TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 069/2018

Sucre, 15 de febrero de 2018


Expediente                : Chuquisaca 19/2017

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Savina Cuellar Leaños

Delitos        : Incumplimiento de deberes y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 7 de noviembre de 2017, cursante de fs. 2127 a 2148, Sabina Cuellar Leaños, opone Excepciones de Extinción de la Acción Penal por Prescripción y Duración Máxima del Proceso, dentro del proceso penal seguido contra la excepcionista y otros, por el Ministerio Público y el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca por la presunta comisión de los delitos de Uso Indebido de Influencias, Incumplimiento de Deberes y Encubrimiento, previstos y sancionados en los arts. 154, 146 y 171 del Código Penal (CP).


I. ARGUMENTOS DE LAS EXCEPCIONES PLANTEADAS


La imputada Sabina Cuellar Leaños, formula Excepciones de Extinción de la Acción Penal, bajo los siguientes argumentos.


I.1. Excepción de prescripción.


Al amparo de los arts. 308 inc. 4) y 27 inc. 8) del Código de Procedimiento Penal (CPP) y en base a los precedentes jurisprudenciales sobre el trámite de la excepción de Extinción de la Acción Penal por Prescripción, señalados en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2121/2013 de 21 de noviembre y 1061/2015 de 26 de octubre, plantea excepción de Extinción de la Acción Penal por Prescripción en relación al delito de Incumplimiento de Deberes, argumentando que de acuerdo a la Acusación, Sentencia y Auto de Vista emitido en la causa, los hechos que motivan la causa habrían sido cometidos hace más de nueve años atrás con la suscripción del contrato 118/2008 de 27 de agosto, al no haber sido “SUBIDO DICHO CONTRATO AL SISTEMA SICOES” (sic).


Previa referencia doctrinal al instituto de la prescripción, destaca que la causa se inició el 25 de agosto de 2008 ante la denuncia de Manuel Urquizu Flores referida a que existirían irregularidades en la suscripción del contrato firmado por la Prefectura del Departamento de Chuquisaca y Raúl Amado Rivera para la Supervisión de la Construcción de la Tercera Fase del Estadio Patria, originando la presentación de imputación formal el 12 de marzo de 2010 en contra de cinco personas y por varios delitos, siendo juzgada en el acto de juicio por los previstos por los art. 154, 146 y 171 del CP, y condenada por el primer delito y absuelta por los dos restantes, mediante Sentencia 27/2016 de 11 de agosto, que recurrida de apelación restringida fue ratificada en su integridad mediante Auto de Vista 92/2107 de 8 de mayo.


Refiere que durante el juicio opuso excepción de prescripción declarada infundada mediante Resolución 109/2016 con base al art. 45 del CP, pues según criterio del Tribunal de Sentencia estaba siendo juzgada por una pluralidad de delitos, de modo que debía ser sometida a las reglas del concurso real, posición ratificada en apelación incidental, lo que implica que su pretensión fue desestimada ante la posibilidad de concurrencia del concurso que a la fecha no existe al haber sido condenada solamente por el delito de Incumplimiento de Deberes.


En cuanto al tipo penal por el que fue condenada, la excepcionista refiere que es un delito instantáneo conforme la normativa existente con anterioridad a las modificaciones de la Ley 004, que se hubiese cometido al no haberse registrado el Contrato 118/2008 de 27 de agosto, transcurriendo a la fecha 8 años, 11 meses y 10 días, sobrepasando los tres años establecidos por la norma procesal, sin que haya concurrido la causal de interrupción prevista por el art. 31 del CPP, al tenerse  acreditado que no cuenta con declaratoria de rebeldía alguna conforme se tiene del certificado de antecedentes penales 0617693. Tampoco se presenta alguna de las cuatro causales para la suspensión del plazo de la prescripción al no estar sujeta a ninguna suspensión condicional del proceso conforme el certificado 0617693, no se encuentra pendiente de presentación de ningún fallo que resuelva alguna cuestión prejudicial conforme se extrae de la Sentencia 27/2016 de 11 de agosto, no se tramitó ninguna forma de antejuicio o conformidad con gobierno extranjero y finalmente no se encuentran delitos que hayan alterado el orden constitucional ni hayan impedido el normal ejercicio de las autoridades legalmente constituidas, conforme se extrae de la citada sentencia.


Hace hincapié que el delito por el que es juzgada no es imprescriptible conforme se extraen de los arts. 111 y 112 de la Constitución Política del Estado (CPE), solicitando en definitiva se declare probada la excepción por el delito de Incumplimiento de Deberes con el consiguiente archivos de obrados.


I.1. Excepción de duración máxima del proceso.


Al amparo de los arts. 133, 308 inc. 4), 27 inc. 10) todos del CPP, opone esta excepción y previa referencia a las Sentencias Constitucionales 101/2004-R de 14 de septiembre y 1529/2011-R de 11 de octubre, refiere que el plazo máximo establecido por la ley para la conclusión del proceso ha vencido superabundantemente, pues de tres años transcurrieron 8 años y 11 meses desde su inicio que data de 25 de agosto de 2008, en que se presentó la denuncia que origina el proceso. Es así, que a partir de los criterios asumidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la teoría del “no plazo”, destaca que la primera sindicación se produjo en la indicada fecha habiendo transcurrido más de 8 años, debiendo considerarse las previsiones de los arts. 8 inc. 1) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14 inc. 3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, teniendo en cuenta que la finalidad del ordenamiento jurídico es que el imputado pueda definir su situación ante la ley y la sociedad dentro del tiempo más corto posible, de modo que la dilación indebida del proceso por omisión o falta de diligencia debida de los órganos competentes del sistema penal, no acarreen lesiones irreparables a sus derechos.


En cuanto a la complejidad como segundo requisito, sostiene que la presente causa no resulta compleja ya que los delitos juzgados no son de lesa humanidad; además, que la cuestión jurídica a investigar se resume en hechos que se habrían cometido al momento de la suscripción del contrato 118/2018 de 27 de agosto y que el delito de Incumplimiento de Deberes se hubiese cometido al no haber sido registrado ese contrato al sistema SICOES, por lo que no existe una investigación  compleja; y, respecto a la tercer requisito relativo a la dilación del proceso, señala que ella es atribuible al Ministerio Público y al Órgano Judicial, por cuanto desde el 25 de agosto de 2008 al requerimiento de imputación de 12 de marzo de 2010, se produjo una dilación de un año y 7 meses; además, de destacar que la Gobernación de Chuquisaca presentó su querella 3 años y 4 meses después de iniciada la acción penal.


Identificada la conminatoria de 23 de mayo de 2011 y la presentación de acusación de 1 de junio de citado año, señala que se produjo una dilación de 2 años y 10 meses atribuibles al Órgano Judicial y al Ministerio Público, al haber transcurrido la etapa preparatoria en un año y tres meses. Presentada la acusación hubo una dilación de 2 meses hasta el señalamiento de audiencia conclusiva, que se inició en octubre de 2011, concluyendo el 16 de septiembre de 2014, lo que significa que en la audiencia conclusiva transcurrieron 3 años y 11 meses atribuibles al Órgano Judicial. Añade 2 meses y 20 días atribuibles al Ministerio Público destinados a las correcciones a las acusaciones fiscal y particular.


En cuanto a excepciones, señala que el Órgano Judicial destinó 5 meses para su resolución con los correspondientes recursos de apelación incidental y una vez terminada la audiencia conclusiva hubo una dilación de 2 meses atribuibles al Órgano Judicial hasta el inicio del acto de juicio, que tuvo una duración de un año y un mes, habiendo destinado el Órgano Judicial 6 meses desde la presentación de los recursos de apelación restringida hasta su resolución.


También refiere que durante la tramitación de la causa, jamás fue declarada rebelde, no fue beneficiada con la suspensión condicional del proceso, no se está tramitando ningún antejuicio, no se requiere conformidad de ningún gobierno extranjero para la continuación de la causa, y pero aún los delitos acusados no causan alteración al orden constitucional, menos impide el ejercicio regular de alguna autoridad legalmente constituida, por lo que no concurre causal de interrupción ni de suspensión del plazo, por cuanto haciendo referencia a la Sentencia de 1 de diciembre de 2016 caso Andrade Salmón  Vs. Bolivia, impetra la extinción de la acción penal y el archivo de obrados.


II. RESPUESTAS A LAS EXCEPCIONES OPUESTAS


Por decreto de 9 de noviembre de 2017, conforme a lo dispuesto por el art. 314 del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014, se corrió traslado a las partes procesales, mereciendo la respuesta de los representantes del Ministerio Público, de la Gobernación de Chuquisaca y del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, conforme el siguiente detalle.


II.1.  El Ministerio Público.


Por memorial presentado el 30 de noviembre de 2017, el Ministerio Público en cuanto a la prescripción pretendida, señala que las acusaciones contra la excepcionista son por la comisión de una pluralidad de delitos, estando sujetos a las reglas del concurso real y que en estos casos la pena a aplicarse es la del delito más grave agravada hasta la mitad, que podría ser el del delito de Uso de Influencias; también destaca que la imputada durante el juicio opuso la misma excepción rechazada por Auto 109/2016 confirmado en apelación mediante Auto de Vista 92/2017 de 8 de mayo, por lo que no puede extinguirse la acción penal, toda vez que se acusa de concurso de delitos quedando pendientes los recursos de casación presentados por el Viceministerio de Lucha contra la Corrupción, la Gobernación de Chuquisaca y la adhesión del Ministerio Público, en los que se observa el erróneo razonamiento que hizo el Tribunal en cuanto al delito de Uso Indebido de Influencias, que deslindó de responsabilidad a la imputada, sin analizar su conducta en dichos antecedentes; además, de haberse cancelado el 100% al contratista sin que se haya concluido con el trabajo ante la falta de entrega de actas de entrega definitiva de dos lotes y la conclusión de otros dos lotes a la fecha del pago total; es decir, la sentencia no está ejecutoriada, por lo tanto las circunstancias pueden ser cambiadas conforme el razonamiento que deberá ser analizado en casación, por ello el cómputo de la prescripción tampoco puede efectuarse desde la suscripción del contrato como alega la incidentista, sino desde que se perfeccionan todos los delitos acusados; en este caso, los de Encubrimiento y Uso Indebido de Influencias, que no se agotaron con la suscripción del contrato, resultando inaplicable el art. 29 inc. 1) del CPP.


Enfatiza que la incidentista teniendo conocimiento del Auto de Vista 92/2017 de 8 de mayo, que declaró improcedente la apelación respecto a la excepción de prescripción, nuevamente presenta la misma excepción bajo los mismos argumentos en contraposición de lo establecido por el art. 315.IV del CPP modificado por la Ley 586; además, de haber inobservado la carga probatoria de acreditar y exponer fundadamente de qué modo no concurren las causales de suspensión del término de la prescripción en función a los pertinentes antecedentes del proceso, conforme el entendimiento del Auto Supremo  750/2016-RRC de 28 de septiembre, resultando por lo tanto el planteamiento meramente dilatorio, incumpliendo con el canon jurisprudencial establecido en el Auto Supremo 554/2016 de 15 de junio.


Con relación a la excepción de duración máxima del proceso, previa referencia a la Sentencia Constitucional 551/2010-R de 12 de julio, expresa que al supuesto retraso en la etapa preliminar o preparatoria reclamado por la incidentista, le corresponde  la aplicación criterio de convalidación establecido en el art. 170 del CPP; porque durante ese tiempo la incidentista no realizó los reclamos respectivos ante la autoridad que ejerció el control jurisdiccional, tomando en cuenta que la imputación formal fue realizada el 12 de marzo de 2010 y la acusación presentada el 10 de junio de 2011 y el reclamo se realizó en la gestión 2013 durante la audiencia conclusiva, aproximadamente 2 años después de realizados los actos procesales señalados; por lo tanto, pese al incumplimiento del plazo de la conminatoria por parte de los fiscales, tácitamente aceptó la determinación del Juez Cautelar, incluso el 28 de julio de 2011, presentó sus pruebas de descargo sin objetar nada al respecto. Refiere que la excepción que presentó fue declarada improbada mediante Auto de 1 de octubre de 2013, que fue anulado por el Tribunal de alzada; sin embargo, el Juez en una segunda y tercera oportunidad declaró improbada la excepción, siendo finalmente ratificado el Auto Interlocutorio.


Destacando el Auto Constitucional 79/2004-ECA y el Auto Supremo 026/2017 de 20 de enero, señala que el imputado al realizar cualquier tipo de actuación  procesal ordinaria o extraordinaria provoca la dilación del proceso, sin que ello implique condenar o censurar su derecho a la defensa, sino que es la lógica consecuencia de lo que se denomina el exceso de previsión, debiendo tenerse presente que el proceso se desarrollaba contra cinco personas y que cada una de ellas tenía el derecho de interponer  incidentes,  debiendo el Juez atender todas las solicitudes de las partes para no privarles de defensa y que todos apelaron las decisiones del Juez que fueron remitidas a las instancias superiores para su pronunciamiento, situación que conllevó mucho tiempo conforme la dinámica de los tribunales. Agrega que no se hace conocer que uno de los imputados fue declarado rebelde, que estuvieron involucradas cinco personas y que por varios hechos conforme el pliego acusatorio, se complejizó la tramitación de la causa.

Refiere que tres veces se anuló la resolución del Juez de Instrucción que resolvió los incidentes y excepciones opuestas por los acusados, quienes en su derecho apelaron en tres oportunidades y respondieron a las apelaciones planteadas; asimismo, la incidentista no da a conocer que las audiencias fueron suspendidas por su inasistencia o por la inasistencia de su abogado, como la audiencia conclusiva de 9 de diciembre de 2011, 14 de febrero de 2012, 5 de marzo de 2012, 29 de noviembre de 2012, además de la audiencia de 30 de julio de 2013; sin dejar de tomar en cuenta la carga procesal enorme que no permite agilizar los procesos, citando al efecto la Sentencia Constitucional 0551/2010-R de 12 de julio.


Recalca que la excepcionista se limita a señalar la duración del acto de juicio sin mencionar situaciones de dilación y tampoco señala que fue la defensa que solicitaba la suspensión y reprogramación de las audiencias conforme se advierte de los memoriales de 25 de junio y 3 de julio de 2015; en cuyo mérito, con base al art. 315.III del CPP, el Auto Supremo 810/2015.RRC-L y la Sentencia Constitucional 1815/2012 de 5 de octubre, ante la falta de fundamentación probatoria y jurídica, pide se declare infundada la excepción con las sanciones previstas por la norma.


Por su parte, los fiscales Daniel Fernández Murillo, Jorge Romay Pulido, Enrique Montaño Llanos y Jhohann Vargas Chispas, responden a las excepciones opuestas y previa referencia de los antecedentes del proceso, expresan que de acuerdo a la sentencia condenatoria emitida en la causa, se tuvo demostrado que la imputada en su calidad de Prefecta del Departamento de Chuquisaca era la directa responsable de la contratación por excepción del Contrato de Supervisión de Obras de la Construcción del Estadio Patria Tercera fase, omitiendo registrar o bien delegar a la autoridad administrativa el registro del contrato de referencia en el SICOES, por lo que se advierte que el hecho acusado no es la suscripción del referido contrato sino la falta de registro pronto en el sistema que recién se llegó a efectuar el 6 de abril de 2010.


Refieren que el simple transcurso del tiempo no es suficiente para que opere la prescripción de la acción penal, sino la existencia de dilaciones innecesarias atribuibles no al imputado sino al Ministerio Público, la víctima o al Órgano Judicial, pues a partir del Auto Supremo 536 de 24 de octubre de 2009, el art. 133 del CPP establece un parámetro a partir del cual corresponderá realizar un análisis del caso para determinar la razonabilidad del plazo, considerando tres criterios esenciales como la complejidad del asunto, que en el caso concurre al estar los hechos investigados ligados con delitos que afectan al Estado, la pluralidad de investigados, por lo que resulta razonable que la investigación haya culminado más allá de los 20 días previstos por la norma. También debe considerarse la actividad procesal del interesado quedando demostrado el comportamiento dilatorio asumido por la imputada a partir de la formulación de incidentes y excepciones temerarias, inasistencias a audiencias; sin dejar de mencionar la conducta de las autoridades judiciales, respecto a la cual la excepcionista no hace ningún tipo de referencia de cuál la demora originada en el proceso y si es atribuible al Ministerio Público o al Órgano judicial y sin identificar las piezas procesales donde constan esas dilaciones; por otra parte, refiere el Auto Supremo 237 de 17 e octubre de 2008, para enfatizar que el planteamiento no se encuentra debidamente fundado y acreditado con elementos objetivos.


En cuanto a la prescripción destacan que los hechos se suscitaron en varias oportunidades desde las gestiones 2009 y 2010, resultando no ser cierto que al simple vencimiento del término de 8 años, la acción penal quede extinguida por cuanto no es posible considerar al plazo como único criterio para determinar la extinción.


También refieren que la excepción de duración máxima del proceso ya fue opuesta anteriormente en la etapa preparatoria siendo declarada improbada mediante Auto de 16 de septiembre de 2014, en aplicación de la teoría del no plazo, resultando que los argumentos de la excepcionista ya fueron planteados pese a que el art. 315 del CPP, sostiene la imposibilidad de formular una misma excepción que ya fue rechazada.


En cuanto a la excepción de prescripción, refieren que la imputada efectúa un cómputo erróneo del tiempo transcurrido, a partir de la suscripción del contrato de 27 de agosto de 2008, careciendo de fundamentación fáctica y probatoria la excepción, siendo que el 6 de abril de 2010 es la fecha que debe considerarse para cualquier cómputo; además, que dicha excepción ya fue planteada y declarada infundada mediante Auto 109/2016 de 2 de junio, que se halla ejecutoriado al ser confirmado en apelación, quedando convalidado el cómputo a partir de la gestión 2009, resultando los mismos argumentos a los empleados al formular la misma excepción con anterioridad. Y si bien existe una sentencia condenatoria respecto al delito de Incumplimiento de Deberes, haciendo desaparecer el razonamiento esgrimido por los tribunales inferiores, vinculado al concurso real de delitos, no es menos evidente que existen recursos de casación, por lo que la consideración de la existencia de un concurso real se mantiene vigente, solicitando se declaren infundadas las excepciones de prescripción y duración máxima del proceso.


II.2.  Gobernación del Departamento de Chuquisaca.


Sus representantes mediante memorial de fs. 2268 a 2275, señalan que la imputada incurrió en más de diez oportunidades en dilaciones maliciosas y/o temerarias, como suspensiones de audiencias que se dieron porque supuestamente los patrocinadores de los imputados estaban en otras actuaciones, al extremo de llevarse la audiencia conclusiva después de más de tres años y tres meses, identificando las actuaciones pertinentes, por lo que no corresponde dar curso a las excepciones opuestas que además anteriormente fueron declaradas improcedentes siendo aplicable el art. 308 in fine del CPP.


En cuanto a la prescripción, refieren que la conducta de la imputada en el delito de Incumplimiento de Deberes se debe a dos situaciones como la omisión registro del contrato; pero además, en la contratación de Amado Raúl Rivera sabiendo que era prófugo de la justicia y que fue condenado a ocho años por delitos de falsificación de documentos, Conducta Antieconómica y otros, situación que era de absoluto conocimiento de la imputada, por lo que no corresponde sólo referirse a la fecha de cuándo se omitió el registro del contrato, sino que existe otro extremo que será aclarado en su oportunidad, más cuando los delitos generaron un daño económico resultando imprescriptibles al estar comprendidos dentro de los alcances de los arts. 112, 123 de la CPE y la Ley 004 de aplicación conforme el art. 410 del CPE.


En cuanto a la excepción de duración máxima del proceso, destaca que la Sentencia Constitucional 101/2004-R, no sólo se refiere a las dilaciones de las autoridades jurisdiccionales y el Ministerio Público sino a aquellas que son atribuibles a la parte imputada, de modo que no corre la prescripción cuando la dilación le corresponde al imputado, debiendo considerarse el Auto Supremo 226 de 21 de mayo de 2010, tomando en cuenta las dilaciones atribuidas a la excepcionista y a los coacusados, que la víctima del delito es el Estado en particular el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca y que las dilaciones atribuidas a las autoridades jurisdiccionales y al Ministerio Público son justificables, pues tienen los descargos correspondientes porque la imputada sólo se dedicó a realizar dilaciones maliciosas y temerarias con la presencia de sus abogados en más de 20 audiencias, pretendiendo beneficiarse con los retrasos que produjo junto a los otros imputados, siendo incluso la imputada declarada rebelde como se puede apreciar a fs. 477 del cuaderno jurisdiccional, circunstancia que determina la interrupción de la prescripción conforme el art. 90 in fine del CPP.


Enfatizando que los delitos atribuidos son imprescriptibles a tenor del art. 112 de la CPE, con la finalidad de acabar con la impunidad de hechos de corrupción y la efectiva lucha en su contra, solicitan se declaren improcedentes ambas excepciones.


II.3. Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción.


Por escrito de fs. 2278 a 2283 la referida repartición pública solicita respecto a la excepción de prescripción la observancia de la línea doctrinal asumida en el Auto Supremo de 12 de noviembre de 2013, teniendo en cuenta que si bien la sentencia absolvió a la imputada por los delitos de Uso Indebido de Influencias y Encubrimiento, los delitos absueltos tienen conexión natural e íntima con el delito de Incumplimiento de Deberes, resultando que no existe sentencia ejecutoriada porque se encuentran pendientes los recursos de casación que pueden ser declarados fundados, sin que exista certeza sobre la situación jurídica de la imputada en los delitos por el momento absueltos, por lo que se estaría ante un concurso de delitos, por lo que menos podría declararse la prescripción del delito de Incumplimiento de Deberes aisladamente, más cuando el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, lo hizo erróneamente al igual que el tribunal de origen al declarar la absolución por el delito de Uso Indebido de Influencias.


En cuanto a la excepción de duración máxima del proceso, señala que los hechos se cometieron contra los intereses del Estado, existiendo una investigación con pluralidad de imputados y acusados, por lo tanto compleja conforme el Auto Supremo 12 de 27 de enero de 2010, a la que se suma que los delitos repercuten también en un derecho difuso al encontrarse por medio los derechos del Estado y por ende de la sociedad, debiendo realizarse un análisis y estudio integral de todos los antecedentes del proceso y contrastarlos con la calidad y naturaleza de los delitos investigados, imputados y acusados, la cantidad de víctimas considerando derechos difusos, así como los criterios del Auto Supremo 18/2016 de 23 de junio, factores que determinaron naturalmente la prolongación del proceso, por lo que impetra se declaren infundadas las excepciones con costas.


II. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS


Del análisis de los antecedentes y fundamentos expuestos por la excepcionista y respuestas del Ministerio Público, de la Gobernación del Departamento de Chuquisaca y del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, corresponde analizar y resolver la pretensión planteada, a través de una resolución fundamentada en observancia del art. 124 del CPP.


III.1.        De la competencia de este Tribunal para resolver cuestiones incidentales referidas a la extinción de la acción penal.


El Tribunal Constitucional Plurinacional, efectuando una reconducción de la línea asumida por el Tribunal Constitucional de transición en cuanto a los Jueces y Tribunales competentes para resolver las Excepciones o Incidentes de solicitud de Extinción de la Acción Penal, estableció el siguiente razonamiento, que este Máximo Tribunal de Justicia ordinaria, tiene el deber de acatar en mérito al carácter vinculante y cumplimiento obligatorio que los pronunciamientos constitucionales ostentan en mérito al art. 203 de la CPE.


Así la Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, estableció el siguiente entendimiento: “Pues bien, al estar fijados los entendimientos desarrollados precedentemente, los fundamentos de la SC 1716/2010-R, no constituyen argumentos suficientes para determinar que la única autoridad competente para asumir el conocimiento de los incidentes de extinción de la acción penal, sean las autoridades jurisdiccionales que emitieron la sentencia de primera instancia, sino que, en virtud a lo establecido por el art. 44 del CPP, Él juez o tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas´. En este sentido, es menester dejar establecido que, la autoridad competente para asumir el conocimiento y resolver los incidentes de extinción de la acción penal, ya sea por duración máxima del proceso o por prescripción, es el juez o Tribunal donde radica la causa principal, así, si el planteamiento de la excepción se da en etapa de apelación o casación, las decisiones emergentes de las salas penales y del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud los entendimientos plasmados precedentemente, pero fundamentalmente por la naturaleza de la etapa procesal, no admiten impugnación; en efecto, lo que se pretende es evitar las exageradas dilaciones que conllevan las peticiones y envíos de expedientes entre el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales o jueces conocedores de la causa principal, que a cuya consecuencia, en muchos casos, se han postergado innecesariamente las decisiones oportunas en cuanto al fondo del proceso se refiere, muchas veces por las comunicaciones inoportunas de los jueces y tribunales conocedores de la causa principal, como ocurrió en el caso analizado; asimismo, como se expresó, la interposición de los incidentes ante las prenombradas autoridades, en la práctica sirvió para paralizar el pronunciamiento de fondo, ya que inclusive, estando sorteada la causa, el máximo Tribunal de justicia ordinaria, se vio impedido de emitir la resolución mientras no esté resuelta la excepción ante el Juez de instancia, lo que sin duda constituye una clara vulneración de los derechos a ser juzgado dentro de un plazo razonable, de acceso a la justicia y una afrenta a la vigencia del principio de celeridad y también de concentración de actos. En este sentido, cuando el justiciable decida plantear extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, deberá formularlo ante el Juez o Tribunal que conoce la causa principal; sin embargo, también es imperioso aclarar que, si el incidente fuere suscitado ante el Juez de Instrucción en lo Penal o, ante los Tribunales o Jueces de Sentencia Penal, sus decisiones efectivamente son impugnables, ya que la naturaleza de la etapa procesal así lo permite. El presente entendimiento implica la reconducción de la línea jurisprudencial establecida en la SC 1716/2010-R a los entendimientos asumidos en la SC `0245/2006´, que emergió de los razonamientos establecidos en las SSCC `0101/2004, 1868/2004-R, 0036/2005, 0105-R, 1365/2005-R´y AC 0079/2004-ECA.”


III.2.De la base legal y jurisprudencial sobre la extinción de la acción penal por prescripción y por duración máxima del proceso.


El art. 315 del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014, señala que: I) La o el Juez o Tribunal, dictará resolución fundamentada conforme a los plazos previstos en el Artículo precedente, declarando fundada o infundada las excepciones y/o incidentes, según corresponda; II) Cuando las excepciones y/o incidentes sean manifiestamente improcedentes, por carecer de fundamento y prueba, la o el Juez o Tribunal, deberá rechazarlas in limine sin recurso ulterior, en el plazo de veinticuatro (24) horas, sin necesidad de audiencia y sin mayor trámite; III) En caso de que las excepciones y/o incidentes sean declaradas manifiestamente dilatorias, maliciosas y/o temerarias, interrumpirán los plazos de la prescripción de la acción penal, de la duración de la etapa preparatoria y de duración máxima del proceso, computándose nuevamente los plazos. Consecuentemente, la o el Juez o Tribunal previa advertencia en uso de su poder coercitivo y moderador, impondrá a la o el abogado una sanción pecuniaria equivalente a dos salarios mínimos nacionales, monto de dinero que será depositado en la cuenta del Órgano Judicial y en caso de continuar con la actitud dilatoria, la o el Juez o Tribunal apartará a la o el abogado de la actuación del proceso en particular, designando a un defensor público o de oficio; y, IV)  El rechazo de las excepciones y de los incidentes impedirá que sean planteados nuevamente por los mismos motivos.


Sobre la Prescripción.


De acuerdo a la doctrina, la prescripción es un medio de liberarse de las consecuencias penales de una infracción penal o una conducta penal por efecto del tiempo y en las condiciones exigidas por la ley, siendo el transcurso del tiempo factor predominante para que opere esta excepción.


En el Auto Supremo 120-P de 20 de marzo de 2006, entre otros, se definió que la Prescripción de la Acción Penal es una figura liberadora, en mérito de la cual, por el transcurso del tiempo se extingue la acción o cesa el derecho del Estado a imponer una sanción; toda vez, que este instituto se halla ligado con el derecho que tiene todo imputado de conocer su situación jurídica, por lo que ni el sindicado tiene el deber de esperar indefinidamente que el Estado prosiga con el trámite de la causa hasta su conclusión, ni la sociedad puede esperar indefinidamente la resolución que disponga la autoría o absolución de los imputados, lo que genera incertidumbre en la sociedad, siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en el art. 29 del CPP.


En relación al instituto jurídico de la prescripción, el ordenamiento jurídico nacional a través de la Sentencia Constitucional 0023/2007-R de 16 de enero, señaló: “De acuerdo a la doctrina, la prescripción se traduce en los efectos que produce el transcurso del tiempo sobre el ejercicio de una determinada facultad.


Esta definición, aplicada al ámbito penal, significa la expresa renuncia por parte del Estado del derecho a juzgar debido al tiempo transcurrido.


Conforme a ello, es el propio Estado el que, a través de la norma penal (procesal o sustantiva, según las legislaciones), establece los límites de tiempo en que puede ejercer la persecución penal. La actividad represiva del Estado no puede ser ejercida de manera indefinida, ya que al hacerlo se quebrantaría el equilibrio que debe existir entre la función de defensa de la sociedad y la protección de derechos y garantías individuales.


Tradicionalmente se ha fundamentado la prescripción en diferentes razones, unas de tipo subjetivo, vinculadas a los cambios que el tiempo opera en la personalidad del delincuente, que determinan la desaparición de su peligrosidad para la sociedad; otras consideradas objetivas y de utilidad social, que señalan que con el transcurso del tiempo desaparece la alarma social y no existe necesidad de prevención general; aquellas de orden procesal que sostienen que existen dificultades en la recolección de elementos probatorios para determinar la culpabilidad o inocencia del presunto autor. También se han aducido razones de política criminal, en sentido que el castigo impuesto mucho tiempo después de la comisión del hecho no alcanza los fines de la pena (prevención especial y prevención general, positiva y negativa), careciendo, en consecuencia, su imposición de razón de ser; así como razones jurídicas, que inciden en la necesidad de eliminar la incertidumbre en las relaciones jurídicas y la desaparición de la intranquilidad causada por el delito.


Si bien los anteriores fundamentos son válidos, actualmente la prescripción debe fundamentarse desde la Constitución, en la medida en que este instituto están íntimamente vinculado con los principios, valores, derechos y garantías constitucionales, fundamentalmente la garantía del debido proceso, la prohibición de indefensión y el derecho a la seguridad jurídica.


Así, respecto al derecho a la defensa, es innegable que si pese al tiempo transcurrido, la acción penal se dirigiera contra el supuesto culpable, llegando inclusive a imponerse una pena, se produciría una grave indefensión, pues los medios de defensa de los que podría servirse el imputado, o ya no existirían o se encontrarían debilitados, corriéndose el riesgo de condenar a un inocente por el tiempo transcurrido. En síntesis, el transcurso del tiempo incrementa el riesgo del error judicial, por encontrarse debilitadas las pruebas de la defensa. A su vez, el derecho a la defensa se encuentra conectado con la seguridad jurídica, derecho que se garantiza al evitar que se celebren procesos que no gozan de las mínimas garantías que permitan obtener una sentencia justa y que ocasionarían lesión a la garantía del debido proceso.”


Por su parte, el art. 29 del CPP, señala que la acción penal prescribe: 1) En ocho años, para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de seis o más de seis años; 2) En cinco años, para los que tengan señaladas penas privativas de libertad cuyo máximo legal sea menor de seis y mayor de dos años; 3) En tres años, para los demás delitos sancionados con penas privativas de libertad; y, 4) En dos años para los delitos sancionados con penas no privativas de libertad.


Conforme el art. 31 del CPP el término de la prescripción, sólo se interrumpirá por la declaratoria de rebeldía del imputado, momento desde el cual el plazo se computará nuevamente.


Por otro lado, se establece que sólo se suspenderá en los siguientes  casos previstos por el art. 32 del CPP:


“1) Cuando se haya resuelto la suspensión de la persecución penal y esté vigente el periodo de prueba correspondiente;        

       

2) Mientras esté pendiente la presentación del fallo que resuelva las cuestiones prejudiciales planteadas;


3) Durante la tramitación de cualquier forma de antejuicio o de la conformidad de un gobierno extranjero de la que dependa el inicio del proceso; y,


4) En los delitos que causen alteración del orden constitucional e impidan el ejercicio regular de la competencia de las autoridades legalmente constituidas, mientras dure ese estado”.


El art. 351 del CP, tipifica el delito de Incumplimiento, antes de su modificación por la Ley 004, en los siguientes términos: “El funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función, incurrirá en reclusión de un mes a un año”.


Respecto a la duración máxima del proceso.


La Constitución Política del Estado en su art. 15.II señala: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; asimismo, el art. 178.I relativo a los principios que sustentan la potestad del Órgano Judicial de impartir justicia, contempla como tales a la celeridad, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos, principios reconocidos en los arts. 115, 178 y 180.I de la CPE. De igual manera el art. 3 de la Ley 025 (Ley del Órgano Judicial) con relación al art. 30, establece los principios en los que se sustenta, siendo estos los de seguridad jurídica, celeridad, respeto a los derechos, eficiencia y debido proceso.


Entre los motivos de extinción de la acción penal que fija la norma procesal penal, el art. 27 inc. 10) del CPP, dispone: “Por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso”; en relación a ello, el mismo Código, en el art. 133, establece la forma de realizar el cómputo, al prever: “Todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía.


Las causas de suspensión de la prescripción suspenderán el plazo de duración del procedimiento. Cuando desaparezcan éstas, el plazo comenzará a correr nuevamente computándose el tiempo ya transcurrido.


Vencido el plazo, el Juez o Tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal”.


Por su parte, el segundo párrafo del art. 5 del Código adjetivo penal, determina: “Se entenderá por primer acto del proceso, cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito.


Toda persona a quien se atribuya un delito tiene derecho a ser tratada con el debido respeto a su dignidad de ser humano” (resaltado propio).


Sobre la temática y en relación al cómputo del plazo para determinar la duración máxima del proceso, el Tribunal Constitucional estableció, analizando la actuación del Tribunal de alzada, que: “…no tomaron en cuenta lo previsto por la SC 1036/2002-R, de 29 de agosto, pues el cómputo de los seis meses previstos por el art. 134 del CPP para el desarrollo de la etapa preparatoria, empieza a partir de que el Juez cautelar pone en conocimiento del encausado la imputación formal, y a partir de ahí, se tiene un término máximo de seis meses para presentar la acusación, plazo que en casos de existir pluralidad de imputados se computa desde la última notificación con la imputación formal; lo que no implica que el plazo de tres años (art. 133 CPP) en el que deben finalizar los juicios se amplíe, con ese razonamiento interpretativo la ya citada SC 1036/2002-R, en forma clara, determinó que el computo de los tres años de duración del proceso no debía efectuarse desde la imputación formal al señalar que: éste entendimiento interpretativo (se refiere a la imputación formal y al inicio del proceso) no significa que nuestro sistema procesal se aparte del mandato de justicia pronta y efectiva, que contiene el art. 116.X constitucional, por cuanto el plazo de tres años (art. 133 del CPP) en el que deben finalizar los juicios, no se amplía con este razonamiento interpretativo.


Por su parte el art. 5 del CPP, párrafo segundo, dispone que: Se entenderá por primer acto del proceso, cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito; por consiguiente, considerando dicha normativa, el cómputo de los tres años de duración del proceso penal previsto en el art. 133 del CPP, se computa a partir de la primera sindicación efectuada en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito; en consecuencia, para computar la extinción de la acción penal por el transcurso máximo del tiempo previsto en el referido art. 133 del CPP, es necesario considerar lo manifestado” (Sentencia Constitucional 033/2006 de 11 de enero, resaltado propio).


Ahora bien, en cuanto a los aspectos que la autoridad jurisdiccional debe observar para determinar la extinción de la acción penal, la jurisprudencia constitucional en reiterados fallos, aclaró no ser suficiente considerar únicamente el transcurso del tiempo, sino que se debe analizar caso por caso la complejidad del asunto, referida no sólo a los hechos, también a la cuestión jurídica, la conducta de las partes que intervienen en el proceso y de las autoridades competentes -Órgano Judicial y Ministerio Público-, carga atribuida al imputado (Sentencia Constitucional 101/2004 de 14 de septiembre de 2004, Auto Constitucional 0079/2004-ECA de 29 de septiembre y 1042/2005-R de 5 de septiembre, entre otras); en esa misma línea, la Sentencia Constitucional 0551/2010-R de 12 de julio, estableció: “(…) vale dejar claramente establecido que el plazo fatal y fijo, no puede ser considerado como único criterio para extinguir una causa por duración máxima del proceso, sino que también debe ponderarse en forma concurrente los factores ya citados en la jurisprudencia constitucional glosada, efectuando un análisis para cada caso concreto, donde deberá analizarse si existen elementos suficientes que establezcan la extinción de la acción, como son la conducta de las partes que intervinieron en el proceso penal y de las autoridades que conocieron el mismo, aspectos que constituyen una omisión indebida por parte de los codemandados, sin soslayar que la situación de los jueces y tribunales bolivianos, así como del Ministerio Público no se encuentra sujeta únicamente a su propia voluntad sino a aspectos ajenos al propio órgano, como la falta de nombramiento oportuno de dichas autoridades, las frecuentes e intempestivas renuncias de funcionarios de esas reparticiones, así como otras circunstancias que inciden negativamente en el propósito encomiable de una pronta y oportuna administración de justicia. En consecuencia, corresponderá efectuar un estudio integral de los elementos que incidieron en la mora procesal, sin atentar contra la eficacia de la coerción penal favoreciendo a la impunidad”.


De ahí que se entiende que el plazo previsto por el art. 133 del CPP, constituye un parámetro objetivo a partir del cual corresponde analizar en cada caso concreto la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso, para cuyo análisis la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó tres criterios esenciales: a) La complejidad del asunto; b) La actividad procesal del interesado; y, c) La conducta de las autoridades judiciales, criterios que fueron asimilados por el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Constitucional 0101/2004 de 14 de septiembre y el Auto complementario 0079/2004-ECA de 29 del mismo mes. Por ello, no todo proceso que exceda el plazo de duración máxima previsto por ley vulnera la garantía de juzgamiento en plazo razonable, sino únicamente cuando resulta evidente la indebida dilación de la causa.


Se debe entender por la complejidad del asunto, que éste debe determinarse en función de las circunstancias de jure y de facto del caso concreto, que a su vez, alternativamente pueden estar compuestas por: a) el establecimiento y esclarecimiento de los hechos, los cuales pueden ser simples o complejos; b) el análisis jurídico de los hechos por los cuales se inicia el proceso penal; c) la prueba de los hechos, la cual puede ser difícil, necesariamente prolongada o de complicada actuación; y, d) la pluralidad de agraviados o inculpados, con sus respectivas defensa, entre otros elementos.


La actividad o conducta procesal del imputado, con relación a la conducta procesal, cabe destacar que ésta puede ser determinante para la pronta resolución del proceso o para su demora, en el caso que el imputado demuestre un comportamiento procesal obstruccionista o dilatorio. Por ello, para determinar si la conducta procesal del imputado ha contribuido a la demora en la resolución del proceso penal, es necesario verificar si ésta ha sido obstruccionista o dilatoria y si ha transcendido o influido en la resolución de éste, para lo cual debe tenerse presente si ha hecho uso abusivo e innecesario de los instrumentos que la ley pone a su disposición, bajo la forma de recursos o de otras figuras.


La conducta de las autoridades judiciales, para evaluar la conducta o comportamiento de las autoridades judiciales es necesario tener presente: a) la insuficiencia o escasez de los tribunales; b) la complejidad del régimen procesal; y, c) si los actos procesales realizados han contribuido, o no, a la pronta resolución del proceso penal.


En definitiva, la garantía de juzgamiento en plazo razonable es coherente con la garantía a una justicia sin dilaciones indebidas, pues lo que se pretende es resguardar al imputado de aquellos actos injustificados que dilatan la tramitación del proceso y la resolución final, provocando y manteniendo en incertidumbre y zozobra al encausado, por ello corresponde en cada caso analizar si la no conclusión de un proceso en el plazo máximo previsto por ley, obedece o no a dilaciones indebidas.


En consecuencia, la garantía de juzgamiento en plazo razonable, es coherente con la garantía a una justicia sin dilaciones indebidas, pues lo que se pretende es resguardar al imputado de aquellos actos injustificados que dilatan la tramitación del proceso y la resolución final, provocando y manteniendo en incertidumbre y zozobra al encausado, por ello corresponde en cada caso analizar si la no conclusión de un proceso en el plazo máximo previsto por ley, obedece o no a dilaciones indebidas. Asimismo, debe agregarse, que el art. 314 del CPP establece específicamente que en las excepciones planteadas el impetrante deberá correr con la carga de la prueba acompañando la documentación correspondiente.


III.3. Análisis de las excepciones opuestas.


Una vez realizadas las consideraciones doctrinales, jurisprudenciales y        normativas precedentes, corresponde ingresar al análisis de la solicitud de        extinción de la acción penal planteada por la co-imputada Savina Cuellar Leaños, quien opone dos excepciones sujetas a distintas regulaciones normativas.


III.3.1.        En cuanto a la excepción de prescripción por el delito de Incumplimiento de Deberes.


Esta excepción es opuesta al amparo de los arts. 308 inc. 4) y 27 inc. 8) del CPP,  con relación al delito de Incumplimiento de Deberes, previsto por el art. 154 del CP, a cuyo fin resulta menester identificar los antecedentes del proceso penal seguido contra la excepcionista, para que en su contexto se establezca la viabilidad o no de la pretensión planteada; en ese sentido, conforme al requerimiento conclusivo de 21 de mayo de 2013, se advierte que el Ministerio Público acusó a la imputada la presunta comisión de los delitos de Contratos Lesivos al Estado, Conducta Antieconómica, Uso Indebido de Influencias e Encubrimiento, tipificados por los arts. 221, 224, 146 y 171 del CP respectivamente, que derivó en el pronunciamiento de la Sentencia 27/2016 de 11 de agosto, que declaró la absolución de la imputada Sabina Cuellar Leaños respecto a los delitos de Uso Indebido de Influencias y Encubrimiento, siendo declarada autora del delito de Incumplimiento de Deberes y sancionada con la pena de un año de reclusión; esta resolución fue confirmada por el Tribunal de apelación restringida mediante Auto de Vista 92/2017 de 8 de mayo, que desestimó las apelaciones formuladas tanto por los acusadores público y particular, así como por la propia imputada. En cuyo mérito, el Viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, los apoderados del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca y la imputada, formularon recursos de casación que dado el estado de la presente causa, se encuentran pendientes de análisis de admisibilidad conforme las previsiones del art. 408 del CPP.


Otro dato que resulta relevante, es el hecho de que la parte imputada opuso ante el Tribunal Segundo de Sentencia de la Capital excepción de prescripción por los delitos de Encubrimiento e Incumplimiento de Deberes, siendo desestimada la pretensión mediante Auto Interlocutorio 109/2016 de 2 de junio, con base al siguiente análisis sustancial: “(…) en el caso de Autos, se debe señalar que si bien el Ministerio Público, acusa por los delitos de Encubrimiento, Uso Indebido de Influencias e Incumplimiento de deberes, el acusador particular por los mismos delitos sin embargo lo hace en concurso real,  de lo que se infiere que al existir una conexitud natural e íntima entre los tres tipos penales, con las conductas comisivas que los hubieran generalizado, no es posible aplicar el instituto de prescripción de forma independiente o separada, ya que podría conducirse a un enjuiciamiento aislado, de solo una parte de la realidad delictiva reflejada en el hecho penal relevante descrito en la acusación particular y de acoger la misma se estaría trastocando derechos y garantías fundamentales de la víctima”, para más adelante agregar: “teniendo en cuenta la acusación particular, que acusa los delitos de Encubrimiento, Incumplimiento de deberes y Uso Indebido de influencias en concurso real, éste último teniendo la pena más gravosa, de dos a ocho años y estando en concurso real con los otros tipos penales, se tendría la posibilidad de aumentar hasta la mitad, es decir a 12 años la sanción penal, en ese sentido teniendo en cuenta lo establecido por el art. 29 numeral 1) del Código de Procedimiento Penal todavía no han transcurrido los ocho años, que prescribe la norma”.


Esta determinación fue apelada incidentalmente por la imputada argumentando que el tribunal de origen asumió directamente que es culpable y que sería sentenciada a una pena de 12 años bajo el concurso real de delitos en desmedro del principio de inocencia, cuando correspondía un análisis independiente de cada tipo penal; planteamiento que mereció el siguiente razonamiento de parte del Tribunal de alzada mediante el Auto de Vista 92/2017 de 8 de mayo, que en el acápite destinado a la resolución de la apelación incidental asumió: “(…) lo que hace el Tribunal es un ejercicio en recta aplicación del art. 45 del Código Penal, en esa orientación es que fija una posibilidad de sanción penal que podría ser de 12 años de privación de libertad, que en ningún momento puede entender que se trate en determinar su culpabilidad, ello resulta imposible cuando aún se desarrollaba el juicio oral, tampoco en este momento cuando ya existe una Sentencia Condenatoria por uno solo de los delitos; la presunción de inocencia estará siempre latente mientras no exista una Sentencia Condenatoria ejecutoriada  (…). Además, respecto al concurso de delitos, desde cuya perspectiva emerge el fundamento del A-quo, guarda coherencia con el Auto Supremo de 12 de noviembre de 2013 (…) y acogido también a través del Auto Supremo 18/2016 de 23 de junio”.


Ahora bien, la precisión de los antecedentes referidos demuestran que la imputada, pese a existir pronunciamientos judiciales firmes respecto a la prescripción intentada con relación a los delitos de Encubrimiento e Incumplimiento de Deberes, de manera independiente y aislada pretende nuevamente la prescripción del último delito ante este Tribunal de casación, sin considerar los criterios asumidos tanto por el Tribunal de origen y de apelación, cuestionando el razonamiento de esos Tribunales al alegar que el concurso de delitos resultaría inexistente al haber sido condenada únicamente por el tipo penal previsto por el art. 154 y absuelta por los delitos tipificados por los arts. 146 y 171 del CP; lo que implica, el planteamiento de la excepción con motivos que ya fueron expuestos con anterioridad y rechazados por el Juez de origen y el Tribunal de apelación, a través del Auto Interlocutorio 109/2016 y Auto de Vista 92/2017 de 8 de mayo; respectivamente, pues tal como destacara la Sala Penal del Tribunal Departamental de Chuquisaca, la presunción de inocencia estará siempre latente mientras no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada, que conforme los datos del proceso aún no existe dada la formulación de recursos de casación que en el momento procesal oportuno deberán ser examinados por este Tribunal en cuanto a la concurrencia de los requisitos de admisibilidad para un eventual análisis de fondo de los planteamientos expuestos en los memoriales de casación; en consecuencia, insistir en la formulación de una excepción de prescripción respecto a uno de los tres delitos que motivan el proceso penal seguido contra la excepcionista, efectuando el cómputo del transcurso del tiempo sólo respecto al delito de Incumplimiento de Deberes, prescindiendo el análisis efectuado sobre la posible concurrencia de concurso real de delitos que sólo será resuelto en forma definitiva cuando exista una sentencia ejecutoriada, hace que resulte aplicable el art. 315 del CPP, que en su párrafo IV dispone que el rechazo de las excepciones y de los incidentes impedirá que sean planteados nuevamente por los mismos motivos, lo que a su vez denota su manifiesta intención dilatoria por fundarse en argumentos que ya fueron desestimados con anterioridad.


III.3.2.        Sobre la excepción de extinción por duración máxima del proceso.


La excepcionista sostiene en términos categóricos, que a la fecha de la presentación de la presente solicitud, se sobrepasó superabundantemente el plazo de tres años, establecido como máximo para la duración máxima del proceso por el art. 133 del CPP, teniendo en cuenta que transcurrieron aproximadamente 8 años y 11 meses desde su inicio que data de 25 de agosto de 2008, en que se presentó la denuncia que origina el proceso, siendo que la dilación es atribuible al Ministerio Público y al Órgano Judicial por las razones que se encuentran detalladas en el memorial de interposición.


Puestas así las cosas, y evidenciándose que la presente solicitud fue presentada directamente ante esta máxima instancia de justicia ordinaria, corresponde verificar si los extremos denunciados son evidentes y por ende, acceder a la pretensión planteada, o si al contrario, la dilación del presente caso, resulta atribuible a los imputados, entre ellos, a la ahora  excepcionista; fin para el cual, resulta necesario verificar la forma de tramitación de todas las etapas del proceso, en base al análisis de los aspectos precedentemente mencionados, como son: a) La complejidad del asunto; b) La actividad procesal del interesado; y, c) La conducta de las autoridades judiciales. Criterios establecidos respecto de la interpretación del plazo razonable para la resolución de los procesos, por parte de la jurisprudencia internacional y que fueron asimilados por el Tribunal Constitucional, mediante la Sentencia Constitucional 0101/2004 de 14 de septiembre y el AC 0079/2004-ECA de 29 del mismo mes; de donde se extractó el entendimiento de que no todo proceso que exceda el plazo de duración máxima previsto por ley, vulnera la garantía de juzgamiento del plazo razonable, sino únicamente cuando resulta evidente la indebida dilación de la causa. Consiguientemente, corresponde a continuación, observar dichos aspectos de acuerdo a los siguientes parámetros:


  1.   Complejidad del asunto.


En ese orden, corresponde iniciar el análisis, verificando el primero de los supuestos comprendidos en la jurisprudencia constitucional, referido a la complejidad del asunto; aspecto que, debe ser ponderado a los fines de viabilizar o no la solicitud de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso; de ahí que para determinar la demora judicial extraordinaria se debe considerar este extremo, como hecho notorio y fenómeno funcional que ocasiona retardación de justicia en perjuicio del encausado y de la víctima; pues la víctima ocupa una situación privilegiada en la Constitución Política del Estado; empero, el plazo razonable en el proceso es un derecho compartido entre la víctima y el encausado. Al margen de lo cual, también se debe tener en cuenta que el derecho a un plazo razonable no puede obstruir la objetivación de los bienes jurídicos protegidos por la norma sustantiva penal; menos aún, puede utilizarse como herramienta normativa dirigida a lograr la impunidad.


Conforme a ello, resulta necesario tener en cuenta que la causa penal se originó entre otros hechos, por la suscripción de un contrato que se hubiese celebrado entre la Prefectura del Departamento de Chuquisaca y Raúl Armando Rivera, para la supervisión de la tercera fase del Estadio Patria que conforme las acusaciones no habría cumplido la normativa vigente sobre la contratación de bienes y servicios, menos los términos de supervisión establecidos en el documento base de contratación; pues la imputada luego de anular un anterior proceso de adjudicación, hubiese resuelto por Resolución Administrativa 51/2008, aprobar el documento base de contratación, sin antes proceder a su registro en el sistema de información de contrataciones estatales y que Raúl Rivera Martínez fue condenado por la Corte Suprema en otro proceso a la pena de ocho años de reclusión y que no obstante ser puesto este extremo en conocimiento de la imputada y que el citado estaba prófugo, mantuvo incólume el contrato de supervisión, denotando según lo acusado el incumplimiento de parte de la imputada de disposiciones legales en su condición de funcionaria pública, motivo por el cual fue acusada de los delitos de Uso Indebido de Influencias, Incumplimiento de Deberes y Encubrimiento, previstos por los arts. 154, 146 y 171 del CP, sin que esta Sala Penal pueda soslayar el hecho de que estos delitos tiene como bien jurídico la función pública y en el caso del último de los delitos la función judicial; aspectos que, deben ser considerados  desde la óptica de lucha contra actos presuntos de corrupción, aun cuando en el momento de su comisión no hubiesen sido considerados en esa dimensión, teniendo cuenta la necesidad de procesar y sancionar aquellos actos que afecten el interés del Estado y que sin duda complejizan el asunto sometido a la jurisdicción ordinaria.       


De otro lado, corresponde también considerar para el cómputo del transcurso del tiempo en cuanto a la complejidad del proceso, la existencia de pluralidad de inculpados, pues conforme se tiene de los antecedentes, desarrollada la etapa preparatoria se emitió requerimiento conclusivo de acusación contra cinco personas: Sabina Cuellar Leaños, Amado Raúl Rivera Ramírez, Rafael Rolando Rodríguez Gómez, Ricardo Gonzales Laguna y Wilson Cancio Pillco Mamani; en ese ámbito y dada la pluralidad de imputados, se advierte el planteamiento de distintas pretensiones como como la formulación de incidentes y excepciones durante la audiencia conclusiva, además de apelaciones que debieron ser tramitadas y resueltas por el Tribunal de alzada, conforme se extrae de las literales presentadas por la propia excepcionista en calidad de prueba; es decir, debido a la pluralidad de imputados que están siendo procesados en la presente causa penal y a la cantidad de las resoluciones pronunciadas como emergencia de las peticiones realizadas por cada uno de ellos, queda objetivizada la demora en la tramitación del proceso, originada en su complejidad por la pluralidad de imputados.


Otro aspecto relacionado con la complejidad del asunto, es la pluralidad de delitos juzgados a los imputados, que tiene su repercusión tanto en el desarrollo de la investigación como en la sustanciación del juicio oral, en el que se recepcionó prueba tanto de cargo como de descargo; aspecto que, conlleva a la posibilidad de planteamientos de exclusiones probatorias, cuestiones incidentales, etc., para posteriormente tener que realizar un análisis probatorio conforme lo establece el art. 173 del CPP, para que en base a ese bagaje, sea posible evidenciar o no la comisión de todos los delitos acusados, labor que se ve reflejada en la emisión de la Sentencia que declaró a la imputada Sabina Cuellar, autora del delito de Incumplimiento de Deberes y absuelta por los tipos penales de Uso Indebido de Influencias y Encubrimiento, extremos que demuestran que el presente caso lleva consigo una complejidad, no sólo por la cantidad de procesados; sino también, porque el hecho que se viene juzgando hace a la configuración de varios delitos y un eventual concurso de delitos.


  1. Con relación a la actividad o conducta procesal de la imputada.


De acuerdo con los fundamentos expresados en el memorial de solicitud de la presente excepción, se evidencia que la impetrante considera que la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso sería procedente, dado que en su planteamiento la dilación indebida en la tramitación del proceso sería atribuible exclusivamente al Ministerio Público y al Órgano Judicial. Con relación a ello, corresponde a este Tribunal, revisar la conducta procesal asumida por la excepcionista; a efectos de verificar, si en efecto, la dilación del proceso fue causada por las autoridades a cargo de su tramitación; o al contrario, se debe a las actuaciones dilatorias causadas por la solicitante. A dicho efecto corresponde a continuación verificar la veracidad de lo señalado:




De este detalle, es posible advertir que la dilación en el inicio y conclusión de la audiencia conclusiva obedeció a factores atribuibles a la excepcionista quien en varias ocasiones compareció sin la asistencia de su defensor de confianza, generando la suspensión de la citada audiencia con los efectos nocivos a su normal realización, lo que obligó incluso a la designación de defensores de oficio a los fines de precautelar su derecho a la defensa técnica prevista en el art. 9 del CPP; y, que la audiencia de juicio también se vio afectada por la secuencia de solicitudes de suspensión y reprogramación que si bien pudieron ser consideradas como justificadas, no dejaron de provocar una dilación que de modo alguno puede ser atribuida al Ministerio Público ni al Órgano Judicial, siendo pertinente a esta altura del análisis enfatizar que la excepcionista al hacer referencia a la etapa de juicio, únicamente se limita a señalar que el juicio oral tuvo una duración de un año y un mes, sin establecer en qué actuados se acreditan las dilaciones atribuidas a la parte acusadora y al Órgano Judicial, incumpliendo la carga procesal de precisar de manera puntual en qué parte del acto de juicio se encuentran los actuados procesales que provocaron la demora o dilación invocada, teniendo presente el entendimiento jurisprudencial contenido en la Sentencia Constitucional 101/2004 de 14 de septiembre. 


En consecuencia, se advierte objetivamente que varias solitudes planteadas por la excepcionista, incidieron en la duración del proceso y que en definitiva se traducen en parámetros objetivos y verificables que impidieron la conclusión del proceso en el plazo de tres años previsto por la norma contenida en el art. 133 del CPP, pues la conducta de la solicitante, fue determinante para la demora en la resolución del proceso, puesto que  contribuyó a la demora en la resolución del proceso penal.


  1. Conducta de las autoridades judiciales.


Finalmente, como tercer presupuesto relativo a la extinción de la acción penal, se tiene la conducta de las autoridades judiciales, respecto de las cuales corresponde evaluar el grado de celeridad con el que tramitaron el proceso, sin perder de vista en ningún momento, el especial celo que es exigible a todo Juez o Tribunal encargado de dilucidar una causa. Para ello, será preciso examinar las actuaciones u omisiones del Órgano Judicial en la tramitación de la causa y todas las incidencias que conlleva su tramitación respecto de que las mismas fueron o no justificadas, la demora en la tramitación y resolución de los medios impugnatorios, siendo criterios que permitirán apreciar si el retraso o dilación es indebido o no y que deben ser analizados en este caso respecto de lo alegado por la excepcionista.


En ese orden, resulta evidente que el Órgano Judicial en resguardo de los derechos y garantías de las partes realizó una correcta labor, en cuanto a la tramitación de la causa, teniendo en cuenta que las dilaciones se debieron a factores externos que ya fueron demostrados y explicados precedentemente; además añadir, que resulta evidente la complejidad del régimen procesal, al realizarse una tramitación con la pluralidad de procesados y delitos ya analizada, más el uso de planteamientos reiterados por la excepcionista como sucede en el caso de la excepción de prescripción por las razones desarrolladas anteriormente; verificándose en consecuencia, que los actos procesales realizados fueron los necesarios y pertinentes para su sustanciación y resolución, por lo que no se puede atribuir dilación alguna al Órgano Judicial.


En conclusión, se debe tener en cuenta en el presente caso la existencia de: a) Varios procesados (se inició la causa contra cinco personas); b) Los delitos por los que se les procesa son delitos que tiene como bien jurídico la función pública y judicial, que revisten complejidad en su investigación y juzgamiento, que inviabiliza la extinción de la acción penal por el solo transcurso del tiempo; c) De una conducta en el proceso de parte de la excepcionista que contribuyó a la dilación de la causa; y, d) La conducta de las autoridades, desplegada para tramitar y resolver los innumerables planteamientos de los imputados, no sólo de la excepcionista en resguardo a la normativa vigente. Por lo que, en la presente causa, si bien efectuado el cómputo desde el primer acto del proceso consistente en la denuncia de 25 de agosto de 2008, a la fecha de presentación de la excepción, superó los tres años previstos por el art. 133 del CPP; se advierte con claridad que la dilación de la resolución del caso de autos, es atribuible a la complejidad del proceso y a las solicitudes reiteradas de suspensión y reprogramación de audiencias; no siendo imputable al Órgano Judicial, habida cuenta que el tiempo de duración de la causa no se encuentra sujeta únicamente a su propia voluntad, sino a aspectos ajenos al propio órgano, como los señalados anteriormente, así como otras circunstancias que inciden negativamente en el propósito encomiable de una pronta y oportuna administración de justicia.


Por tanto, las consecuencias de las dilaciones se originan en el accionar procesal de la excepcionista, a la complejidad del proceso en la tramitación de la causa que se ve reflejada en los antecedentes expuestos, además de la excesiva carga procesal con que cuentan los Tribunales del país, que no puede ser soslayada a tiempo de resolver la pretensión; de ahí, haciendo un análisis integral de todos estos elementos que incidieron en la mora procesal; empero, sin atentar contra la eficacia de la tramitación de la causa, éstas se enmarcan en la previsiones contenidas en la normativa y jurisprudencia señalada en el punto III de la presente Resolución.


Debe agregarse a lo señalado, que la Sentencia Constitucional 101/2004 de 14 de septiembre de 2004 y Auto Constitucional 0079/2004-ECA de 29 de septiembre, cuyos criterios son aplicables, concuerdan su entendimiento con lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que considera que el concepto de “plazo razonable”, al que hace referencia el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe medirse de acuerdo a los siguientes criterios: “…la complejidad del litigio, la conducta de los demandantes y de las autoridades judiciales y la forma cómo se ha tramitado la etapa de instrucción en el proceso” (Informe 43/96. Caso 11.430, 15 de octubre de 1996, punto 54, Comisión Interamericana de Derechos Humanos). También, menciona la referida Sentencia Constitucional que dicho argumento también es el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha señalado en reiterados fallos que para considerar la duración razonable de un proceso penal, debe considerarse la complejidad del caso, la conducta del imputado y la manera en que el asunto fue llevado por las autoridades administrativas y judiciales. Puntualizando también, que esa doctrina fue asumida por el Tribunal Constitucional de España que entre los criterios para establecer el derecho a tener un proceso sin dilaciones indebidas, ha considerado a: “…las circunstancias del proceso, su complejidad objetiva, la duración normal de procesos similares, la actuación procesal del órgano judicial en el supuesto concreto y la conducta del recurrente al que le es exigible una actitud diligente…” (Sentencia 313/1993); en consecuencia, corresponde que la excepción sujeta al presente análisis, sea declarada infundada de acuerdo al parágrafo I del art. 315 del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en los arts. 44 in fine y 315 del CPP, RESUELVE:


Declarar INFUNDADAS las excepciones de extinción de la acción penal por prescripción del delito de Incumplimiento de Deberes, previsto y sancionado por el art. 154 del CP; y, por duración máxima del proceso, opuestas por la imputada Savina Cuellar Leanos, con costas, conforme a lo dispuesto por el art. 268 del CPP y con los efectos previstos por el art. 315.III del CPP.


En cumplimiento de la Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, se advierte a las partes que la presente Resolución no es recurrible.


Notifíquese a las partes con sujeción a las disposiciones previstas en el art. 163 del CPP.


Regístrese y hágase saber.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos