TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 062/2018-RA

Sucre, 14 de febrero de 2018


Expediente                : Santa Cruz 10/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Robin Danny Flores Arteaga

Delito        : Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos


RESULTANDO


Por memorial presentado el 23 de noviembre de 2017, que cursa de fs. 389 a 392 vta., Robin Danny Flores Arteaga, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 80 de 6 de noviembre de 2017, de fs. 379 a 382, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, representado legalmente por Carlos Guillermo Guerrero Reinhard, contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos, previsto y sancionado por el art. 26 de la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz (Ley 004 de 31 de marzo de 2010).

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 30/2017 de 25 de mayo (fs. 311 a 318 vta.), el Juez Noveno de Sentencia Penal, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Robin Danny Flores Arteaga, absuelto de pena y culpa de la comisión del delito de Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos, previsto y sancionado por el art. 26 de la Ley 004, en razón a que la prueba aportada no fue suficiente, habilitando el procedimiento especial para la reclamación de los daños civiles, una vez ejecutoriada la Resolución.

  1. Contra la referida Sentencia, Carlos Guillermo Guerrero Reinhard en representación legal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz (fs. 334 a 339 vta.); y, el Ministerio Público (fs. 341 a 351), formularon recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz mediante Auto de Vista 80 de 6 de noviembre de 2017, que declaró admisibles y procedentes los recursos planteados; en consecuencia, anuló totalmente la Sentencia apelada, disponiendo la reposición del juicio por otro juzgado de Sentencia.

  1. Por diligencia de 20 de noviembre de 2017 (fs. 383), fue notificado el recurrente, con el Auto de Vista recurrido e interpuso recurso de casación el 23 del mismo mes y año, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN

Del memorial del recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:


El recurrente denuncia, que el Tribunal de alzada a tiempo de resolver los recursos de apelación restringida interpuestos por el Ministerio Público y la acusación particular, realizó una incorrecta valoración; puesto que, dio otra dirección al proceso, “en sí de hechos no investigados”, menos juzgados, existiendo una contradicción, por cuanto, el Juez de primera instancia falló en base a lo acusado y las pruebas aportadas; no obstante, el Auto de Vista recurrido observó supuestos hechos inexistentes, incluyendo un acápite sobre los hechos probados y la valoración de la prueba en forma conjunta y armónica, aspecto que sí fue cumplido por el Juez de primera instancia que valoró las pruebas de descargo utilizando la lógica; agregando además el Tribunal de alzada que el Juez de mérito no realizó una fundamentación y señalando “de posibles”; no observando, que la acusación se basó en resultados y no en presunciones, donde no se demostró su participación en el hecho acusado, ni consideró que en audiencia fue reconocido por el Director de Tráfico y Transporte que manifestó que el motorizado estaba a disposición de su persona las 24 horas, que jamás tuvo ninguna llamada de atención, que era buen funcionario en la gestión y tiempo que trabajó para la Honorable Alcaldía Municipal de Santa Cruz; no obstante, declaró procedentes las apelaciones por una simple presunción que hubiera podido ocurrir, contrarrestando la presunción de inocencia, lo que no se adecuaría a la economía procesal penal, ya que, no aplicó la objetividad realizada por el Juez de Sentencia, incurriendo en una incorrecta valoración y aplicación de las disposiciones legales, sustitutivas, adjetivas y constitucionales.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP).


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que el recurrente cumplió con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta, que fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 20 de noviembre de 2017, interponiendo su recurso de casación el 23 del mismo mes y año, cumpliendo de esta manera con el primer párrafo del art. 417 del CPP.


Respecto al único motivo, donde el recurrente denuncia, que el Tribunal de alzada a tiempo de resolver los recursos de apelación restringida interpuestos por el Ministerio Público y la acusación particular, realizó una incorrecta valoración y aplicación de disposiciones legales, sustitutivas, adjetivas y constitucionales; puesto que, dio otra dirección al proceso, observando supuestos hechos inexistentes, alegando que el Juez de mérito no habría realizado una fundamentación y mencionando “de posibles”; no considerando, que la acusación se basó en resultados y no en presunciones, donde no se demostró su participación en el hecho acusado, ni observó, que en audiencia fue reconocido por el Director de Tráfico y Transporte que manifestó que el motorizado estaba a disposición de su persona las 24 horas, que jamás tuvo ninguna llamada de atención, que era buen funcionario en la gestión y tiempo que trabajó para la Honorable Alcaldía Municipal de Santa Cruz; sin embargo, declaró procedentes las apelaciones por una simple presunción que hubiera podido ocurrir, contrarrestando la presunción de inocencia, no adecuándose a la economía procesal penal, ni aplicando la objetividad realizada por el Juez de origen.


Al respecto, se advierte que de la revisión del recurso de casación, el recurrente no invocó precedente contradictorio alguno, consecuentemente no cumplió con la carga procesal de exponer en qué consistiría la contradicción en el que hubiere incurrido el Auto de Vista recurrido respecto de algún precedente en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, aspecto que impide a este Tribunal Supremo realizar la labor que le encomienda la ley, sin que la omisión en la que incurrió el recurrente pueda ser suplida de oficio.


Por los fundamentos expuestos, al no ser posible verificar la probable aplicación distinta de doctrina legal contenida en precedentes, se establece que el presente recurso no cumple con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, ni con los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite anterior de la presente Resolución, situación por el que deviene en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Robín Danny Flores Arteaga, de fs. 389 a 392 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos