TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 072/2018-RRC

Sucre, 23 de febrero de 2018


Expediente                        La Paz 40/2017

Parte Acusadora                Ministerio Público y otra

Parte Imputada                Teresa Hinojosa Barragán y otros

Delitos                        Secuestro y otro

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 11 de febrero y 28 de julio de 2016, Elvich Daza Pomarino de fs. 2425 a 2442 vta., Teresa Hinojosa Barragán de fs. 2458 a 2472 y Ernesto Bermúdez Torrez de fs. 2489 a 2492, interpusieron recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 56/2015 de 21 de septiembre, de fs. 2387 a 2395, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Magaly Taboada Barrera contra Ernesto Bermúdez Torrez y Teresa Hinojosa Barragán, por la presunta comisión de los delitos de Secuestro y Asociación Delictuosa, previstos y sancionados por los arts. 334 y 132 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


I.1.  Antecedentes.


a)    Por Sentencia “47/2014 de 22 de mayo” (fs. 1548 a 1565 vta.), el Tribunal Tercero de Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Ernesto Bermúdez Torrez, Teresa Hinojosa Barragán y Elvich Daza Pomarino, autores de la comisión del delito de Secuestro y Asociación Delictuosa, previstos y sancionados por los arts. 334 y 132 del CP imponiendo la pena de dieciséis años y seis meses de presidio al primero, y trece años y seis meses a los otros imputados, más el pago de costas a favor del Estado y la víctima, así como la reparación del daño civil, averiguables en ejecución de Sentencia.


b)   Contra la mencionada Sentencia, los imputados Ernesto Bermúdez Torrez (fs. 1711 a 1713), Elvich Daza Pomarino (fs. 1791 a 1806 vta.) y Teresa Hinojosa Barragán (fs. 1973 a 1985 vta.), interpusieron recursos de apelaciones restringidas, que fueron resueltos por Auto de Vista 56/2015 de 21 de septiembre, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, que declaró admisibles e improcedentes las cuestiones planteadas en los recursos y confirmó la Sentencia apelada, siendo rechazadas las solicitudes de complementación y enmienda de la parte imputada mediante Resoluciones de 23 y 25 de noviembre de 2015 (fs. 2401 y 2404), motivando los recursos de casación que motivan el presente fallo.


I.1.1. De los motivos de los recursos de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 525/2017 de 12 de julio, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


I.2.1. Del recurso de casación de Elvich Daza Pomarino.


  1. La recurrente alega que el Tribunal de alzada, desestimó su reclamo referido a la errónea aplicación del art. 334 del CP, convalidando dicho defecto de sentencia sin fundamento legal alguno; sin considerar que la aplicación de dicho artículo no solo requiere la adecuación o subsunción de los hechos a los elementos normativos, sino que importa el elemento subjetivo del dolo, previsto en el art. 14 del CP. Refiere que en el Considerando III, punto 2 del Auto de Vista impugnado, se señaló que su participación en el delito de secuestro fue directa, cuando la Sentencia estableció que su participación fue indirecta; es decir, que el Tribunal de alzada modificó su participación de autora indirecta a autora directa, incurriendo en errores de juicio al interpretar erróneamente algunas disposiciones del CP, referentes a los autores directos o coautores y los autores mediatos y en vicios de procedimiento que violan las garantías básicas del debido proceso y el derecho a la justicia, específicamente al emitirse una sentencia no motivada. Continúa alegando que; no obstante, haber solicitado en la vía de explicación y enmienda, se señale en qué parte de la Sentencia se establece que su participación en el hecho haya sido directa, el Tribunal de apelación no ha explicado tal extremo en forma precisa, limitándose a fundar su decisión en argumentos confusos, irrelevantes y genéricos, cuando la ley y la Constitución exigen fundar su decisión, admitido por flexibilización.


  1. Denuncia que en el fallo de alzada, se advierte insuficiente fundamentación intelectiva respecto al punto impugnado referido a la individualización del imputado, convalidando así la ilegal Sentencia 47/2014, que en ninguno de sus considerandos hizo una narración fáctica ni de los elementos probatorios que establezcan su participación indirecta en el secuestro de los esposos Taboada; vale decir, no señala cuál fue el rol que cumplió en el referido hecho, de qué forma cooperó en el secuestro. Refiere que el Auto de Vista impugnado, resolvió su reclamo en forma lacónica y escueta, en tan solo diez líneas, manifestando que sí se encuentra plenamente establecida la individualización de las partes. Fundamenta que en el presente caso, hay evidencia que fue un sujeto quien llevó a los esposos Taboada de su propio domicilio y con su vehículo, jamás se estableció que su persona fuera autora indirecta como instigadora o cómplice, lo único cierto es que su persona, materialmente nunca estuvo en el lugar; sin embargo, el hecho de que el Tribunal de juicio la declare autora indirecta, hace advertir que no tenía claro el grado de autoría que debía atribuirle, porque deliberadamente inobservó las reglas de la sana crítica, de la razón, la experiencia y el buen juicio, violentando los principios de presunción de inocencia e igualdad ante la ley, previstos en los arts. 6 del CPP y 116.II y 8. II de la Constitución Política del Estado (CPE), admitido por flexibilización.


  1. La recurrente denuncia que el Tribunal de alzada, al confirmar la Sentencia impugnada, también convalidó el acto ilegal denunciado respecto a la valoración de su declaración informativa prestada en la etapa preparatoria; incumpliendo así su deber jurídico de realizar el control sobre la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal a quo, olvidando que por mandato constitucional la declaración informativa no constituye prueba ni se sujeta a las exigencias legales para ser considerada como tal, al ser un mecanismo de defensa. Refiere además, que el Tribunal de apelación no tiene la debida fundamentación sobre este aspecto; ya que, no expone de manera clara y precisa por qué la declaración informativa prestada por su persona constituiría prueba, admitido por flexibilización.


  1. Señala que el Auto de Vista impugnado confirmó una Sentencia defectuosa, carente de fundamentación respecto a cada una de las pruebas de cargo y descargo y después de negar este extremo de manera ultra petita el Tribunal de alzada emitió una valoración respecto a su persona, sobre los supuestos procesos pendientes que ésta tendría. Arguye, que no existe motivación en el Auto de Vista sobre los puntos apelados y que está basado en especulaciones, cometiendo los mismos errores del Tribunal de juicio, incurriendo en el defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP, referido a la incongruencia omisiva e infracción del principio Tantum Devolutum Quantum Apellatum, violando el derecho a la defensa y al debido proceso. Invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 8 de 30 de enero de 2012 y 248 de 10 de octubre de 2012, referidos al deber de motivación y fundamentación.


  1. Denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en vulneración del art. 124 del CPP, al haber emitido argumentos falsos, distorsionados y carentes de motivación y fundamentación, con relación a la declaración de testigos [ante la denuncia de apelación sobre nulidad de sentencia basada en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba art. 370 inc. 6) del CPP]; por cuanto, señaló que no es requisito indispensable que el mismo haya tenido presencia en el acontecimiento ilícito, más aun cuando el identikit es reconocido por los mismos testigos que presenciaron la salida de la víctima de su domicilio y las que lo acompañaron dentro del vehículo el día del secuestro, argumento que resulta falso, distorsionado y carente de toda motivación y fundamentación porque jamás este identikit fue exhibido a los testigos; aspecto que, constituye defecto absoluto inconvalidable al tenor del art. 169 inc. 3) del mismo CPP, motivo admitido por flexibilización


  1. En un último acápite, subtitulado “NULIDAD DEL AUTO DE VISTA POR PRONUNCIAMIENTO INCOMPLETO, INMOTIVADO Y FALTA DE EXHAUSTIVIDAD” (sic), refiere que el Tribunal de alzada omitió pronunciarse sobre cada una de las denuncias expresadas en su apelación restringida, concretamente sobre la fundamentación de la prueba excluida consistente en el identikit del presunto autor del secuestro; aspecto que, constituye un defecto absoluto al tenor del art. 169 inc. 3) del CPP, incumpliendo así la previsión del art. 124 del CPP. admitiéndose vía flexibilización.


I.2.2. Del recurso de casación de Teresa Hinojosa Barragán.


La recurrente manifiesta que el Tribunal de alzada, no se ha pronunciado de manera fundamentada sobre cada uno de los puntos de su apelación, habiéndose limitado a hacer una mera mención; aspecto que, violó el derecho al debido proceso, a la seguridad jurídica y ante todo al derecho de saber y conocer, por qué se le rechazó su apelación restringida y se confirmó una sentencia injusta. Asimismo, transcribe los argumentos de su apelación restringida e identifica los defectos de sentencia sobre los cuales el Auto de Vista, no se habría pronunciado fundadamente que: a) Sobre la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, señala que el Tribunal de alzada simplemente transcribe el dicho artículo y describe el delito de secuestro y no fundamenta por qué la sentencia estaría correctamente pronunciada; b) Sobre la denuncia de que el imputado no esté suficientemente individualizado, previsto en el art. 370 inc. 2) del CPP, refiere que el Tribunal de alzada sólo hace una apreciación de que tanto su persona como su participación está individualizada, sin identificar cuáles son las pruebas que la incriminan en el delito de secuestro; c) Respecto a que la Sentencia se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio o incorporados por su lectura, el Tribunal de alzada señaló que no puede hacer una revalorización de la prueba; empero, tampoco manifestó si su declaración informativa policial debe ser considerada o no en juicio como prueba; d) En cuanto, a que no existe fundamentación de la sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria, el Tribunal de apelación manifestó que las sentencias se encuentran debidamente fundamentada, sin manifestar cómo se ha fundamentado en flagrante negación a la justicia, porque no se consideró siquiera la basta jurisprudencia glosada en su recurso de apelación restringida; y, e) Con relación al defecto de sentencia, previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, referido a que la sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba. Asimismo, afirma que pese a que su apelación restringida cuenta con fundamentación de hecho y de derecho con precedentes contradictorios en más de diez hojas,  el Tribunal de  alzada, respondió a sus pretensiones en tan sólo doce reglones, de los cuales cuatro corresponden a la transcripción del art. 370 del CPP, la descripción del delito de secuestro y en los otro ocho reglones hace una simple apreciación del delito de secuestro, sin fundamento que explique por qué la Sentencia estaría correctamente pronunciada y no incurre en los defectos previstos en el art. 370 del CPP; aspecto que, constituye violación a sus derechos a la defensa, seguridad jurídica, al debido proceso y a la violación de derechos internacionales. Admitiéndose dichos motivos vía flexibilización.


I.1.2. Petitorio.


Los recurrentes solicitan se deje sin  efecto el Auto de Vista impugnado, su complementario.


I.3. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 525/2017-RA de 12 de julio, cursante de fs. 2502 2507, este Tribunal admitió los recursos de casación formulados por Elvich Daza Pomarino y  Teresa Hinojosa Barragán ante la concurrencia de presupuestos de flexibilización, para el análisis de fondo de los motivos identificados precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1.  De la Sentencia.


Por Sentencia “47/2014 de 22 de mayo”, el Tribunal Tercero de Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Teresa Hinojosa Barragán y Elvich Daza Pomarino, autores de la comisión de los delitos de Secuestro y Asociación Delictuosa, previstos y sancionados por los arts. 334 y 132 del CP, imponiendo la pena de trece años y seis meses de reclusión, a cada una de las recurrentes, con costas a favor del Estado y de la víctima, en base a los siguientes argumentos:


Como hechos generadores del proceso penal se tiene que Luis Taboada Calderón y Nair Garay, el 20 de febrero de 2009, fueron secuestrados de su propio domicilio ubicado en la calle Santa Cruz No. 339 zona del Rosario, y conducidos en su propia movilidad marca Toyota, color celeste con placa de circulación 396 LAK con destino desconocido; producto de este hecho el 21 de febrero de 2009 a horas 17:30 pm, se apersonaron a la división trata y tráfico de personas la empleada de las víctimas de nombre Teresa Hinojosa Barragán conjuntamente una vecina de nombre María Teresa Vásquez, acompañadas de un investigador sargento Ángel Apaza para poner en conocimiento de estos hechos; al día siguiente a horas 14:00 pm, Teresa Hinojosa Barragán dejó una nota en el inmueble de Magaly Marina Taboada Barrera pretendiendo que tome conocimiento de la desaparición de su padre Luis Taboada Calderón, esta nota consignaba el número de celular de la empleada, constituyéndose la víctima en el inmueble ubicado en la calle Santa Cruz No. 339, para verificar estos hechos tomando contacto Sonia Paredes Alipaz, quien comunicó que recibió una llamada en horas de la madrugada que provenía de Nair Garay, la misma manifestó que estaba secuestrada junto a su esposo y estaban en la zona de Alto Tacagua por unas gradas amarillas y que los captores se presentarían al día siguiente en el inmueble de la calle Melchor Palma de propiedad de los ancianitos para retirar documentación y que se comunique con la policía para que sean descubiertos estos captores.


El Tribunal Sentenciador Tercero de El Alto, con relación a Teresa Hinojosa Barragán refirió que tendría participación directa en el Secuestro, señaló que se convirtió en una persona indispensable a quien los señores Taboada, le encomendaban varias actividades inclusive de orden económico y administrativo como el depósito de dinero en cuentas bancarias, trámite de desmarque de la movilidad de Luis Taboada, que anteriormente había sido sustraída, diligencias de aviso en los comerciales y periódicos para que se pueda entregar los departamentos de propiedad de los señores Taboada en arrendamiento, inclusive tenía la potestad de enseñar a los interesados el inmueble ubicado en la calle Melchor Palma, ya que la misma contaba con las llaves de dicho inmueble por la declaración inclusive de los otros acusados; proporcionando información a sus colaboradores y amigos Elvich Daza Pomarino y Ernesto Bermúdez Torrez, para que ingresen en la casa ubicada en la calle Melchor Palma No. 940 de la zona de Alto San Pedro y una vez dentro del inmueble efectúen actos de disposición a terceras personas sin el consentimiento de los esposos Taboada, obteniendo beneficios económicos indebidos producto del cobro de sumas de dinero en la suma de cuatro mil dólares a Novinkova Martínez y la suma de mil quinientos dólares de María Angélica de la Torre y su hija Andrea de la Torre.


Con relación a la participación de Elvich Daza Pomarino, el Tribunal de  Sentencia, refirió que tuvo una participación indirecta porque debe entenderse que la finalidad del Secuestro de los esposos Luis Taboada y Nair Garay, era económico a través del apoderamiento de todas las escrituras de dominio de los diferentes bienes muebles e inmuebles, para ser utilizados en el tráfico jurídico por los acusados y sorprender a eventuales interesados en la adquisición de los bienes de la familia Taboada, para que éstos efectúen actos de disposición patrimonial en favor de los acusados haciéndoles creer que ellos tenían la titularidad de estos bienes, en el caso de autos Elvich Daza Pomarino por intermedio de su amiga Teresa Hinojosa Barragán ha desarrollado estos actos planificados desde la averiguación y seguimiento de todas las actividades económicas que tenían los esposos Taboada.


Respecto a la valoración probatoria en su acápite VIII, estableció que las pruebas incriminatorias de cargo como la declaración del investigador Sgto. Ángel Apaza Choque, las testificales de Sonia Roberta Paredes Alipaz, Valeria Torrez Silva, Magaly Marina Taboada Barrera, la evidencia MP-40 consistente en la declaración informativa en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Elvich Daza Pomarino, evidencia PDD-10 copia de contrato de arrendamiento, evidencia MP-20 consistente en documento privado, evidencia MP-21 consistente en préstamo de dinero, evidencia MP-2 consistente en informe del asignado al caso, evidencia MP-64, MP-59, MP-64, MP-66 consistentes en extractos de llamadas telefónicas, se determinó la culpabilidad de las recurrentes, en el delito de Asociación Delictuosa y Secuestro. 


II.2.  De la apelación restringida.


Contra la mencionada Sentencia, Elvich Daza Pomarino y Teresa Hinojosa Barragán, indistintamente interpusieron recurso de apelación restringida, denunciando los siguientes defectos de Sentencia:


1.- Inobservancia y errónea aplicación de la ley art. 370 inc. 1) del CPP, con relación al delito de Secuestro.


2.- Que el imputado no esté suficientemente individualizado art. 370 inc. 2) del CPP, refiriendo que la Sentencia no cumple con la fundamentación respecto a la participación en el delito.


3.- Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación a las normas de este título art. 370 inc. 4) del CPP, refiriendo a la prueba MP-40 referida a la declaración informativa policial que fue incorporada a juicio para fundar la condena en violación a las normas del procedimiento art. 93, 342 CPP.


4.- Que no exista fundamentación de la Sentencia o que  esta sea insuficiente o contradictoria art. 370 inc. 5) del CPP, refiriendo que no cumple con el deber de fundamentación respecto a los hechos ocurridos y acusados y también referentes a las pruebas que sustentarían esa participación en el delito condenado.


5.- Que la Sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en la valoración defectuosa de la prueba art. 370 inc. 6) del CPP, refiriendo que ninguno de los testigos identificaron como autores del Secuestro como tampoco las pruebas documentales demostraron dichos extremos, como también manifestaron sobre la exclusión de la prueba del identikit.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


La apelación restringida expuesta precedentemente, fue resuelta por el Auto de Vista impugnado, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró improcedente la apelación formulada y confirmó la Sentencia apelada, en base a los siguientes argumentos:


II.3.1. De las apelaciones presentadas por Elvich Daza Pomarino y Teresa Hinojosa Barragán.


El Auto de Vista recurrido previo a desarrollar los defectos denunciados en apelación restringida, refiere sobre la participación criminal de Elvich Daza Pomarino que fue directa, por lo que tenía como finalidad el secuestro como un propósito económico a través del apoderamiento de todas las escrituras de dominio de los diferentes bienes muebles e inmuebles a favor de los acusados; ya que, se demostró un acuerdo previo entre Teresa Hinojosa Barragán y Elvich Daza Pomarino conjuntamente con Ernesto Bermúdez para tener beneficios indebidos.


Tomando en cuenta que las fundamentaciones realizadas por el Tribunal de alzada con relación a los defectos denunciados en ambos recursos de apelaciones restringidas, son problemáticas similares, por lo que se tiene a bien desarrollar de la siguiente forma:


a)        Con relación a los defectos de la sentencia art. 370 inc. 1) referente a la errónea aplicación de la ley sustantiva, el Tribunal de alzada refirió que si bien el delito de Secuestro figura contra la propiedad de manera que en cuanto a la libertad no es tenida por el delincuente, sino como un medio de extorsión; ambas figuras son independientes del modos operandi, en relación a este delito está la violencia que se ejerce para la privación de libertad, de la misma manera se sostiene que el Secuestro se consuma con la privación de libertad, si ésta se realiza con la finalidad típica de obtener rescate, obtener ventaja indebida o concesión siendo innecesario que la víctima se entere de la exigencia del autor; además refiere que la recurrente no explicó la aplicación pretendida de las disposiciones legales citadas como vulneradas, menos fundamenta ni invoca el precedente contradictorio no señalando de forma concreta los agravios sufridos por la Sentencia.


b)        En cuanto al 370 inc. 2) del CPP, que la imputada no habría sido individualizada, el Tribunal de alzada refiere que la imputada no fundamenta lo que alega respecto a esta vulneración; ya que, en la Sentencia se encuentra individualizada encontrándose el nombre con sus generales de ley a fs. 1550, estando establecida la participación y las pruebas que tomó en cuenta el Tribunal individualizando a todos los sujetos.


c)        En referencia al art. 370 inc. 4) del CPP, que la Sentencia se basó en medios o elementos probatorios, no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación a las normas de este título, el Tribunal de alzada señaló que todos los elementos probatorios tuvieron la valoración correspondiente bajo la sana crítica y todos de manera integral e igualitaria para fundamentar la Sentencia y que el Tribunal de alzada no puede revalorizar las pruebas producidas en juicio por el principio de inmediación que tiene el Tribunal Sentenciador y no el de alzada.


d)        Respecto al art. 370 inc. 5) del CPP, el  Tribunal de alzada refirió que se demostró que Elvich Daza, Teresa Hinojosa y Ernesto Bermúdez son autores de los delitos atribuidos; ya que, no solo consideró las pruebas presentadas, sino que señaló cada una de las mismas de manera precisa e individualizada demostrando así la participación de los imputados en el hecho delictivo, haciendo mención con relación a Elvich Daza Pomarino que la misma tenía como agravante los procesos pendientes en su contra con la justicia.


e)        Referente al art. 370 inc. 6) del CPP, el Tribunal de alzada concluyó que no existe una valoración defectuosa de la prueba, siendo que las pruebas testificales en juicio han sido valoradas conforme establece la norma, siendo que no se puede tomar como un hecho no existente la declaración de un testigo; puesto que, no es requisito indispensable que haya tenido presencia en el acontecimiento del ilícito, siendo así que el identikit levantado es reconocido por los testigos que presenciaron la salida de las víctimas de su domicilio y las personas que lo acompañaban dentro del vehículo el día que aconteció el secuestro, como tampoco se fundamentó vulneración de derecho y garantías.


III. VERIFICACIÓN DE LA DENUNCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y DEBIDA FUNDAMENTACIÓN 


En el presente proceso penal fueron admitidos dos recursos de casación, el primero interpuesto por Elvich Daza Pomarino por el cual denuncia la falta de fundamentación sobre los agravios formulados en apelación restringida, el pronunciamiento ultra petita, e incongruencia omisiva; y el segundo, formulado por Teresa Hinojosa Barragán en la que reclama la falta de fundamentación del Auto de Vista impugnado sobre cada uno de los puntos de su apelación restringida, por los que corresponde resolver las problemáticas planteadas.


III.1. Análisis del recurso de casación de Elvich Daza Pomarino.


       Teniendo en cuenta que en el presente recurso se plantean diferentes problemáticas, por razones metodológicas resulta conveniente efectuar su análisis de forma separada de acuerdo a los siguientes puntos:

III.1.1. Respecto a la denuncia de falta de fundamentación sobre los reclamos formulados en apelación.


En cuanto a los motivos primero, segundo, tercero y quinto, que se admitió por los presupuestos de flexibilidad, se arguye la vulneración a la garantía del debido proceso, al principio de seguridad jurídica, presunción de inocencia y el derecho a la justicia denunciados como defectos absolutos, previstos en el art. 169 inc. 3) del CPP, así como la vulneración del art. 124 del mismo adjetivo penal; ya que, el Tribunal de alzada se limita fundar su decisión en argumentos confusos irrelevantes, escuetos, falsos, distorsionados, genéricos y carentes de motivación, incumpliendo su obligación de fundamentar su decisión respecto de: a) La modificación de su participación en el hecho, de autora indirecta a autora directa, sin fundamentación alguna y desestimando su reclamo referido a la errónea aplicación del art. 334 del CP, convalidando el defecto de Sentencia denunciado en apelación restringida; b) La individualización del imputado, considerando que la sentencia no hizo una narración fáctica ni de los elementos probatorios que establezcan su participación, no señala cuál fue el rol que desempeñó en el referido hecho; c) La valoración de su declaración informativa prestada en la etapa preparatoria, por lo que no expone de manera clara y  precisa por qué dicha declaración constituiría prueba; y, d) Sobre la valoración de la declaración de los testigos, pues señaló que no es requisito indispensable que el mismo haya tenido presencia en el acontecimiento ilícito considerando que el identikit fue reconocido por los testigos, sin que jamás se les haya exhibido tal identikit. 


Tomando en cuenta los argumentos establecidos en los diferentes motivos del recurso de casación con la finalidad de delimitar el ámbito de análisis de la problemática planteada, ante la presunta existencia de vulneración de derechos y garantías constitucionales como el debido proceso, seguridad jurídica, presunción de inocencia y el derecho a la justicia denunciados como defectos absolutos previstos en el art. 169 inc. 3) del CPP, así como la vulneración del art. 124 del mismo adjetivo penal, corresponde resolver en los siguientes términos.


Al respecto, del derecho del debido proceso dentro de la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo de Justicia ha señalado a través del Auto Supremo 199/2013 de 11 de julio, que “El debido proceso, es un principio legal por el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitir la oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez o tribunal, quienes deben observar los derechos fundamentales de las partes, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos; la Constitución Política del Estado, en sus artículos 115 y 117, reconoce y garantiza la aplicación del debido proceso al constituirse en fundamento esencial del Estado Plurinacional, que tiene entre sus fines y funciones esenciales garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en ella. Entre los elementos que configuran el debido proceso se encuentran: a) el derecho a la defensa, b) el derecho al juez natural, c) la garantía de presunción de inocencia, d) el derecho a ser asistido por un traductor o intérprete, e) el derecho a un proceso público, f) el derecho a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable, f) el derecho a recurrir, g) el derecho a la legalidad de la prueba, h) el derecho a la igualdad procesal de las partes, i) el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, j) el derecho a la motivación y congruencia de las resoluciones, k) la garantía del non bis in idem, l) el derecho a la valoración razonable de la prueba, ll) el derecho a la comunicación previa de la acusación; m) la concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; n) el derecho a la comunicación privada con su defensor; o) el derecho a que el Estado le otorgue un defensor proporcionado por el Estado cuando el imputado no tuviere medios o no nombrare un defensor particular”.

Con relación al principio de la seguridad jurídica el Auto Supremo 155/2016 de 07 de marzo, refiere al respecto la Sentencia Constitucional Plurinacional 0616/2014 de 25 de marzo, señaló: “La SC 0511/2011-R de 25 de abril, que respecto a la seguridad jurídica como principio expresó que cuando se alegue la vulneración de la misma como derecho, no es posible conceder la tutela, dado que está instituida en la Constitución Política del Estado, como principio rector de los actos de la jurisdicción judicial o administrativa, al señalar: La SC 0788/2010-R de 2 de agosto estableció que: ´Sobre la seguridad jurídica, invocada en su momento por la accionante, como «derecho fundamental», cabe señalar que, si bien la Constitución Política del Estado abrogada, en el catálogo de derechos fundamentales contenidos en su art. 7 inc. a), establecía que toda persona tiene el derecho: «A la vida, la salud y la seguridad », a partir de lo cual, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional estableció la consagración del «derecho a la seguridad jurídica » como derecho fundamental, y en su mérito, ante la constatación de su vulneración, en repetidas ocasiones otorgó la tutela del amparo. No obstante, al presente, y en vigencia de la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, la seguridad jurídica, no se encuentra consagrada como derecho fundamental, sino como un principio que sustenta la potestad de impartir justicia emanada del pueblo (art. 178 de la CPE); y por otro lado, como un principio articulador de la economía plural en el modelo económico boliviano (art. 306.III de la CPE). Esta característica actual, es coincidente con lo establecido por otra Constitución y Tribunal Constitucional, tal el caso de España que en su Constitución en el art. 9.3, establece a la seguridad jurídica como principio, y en su jurisprudencia, a través de la STC 3/2002 de 14 de enero, ha señalado que: «la seguridad jurídica es un principio general del ordenamiento jurídico y un mandato dirigido a los poderes públicos que no configura, sin embargo, derecho fundamental alguno a favor de los ciudadanos que pueda interesarse en el proceso constitucional de amparo”.


Referente al principio de presunción de inocencia el Auto Supremo 89/2013 de 28 de marzo, al igual que el debido proceso tiene una triple dimensión: principio, derecho y garantía.


Principio, porque está dirigido a conservar el estado de inocencia de la persona durante todo el trámite procesal, ello supone que se convierte en una directriz de la administración de justicia que debe ser observada por todas las autoridades y servidores públicos encargados de ejercitar la potestad punitiva del Estado, tanto en el ámbito punitivo como en todo el sistema administrativo sancionador.


Derecho, porque es predicable respecto de todas las personas, vincula a todos los órganos de poder y se encuentra reconocido como un derecho humano por los instrumentos internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica (artículo. 8.2) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.2), la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 11.1), la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (artículo 26) como en los Instrumentos Internacionales se encuentra reconocido como un derecho humano.


Garantía, de carácter normativo constitucional, que se constituye en un mecanismo protector dentro de los procesos judiciales o administrativos a través del cual se proscribe la presunción de culpabilidad.


En el ordenamiento jurídico boliviano, la presunción de inocencia con su triple valor, se encuentra reconocida por norma suprema al señalar en su artículo 116 parágrafo I que: “Se garantiza la presunción de inocencia”, cuyo contenido ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional de la siguiente forma:


En su dimensión de principio-garantía, que no es el imputado el que debe probar su inocencia, sino que es el acusador el que debe probar la culpabilidad del encausado o procesado.


Así la Sentencia Constitucional 0011/2000-R de 10 de enero, determinó lo siguiente: “este principio constitucional de presunción de inocencia se constituye en una garantía del debido proceso, protegiendo al encausado frente a actitudes arbitrarias que podrían dar margen al prejuzgamiento y a condenas sin proceso. Este principio constitucional traslada la carga de la prueba al acusador, vale decir que obliga a éste, en materia penal, a probar sus acusaciones dentro del respectivo proceso, y que los Jueces dicten sentencia condenatoria siempre que exista plena prueba, o sea, cuando no haya duda sobre la culpabilidad del encausado demostrada por todos los medios de prueba, dentro de un proceso en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa…”.  (El resaltado es nuestro).


Del entendimiento desarrollado por la jurisprudencia constitucional se extrae que el principio-garantía de presunción de inocencia, que es componente del debido proceso, no solo implica un “estado” nominal reconocido al imputado, sino se hace efectiva durante toda la tramitación del proceso y únicamente puede ser desvirtuada mediante una Sentencia que haya adquirido calidad de cosa juzgada.


Con relación al principio a la justicia, como también otro derecho alegado de vulnerado, como parte integrante del debido proceso, ha sido y es uno de los pilares fundamentales en los cuales descansa la protección constitucional del imputado. El art. 115.II de la CPE, establece que: "El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones", precepto constitucional que encuentra su desarrollo y consagración práctica en la estructura del vigente  sistema penal, que se caracteriza por la oralidad, que a su vez está integrada por los principios de inmediación, contradicción, publicidad y continuidad, sobre los cuales debe desarrollarse el juicio con la fundamentación tanto de la acusación como de la defensa, la introducción de la prueba, el alegato de las partes y finalmente, en los plazos establecidos, el pronunciamiento de la Sentencia, resultando obligación de los Jueces y Tribunales, interpretar y aplicar los principios establecidos en armonía con las garantías jurisdiccionales y los derechos fundamentales consagrados en el texto constitucional.


Asimismo, entre los componentes primordiales que rige el debido proceso como garantía constitucional de protección del Estado a la persona, se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, que a lo largo de la jurisprudencia han sido ampliamente desarrolladas; no obstante, resulta conveniente recalcar los parámetros de su entendimiento no sólo a los administradores de justicia; sino también, a todo administrado. En ese sentido, La obligación de fundamentar las resoluciones también es aplicable a las resoluciones que resuelven apelaciones así la SC 0040/2007-R de 31 de enero, haciendo referencia a la SC 0577/2004-R de 15 de abril, indicó: Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por lo que no le esta permito a un Juez o Tribunal, reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión de que el Juez de instancia obró conforme a derecho, (…); con mayor razón, si se tiene en cuenta que el contar con una Resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de la persona y forma parte del debido proceso'.

Ahora bien, a efectos de ingresar al fondo de la problemática planteada se debe considerar las exigencias contenidas en la Constitución Política del Estado (CPE) y el CPP, la doctrina legal aplicable de este Tribunal ha establecido en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006 y 207 de 28 de marzo de 2007 entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser: expresa, clara, completa, legítima y lógica. i) Expresa porque se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez aquo; y, v) lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica.

En cuanto al primer motivo denunciado: a) La modificación de su participación en el hecho, de autora indirecta a autora directa, sin fundamentación alguna y desestimando su reclamo referido a la errónea aplicación del art. 334 del CP, convalidando el defecto de sentencia denunciado en apelación restringida.


A efectos de analizar este inciso se debe precisar los alcances sobre la autoría dispuesto en el Auto Supremo 379/2015 de 27 de julio, que precisó lo siguiente:


Participación criminal.- “Conviene señalar, que conforme la doctrina, la teoría de la participación conforma una parte de la teoría del tipo, que señala que es autor quien realiza -personalmente o de mano propia- las acciones punibles descritas en un tipo penal; sin embargo, la autoría, no se circunscribe meramente al autor individual, sino abarca a quienes utilizan a otros como instrumentos para la ejecución del hecho punible (autoría mediata), a las personas vinculadas entre sí que colaboren en un hecho como autores, (coautores), a quienes intervengan en la comisión de un delito de forma independiente unos de los otros (autoría accesoria), quedando fuera de tipo penal de autoría, los inductores o instigadores y los cómplices, porque su participación tiene carácter distinto al del autor, pues se limita a la contribución o apoyo en la ejecución del hecho”.


La legislación boliviana, en el art. 20 del CP, reconoce como autor a:


i) Quienes realizan el hecho por sí solos, es decir, de mano propia.


ii) Conjuntamente (coautores); ejecutan el ilícito dos o más personas de forma conjunta, cada una con dominio del hecho y conforme los roles pactados.


iii) Por medio de otros (autor mediato), no ejecuta directamente el ilícito, sino el que dolosamente se sirve de otro como instrumento para la ejecución del delito, como de un inimputable por ejemplo. 


iv) Los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso (cooperador necesario), en este caso el aporte realizado debe ser imprescindible para la ejecución el ilícito; diferenciándose del coautor, en que éste no participa de forma directa, por tanto no tiene dominio del hecho, únicamente realiza un aporte indispensable. Si bien esta es una forma de participación, la legislación boliviana subsume al cooperador necesario de autoría, en razón de la importancia de su participación esencial en la ejecución del ilícito, motivo por el que le otorga la misma sanción que al autor.


En tanto que, como otras formas de participación criminal, la legislación reconoce al instigador (art. 22 del CP), que es quien induce a otro a cometer el ilícito, estando su responsabilidad condicionada a la ejecución del ilícito por parte del autor, y al cómplice (art. 23 del CP), referido a quien presta ayuda en la ejecución del hecho, ya sea anterior o simultánea, actividad que a diferencia del cooperador necesario, su participación es secundaria, condicionada a la ejecución del ilícito por parte del autor. Todas estas formas de participación difieren unas de otras por sus características objetivas y subjetivas en la ejecución del ilícito”.

Respecto a esta problemática traída en casación, dentro de sus fundamentos en apelación restringida Elvich Daza Pomarino, refirió que en el desarrollo del juicio, ninguna de las declaraciones de los testigos de cargo mencionaron haberla visto antes o después del día del secuestro y que afirmaron por el contrario que observaron a un varón joven con lentes; y asimismo, refirió que no existirían pruebas indiciarias.


A tal efecto el Tribunal de alzada refirió que la participación de Elvich Daza Pomarino fue directa; ya que, tenía como finalidad el secuestro como un propósito económico a través del apoderamiento de todas las escrituras de dominio de los diferentes bienes muebles e inmuebles a favor de los acusados, por lo  que se demostró un acuerdo previo entre Teresa Hinojosa Barragán y Elvich Daza Pomarino conjuntamente con Ernesto Bermúdez, para tener beneficios indebidos.

 

De la revisión de la Sentencia 47/2014 de 22 de mayo; en cuanto, a la autoría con relación a la participación de Elvich Daza Pomarino refiere el Tribunal Sentenciador que es indirecta, por que debe entenderse que la finalidad del secuestro de los esposos Luis Taboada y Nair Garay tenía un propósito de índole económico a través del apoderamiento de todas las escrituras de dominio de los diferentes bienes muebles e inmuebles para ser utilizados en el tráfico jurídico por los acusados y sorprender a eventuales interesados en la adquisición de los bienes de la familia Taboada, para que estos efectúen actos de disposición patrimonial en favor de los acusados, haciéndoles creer que ellos tenían la titularidad de estos bienes, en el caso de autos Elvich Daza Pomarino por intermedio de su amiga Teresa Hinojosa Barragán, han desarrollado estos actos planificados desde la averiguación y seguimiento de tosas las actividades económicas que tenían los esposos Taboada y ha prestado la cooperación de forma dolosa de tal naturaleza sin la cual no se hubiese cometido el acto.


De lo anteriormente expuesto y analizado el motivo traído en casación, realizando la labor de contraste, se verifica una contradicción entre el razonamiento lógico realizado por el Tribunal de alzada con lo referido por el Tribunal Sentenciador, respecto a la autoría de Elvich Daza Pomarino, tomando en cuenta, que el Tribunal de Sentencia dicta Sentencia condenatoria concluyendo que es autora indirecta; sin embargo, la Sala Penal recurrida señala que la autoría de Elvich Daza fuese autora directa, sin fundamentar ni explicar por qué habría cambiado la forma de autoría de indirecta a directa, es más utilizando la misma fundamentación del Tribunal Sentenciador, lo cual esta situación constituye vulneración al derecho a la defensa, a la seguridad jurídica y al debido proceso, considerando que son totalmente distintos los alcances jurídicos de los autores directos y los indirectos o mediatos. Este cambio de autoría establecido en el Auto de Vista recurrido, no cumple con lo previsto por el art. 124 del CPP; es decir, una adecuada fundamentación, al no dar una respuesta clara y concreta sobre el cambio de Autoría de la recurrente, no es clara por que no se advierte cual es el pensar jurídico que llevó a la determinación de la decisión, siendo la misma también confusa porque utiliza las mismas fundamentaciones del Tribunal Sentenciador, sin tener coherencia para tal determinación, por lo que resulta fundado este particular motivo.


Con relación al segundo motivo denunciado relativo a la insuficiente fundamentación en la que refiere a: b) La individualización del imputado, considerando que la sentencia no hizo una narración fáctica ni de los elementos probatorios que establezcan su participación, menos señaló cual fue su rol que desempeñó en el referido hecho.


Referente a este motivo la recurrente en apelación restringida denunció, que en la Sentencia condenatoria en ninguno de los considerandos y acápites señala cómo se habría secuestrado, cuál fue la participación del secuestro, o de qué forma cooperó, omisión que le causó indefensión, sin referir como fue la participación indirecta, indicando también que la Sentencia no contempla los presupuestos de la Autoría siendo insuficiente su fundamentación.


Al respecto, el Tribunal de alzada refirió señalando que en la sentencia 47/2014 se encuentra plenamente establecida la individualización de las partes procesales encontrándose el nombre de Elvich Daza Pomarino con sus generales de ley (fs. 1550) del cuaderno de control jurisdiccional estando también establecido la participación y las pruebas que tomó en cuenta el Tribunal para fundamentar la Sentencia, individualizando a todos los sujetos procesales cumpliendo así con el art. 370 inc. 2) de la norma sustantiva penal.


De lo descrito precedentemente se tiene que el Tribunal de alzada, realiza pronunciamientos que no son debidos, determinándose ausencia de fundamentación, pues el Tribunal de Alzada no motivó sobre las alegaciones del recurso de apelación restringida, no describió fundamentadamente cuáles son las razones por las cuales habría quedado establecida la participación de la recurrente, tampoco fundamenta sobre las pruebas tomadas en cuenta por el Tribunal Sentenciador para fundamentar la Sentencia, tampoco explica la individualización de todos los sujetos procesales que refirió; aspecto que, genera un estado de incertidumbre e indeterminación que vulnera el debido proceso, y el derecho a ser oído y el deber de fundamentación en violación de lo establecido en los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal, por lo que se considera fundado este motivo.


Respecto al tercer motivo en el que se denuncia: c) La valoración de su declaración informativa prestada en la etapa preparatoria, ya que no expone de manera clara precisa porqué dicha declaración constituiría prueba.


En su apelación restringida la recurrente denunció que se habría valorado en juicio oral, la prueba MP-40 referente a la declaración informativa policial en instalaciones de la FELCC, en contraposición de lo dispuesto por el art. 93 del CPP, señalando que la declaración del imputado no constituye prueba, atenta contra el principio de contradicción, solicitando la nulidad de la Sentencia por violación a sus derechos de la defensa.


Por otro lado, se debe considerar que el Tribunal de alzada concluyó, que todos los elementos probatorios tuvieron la valoración correspondiente bajo la sana crítica y todos de manera integral e igualitaria para fundamentar la Sentencia y siendo que el Tribunal de alzada, no puede revalorizar pruebas producidas en juicio por el principio de inmediación que tiene el Tribunal de Sentencia con los sujetos procesales y no así el Tribunal de alzada.


Analizado el presente motivo, se puede evidenciar que si bien existe una respuesta la misma no es motivada con relación al agravio interpuesto por la recurrente; ya que, no se encuentra plasmada en una respuesta clara respecto a la valoración de la declaración informativa policial en la etapa preparatoria, por lo que las declaraciones en el juicio oral, se deben valorar y efectuar dentro de las reglas de la contradicción, oralidad e inmediación característico del sistema acusatorio; y como la respuesta por parte del Tribunal de alzada no ha sido motivada generó un estado de incertidumbre e indeterminación que vulnera el debido proceso, el derecho a ser oído y el deber de fundamentación en violación de lo establecido en los arts. 124 y 398 del CPP.


Como quinto motivo traído en casación se denuncia: d) Sobre la valoración de la declaración de los testigos, [ante la denuncia de apelación sobre nulidad de Sentencia basada en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba art. 370 inc. 6) del CPP] pues señaló que no es requisito indispensable que el mismo haya tenido presencia en el acontecimiento ilícito considerando que el identikit fue reconocido por los testigos, sin que jamás se les haya exhibido tal identikit.


De acuerdo a lo denunciado en apelación restringida, por parte de la recurrente esta refirió que las declaraciones testificales de Víctor Pinta, Ladislao Gutiérrez, Sonia Paredes, Ángel Apaza, Valeria Torrez y Magaly Taboada, ninguna refirió que la misma estuvo en el lugar de los hechos tampoco la identificaron como autora del Secuestro, ni si quiera las pruebas documentales del MP31 al MP39 acreditaron dicho delito, como tampoco resultó esencial la declaración del asignado al caso para fundar culpabilidad en la recurrente, señalando finalmente que el Tribunal de juicio oral arbitrariamente excluyó la prueba extraordinaria de identikit.

    

Referente a este aspecto el Tribunal de alzada concluyó, que no existe una valoración defectuosa de la prueba siendo que las pruebas testificales en juicio han sido valoradas conforme a lo establecido por la norma, siendo que no se puede tomar como un hecho no existente la declaración de un testigo; puesto que, no es requisito indispensable que el mismo haya tenido presencia en el acontecimiento del ilícito siendo así que el identikit levantado es reconocido por los testigos que presenciaron la salida de las víctimas de su domicilio y las personas que los acompañaban dentro el vehículo el día que aconteció el secuestro, de la misma manera no se alegó por la parte apelante que derechos y garantías constitucionales se vulneraron con esta observación.


De lo descrito precedentemente se tiene que el Tribunal de alzada realiza nuevamente pronunciamientos que no son debidos, determinándose ausencia de fundamentación, pues el Tribunal de Alzada si bien refiere sobre el aspecto impugnado respecto a la falta de fundamentación de la prueba testifical, no motiva cuáles las razones por las cuales llega a esta conclusión de manera objetiva y concreta, no precisa las pruebas testificales tomadas en cuenta por el Tribunal a quo, para fundamentar su resolución, tampoco precisa concretamente y de manera clara sobre la participación de los testigos con relación al identikit, lo cual causa confusión a la recurrente; aspecto que, genera un estado de incertidumbre e indeterminación que vulnera el debido proceso, el deber de fundamentación en violación de lo establecido en los artículos 124 del Código de Procedimiento Penal, por lo que el presente motivo es debidamente fundado.


III.1.2.        En cuanto a la denuncia de pronunciamiento ultra petita.


En cuanto al cuarto motivo que se admitió por precedente en la cual denuncia que el Auto de Vista se pronuncia de manera ultra petita, al emitir valoración sobre la recurrente, refiriéndose a supuestos procesos pendientes, incurriendo en supuestos defectos absolutos previstos en el art. 169 inc. 3) del CPP e infracción al principio Tantum Devolutum Quantum Apellatum, así como al derecho a la defensa y el debido proceso. Invocando como precedente contradictorio los Autos Supremos 8/2012 de 30 de enero y 248/2012 de 10 de octubre, referidos al deber de motivación y fundamentación.


  1. Del precedente invocado.


Auto Supremo 8 de 30 de enero de 2012, emitido dentro del proceso penal seguido por el MP y otra contra SHA y otra, por la presunta comisión del delito de Lesiones Graves, teniéndose como antecedente la vulneración del art. 399 del CPP; en cuanto, a la admisibilidad de recurso de apelación restringida, siendo este antecedente que dio origen a la emisión de la siguiente doctrina legal aplicable:

Conforme a lo establecido en el art. 19 parágrafo primero de la Constitución Política del Estado, los derechos reconocidos en ella son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos.

Bajo dicha premisa de caracterización, resulta imprescindible en toda actuación procesal velar por el respeto y vigencia del derecho al debido proceso y en consecuencia de todos sus elementos constitutivos o configurativos como el derecho a la defensa, el derecho de recurrir y el derecho a la tutela judicial efectiva, entre otros.

En ese sentido, corresponde al Tribunal de Alzada velar por el ejercicio pleno de aquellos derechos y garantizar su consecución, por lo que ante la interposición de las partes agraviadas por una sentencia de su recurso de apelación restringida en el marco de su derecho a recurrir de las resoluciones judiciales, corresponde aplicar de manera objetiva lo dispuesto en el art. 399 del Código de Procedimiento Penal, ello implica, que no pueden rechazar dicho recurso por defectos de forma subsanables, por el contrario, si se evidencia que existe defecto u omisión de forma, el tribunal debe hacérselo saber al recurrente, otorgándole el plazo establecido por el art. 399 del Código de Procedimiento Penal para que lo amplíe o corrija bajo apercibimiento de rechazo, y si la parte recurrente no corrige o amplia su recurso, recién corresponde su rechazo, ello en el marco del respeto al principio pro actione puesto que si bien las formas exigidas por ley, tienen la finalidad de contribuir a la celeridad procesal, mediante la claridad y precisión en la formulación de la apelación restringida, el rechazo sólo puede ser dispuesto cuando previamente se ha concedido el plazo establecido en el precepto legal aludido; por lo que resulta atentatorio al debido proceso cuando a pesar de que se otorgó el plazo correspondiente para la subsanación y una vez cumplido dicho recaudo por parte de los apelantes, se ingrese al fondo del asunto y se declare en la parte dispositiva inadmisibilidad de un punto no observado, tornando además la resolución en incongruente, pues toda resolución al margen de contener la suficiente fundamentación y motivación, debe también ser congruente en cuanto a su contenido ya que ello importaría lesionar el derecho al debido proceso y los que éste a su vez subsume como los derechos a la defensa y al no ser condenado sin haber sido oído y juzgado”.

Que realizado el análisis del Auto Supremo invocado, se puede evidenciar que la problemática planteada es referente a la admisibilidad y aplicabilidad del art. 399 del CPP, a efectos que el Tribunal de alzada pueda otorgar los tres días hábiles, para que el recurrente reformule su recurso de apelación restringida, situación por la cual no se puede realizar la labor de contraste con dicha doctrina legal aplicable; ya que, se tratan de problemáticas distintas, por lo que no resulta contradictorio.

Por otra parte, el recurrente invoco el Auto Supremo 248 de 10 de octubre de 2012, emitido dentro del proceso penal seguido por el MP y otra contra N.A.I.L. y otra por la comisión del delito de Abuso Sexual, teniéndose como antecedente la debida fundamentación y motivación que debe tener las resoluciones judiciales al momento de resolver los agravios denunciados conforme el 398 del CPP.

“Concluido el juicio oral, corresponde al Juez o Tribunal de Sentencia, emitir la Sentencia que corresponda a través de una resolución debidamente fundamentada que comprenda una fundamentación descriptiva, fáctica, analítica o intelectiva y jurídica, lo que supone la precisión del conjunto de hechos que se tienen por ciertos o debidamente probados con los requisitos de claridad y precisión; la trascripción sintética pero completa del contenido de la prueba; la valoración propiamente dicha de la prueba o el análisis de los elementos de juicio con que se cuenta; la calificación jurídica de la conducta desplegada por el imputado, lo que importa analizar los elementos del delito como la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, esto es la labor de adecuación o no del hecho al presupuesto normativo; y, la aplicación de la pena; sólo así, se permitirá que los sujetos procesales y cualquier persona que lea la Sentencia, comprenda de dónde obtiene el Juez o Tribunal, la información que le permite llegar a una conclusión, sólo de 
esta manera, la Sentencia se explica por sí sola; incurriéndose en fundamentación insuficiente por la ausencia de cualquiera de los elementos o requisitos señalados; por ende, en el defecto previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP, cuidando además, de no caer en contradicción entre su parte dispositiva o entre ésta y la parte considerativa, puesto que de ser así, se incurriría en la previsión del art. 370 inc. 8) Del CPP”.

Que realizado el análisis de contraste realizado por este Tribunal Supremo de Justicia, con relación al Auto Supremo enunciado referido a la debida fundamentación y motivación que deben realizar los juzgadores y deben ser plasmados en Sentencia; sin embargo, este cuarto motivo enunciado para ser analizado en Casación sería el pronunciamiento del Auto de Vista recurrido de manera Ultra Petita, al emitir una valoración sobre la recurrente, refiriéndose a supuestos procesos pendientes e infracción del principio Tantum Devolutum Quantum Apellatum; por lo que la recurrente incumplió su obligación de invocar precedente cuya problemática sea similar a la suya, lo que converge en la imposibilidad, para este Tribunal, de cumplir con su labor jurisprudencial, resultando infundado este particular motivo.


III.1.3.        Sobre la denuncia de incongruencia omisiva.

En cuanto al sexto motivo en la que se denuncia incongruencia omisiva, afirmando que el Auto de Vista omitió pronunciarse sobre cada una de las denuncias expresadas en su apelación restringida, concretamente sobre la exclusión de la prueba del identikit del presunto autor del secuestro, que a decir de la recurrente constituye defecto absoluto, refiere que debe dejarse sin efecto en resguardo del debido proceso, tutela judicial efectiva e inviolabilidad de la defensa, motivo admitido por este Tribunal por el presupuesto de flexibilización al denunciar vulneración de derechos y garantías constitucionales.

Previo a ingresar a considerar la problemática planteada, se debe referir los aspectos a considerar contenidos en el Auto Supremo 123/2015 de 24 de febrero, refiere con relación a este principio de congruencia lo siguiente: “Se configura en dos modalidades: a) La primera, conocida como congruencia interna, que obliga a expresar de forma coherente todos los argumentos considerativos entre sí y de éstos con la parte resolutiva, y; b) La segunda, conocida como congruencia externa,  relativa a la exigencia de correspondencia o armonía entre la pretensión u objeto del proceso y la decisión judicial. Este tipo de congruencia queda afectado en los siguientes supuestos: 1) La incongruencia omisiva o ex silentio, que se presenta cuando el órgano jurisdiccional omite contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes2) La incongruencia por exceso o extra petita (petitum), se produce cuando el pronunciamiento judicial excede las peticiones realizadas por el recurrente, incluyendo temas no demandados o denunciados, impidiendo a las partes la posibilidad de efectuar las alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses relacionados con lo decidido; 3) La incongruencia por error, que se da cuando en una sola resolución se incurre en las dos anteriores clases de incongruencia, entendiéndose por tanto, que el órgano judicial, por cualquier tipo de error sufrido, no resuelve sobre los motivos del recurso, sino que equivocadamente lo hace sobre aspectos totalmente ajenos a los planteados, dejando sin respuesta las pretensiones del recurrente”.


Refiriendo al motivo de casación en apelación restringida la recurrente denunció dentro del art. 370 inc. 6) del CPP, referente a la valoración defectuosa de la prueba con relación al identikit que el Tribunal de juicio oral de manera arbitraria excluyó la prueba extraordinaria presentada elaborado por la policía en base a los datos proporcionados por testigos, en la que se apreciaba que se trataba de una persona joven de contextura gruesa quien ni se parecía a Ernesto Bermúdez, refiriendo también que el asignado no logró la identificación plena por tener dudas. 


Asimismo, el Tribunal de alzada a este aspecto concluyó que no existe una valoración defectuosa de la prueba siendo que las pruebas testificales en juicio han sido valoradas conforme lo establecido por la norma, siendo que no se puede tomar como un hecho no existente la declaración de un testigo, puesto que no es requisito indispensable que el mismo haya tenido presencia en el acontecimiento del ilícito, siendo así que el identikit levantado es reconocido por los testigos que presenciaron la salida de las víctimas de su domicilio y las personas que los acompañaban dentro del vehículo el día que aconteció el Secuestro, de la misma manera no se alegó por la parte apelante qué derechos y garantías constitucionales se vulneraron con esta observación. 


Ahora bien, al respecto de la problemática planteada es evidente que el principio de la congruencia omisiva es referida a la omisión por parte de las pretensiones del recurrente con relación a la resolución del Tribunal de Alzada, sin embargo analizado el presente caso, referente al motivo de casación respecto a la omisión de haberse pronunciado sobre la exclusión probatoria de la prueba del identikit, si bien es cierto que dentro de los razonamientos del Tribunal de alzada existe una respuesta omisiva que si bien refiere al identikit que es reconocido por los testigos que presenciaron la salida de las víctimas, pero no menciona respecto a la denuncia que alegó la recurrente; es decir, de la exclusión probatoria de la prueba extraordinaria del identikit por parte del Tribunal de juicio oral, a efectos de que la recurrente conozca si fue o no correcta tal actuación y otorgarle una respuesta sea esta positiva o negativa a sus pretensiones, situación por la cual se evidencia una incongruencia omisiva; ya que, existe una omisión de fundamentación respecto a la pretensión de la parte agraviada; genera un estado de incertidumbre e indeterminación que vulnera el debido proceso, el derecho a ser oído y el deber de fundamentación  en violación de lo establecido en los arts. 124 y 398 del CPP,  omisión que denota una incongruencia omisiva, por lo que este motivo también deviene en fundado.

III.2. Del Análisis del recurso de casación de Teresa Hinojosa Barragán.  

En cuanto a los motivos señalados por la recurrente, que fueron admitidos por el presupuesto de flexibilización en la cual reclama falta de fundamentación del Auto de Vista, sobre cada uno de los puntos impugnados y vulneración de principios como el debido proceso y la seguridad jurídica.

Con relación al primer motivo, en la que denuncia la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, señala que el Tribunal de alzada simplemente transcribe el artículo y describe el delito de secuestro y no fundamenta, por qué la sentencia estaría correctamente pronunciada.

Referente a este aspecto la recurrente al momento de interponer apelación restringida con relación a la denuncia previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, refirió que no se habría hecho la subsunción del hecho al derecho respecto a los hechos probados no menciona la participación, sin que haya una prueba incriminatoria, que los testigos no habrían referido de ningún monto de dinero ni que su persona estaría presente en el momento que salieron los esposos Taboada. Al margen de aquello, en la parte de la fundamentación jurídica refirió que se analice el tipo objetivo, pues el principio de tipicidad exige que entre los hechos imputados y la supuesta conducta infractora descrita en la norma exista una plena concordancia, este principio exige que exista una precisa correlación entre el ilícito y la acción imputada mediante una correcta subsunción de los hechos probados con el tipo sancionador aplicado. Y por último también, refirió que el Tribunal de Sentencia aplicó de forma errónea el art. 334 del CP; ya que, no se comprobó que su persona hubiese secuestrado a los esposos Taboada, por lo que el delito se consuma con la detención de la persona a la fuerza, privándole de su libertad, que quede como prenda o garantía del pago exigido; ya que, pareciera que habría sido juzgado por los delitos de estelionato y falsedad.

Asimismo, el Auto de Vista señaló que este delito de secuestro si bien el delito figura contra la propiedad de manera que en cuanto a la libertad no es tenida por el delincuente sino como un medio de extorción; en consecuencia, ambas figuras son independientes de modos operandi en relación a este delito está la violencia  que se ejerce para la privación de libertad, de la misma manera se sostiene que el secuestro se consuma con la privación de libertad si esta se realiza con la finalidad típica de obtener rescate, obtener indebida ventaja o concesión, siendo incluso innecesario que la víctima se entere de la exigencia del autor adhiriendo a esto el dolo como elemento subjetivo vinculado a la conducta del acusado.

De lo anteriormente expuesto, analizado la problemática planteada, se evidencia una falta de fundamentación expresa referente al agravio denunciado por la recurrente; en cuanto, a la errónea aplicación de la ley sustantiva referente a la subsunción al tipo penal de secuestro; que si bien el Tribunal de alzada describe y fundamenta el tipo penal, no motiva por que la Sentencia estaría correctamente pronunciada referente a la subsunción y la participación concreta de la recurrente; ya que, debió dar respuesta clara y motivada de las impugnaciones realizadas por la recurrente. Por lo que, se evidencia que el pronunciamiento del Tribunal de alzada no son debidos y genera un estado de indefensión, incertidumbre e indeterminación que vulnera el debido proceso, la seguridad jurídica, el deber de fundamentación en violación de lo establecido en los arts. 124 del CPP.


Con relación al segundo motivo, en la que denuncia de que el imputado no esté suficientemente individualizado, previsto en el art. 370 inc. 2) del CPP, refiere que el Tribunal de alzada solo hace una apreciación de que tanto su persona como su participación esta individualizada, sin identificar cuáles son las pruebas que la incriminan en el delito de secuestro.


La recurrente refirió en apelación restringida relacionado a este defecto, que en Sentencia en ningún considerando o acápite se señaló como habría secuestrado a los esposos Taboada, cuál fue su participación, si se secuestró en conjunto o individualmente, o de qué forma cooperó en el Secuestro, omisión que constituyó vulneración al derecho a la defensa. También refirió, que su participación fue directa, sin mencionar como fue esa directa participación de la recurrente ni que pruebas existen al respecto.  


El Tribunal de alzada concluyó que en la Sentencia se encuentra plenamente establecida la individualización de las partes procesales, encontrándose el nombre de Teresa Hinojosa Barragán con sus generales (fs. 1550) estando establecido la participación y las pruebas; asimismo, se individualizo a todos los sujetos procesales cumpliendo con el art. 370 inc. 2) de la norma sustantiva penal.


De lo descrito precedentemente se tiene que el Tribunal de alzada realiza pronunciamientos que no son debidos, si bien refiere que la recurrente se encuentra plenamente identificada en la sentencia y también su participación, pero lo realiza de forma genérica, sin motivar concretamente, por que ha llegado a dicho entendimiento racional de forma específica con relación al accionar de la recurrente, cuál ha sido esa participación a la que se alega en el Auto de Vista, determinándose por estas carencias, la ausencia de fundamentación, pues el Tribunal de Alzada no motivó sobre las alegaciones del recurso de apelación restringida, tampoco fundamenta sobre las pruebas tomadas; en cuenta, por el Tribunal Sentenciador para fundamentar la Sentencia, no explica la individualización de todos los sujetos procesales que refirió; aspecto que, genera un estado de incertidumbre, indefensión e indeterminación que vulnera el debido proceso, la seguridad jurídica y el deber de fundamentación en violación de lo establecido en los artículos 124 del Código de Procedimiento Penal; puesto que, no refirió cuáles son los motivos por las cuales llego a la respectiva fundamentación, declarándose fundado este motivo.


Con relación al tercer motivo, en la que se denuncia que la Sentencia se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio o incorporados por su lectura, el Tribunal de alzada señaló que no puede hacer una revalorización de la prueba; empero, tampoco manifestó si su declaración informativa policial debe ser considerada o no en juicio como prueba.


Sobre este aspecto la recurrente en apelación restringida denunció referente al inc. 4) del art. 370 del CPP, que la Sentencia valoró como fundamento para condenarla la prueba MP-40, referida a la declaración informativa policial de Elvich Daza Pomarino, refiriendo que violaría el art. 93 del CPP; ya que, dicha declaración está sujeta a principios de contradicción bilateralidad, controversia. 


Al respecto, el Tribunal de alzada señaló que la Sentencia se basó en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación a las normas de este título, siendo que todos los elementos probatorios tuvieron la valoración correspondiente, bajo la sana crítica de manera integral e igualitaria para fundamentar la Sentencia y que el Tribunal de alzada no puede revalorizar las pruebas producidas en juicio por el principio de inmediación que tiene el Tribunal de Sentencia con los sujetos procesales y no así el Tribunal de alzada.


De lo anteriormente descrito, e ingresando en la problemática planteada, se tiene que el Tribunal de alzada si bien ha fundamentado una respuesta, la misma no ha sido motivada, en explicar por qué habría llegado a dicha determinación, no ha señalado a que elementos probatorios se refiere para concluir que la Sentencia se encuentra correctamente valorada de manera integral, como tampoco se ha referido sobre el motivo alegado de que si la declaración de Elvich Daza Pomarino en celdas de la FELCC, debería ser considerada o no en juicio como prueba y si se vulneró o no el art. 93 del CPP, pues debió pronunciarse sobre este aspecto, analizando si dicha declaración fuese o no atentatoria a sus derechos de la recurrente, por lo que se deduce que el Tribunal de alzada realiza pronunciamientos que no son debidos; aspecto que, genera un estado de incertidumbre, indefensión e indeterminación que vulnera el debido proceso, la seguridad jurídica y el deber de fundamentación en violación de lo establecido en los artículos 124 del CPP, por lo que se considera fundado este motivo.


Con relación al cuarto motivo, se denuncia que no existe una fundamentación de la sentencia, siendo esta insuficiente o contradictoria, el Tribunal de apelación manifestó que la Sentencia se encuentra debidamente fundamentada, sin manifestar como se ha fundamentado en flagrante negación a la justicia, porque no se consideró siquiera la basta jurisprudencia glosada en su recurso de apelación restringida.


La recurrente en apelación restringida denunció que la Sentencia no se encontraba debidamente fundamentada conforme lo establece el art. 124 del CPP, indicó también que la Sentencia señala como hechos probados el secuestro de los esposos Taboada sin referir a prueba alguna, refirió que en Sentencia se demostró que Ernesto Bermúdez y Elvich Daza han efectuado actos de disposición sobre el inmueble, sin precisar en qué fecha y que bienes dispusieron. También, hizo referencia que en Sentencia se ha demostrado la participación en forma directa de Ernesto Bermúdez el mismo que fue observado en el interior de la movilidad conjuntamente las víctimas del día del suceso; sin embargo, no precisa quienes son los testigos que hubieran visto ni se señaló la fecha en que habría acontecido el supuesto hecho que se investigó. Por último, indicó que el derecho a una motivación y fundamentación es una de las garantías del debido proceso. 


A tal efecto, el Tribunal de alzada frente a la denuncia realizada refirió que el Tribunal de Sentencia realizó la correspondiente fundamentación habiéndose demostrado que Ernesto Bermúdez, Elvich Daza Pomarino y Teresa Hinojosa Barragán son autores de los delitos atribuidos; ya que, al emitir Sentencia el Tribunal no sólo consideró las pruebas presentadas sino que se señaló cada una de las mismas de manera precisa e individualizada demostrando la participación de los imputados en el hecho delictivo.


De lo descrito precedentemente, ingresando a la problemática planteada sobre este motivo, se tiene que los pronunciamientos del Tribunal de alzada no son debidos, si bien refiere que la sentencia condenatoria tiene la debida fundamentación; ya que, considera las pruebas y las detalla cada una demostrando su participación, esta resulta una fundamentación global, genérica, no es precisa ya que no enuncia fundamentadamente a qué pruebas se refiere, tampoco señala de qué manera el Tribunal de alzada llegó a la conclusión de que en la Sentencia cursan la participación fundada de que los acusados son autores de los delitos atribuidos, por lo que se deduce que el Tribunal de alzada realiza pronunciamientos insuficientes; aspecto que, genera un estado de incertidumbre, indefensión e indeterminación que vulnera el debido proceso, la seguridad jurídica y el deber de fundamentación en violación de lo establecido en los artículos 124 del CPP, por lo que se considera también fundado este motivo.


En cuanto al quinto motivo en la que se denuncia el defecto de la sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, referido a que la sentencia se basó en hechos inexistentes o en la valoración defectuosa de la prueba, afirmando que pese a que su apelación restringida cuenta con fundamentación de hecho y derecho con precedentes contradictorios en más de diez hojas, el Tribunal de alzada resolvió en doce reglones sin la debida fundamentación.


La recurrente en apelación restringida sobre el particular motivo, refirió que la Sentencia se basó en hechos inexistentes pues de las declaraciones testificales de Víctor Pinta, Ladislao Gutiérrez, Sonia Paredes, Ángel Apaza, Valeria Torrez y Magaly Taboada, ninguno de los mismos estuvo en el lugar de los hechos, ni habrían identificado como autora del secuestro, como no la vieron el día de los hechos, ni si quiera las pruebas documentales de MP31 al MP39 acreditaron dicho delito, como tampoco resultó esencial la declaración del asignado al caso para fundar culpabilidad en la recurrente, señalando finalmente que el Tribunal de juicio oral arbitrariamente excluyó la prueba extraordinaria de identikit.


Referente a este aspecto el Tribunal de alzada concluyó, se tiene que no existe una valoración defectuosa de la prueba, porque las pruebas testificales en juicio han sido valoradas conforme a lo establecido por la norma, puesto que no se puede tomar como un hecho no existente la declaración de un testigo; puesto que, no es requisito indispensable que el mismo haya tenido presencia en el acontecimiento del ilícito, así el identikit levantado es reconocido por los testigos que presenciaron la salida de las víctimas de su domicilio y las personas que los acompañaban dentro del vehículo el día que aconteció el Secuestro, de la misma manera no se alegó por la parte apelante que derechos y garantías constitucionales se vulneraron con esta observación.


De lo precedentemente señalado, e ingresando a la problemática planteada, se tiene que el Tribunal de alzada otorga una respuesta al recurrente de forma genérica, escueta, no fundamenta por qué llegó a esta conclusión que no se habría valorado defectuosamente las pruebas, no enuncia a qué pruebas se refiere, tampoco motiva porque llegó a la determinación que las pruebas testificales habrían sido valoradas conforme a la norma, siendo estas respuestas indebidas e insuficientes; aspecto que, genera un estado de incertidumbre, indefensión e indeterminación a la recurrente que vulnera el debido proceso, la seguridad jurídica y el deber de fundamentación en violación de lo establecido en los artículos 124 del CPP, resultando en fundado también este motivo.


Por los fundamentos expuestos precedentemente, este Tribunal llega a la conclusión de que el Tribunal de alzada, al momento de pronunciar el Auto de Vista impugnado no obró correctamente, pues lo realizó de una manera infundada e inmotivada, correspondiendo en consecuencia dejar sin efecto la resolución impugnada, recomendando a la Sala Penal Primera del Tribunal de Justicia de La Paz, tomar en cuenta los fundamentos de esta doctrina legal establecida en la presente resolución al momento de emitir nueva resolución.

 

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP y lo previsto por el art. 42.I.1 de la LOJ, declara FUNDADO los recursos de casación interpuesto por Elvich Daza Pomarino, cursante de fs. 2425 a 2443 vta. y Teresa Hinojosa Barragán, de fs. 2458 a 2472, con los fundamentos expuestos precedentemente y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 56 de 21 de septiembre de 2015, y sus Autos Complementarios de 23 y 25 de noviembre de 2015, previo sorteo y sin espera de turno pronuncie nuevo Auto de Vista en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante copias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para que por medio de sus presidentes, bajo responsabilidad, pongan en conocimiento de los jueces en materia penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos