TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 061/2018-RA

Sucre, 14 de febrero de 2018


Expediente                : Oruro 2/2018        

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Eulalia Aguilar Ricaldes y otra

Delito                : Tráfico de Sustancias Controladas


RESULTANDO


Por memorial presentado el 2 de enero de 2018, cursante de fs. 87 a 89 vta., Eulalia Aguilar Ricaldes, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 50/2017 de 15 de diciembre, de fs. 74 a 77, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la recurrente y Bertha Huarachi Coraite, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 en relación al inc. m) del art. 33 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008). 


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes remitidos en casación, se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 50/2016 de 31 de octubre (fs. 29 a 35), la Juez Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a Eulalia Aguilar Ricaldes y Bertha Huarachi Coraite, autoras de la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 en relación al inc. m) del art. 33 de la Ley 1008, imponiendo la pena de diez años y tres meses de presidio y al pago de mil días multa a razón de Bs. 1.- por día, con costas y pago de la responsabilidad civil a favor del Estado. Más la confiscación definitiva de teléfonos móviles. 


  1. Contra la mencionada Sentencia, la imputada Eulalia Aguilar Ricaldes interpuso recurso de apelación restringida (fs. 38 a 43 vta.), que fue resuelto por Auto de Vista 50/2017 de 15 de diciembre, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declaró improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, con costas.


  1. Por diligencia de 27 de diciembre de 2017 (fs. 78), la recurrente fue notificada con el referido Auto de Vista; y, el 2 de enero de 2018, interpuso el recurso de casación, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. La parte recurrente refiere, que en apelación restringida alegó como motivo de apelación la existencia de un defecto en la Sentencia recurrida, consistente en la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva conforme prevé el art. 370 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal (CPP), aplicando de manera errónea el art. 48 en relación al inc. m) del art. 33 de la Ley 1008; toda vez, que se le sentenció como autora del tipo penal de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 en relación al inc. m) del art. 33 de la Ley 1008, señalando que la misma relación de hechos de Sentencia refiere: “…que la recurrente hubiese sido interceptada en el control aduanero de Pisiga en su condición de pasajera de un bus internacional que hacia su recorrido de la ciudad de Cochabamba con destino a la República de Chile…” (sic), hecho que debía de calificarse como Transporte de Sustancias Controladas de conformidad a lo previsto por el art. 55 de la Ley 1.008 que de forma taxativa refiere: “El que ilícitamente y a sabiendas trasladare o transportare cualquier sustancia controlada, será sancionado con ocho a doce años de presidio y mil a mil quinientos días de multa e incautación definitiva del motorizado o medios de transporte” (sic). Asimismo, afirma que en apelación restringida hubiese invocado como Doctrina Legal Aplicable los Autos Supremos 021/2007 de 26 de enero y “004/2007”, que referirían, que bajo los principios de favorabilidad y especificidad en el caso de existir el transporte de Sustancias Controladas debe ser calificado de forma favorable; es decir, por transporte y no así por tráfico en la modalidad de transportar. Pero lamentablemente, la Sentencia no tomó en cuenta dichos alegatos, ni lo establecido en el art. 116 de la Constitución Política del Estado (CPE), referente, a que en caso de duda sobre la norma aplicable debe regir la más favorable al imputado.


Con este antecedente, denuncia que el Auto de Vista recurrido emitido por el Tribunal de alzada, se limitó a señalar “Que no se habría cuestionado la calificación en el Auto de Apertura de Juicio, que no se habría presentado en la etapa de incidentes del juicio algún incidente cuestionando la calificación y que mi persona la recurrente- como acusada no habría enervado con prueba testifical y documental la acusación fiscal” (sic), por lo que dicha resolución no cuenta ni con la más mínima fundamentación. Invocando como precedentes contradictorios, los Autos Supremos 021/2007 de 26 de enero, 215/2006 de 28 de junio y 004/2007 de 26 de enero.


  1. Denuncia también, que el Auto de Vista impugnado fue emitido luego de más de un año y en fecha de vacación judicial, aclara, que los vocales se encontraban de turno, empero conforme a circular de Sala Plena para atender causas nuevas, lo que equivale a decir que los mismos emitieron dicha resolución sin competencia, conforme la Constitución Política del Estado que sanciona con nulidad todo acto emitido por autoridad incompetente en concordancia con la Ley de Organización Judicial, que señala que un Juez pierde competencia por muerte, renuncia o vacación.  

     

  1. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.

En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)         Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


  1. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que por diligencia de 27 de diciembre de 2017 el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado, interponiendo su recurso de casación el 2 de enero de 2018; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


En ese entendido, se advierte que como primer motivo del recurso, la parte recurrente haciendo referencia al agravio alegado en apelación restringida con base al art. 370 inc. 1) del CPP, referente que en caso de existir el Transporte de Sustancias Controladas debe ser calificado de forma favorable; es decir, por transporte y no así por tráfico en la modalidad de transportar; a cuyo efecto, cita los Autos Supremos 021/2007 de 26 de enero, 215/2006 de 28 de junio y 004/2007 de 26 de enero, denuncia la falta de debida fundamentación del Auto de Vista recurrido, enfatizando que no cuenta ni con la más mínima fundamentación; sin embargo, de la lectura y análisis del recurso, se constata que la recurrente simplemente se limita a destacar los entendimientos jurisprudenciales que tuviesen dichos precedentes contradictorios, sin explicar en términos precisos, conforme la exigencia establecida por el art. 417 del CPP, cuál la contradicción existente con el Auto de Vista impugnado y los referidos Autos Supremos, requisito ineludible para su admisibilidad, al constituirse en una obligación que tiene trascendental importancia, pues desde ahí, partirá el análisis de contrastación a efectuarse en una resolución de fondo, sin que dicha exigencia quede cumplida con la simple mención de los criterios contenidos en los precedentes como sucede en el caso de autos; por lo que la parte recurrente en este motivo, incurrió en una omisión que no puede ser suplida de oficio por esta Sala Penal y que inviabiliza su admisibilidad.      


En cuanto al segundo motivo, se constata que la parte recurrente denuncia que el Auto de Vista impugnado fue emitido fuera de plazo (luego de más de un año) y  en circunstancias irregulares (en vacación judicial, donde solo podían atender causas nuevas); al respecto, con fines aclaratorios debe tomarse en cuenta que a partir de la doctrina legal aplicable contenida en los Autos Supremos 110 de 31 de marzo de 2005, 240 de 12 de marzo de 2009 y 259 de 6 de mayo de 2011, entre otros, sostenida de manera uniforme por este Tribunal, en materia penal, el incumplimiento de plazos no acarrea la pérdida de competencia, menos la nulidad de lo actuado, sino la retardación de justicia que amerita la responsabilidad administrativa o penal de los funcionarios negligentes, determinando la inviabilidad del análisis del presente motivo, conforme esta Sala Penal asumiera en casos similares resueltos a través de los Autos Supremos 293/2012-RA de 16 de noviembre, 019/2013-RA de 7 de febrero, 016/2017-RA de 17 de enero y 046/2017-RA de 20 de enero, entre otros.   


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Eulalia Aguilar Ricaldes, de fs. 87 a 89 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos