación y de éste al juicio oral en específico, ello por no desmembrar el orden del sistema de recursos, así como para conferir la trascendencia debida al juicio oral, como parte medular del sistema acusatorio y de la propia reforma penal promovida por la Ley 1970. En casación el recurrente reclama aspectos de falta de fundamentación de las resoluciones de grado y alzada sobre una plataforma que expresa revalorización de la prueba. Los motivos del recurso en este particular riñen con las resoluciones que anteceden, no brindando una tesis o proposición sobre el control de legalidad realizado por el Tribunal de alzada; sino, poniendo de manifiesto una versión propia del análisis de las pruebas.


En la lectura de los antecedentes llegados a este Tribunal, se advierte que no es evidente la falta de fundamentación reclamada al Auto de Vista 94 de 23 de diciembre de 2016, pues el control de legalidad y logicidad de la sentencia referidas a la valoración de la prueba testifical (reclamada en casación) son visibles en lo expresado por los de apelación, así sus conclusiones sobre los requisitos de validez de la sentencia atendiendo la queja de sobreposición de fundamentación por una relación de hechos y lo expresado en torno a las declaraciones de los testigos Larry Boris Alcocer  y Kenny Hinojosa. El Auto de Vista a fs. 2314, llega a la conclusión textual que: “las declaraciones de los testigos Kenny Hinojosa y Larry Boris Alcocer, mismas que el Tribunal inferior utiliza las partes más sobresalientes…conjuntamente con otras pruebas de cargo, para determinar y fundamentar como hecho probado que el delito de Homicidio existió y que e l imputado…fue autor de este ilícito penal al haber disparado con arma de fuego en la humanidad de la víctima…no existiendo de ninguna manera contradicción entre la fundamentación de la sentencia y las partes importantes extraídas de las declaraciones de los testigos antes mencionados, puesto que el tribunal inferior valoró en las declaraciones testificales como cierto y evidente, fue que el acto antijurídico existió y que el autor fue el acusado” (énfasis propio).


De igual manera el Auto de Vista impugnado emite pronunciamiento sobre el reclamo específico de la valoración del testigo Ricardo Bautista Carreño presente a fs. 2321, en sentido que “no siendo ni evidente que no [el tribunal de sentencia] no valoró la declaración de…Ricardo Bautista Carreño, toda vez que a fs. 2232 vlta y 2333 en la parte de los hechos no probados y en la valoración de la prueba, se menciona y se le otorga el valor correspondiente a la declaración del mencionado testigo…conjuntamente los otros testigos de descargo…[quienes] solo se limitan en argumentar que entre el imputado y la víctima existía amistad y que jamás vieron alguna discusión por algún motivo…que eran deportistas, por lo que el tribunal le dio el valor correspondiente indicando que dichas declaraciones no vienen a enervar la comisión del hecho porque no estuvieron presentes en el mismo” (sic). Además, el texto del Auto de Vista impugnado añade “…en consciencia el tribunal inferior procedió a dar el valor probatorio correspondiente a todas las pruebas de forma conjunta y armónica, habiendo ejercido para ello las reglas de la sana crítica a tiempo de valorar las pruebas de cargo y de descargo…siendo que la fundamentación, motivación y valoración de la prueba…es totalmente convincente en todo sentido, en las pruebas documentales y testificales” (sic).


Ciertamente, las conclusiones arribadas por el Tribunal de apelación en torno a los reclamos específicos de valoración de testificales, son de fácil verificación en la lectura integral de la Sentencia, documento que si bien no posee una estructura formal tradicional, si expresa y transmite de manera ampliamente convincente el porqué de su decisión, anotando y apuntando las razones de ese convencimiento, y dando cuenta de cuales en específico fueron los aspectos tomados en cuenta sobre las atestaciones depuestas, e informando los motivos de no tomar ese rumbo referidos a los demás asuntos, como lo es el caso de lo expresado por Ricardo Bautista Carreño que se acentuó en los párrafos que preceden. Esta descripción es también presente en lo explayado por el Tribunal de apelación, que a su turno encontró un elemento armonizante en el contenido de la Sentencia que rastra en el hecho que las conclusiones insertas en el apartado Fundamentos de Derecho sean compatibles y guarden relación con la parte que expresa la descripción hecha sobre las declaraciones testificales, aspectos por los que la Sala concluye que el reproche sobre falta de fundamentación y contradicción realizada por el recurrente carece de asidero.


III.1.2.3. Falta de fundamentación del quantum de la pena.


El recurrente a la par utiliza la plataforma argumentativa de ausencia de fundamentación en lo que es la determinación e imposición del quantum de la pena de diez años de presidio, ya que no se especificó qué elementos fueron valorados, más cuando el delito condenado tiene una pena variable cuyo mínimo son 5 años. Esta situación en su perspectiva- es presente también en el Auto de Vista recurrido que omitió pronunciarse sobre este particular.

 

Corresponde a esta instancia la verificación de lo denunciado ejerciendo control sobre la labor que el Tribunal de apelación plasmó en el Auto de Vista 94 de 23 de diciembre; en tal consideración, ante una posición de igual naturaleza a la presente, los Vocales de la Sala Penal Primera, consideró que no existía una fijación de la pena observando que en sentencia se “ha realizado una correcta fundamentación y valoración de los artículos 37, 38, 39 y 40 del Código Penal, apreciando la personalidad del autor, su conducta, los límites legales mínimo y máximo, la gravedad del hecho, sus consecuencias, como así también sus antecedentes personales, familiares, su situación económica social, valorando los hechos y circunstancias que motivaron para cometer el ilícito antijurídico, tomando en cuenta además que no se demostró la existencia de antecedentes penales por lo que se llega a determinar la correcta fijación de la pena” (sic).


Ciertamente los factores que el legislador ha previsto para la determinación e imposición de las penas, no solo suponen lineamientos de orientación, sino delatan su adecuación necesariamente deben ser valorados y fundamentados para así transmitir que la pena impuesta no exceda el reproche que se le impute al acusado por haber solamente cometido el delito, es decir, que la pena sea proporcional a la culpabilidad, en sintonía con la orientación punitiva adoptada por el Código Penal que en su art. 13 regula que la culpabilidad y no el resultado es el límite de la pena, descartándose toda forma de reproche a la personalidad del autor; vale decir que, no debe castigarse por lo que se es, sino por lo que se comete.


Yendo a la causal primera del presente reclamo, la sentencia de grado impone a Ruddy Álvaro Villegas Ocaña la pena de 10 años de presidio por el delito de Homicidio, no sin antes haber determinado expresamente cuales los convencimientos de su culpabilidad y autoría, visible a lo largo de aquel fallo y con mayor incidencia a partir de fs. 2232; asimismo haberse cumplido lo previsto por el art. 37 del CP, que para la fijación de una pena manda al juez,  atendiendo la personalidad del autor, la mayor o menor gravedad del hecho, las circunstancias y las consecuencias del delito: tomar conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho, en la medida requerida para cada caso, por cuanto este es precisamente uno de los efectos que el principio de inmediación causa.


En otro orden, es también visibles la ponderación de aspectos inherentes a la personalidad del autor, como fue su edad, el grado de instrucción, su ocupación, así como la inexistencia de antecedentes penales en el imputado, habiéndose detectado su inexistencia y siendo éste un valor expreso en el fallo de grado, aspectos que no se acomodan al reclamo del imputado quien manifiesta que sobre la pena impuesta no existió fundamentación, situación que no es evidente como se tiene anotado, y tal cual lo describió el Tribunal de apelación al momento de haber realizado control y emitió pronunciamiento de la Sentencia de grado.


III.1.2.4.        Sobre el impedimento de producción de prueba ofrecida por el Ministerio Público.


En este punto, surge la necesidad de establecer el momento y las circunstancias procesales que originaron y determinaron el curso de este reclamo. El recurrente alega que en audiencia de juicio oral el Tribunal de sentencia impidió que se produzca una prueba material (el arma incriminada) aduciendo que al haberse propuesto como prueba de cargo por parte del Ministerio Público era éste quien debía introducirla al juicio oral, momento en el cual el imputado podría intervenir de manera amplia e irrestricta. Esta situación motivó que el recurrente realice la reserva de recurrir en apelación incidental, para luego, en apelación restringida reafirmar su reclamo. Este hecho fue tratado por los de alzada, desestimando su pretensión como se lee a fs. 2322.


Toda vez, que las denuncias que incumban cuestionamientos a procedimientos que no comprometan adecuación a los arts. 169 y 370 del CPP, la Sala concluye que lo determinado por el Tribunal de apelación se enmarca dentro la normativa que ordena el procedimiento penal y dota de reglas al juicio oral, más cuando no se advierte en relación a este motivo en particular mínima afectación a derechos o garantías constitucionales.


III.2. Sobre el recurso de casación planteado por Wildo Marcelo Delgado Fernández y Cynthia de los Ríos Rissiotti.


Los recurrentes proponen en casación falta de fundamentación por parte del Tribunal de apelación. En el punto II de su recurso reclaman a ese tribunal: “Sus autoridades señalan que no se advierte mala aplicación de la ley sustantiva o la presencia de defectos absolutos, ASPECTO que da a entender la apelación restringida planteada son simples y las cuales responden de manera simple sin fundamentar la misma, sin cumplir con los precedentes contradictorios que señala los AS 501/06 de 13 de noviembre del 2006, AS 398/06 de 10 de octubre del 2006 y 410/06 de 20 de octubre del 2006, siendo que el Tribunal de alzada debía circunscribir su resolución conforme dispone el Art. 124 del Código de Procedimiento Penal, sin vulnerar el derecho y conforme a las reglas del debido proceso y en especial del principio de congruencia que debe existir en cualquier fallo.” (sic).


Conforme el juicio de admisibilidad efectuado por los Autos Supremos 526/2017-RA de 12 de julio, 501/06 de 13 de noviembre del 2006 y 398/06 de 10 de octubre del 2006, al constituir resoluciones de análisis de cumplimiento de requisitos de admisibilidad y no constituir fuente de doctrina legal aplicable no serán considerados en el análisis que sigue.


Así el estado de las cosas, el Auto Supremo 410 de 20 de octubre de 2006, fue pronunciado por la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, a raíz de la  interposición de un recurso de casación en el que MOPB impugnó el Auto de Vista que revocó su absolución declarada en sentencia dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público y DRAGS. El entonces recurrente reclamó falta de fundamentación por no haberse expresado las razones por las que se consideró que la Sentencia habría incurrido en los errores previstos por el art. 169 inc. 4) del CPP y menos explicitarse cuales esos errores, situación a la que se concedió mérito dejando sin efecto el Auto de Vista impugnado y sentando la siguiente doctrina legal aplicable:


“La Corte Suprema de Justicia de Bolivia ha sentado la línea jurisprudencial vinculante en sentido de que en el marco del Código de Procedimiento Penal, acorde con la Doctrina Penal moderna, establece la necesidad de que los fallos emitidos por los jueces de sentencia y apelación sean emitidos con el fundamento y la motivación suficiente para garantizar la efectivización de manera real, el derecho que tienen los sujetos procesales de impetrar la revisión del fallo a efectos de conocer el razonamiento científico que lleva a pronunciar los fallos, de una determinada manera sea por condena o absolución o por la improcedencia o anulación tratándose de Tribunales de apelación.


La escasa o contradictoria fundamentación conlleva violación a derechos y garantías constitucionales tal cual lo establecen los artículos 370 inc. 5), 124 y 398 del CPP, art. 8.2 inciso h) de la Ley Nº 1430 de 11 de febrero de 1993 (Pacto de San José de Costa Rica) y art. 14.5 de la Ley Nº 2119 de 11 de septiembre de 2000 (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), normas legales que expresamente consagran el derecho que tiene toda persona a conocer en detalle los fundamentos de las resoluciones impugnadas esto a objeto de que compruebe la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, garantizando de esta manera el debido proceso como fundamento esencial del Derecho Procesal Penal moderno.


Por otra parte el Tribunal de alzada no puede "anular" el proceso y disponer el reenvío del proceso a conocimiento de otro Tribunal en base a vicios procesales susceptibles de convalidación y que no fueron objeto de "reserva de apelación restringida" en su oportunidad, precluyendo para los sujetos procesales, el derecho de reclamación posteriormente, únicamente el Tribunal de apelación puede anular la sentencia en su totalidad ante la existencia de vicios procesales insubsanables establecidos en el artículo 169 del Código de Procedimiento Penal lo contrario significaría violar el principio de "celeridad procesal", de "economía" y "concentración" de los actos procesales.


Finalmente el Tribunal de alzada de acuerdo al imperio de lo dispuesto por el art. 398 del CPP que dispone: "Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución"; en consecuencia, no pueden considerar otros aspectos procesales que ameriten obrar en forma "ultrapetita" en aplicación del principio de "legalidad" que obliga a los Tribunales de alzada de observar estrictamente esta disposición, a no ser que se evidencien violaciones a derechos y garantías constitucionales, vicios insubsanables no sujetos a convalidación contenidos en los arts. 169 inc. 3) y 370 del CPP, lo contrario significaría actuar en vulneración a la garantía constitucional del "debido proceso", tal el caso de autos que el Tribunal de alzada, resuelve aspectos no reclamados por el apelante de la sentencia.


El motivo de casación admitido, reclama al Tribunal de alzada que su respuesta de no advertir errónea aplicación de la Ley sustantiva o la presencia de defectos absolutos  en la Sentencia de grado, harían que tanto la apelación restringida como la propia respuesta conferida por el Auto de Vista, cayeran en el terreno del simplismo, sin que brinden argumentos que sostengan una respuesta fundamentada, incumpliendo el mandato del art. 124 del CPP, transgrediendo el principio de congruencia y entrando en contradicción con el Auto Supremo 410 de 20 de octubre de 2006.


La Sala, como se ha dicho antes en este Auto Supremo advierte que el Auto de Vista 94 de 23 de diciembre de 2016, ha realizado una correcta y debida labor de control de la legalidad de la decisión de los de sentencia, en lo que es el control de la determinación del hecho y las consideraciones plasmadas sobre valoración de la prueba, respetando los límites que el sistema de recursos del procedimiento penal dispone.


La Sala no comparte el criterio con el que los acusadores particulares plantearon su recurso de casación, pues la sustancialidad de hallar mérito sobre un reclamo de fundamentación insuficiente, se basa no en la mera afirmación, sino en que lo reclamado genere un defecto de tal magnitud que afecte algún derecho de las partes, ya sea por silencio, ambigüedad, omisión o contradicción, situaciones que como se tiene dicho hasta aquí no fueron vistas en el Auto de Vista impugnado.


Por los fundamentos expuestos, la Sala establece que los agravios denunciados por los acusadores particulares no son evidentes; puesto que, la Sentencia como el Auto de Vista cumplen con los requisitos necesarios para poder afirmar que los Jueces contemplaron dentro de sus razonamientos, todos los elementos que permiten afirmar la existencia del ilícito acusado a Ruddy Álvaro Villegas Ocaña, labor que realizaron en observancia precisamente de la doctrina legal establecida que obliga a observar el deber de fundamentación de toda resolución y en particular en cuanto al caso analizado, razón por la cual, este Tribunal, determina que no existe contradicción con el precedente invocado en los términos previstos por el art. 416 del CPP, correspondiendo en consecuencia, declarar infundado el recurso de casación opuesto por los acusadores particulares.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADOS los recursos de casación interpuestos por Ruddy Álvaro Villegas Ocaña y Wildo Marcelo Delgado Fernández y Cynthia de los Ríos Rissiotti.


Regístrese, notifíquese y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos