TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 070/2018

Sucre, 14 de febrero de 2018


Expediente        : Cochabamba 2/2016

Parte Acusadora        : Pedro Ignacio Basaure Forgues

Parte Imputada        : Sergio Antonio Verduguez Guzmán

Delitos        : Apropiación Indebida y otro


RESULTANDO


La Sentencia de 29 de septiembre de 2017, cursante de fs. 785 vta. a 793, la Juez Público Primero de la Niñez y Adolescencia constituida en Jueza de garantías constitucionales, concedió la tutela solicitada por Sergio Antonio Verduguez Guzmán disponiendo anular el Auto Supremo 949/2016 de 30 de noviembre; y memorial presentado el 21 de octubre de 2016, cursante de fs. 594 a 602 vta., Sergio Antonio Verduguez Guzmán, opone excepción extinción de la acción penal por Prescripción y duración máxima del proceso, dentro del proceso penal seguido en su contra por Pedro Ignacio Basaure Forgues, por la presunta comisión del delito de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del Código Penal (CP).


I. ARGUMENTOS DE LA EXCEPCIÓN OPUESTA


El excepcionista refiere que aparentemente el delito fue cometido el 21 de septiembre de 2010 y un último cobro el 13 de mayo de 2011, el requerimiento de restitución de dineros fue el 26 de marzo de 2012 y remitida el 2 de abril de 2012, aseverando que a partir de la consumación del supuesto tipo penal hasta la fecha de presentación, hubiesen transcurrió más de cinco años, sin existir causas de interrupción, debido que hasta el presente no existe sentencia ejecutoriada, dilación que sería imputable al querellante; en consecuencia, se hubiese violentado sus derechos, al debido proceso, a la presunción de inocencia y al ser juzgado en un plazo razonable. Asimismo, cita el art. 29 inc. 2) del Código de Procedimiento Penal (CPP), afirmando que el término para la prescripción para ambos delitos; es decir, para la Apropiación Indebida y el Abuso de Confianza, comienzan a correr desde la media noche del 21 de septiembre de 2010, que al tratarse de delitos instantáneos, el hecho “no consentido” comenzó a correr desde la media noche del 13 de mayo de 2011 (último cobro), por lo que hubiese transcurrido más de cinco años desde la media noche del día en que se materializó el hecho penal, reiterando, en que no existiese ningún acto que interrumpa o suspenda el término de la prescripción de acuerdo a lo previsto por los arts. 31 y 32 del CPP y el Auto Supremo 18 de 8 de enero de 2008 de la Sala Penal Primera, Sentencia Constitucional 1030/2003-R de 21 de julio y Auto Supremo 120-P de 20 de marzo de 2006 (referentes a la extinción de la acción penal y a la prescripción). Indica que de acuerdo a lo establecido por los arts. 29 al 32 del CPP, se debe tener en cuenta la denuncia o comunicación del inicio de investigación al Juez de Instrucción de turno, que en el caso de autos, la carta notariada de requerimiento, no constituyen hitos procesales que interrumpen o suspenden el término de la prescripción, por no constar dentro en las previsiones legales señaladas.


En base a lo vertido, considera que la pena máxima de los delitos referidos, en ambos casos es mayor a dos años y menor a seis años, por lo que operaría la Prescripción de la Acción prevista en el art. 29 inc. 2) del CPP; toda vez, que hubiese transcurrido más de cinco años, desde la comisión del hecho hasta el momento de la interposición del incidente que se resuelve, insistiendo que ni la carta notariada, la presentación de la acusación particular o la sustanciación del proceso en sí, implican actos constitutivos de interrupción o de suspensión del término de la prescripción, al no estar contemplados en la ley.


También, cita la Sentencia Constitucional 0670/2015 S1 de 26 de junio, advirtiendo que se corre el riesgo de condenar a un inocente por el tiempo transcurrido en infracción de su derecho a la defensa, que con el transcurso del tiempo incrementa el riesgo del error judicial, al encontrarse debilitadas las pruebas de la defensa conectada a su vez con la seguridad jurídica, que a efectos de justificar la procedencia de la extinción planteada invoca la Sentencia Constitucional Plurinacional 245/2006-R, normativa internacional sobre Derechos Humanos que según la doctrina integran el bloque de constitucionalidad y tienen “razón constitucional” de acuerdo a las Sentencias Constitucionales 1494/2003-R, 1662/2003-R y 69/2004. Asevera que de acuerdo al art. 133 del CPP, la duración máxima del proceso es de tres años, desde el primer acto del procesamiento, salvo el caso de rebeldía (art. 5 del CPP), el plazo se computa desde la denuncia en sede administrativa o policial, que en el caso presente sería el requerimiento mediante carta notariada, lo contrario significaría mantener al imputado en un estado de zozobra e inseguridad jurídica; ya que, la Sentencia Constitucional 1036/2002-R de 29 de agosto, si se concebiría la posibilidad de que con cada nulidad dispuesta se reiniciara el computo del plazo previsto por el art. 133 del CPP, el imputado no tendría certeza  jurídica sobre la duración del proceso penal, prolongándose de manera indefinida por posibles dilaciones ocasionadas por las autoridades judiciales o querellante. Argumenta que la línea jurisprudencial definió los derechos y actuaciones de la defensa del imputado, no pudiéndose justificar el periodo de las vacaciones judiciales, aun sumando, llegaría a setenta días que no afectan a los cuatro años que el proceso ya tiene por propia decisión del querellante o acusador particular y cita la Sentencia Constitucional 0009/2015-S2.


Finalmente, identifica como las piezas que justifican la excepción:


  1. La carta notariada en la que se le hace el requerimiento de restitución de dineros de 16 de marzo de 2012, entregada el 2 de abril de 2012, así como su respuesta a la misma de 4 de abril de 2012 que se encuentran adjuntas a la querella;


  1. La querella o acusación particular a instancia del apoderado de Pedro Basaure (Hugo Marañon), en la que efectúa una relación de los hechos y reconoce expresamente que el primer cobro se habría dado el 21 de septiembre de 2010 y el último en 13 de mayo de 2011;


  1. Refiere que consta la judicialización de pruebas y señalamiento de juicio, que luego de las declaraciones testificales y demás pruebas, surge la Sentencia de 15 de enero de 2015;


  1. Los recursos de apelación del querellante y de su parte concedidos por providencia de 16 de marzo de 2015; y,


  1. El Auto de Vista de 15 de diciembre de 2015, diligencias y recurso de casación que interpuso, el que luego de los trámites previos, fue remitido ante este Tribunal, afirma también que no es necesario individualizar pruebas que no hacen a la solicitud, sin tener evidencia de actos dilatorios en el proceso.


Por lo que impetra: “FORMULO INCIDENTE DE EXTINCIÓN DE  LA ACCIÓN PENAL POR DURACIÓN MÁXIMA DEL PROCESO, conforme a los artículos 308 Inc. 4, 27 Inc. 10 del Código de Procedimiento Penal, PIDIENDO a vuestro Tribunal declare la extinción de la acción, previa compulsa de antecedentes” (sic).

 

II. RESPUESTA A LA EXCEPCIÓN OPUESTA


Mediante decreto de 24 de octubre de 2016 (fs. 603), conforme lo dispuesto por el art. 314 del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014, se corrió traslado a la parte adversa; en cuyo mérito, José Hugo Marañon Menduiña en representación de Pedro Ignacio Basaure Forgues argumenta que no obstante  el inicio del proceso y la existencia de una sentencia condenatoria, el acusado continua con su conducta antijurídica de no restituir lo cobrado a favor de su mandante que son producto de beneficios sociales y considerando que el delito de apropiación indebida es de carácter permanente a la fecha no se ha cumplido el plazo de la prescripción; puesto que, el delito de apropiación indebida no está contemplado en un contrato que fije un plazo para dicho fin, que en el presente caso de autos, la actuación del acusado tuvo su origen en su condición de abogado y apoderado de su mandante dentro del proceso laboral por cobro de beneficios sociales seguido en contra del Lloyd Aéreo Boliviano, en el que realizó los cobros, afirmando que es evidente que se le cursó la carta notariada de 26 de marzo de 2012, que le fue notificada el 2 de abril de 2012, que al no existir plazo predeterminado para la devolución o restitución de los dineros debieron tomar en cuenta la mora del obligado, que en el presente caso es la carta notariada de 2 de abril de 2012, en la que se pide que se lo intime y conmine a la devolución y/o restitución de los dineros cobrados en su calidad de apoderado, por lo que si se toma como base esa fecha, el plazo estipulado por el art. 29 inc. 2) del CPP, no se cumplió, no transcurrieron los cinco años que hagan viable la prescripción del delito por lo que corresponde rechazar la excepción.


También, en cuanto a la extinción por vencimiento de plazo, señala que este  incidente ya fue planteado y resuelto; empero, con malicia nuevamente es introducido en el memorial de autos, reiterando el fundamento fáctico de que la acción penal tuvo su inicio por el reclamo efectuado mediante carta notariada de 26 de marzo de 2012, por la que se le solicita la restitución de los dineros cobrados, carta que la considera acto inicial del proceso, en ese sentido afirma que incumple requisitos formales que regula la Sentencia Constitucional 101/2004 de 14 de septiembre y Auto Constitucional 0079/2004 de 29 de septiembre en las que afirma se establece la procedencia de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, que no está circunscrita solo al plazo previsto por ley, sino a que la dilación del proceso más allá del plazo máximo establecido sea atribuible al Órgano Judicial y/o Ministerio Público y no al imputado, se debe fundamentar que la mora procesal es responsabilidad del Órgano Judicial o del Ministerio Público precisando en qué partes del expediente se encuentran los actuados procesales que provocaron la demora; sin embargo, en el presente caso el acusado incumplió con estos requisitos, limitándose sólo a indicar en forma reiterativa su erróneo razonamiento de que el acto inicial del proceso es la carta notariada, sin fundamentar debidamente ni señalar algún acto dilatorio en que hubiere incurrido el Órgano Judicial; en consecuencia, precisa que la acción privada se inicia con la notificación al imputado con la admisión de la acusación particular, habiéndose admitido la acusación particular por Auto de 21 de mayo de 2014, corrida en traslado al acusado fue notificado con estas actuaciones mediante edictos de fechas 28 de agosto de 2014 y 4 de septiembre del mismo año, por lo que el cómputo del plazo previsto por el art. 133 del CPP, es desde la primera publicación del edicto, (a diferencia de la acción pública estipulada en la Sentencia Constitucional 0023/2007-R de 16 de enero de 2007), hasta la fecha transcurrió solo dos años y 2 meses.


Subsiguientemente, refiere actos dilatorios del acusado, manifestando que ha intentado por todos los medios dilatar el proceso, lo cual fue frenado por Juez a quo conminándolo a presentarse a las audiencias e inclusive estos actos dilatorios, también los hace ante este tribunal con el planteamiento de reiterados incidentes  que imposibilitan se pueda resolver el fondo del proceso. Adicionalmente, señala que por memorial de 8 de diciembre de 2014, el acusado sin acompañar ningún documento que acredite el impedimento solicito suspensión de audiencia fijada para el 15 del mismo mes y año, sin que se haya presentado en la audiencia reprogramada para el 18 de diciembre de 2014, por lo que fue declarado rebelde cancelado por auto de 23 de diciembre de 2014.


III. RESOLUCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL


Por Sentencia de 29 de septiembre de 2017 (fs. 785 vta. a 793), la Juez Público Primero de la Niñez y Adolescencia constituida en Jueza de garantías constitucionales, concedió la tutela solicitada por Sergio Antonio Verduguez Guzmán disponiendo anular el Auto Supremo 949/2016 de 30 de noviembre, disponiendo que esta Sala Penal dicte un nuevo Auto Supremo resolviendo la excepción planteada con la debida congruencia, fundamentación y motivación, bajo los parámetros o lineamientos expuestos, que se pasa a detallar:


“…De los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que mediante memorial que corre de fs. 1628 a 1636, el ahora accionante interpuso excepción de extinción de la acción penal por prescripción haciendo a la vez mención el planteamiento de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, cumplidos los tramites de ley, el Tribunal de Justicia Sala Penal, mediante Auto 949/2016 de 30 de noviembre del 2016 que correa fs. 1649 a 1654 declaró infundada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción y por duración máxima del proceso, opuesta por el acusado Sergio Verduguez Guzmán.


Que, de la lectura de la excepción que motiva el Auto Supremo objeto de Acción de Amparo, se tiene que la misma pretende la extinción de la acción penal por prescripción, fundando la misma en el Art. 26 Numeral 2 del Código de Procedimiento Penal. Así mismo, se evidencia que la solicitud al haber sido planteada de esa forma, es admitida como tal por decreto de 24 de octubre de 2016, y corrida en traslado al querellante o acusado particular este responde a la misma con los argumentos que constan en su memorial.


Que, de la revisión de antecedentes se evidencia que la acusación particular tiene su inicio en 24 de septiembre de 2013, acusando la comisión de los delitos de apropiación indebida y abuso de confianza, hecho sucedido entre el 21 de septiembre de 2010 y 13 de mayo de 2011. Se evidencia también, que el acusador particular da inicio previo a una querella que fue rechazada, y posteriormente a una medida preparatoria y consiguiente acusación particular resultando de la revocatoria de ese rechazo.


Que, en el proceso penal se emite sentencia condenando al accionante a dos años de reclusión y multa de 100 días, sentencia que es apelada por ambas partes dictándose el correspondiente Auto de Vista, que revoca en parte la sentencia apelada dando lugar al recurso del acusador particular, modificando la pena a reclusión de dos años y ocho meses por la agravante descrita. Dicho Auto de Vista es también objeto de recursos de casación por ambas partes, habiéndose admitido únicamente el del accionante, que motiva la remisión del expediente ante el Tribunal Supremo de Justicia.


Interpuesta la excepción de extinción penal por prescripción, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia emite el Auto Supremo Nº 949/2016 de 30 de noviembre de 2016, en el que declara infundada la excepción haciendo cita de la extinción por prescripción señalando el art. 29 del CPP, y posteriormente haciendo cita de la extinción por duración máxima del proceso, sustentando el fondo de la resolución de esta última por haber sido planteada la excepción de manera confusa y, soslayando el excepcionista su deber de exponer fundadamente de qué modo se produce la extinción de la acción penal, demostrando que no concurren las causales de suspensión o interrupción del termino en cuestión, a través de prueba idónea y pertinente, conforme exige el art. 314 del CPP, no obstante de que estos extremos ya fueron resueltos anteriormente en el Auto Supremo 626/2016 de 23 de agosto de 2016, por lo que correspondería ningún pronunciamiento de fondo.


Que, revisados los antecedentes y los argumentos de del Auto Supremo Nº 949/2016, se evidencia que el mismo es contradictorio en cuanto a lo solicitado y lo resuelto, y de otra parte el mismo no sustenta efectivamente bajo qué argumentos declara infundada la excepción opuesta salvo la confusión en el planteamiento de la misma, incurriendo en omisión que justifica la vulneración invocada por el accionante.


Es pertinente referirse al contenido del Art. 29 Numeral 2 del CPP, en cuanto al Núm. 8 del Art. 27 que la prescripción de la acción se opera a los cinco años en delitos cuya pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea menor a seis meses y mayor a dos años. Bajo esta normativa, se evidencia que los hechos que se han juzgado habrían sido cometidos entre el 21 de septiembre de 2010 y el 13 de mayo de 2011.


Que, a criterio de la suscrita, si bien el Auto Supremo sostiene que la excepción fue planteada de forma confusa, al haberse invocado la extinción de la acción penal por prescripción y la extinción penal por duración máxima del proceso, las autoridades accionadas de forma clara y bajo el principio de la congruencia, debieron fundamentar los motivos por los cuales no resuelven en el fondo la excepción de prescripción de la acción penal, dado que fundamentan que dicha fundamentación se encuentra contenida en el fundamento jurídico III-1) del Auto Supremo como contradicción porque el fundamento III-1) corresponde a la competencia de este tribunal para resolver cuestiones incidentales referidas a la extinción de la acción penal. El tribunal emite un fallo que viola los derechos del accionante al debido proceso y la tutela judicial efectiva, cuyo resultado es el rechazo a la excepción, habiendo incluso confirmado el exceso emitiendo el auto supremo de fondo luego de más de cinco años del requerimiento que habría sido el fundamento de las autoridades accionadas para rechazar la excepción, elemento que sustenta la vulneración del derecho a la seguridad jurídica.

  

Que, al haber efectuado el computo de plazos previstos por la norma procesal penal en el caso de autos, se evidencia que las autoridades accionadas incurren en error sin justificar la decisión, teniendo en cuenta que los recursos obedecen al derecho de las partes a impugnar las resoluciones de instancia, que no pueden sustentar un criterio de dilaciones ya que el Tribunal Supremo ha emitido sus resoluciones en un orden cronológico en el que las partes no intervienen…” (sic).

IV. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LA EXCEPCION OPUESTA


Del análisis de los antecedentes y fundamentos expuestos por el excepcionista, la parte contraria en su respuesta y la Resolución de la Acción de Amparo Constitucional corresponde analizar y resolver la pretensión planteada, a través de una resolución fundamentada en observancia del art. 124 del CPP.


IV.1.        De la competencia de este Tribunal para resolver cuestiones incidentales referidas a la extinción de la acción penal.


El Tribunal Constitucional Plurinacional, efectuando una reconducción de la línea asumida por el Tribunal Constitucional de transición en cuanto a los Jueces y Tribunales competentes para resolver las Excepciones o Incidentes de solicitud de Extinción de la Acción Penal, estableció el siguiente razonamiento, que este Máximo Tribunal de Justicia ordinaria, tiene el deber de acatar en mérito al carácter vinculante y cumplimiento obligatorio que los pronunciamientos constitucionales ostentan en mérito al art. 203 de la CPE.


Así la Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, estableció el siguiente entendimiento: “Pues bien, al estar fijados los entendimientos desarrollados precedentemente, los fundamentos de la SC 1716/2010-R, no constituyen argumentos suficientes para determinar que la única autoridad competente para asumir el conocimiento de los incidentes de extinción de la acción penal, sean las autoridades jurisdiccionales que emitieron la sentencia de primera instancia, sino que, en virtud a lo establecido por el art. 44 del CPP, Él juez o tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las
cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas´. En este sentido, es menester dejar establecido que, la autoridad competente para asumir el conocimiento y resolver los incidentes de extinción de la acción penal, ya sea por duración máxima del proceso o por prescripción, es el juez o Tribunal donde radica la causa principal, así, si el planteamiento de la excepción se da en etapa de apelación o casación, las decisiones emergentes de las salas penales y del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud los entendimientos plasmados precedentemente, pero fundamentalmente por la naturaleza de la etapa procesal, no admiten impugnación; en efecto, lo que se pretende es evitar las exageradas dilaciones que conllevan las peticiones y envíos de expedientes entre el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales o jueces conocedores de la causa principal, que a cuya consecuencia, en muchos casos, se han postergado innecesariamente las decisiones oportunas en cuanto al fondo del proceso se refiere, muchas veces por las comunicaciones inoportunas de los jueces y tribunales conocedores de la causa principal, como ocurrió en el caso analizado; asimismo, como se expresó, la interposición de los incidentes ante las prenombradas autoridades, en la práctica sirvió para paralizar el pronunciamiento de fondo, ya que inclusive, estando sorteada la causa, el máximo Tribunal de justicia ordinaria, se vio impedido de emitir la resolución mientras no esté resuelta la excepción ante el Juez de instancia, lo que sin duda constituye una clara vulneración de los derechos a ser juzgado dentro de un plazo razonable, de acceso a la justicia y una afrenta a la vigencia del principio de celeridad y también de concentración de actos. En este sentido, cuando el justiciable decida plantear extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, deberá formularlo ante el Juez o Tribunal que conoce la causa principal; sin embargo, también es imperioso aclarar que, si el incidente fuere suscitado ante el Juez de Instrucción en lo Penal o, ante los Tribunales o Jueces de Sentencia Penal, sus decisiones efectivamente son impugnables, ya que la naturaleza de la etapa procesal así lo permite. El presente entendimiento implica la reconducción de la línea jurisprudencial establecida en la SC 1716/2010-R a los entendimientos asumidos en la SC `0245/2006´, que emergió de los razonamientos establecidos en las SSCC `0101/2004, 1868/2004-R, 0036/2005, 0105-R, 1365/2005-R´y AC 0079/2004-ECA.”


IV.2. De la base legal y jurisprudencial sobre la extinción de la acción penal por prescripción y por duración máxima del proceso.


El art. 315 del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014, señala que: I) La o el Juez o Tribunal, dictará resolución fundamentada conforme a los plazos previstos en el Artículo precedente, declarando fundada o infundada las excepciones y/o incidentes, según corresponda; II) Cuando las excepciones y/o incidentes sean manifiestamente improcedentes, por carecer de fundamento y prueba, la o el Juez o Tribunal, deberá rechazarlas in limine sin recurso ulterior, en el plazo de veinticuatro (24) horas, sin necesidad de audiencia y sin mayor trámite; III) En caso de que las excepciones y/o incidentes sean declaradas manifiestamente dilatorias, maliciosas y/o temerarias, interrumpirán los plazos de la prescripción de la acción penal, de la duración de la etapa preparatoria y de duración máxima del proceso, computándose nuevamente los plazos. Consecuentemente, la o el Juez o Tribunal, previa advertencia en uso de su poder coercitivo y moderador, impondrá a la o el abogado una sanción pecuniaria equivalente a dos salarios mínimos nacionales, monto de dinero que será depositado en la cuenta del Órgano Judicial y en caso de continuar con la actitud dilatoria, la o el Juez o Tribunal apartará a la o el abogado de la actuación del proceso en particular, designando a un defensor público o de oficio; y, IV.  El rechazo de las excepciones y de los incidentes impedirá que sean planteados nuevamente por los mismos motivos.

Por Prescripción.

Por su parte el art. 29 del CPP, señala que la acción penal prescribe: 1) En ocho años, para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de seis o más de seis años; 2) En cinco años, para los que tengan señaladas penas privativas de libertad cuyo máximo legal sea menor de seis y mayor de dos años; 3) En tres años, para los demás delitos sancionados con penas privativas de libertad; y, 4) En dos años para los delitos sancionados con penas no privativas de libertad.

El art. 345 del CP, tipifica el delito de Apropiación indebida indicando: “El que se apropiare de una cosa mueble o un valor ajeno, en provecho de si o de tercero y de los cuales  el autor tuviera la posesión o tenencia legitima y que implique la obligación de entregar o devolver, será sancionado con reclusión de tres (3) meses a tres (3) años”, por su parte el art. 346 del mismo cuerpo legal, sobre el delito de Abuso de Confianza, dispone: “El que valiéndose de la confianza dispensada  por una persona, le causare daño o perjuicio en sus bienes, o retuviere como dueño los que hubiere recibido por un título posesorio, incurrirá en reclusión de tres (3) meses a dos (2) años”.

En relación a este instituto, a través de la Sentencia Constitucional 0023/2007-R de 16 de enero, se estableció: “De acuerdo a la doctrina, la prescripción se traduce en los efectos que produce el transcurso del tiempo sobre el ejercicio de una determinada facultad.

       
Esta definición, aplicada al ámbito penal, significa la expresa renuncia por parte del Estado del derecho a juzgar debido al tiempo transcurrido.


Conforme a ello, es el propio Estado el que, a través de la norma penal (procesal o sustantiva, según las legislaciones), establece los límites de tiempo en que puede ejercer la persecución penal. La actividad represiva del Estado no puede ser ejercida de manera indefinida, ya que al hacerlo se quebrantaría el equilibrio que debe existir entre la función de defensa de la sociedad y la protección de derechos y garantías individuales.


Tradicionalmente se ha fundamentado la prescripción en diferentes razones, unas de tipo subjetivo, vinculadas a los cambios que el tiempo opera en la personalidad del delincuente, que determinan la desaparición de su peligrosidad para la sociedad; otras consideradas objetivas y de utilidad social, que señalan que con el transcurso del tiempo desaparece la alarma social y no existe necesidad de prevención general; aquellas de orden procesal que sostienen que existen dificultades en la recolección de elementos probatorios para determinar la culpabilidad o inocencia del presunto autor. También se han aducido razones de política criminal, en sentido que el castigo impuesto mucho tiempo después de la comisión del hecho no alcanza los fines de la pena (prevención especial y prevención general, positiva y negativa), careciendo, en consecuencia, su imposición de razón de ser; así como razones jurídicas, que inciden en la necesidad de eliminar la incertidumbre en las relaciones jurídicas y la desaparición de la intranquilidad causada por el delito.


Si bien los anteriores fundamentos son válidos, actualmente la prescripción debe fundamentarse desde la Constitución, en la medida en que este instituto está íntimamente vinculado con los principios, valores, derechos y garantías constitucionales, fundamentalmente la garantía del debido proceso, la prohibición de indefensión y el derecho a la seguridad jurídica.


Así, respecto al derecho a la defensa, es innegable que si pese al tiempo transcurrido, la acción penal se dirigiera contra el supuesto culpable, llegando inclusive a imponerse una pena, se produciría una grave indefensión, pues los medios de defensa de los que podría servirse el imputado, o ya no existirían o se encontrarían debilitados, corriéndose el riesgo de condenar a un inocente por el tiempo transcurrido. En síntesis, el transcurso del tiempo incrementa el riesgo del error judicial, por encontrarse debilitadas las pruebas de la defensa.


A su vez, el derecho a la defensa se encuentra conectado con la seguridad jurídica, derecho que se garantiza al evitar que se celebren procesos que no gozan de las mínimas garantías que permitan obtener una sentencia justa y que ocasionarían lesión a la garantía del debido proceso.”


A lo dicho, debe agregarse lo que el Auto Supremo 554/2016 de 15 de julio, estableció respecto a los requisitos que deben observarse en la interposición de la excepción, habiendo razonado que: “…en el ordenamiento jurídico procesal penal, la prescripción como motivo de extinción de la acción penal, se halla reconocida en el inc. 8) del art. 27 del CPP, siendo regulado el requisito temporal por el art. 29 de la norma adjetiva penal, que por disposición del art. 30 de la misma norma mencionada, inicia a computarse desde: i) La media noche del día en que se cometió el delito; o, ii) Desde la media noche en que cesó su consumación, de modo que corresponde para su procedencia, demostrarse por un lado el tiempo transcurrido conforme lo previsto por el art. 29 del CPP, así como la falta de una resolución que ponga fin al proceso; además, de la inconcurrencia de las causales de interrupción o suspensión del término de la prescripción conforme las previsiones de los arts. 31 y 32 del CPP…”


Razonamiento que tiene estricta relación con la previsión establecida en el art. 314 del CPP, que dispone que las excepciones se tramitarán por la vía incidental por una sola vez, estableciendo como carga procesal para quien las oponga, la obligatoriedad de ofrecer prueba idónea y pertinente, lo que implica que no será suficiente el planteamiento de la excepción, sino el ofrecimiento de prueba destinada a acreditar los argumentos o fundamentos en los que se base la pretensión, se entiende encaminada a demostrar que la excepción resulte fundada.


Por duración máxima del proceso.


La Constitución Política del Estado (CPE) del Estado en su art. 15.II señala: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; asimismo, el art. 178.I relativo a los principios que sustentan la potestad del Órgano Judicial de impartir justicia, contempla como tales a la celeridad, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos, principios reconocidos en los arts. 115, 178 y 180.I de la CPE. De igual manera la Ley 025 (Ley del Órgano Judicial) arts. 3 con relación al art. 30, establece los principios en los que se sustenta, siendo estos los de seguridad jurídica, celeridad, respeto a los derechos, eficiencia y debido proceso.


Entre los motivos de extinción de la acción penal que fija la norma procesal penal, el art. 27 inc. 10) del CPP, dispone: “Por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso”; en relación a ello, el mismo Código, en el art. 133, establece la forma de realizar el cómputo, disponiendo: “Todo
proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía.


Las causas de suspensión de la prescripción suspenderán el plazo de duración del procedimiento. Cuando desaparezcan éstas, el plazo comenzará a correr nuevamente computándose el tiempo ya transcurrido.


Vencido el plazo, el Juez o Tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal”.


Por su parte, el segundo párrafo del art. 5 del Código adjetivo penal, determina: “Se entenderá por primer acto del proceso, cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito.


Toda persona a quien se atribuya un delito tiene derecho a ser tratada con el debido respeto a su dignidad de ser humano” (resaltado propio).


Sobre la temática y en relación al cómputo del plazo para determinar la duración máxima del proceso, el Tribunal Constitucional estableció, analizando la actuación del Tribunal de alzada, que: “…no tomaron en cuenta lo previsto por la SC 1036/2002-R, de 29 de agosto, pues el cómputo de los seis meses previstos por el art. 134 del CPP para el desarrollo de la etapa preparatoria, empieza a partir de que el Juez cautelar pone en conocimiento del encausado la imputación formal, y a partir de ahí, se tiene un término máximo de seis meses para presentar la acusación, plazo que en casos de existir pluralidad de imputados se computa desde la última notificación con la imputación formal; lo que no implica que el plazo de tres años (art. 133 CPP) en el que deben finalizar los juicios se amplíe, con ese razonamiento interpretativo la ya citada SC 1036/2002-R, en forma clara, determinó que el computo de los tres años de duración del proceso no debía efectuarse desde la imputación formal al señalar que: éste entendimiento interpretativo (se refiere a la imputación formal y al inicio del proceso) no significa que nuestro sistema procesal se aparte del mandato de justicia pronta y efectiva, que contiene el art. 116.X constitucional, por cuanto el plazo de tres años (art. 133 del CPP) en el que deben finalizar los juicios, no se amplía con este razonamiento interpretativo.


Por su parte el art. 5 del CPP, párrafo segundo, dispone que: Se entenderá por primer acto del proceso, cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito; por consiguiente, considerando dicha normativa, el cómputo de los tres años de duración del proceso penal previsto en el art. 133 del CPP, se computa a partir de la primera sindicación efectuada en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito; en consecuencia, para computar la extinción de la acción penal por el transcurso máximo del tiempo previsto en el referido art. 133 del CPP, es necesario considerar lo manifestado” (Sentencia Constitucional 033/2006 de 11 de enero, resaltado propio).


A lo expresado, debe añadirse que con relación al momento a partir del cual debe computarse el término previsto en el art. 133 del CPP, en los delitos de acción privada, la Sentencia Constitucional 0023/2007-R de 16 de enero, efectuó la siguiente precisión: “De acuerdo al art. 133 del CPP, todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía.


En los delitos de acción privada, ese plazo se computa desde la notificación con la admisión de la acusación particular presentada por el querellante, ya que se constituye en el primer actuado por el cual se hace conocer al juez y al procesado de la existencia de una acusación”.


Ahora bien, en cuanto a los aspectos que la autoridad jurisdiccional debe observar para determinar la extinción de la acción penal, la jurisprudencia constitucional en reiterados fallos, aclaró no ser suficiente considerar únicamente el transcurso del tiempo, sino que se debe analizar caso por caso la complejidad del asunto, referida no sólo a los hechos, también a la cuestión jurídica, la conducta de las partes que intervienen en el proceso y de las autoridades competentes -Órgano Judicial y Ministerio Público-, carga atribuida al imputado (Sentencia Constitucional 101/2004 de 14 de septiembre de 2004, Auto Constitucional 0079/2004-ECA de 29 de septiembre y 1042/2005-R de 5 de septiembre, entre otras); en esa misma línea, la Sentencia Constitucional 0551/2010-R de 12 de julio, estableció: “(…) vale dejar claramente establecido que el plazo fatal y fijo, no puede ser considerado como único criterio para extinguir una causa por duración máxima del proceso, sino que también debe ponderarse en forma concurrente los factores ya citados en la jurisprudencia constitucional glosada, efectuando un análisis para cada caso concreto, donde deberá analizarse si existen elementos suficientes que establezcan la extinción de la acción, como son la conducta de las partes que intervinieron en el proceso penal y de las autoridades que conocieron el mismo, aspectos que constituyen una omisión indebida por parte de los codemandados, sin soslayar que la situación de los jueces y tribunales bolivianos, así como del Ministerio Público no se encuentra sujeta únicamente a su propia voluntad sino a aspectos ajenos al propio órgano, como la falta de nombramiento oportuno de dichas autoridades, las frecuentes e intempestivas renuncias de funcionarios de esas reparticiones, así como otras circunstancias que inciden negativamente en el propósito encomiable de una pronta y oportuna administración de justicia. En consecuencia, corresponderá efectuar un estudio integral de los elementos que incidieron en la mora procesal, sin atentar contra la eficacia de la coerción penal favoreciendo a la impunidad”.


De ahí que se entiende que el plazo previsto por el art. 133 del CPP, constituye un parámetro objetivo a partir del cual corresponde analizar en cada caso concreto la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso; para cuyo análisis, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó tres criterios esenciales: a) La complejidad del asunto; b) La actividad procesal del interesado; y, c) La conducta de las autoridades judiciales, criterios que fueron asimilados por el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Constitucional 0101/2004 de 14 de septiembre y el Auto complementario 0079/2004-ECA de 29 del mismo mes. Por ello, no todo proceso que exceda el plazo de duración máxima previsto por ley vulnera la garantía de juzgamiento en plazo razonable, sino únicamente cuando resulta evidente la indebida dilación de la causa.


La garantía de juzgamiento en plazo razonable, es coherente con la garantía a una justicia sin dilaciones indebidas, pues, lo que se pretende es resguardar al imputado de aquellos actos injustificados que dilatan la tramitación del proceso y la resolución final, provocando y manteniendo en incertidumbre y zozobra al encausado, por ello corresponde en cada caso analizar si la no conclusión de un proceso en el plazo máximo previsto por ley, obedece o no a dilaciones indebidas.

Debe agregarse, que el art. 314 del CPP, establece que las excepciones se tramitarán por la vía incidental por una sola vez, estableciendo como carga procesal para quien las oponga a ofrecer prueba idónea y pertinente; lo que implica, que no será suficiente el planteamiento de la excepción, sino el ofrecimiento de prueba destinada a acreditar los argumentos o fundamentos en los que se base la pretensión, se entiende encaminada a demostrar que la excepción resulta fundada.

Sobre la carga e importancia de la prueba para sustentar una pretensión se tiene desarrollado por Carnelutti: Como aquella que no sólo sirve para el conocimiento del hecho, sino también como la certeza o convicción que aquella proporciona, siendo en sentido amplio, un equivalente sensible del hecho que habrá de valorarse, Chiovenda señaló que: Consiste en crear el convencimiento del Juez sobre la existencia o inexistencia de los hechos en el proceso, suministrando los medios para tal fin.

IV.3.   Análisis del caso concreto.


Previamente, al análisis del caso, es preciso tener presente que, de acuerdo al art. 17.II de la LOJ, en grado de apelación, casación o nulidad, los Tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos, lo que obedece a la congruencia que deben observar los fallos a tiempo de resolver las cuestiones planteadas, sujetándose a los puntos expresamente observados o impugnados en la interposición de los recursos.


En ese entendido, se debe tener en cuenta que en el caso de autos el excepcionista de una forma por demás confusa y contradictoria formula inicialmente prescripción de la acción penal bajo la previsión del art. 29 inc. 2) del CPP, expresando que de acuerdo a las fechas en las que se realizó el cobro de dineros del acusador particular (21 de septiembre de 2010 y 13 de mayo de 2011), ya habrían transcurrido más de cinco años; en consecuencia, la acción penal por los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza por los que se le condenó, habrían prescrito; para luego referirse a la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, citando al efecto el art. 133 del Código citado y específicamente en cuanto al inicio del cómputo del plazo, el art. 5 del mismo cuerpo legal, afirmando que en el presente caso, la denuncia en sede judicial o administrativa, debe computarse desde el requerimiento de cobro mediante carta notariada, siendo a criterio suyo, la intervención pública, concluyendo con su petición, al finalizar su memorial, que se declare la extinción del proceso por la última figura, amparándose en el art. 27 inc. 10) del CPP.


En ese contexto, se advierte que el incidentista, incurre en confusión con relación a dos institutos jurídicos distintos, destinados ambos a limitar el ejercicio del ius puniendi del Estado en un plazo razonable y no arbitrario; sin embargo, regulados legalmente de manera independiente debido a su naturaleza jurídica distinta y la forma del cómputo de su vencimiento, la prescripción de la acción estrictamente vinculada al momento de la comisión de los hechos penales y su configuración en el tipo penal correspondiente; y, extinción por duración máxima del proceso, al inicio del movimiento del aparato estatal de investigación y de juzgamiento, a partir de la denuncia de los hechos endilgados (en sede judicial o administrativa); soslayando su deber de exponer fundadamente de qué modo se produce la extinción de la acción penal, demostrando objetivamente que no concurren las causales de suspensión o interrupción del término en cuestión, a través de prueba idónea y pertinente, conforme exige el art. 314.I del CPP; por cuanto, únicamente se limita a expresar que no existe acto que interrumpa o suspenda el término de la prescripción de acuerdo a los arts. 31 y 32 del CPP y el AS 18 de 8 de enero de 2008 y que la denuncia o comunicación del inicio de investigación a la autoridad jurisdiccional, que en el caso presente es la carta notariada de requerimiento, no constituyen actos procesales que interrumpan o suspendan el término de la prescripción, por no estar contemplados expresamente dentro de las previsiones de las normas señaladas, omisión que no puede ser salvada de oficio por este Tribunal, por cuanto la normativa procesal penal descrita en el fundamento jurídico IV.2 de este Auto Supremo, establece una carga procesal al impugnante con la finalidad que éste demuestre los extremos aducidos en su excepción, reiterando lo referido: “…el Auto Supremo 554/2016 de 15 de julio, estableció respecto a los requisitos que deben observarse en la interposición de la excepción, habiendo razonado que: “…en el ordenamiento jurídico procesal penal, la prescripción como motivo de extinción de la acción penal, se halla reconocida en el inc. 8) del art. 27 del CPP, siendo regulado el requisito temporal por el art. 29 de la norma adjetiva penal, que por disposición del art. 30 de la misma norma mencionada, inicia a computarse desde: i) La media noche del día en que se cometió el delito; o, ii) Desde la media noche en que cesó su consumación, de modo que corresponde para su procedencia, demostrarse por un lado el tiempo transcurrido conforme lo previsto por el art. 29 del CPP, así como la falta de una resolución que ponga fin al proceso; además, de la inconcurrencia de las causales de interrupción o suspensión del término de la prescripción conforme las previsiones de los arts. 31 y 32 del CPP…”


(…)

Debe agregarse, que el art. 314 del CPP, establece que las excepciones se tramitarán por la vía incidental por una sola vez, estableciendo como carga procesal para quien las oponga a ofrecer prueba idónea y pertinente; lo que implica, que no será suficiente el planteamiento de la excepción, sino el ofrecimiento de prueba destinada a acreditar los argumentos o fundamentos en los que se base la pretensión, se entiende encaminada a demostrar que la excepción resulta fundada.

Sobre la carga e importancia de la prueba para sustentar una pretensión se tiene desarrollado por Carnelutti: Como aquella que no sólo sirve para el conocimiento del hecho, sino también como la certeza o convicción que aquella proporciona, siendo en sentido amplio, un equivalente sensible del hecho que habrá de valorarse, Chiovenda señaló que: Consiste en crear el convencimiento del Juez sobre la existencia o inexistencia de los hechos en el proceso, suministrando los medios para tal fin.”


En ese contexto, se advierte que el impetrante no adjunta a la presente solicitud algún documento útil que acredite y/o evidencie los extremos mencionados; además, que tampoco hace constar en obrados cúal es el actuado o documento que acreditaría dicha pretensión; es decir, el impetrante no acredita los actuados procesales que permitan a este Tribunal tener la certidumbre de que dentro de la sustanciación de la presente causa no fue declarado rebelde como prevé el art. 31 del CPP o que no incurrió en las causales de suspensión previstas en el art. 32 de la misma norma: “…1. Cuando se haya resuelto la suspensión de la persecución penal y esté vigente el período de prueba correspondiente; 2. Mientras esté pendiente la presentación del fallo que resuelva las cuestiones prejudiciales planteadas; 3. Durante la tramitación de cualquier forma de antejuicio o de la conformidad de un gobierno extranjero de la que dependa el inicio del proceso; y, 4. En los delitos que causen alteración del orden constitucional e impidan el ejercicio regular de la competencia de las autoridades legalmente constituidas, mientras dure ese estado”.


En consecuencia, no se puede analizar la pretensión del incidentista siendo que no adjunta los elementos probatorios mínimos para realizar dicha labor, de modo que el imputado en el ámbito del art. 314 del CPP, tenía el deber de acreditar lo fundamentado en su memorial de solicitud de Extinción del Acción Penal por Prescripción; debiendo comprender el incidentista que a esta Sala Penal le corresponde resolver las pretensiones de las partes con base a su planteamiento fundamentado y a las pruebas que las sustenten, no pudiendo de manera oficiosa suplir la omisión de las partes, porque ello importaría un desconocimiento del principio de imparcialidad, en el que se sustenta entre otros, la potestad de impartir justicia conforme el art. 178.I de la CPE.

Por lo expuesto, al no existir el ofrecimiento de prueba idónea y pertinente que respalde lo solicitado por el imputado al exponer de manera simple actuados sin el sustento probatorio debido, no corresponde ser analizados dichos extremos a tiempo de resolver el presente incidente toda vez que este Tribunal no puede subsanar las falencias en las que incurrió; por lo que, corresponde declarar infundada la excepción planteada, teniendo en cuenta el incumplimiento a una carga procesal básica y elemental que hace al planteamiento de cualquier pretensión ante una autoridad judicial y al deber que tiene el incidentista de ofrecer prueba idónea y pertinente.


Respecto a la extinción de la acción penal por máxima duración del proceso, se advierte que el excepcionista, de manera incompleta intenta reiterar los argumentos en los que basó la excepción de extinción de la acción penal por el mismo motivo, conocida por esta Sala y resuelta por el Auto Supremo 626/2016 de 23 de agosto (fs. 565 a 569 vta.), por el que se le declaró infundada dicha pretensión, no encontrándose nuevos fundamentos a los expuestos en su anterior excepción, que puedan salvar la aplicación del art. 314.I del CPP, sobre la interposición de la misma temática incidental por una sola vez, no correspondiendo ningún pronunciamiento de fondo.


Por otro lado, el incidentista tampoco consideró los efectos de la determinación asumida en el Auto Supremo 626/2016, sobre la declaratoria de manifiestamente dilatoria de la excepción entonces formulada por el mismo oponente de excepción y por la misma causal (por duración máxima del proceso), que en previsión del art. 315.III del Código adjetivo penal, constituye la interrupción del término de los plazos de esta figura penal, computándose nuevamente los mismos, aspecto sobre el que el incidentista no expresó fundamento alguno, careciendo en suma la presente excepción de la fundamentación necesaria para su consideración, por lo que carece de mérito.


En mérito a los argumentos antes expuestos, se advierte que la presente excepción de prescripción y la alusión a la extinción de la acción penal por vencimiento de duración máxima del proceso, son manifiestamente dilatorias y temerarias.

POR TANTO

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en los arts. 44 in fine y 315 del CPP, RESUELVE:


Declarar INFUNDADAS las excepciones de extinción de la acción penal por prescripción y duración máxima del proceso, opuestas por el acusado Sergio Verduguez Guzmán, con costas conforme lo dispuesto por el art. 268 del CPP, con los efectos previstos por el art. 315.III del CPP.


En cumplimiento de la Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, se advierte a las partes que la presente resolución no es recurrible, debiendo notificarse a las partes conforme al art. 163 del CPP.


Regístrese, notifíquese y devuélvase.        


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos