TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 053/2018-RA

Sucre, 14 de febrero de 2018


Expediente                : Cochabamba 67/2017

Parte Acusadora        : Ministerio Público y Otro

Parte Imputada        : Humberto Vía Vargas

Delito        : Asesinato


RESULTANDO


Por memorial presentado el 2 de octubre de 2017, cursante de fs. 575 a 579 vta., Humberto Vía Vargas interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 30 de junio de 2017, de fs. 554 a 563 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Abraham Calani Toledo contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2) y 3) del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 18/2016 de 7 de junio (fs. 414 a 423 vta.), el Tribunal de Sentencia de Ivirgarzama del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a Humberto Vía Vargas, autor de la comisión de del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2) y 3) del CP, imponiendo la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto, más el pago de costas y el resarcimiento de daños civiles ocasionados al Estado y la Víctima, averiguables en ejecución de sentencia. 


  1. Contra la referida Sentencia, el imputado Humberto Vía Vargas interpone recurso de apelación restringida (fs. 473 a 479 vta.), que fue resuelto por Auto de Vista de 30 de junio de 2017, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, con costas.

  1. Por diligencia de 27 de septiembre de 2017 (fs. 564), el recurrente fue notificado con el referido Auto de Vista; y, el 2 de octubre de 2017, interpuso el recurso de casación, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


El recurrente, denuncia que el Auto de Vista no se encuentra debidamente fundamentado y motivado, advirtiéndose que no cumple con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad, por no pronunciarse sobre todos los puntos apelados, los que debieron ser absueltos con la debida fundamentación y en base a argumentos individualizados y sólidos, constituyéndose en un vicio de incongruencia omisiva, que vulnera el art. 124 del CPP y desconoce el art. 398 del CPP, constituyendo en un defecto absoluto inconvalidable, que vulnera el derecho a recurrir, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva; refiriendo que: i) El Tribunal de apelación incurre en defecto de incongruencia omisiva que sería contrario al Auto Supremo 21/2007 de 26 de enero, que establece la obligación de dar respuesta a todos los agravios denunciados (tantum devolotum quantum apellatum), al no pronunciarse de manera lógica, concreta, cierta y correcta, sobre las fechas en las que se suspendió la audiencia; indica que de la lectura del Auto de Vista se introducen fechas que no corresponden al registro de las actas de suspensión del juicio oral, no se tiene certeza si la suspensión fue el 23 de mayo de 2017 o el 3 de mayo de 2016, por la errónea consignación de datos en el Auto de Vista, cuya incongruencia constituye un defecto absoluto, referido al deber de atender y resolver todas las pretensiones que se hayan traído al proceso oportuna y temporalmente, frustrando con ello el derecho de la parte a obtener una respuesta coherente, fundada en derecho, sobre la cuestión formalmente planteada, generando incertidumbre sobre el valor generado a los medios de prueba, defecto que no puede ser convalidable, pues no se tiene la certeza de que la decisión es justa y emergente de la interpretación correcta de los hechos, que vulnera flagrantemente el derecho que permite conocer cuáles son las razones de haber consignado arbitrariamente las citadas fechas, lo que generaría absoluta indefensión. El derecho al debido proceso exige que toda resolución sea debidamente fundamentada, donde la autoridad que pronuncia la resolución debe necesariamente exponer los hechos de manera concreta, real, cierta y fidedigna, lo que no aconteció en el caso de autos, generando una vulneración a los arts. 115 par. II, 116 par. I, art. 117, 119 par II, y 120 par. I de la Constitución Política del Estado (CPE), lo que afecta la verdad material; ii) El Auto de Vista señala que el acta de suspensión de audiencia de 23 de mayo de 2017, fue suspendida en horas de la mañana por la no concurrencia del abogado defensor, instalándose en horas de la tarde a efecto de que el imputado se comunique con su abogado; sin embargo, en la audiencia se advirtió que el celular del abogado estaba apagado, declarándose el abandono malicioso previsto por el art. 105 del Código de Procedimiento Penal (CPP), designándose defensor de oficio, señalándose nueva audiencia para el 6 de junio de 2016. Señala que en el caso presente, el abogado defensor de su confianza no fue apartado en la audiencia de juicio oral de 6 y 7 de junio, sino en la audiencia suspendida de 3 de mayo de 2016. En el caso de autos no se habría producido nueva renuncia o abandono para que se le designe un defensor de oficio, incurriendo en lesiva fundamentación, sin observar el art. 104 del CPP. En consecuencia, el Auto de Vista impugnado hace una interpretación gramatical con diverso alcance, incurriendo en errónea aplicación de la Ley adjetiva, por ser que el Abogado defensor estaba impedido de concurrir por los bloqueos en la carretera del Chapare, por lo que correspondía otorgar un plazo no mayor a 48 horas para que el abogado justifique su incomparecencia, según la previsión del art. 335 inc. 2) del CPP, de lo que se colige que el Auto de Vista convalidó un defecto imposible de convalidación, nulo de pleno derecho, al atentar flagrantemente a los derechos fundamentales del acceso a la justicia, tutela judicial efectiva por jueces y tribunales, debido proceso, inviolabilidad de la defensa, derecho a ser oído y escuchado por Tribunal competente, según lo previsto por los arts. 115, 117 par. I, 119 y 120 par. I de la CPE y las disposiciones adjetivas penales de los arts. 104, 1124, 169 inc. 3) y 335 inc. 2) del CPP, convalidando los defectos de la Sentencia, al renunciar a la defensa provista por el Tribunal, otorgándose a la nueva defensa de oficio un término de 30 minutos para revisar el proceso. Los Vocales debieron anular la Sentencia por representar un defecto absoluto, por no recibir la tutela judicial efectiva, por lo que el Auto de Vista impugnado recae en una incongruencia omisiva pues no se habría producido una nueva renuncia o abandono para que se designe de oficio un defensor; iii) El Auto de Vista sostiene que el Tribunal de Sentencia cumplió con los presupuestos de la valoración de la prueba, realizando una fundamentación fáctica, probatoria (descriptiva e intelectiva) y jurídica, por cuanto realizaron una ponderación integral de las pruebas, las que fueron objeto de valoración y posterior compulsa con las normas sustantivas penales y los principios constitucionales. El recurrente señala que la Sentencia se sustenta en los incs. 2) y 3) del art. 252 del CP, desarrollando sus aspectos conceptuales, alegando que estos elementos constitutivos del tipo penal de Asesinato no fueron fácticamente probados, generando una injusta Sentencia, siendo que el Asesinato habría sido cometido por Ximena Calani y su amante Rider Balderrama, quienes después del hecho se encontraban en actos preparatorios de fuga. Estos aspectos el Auto de Vista impugnado los convalidó, señalando que el Tribunal de Sentencia cumplió con los presupuestos de la valoración de la prueba, por lo que infiere que el Tribunal de apelación incurrió en errónea aplicación de la Ley y es contraria al precedente contradictorio invocando los Autos Supremos 013/2013-RA de 13 de febrero, 131/2017 de 21 de enero y 724/2004 de 26 de noviembre, por la falta de una adecuada subsunción del hecho a los elementos constitutivos del tipo penal, que deriva en una errónea aplicación de la norma y la Sentencia como tal es insuficiente y contradictoria, por haber basado la resolución en un hecho donde no fue individualizado, no acreditado y por valoración defectuosa de la prueba; y, iv) El recurrente manifiesta que al amparo del art. 412 del CPP, habría solicitado día y hora para fundamentar oralmente el recurso, a lo que el Tribunal de apelación omitió fijar audiencia de fundamentación, lo que evidencia un fallo dictado en inobservancia de las reglas del debido proceso y las garantías constitucionales, constituyéndose en un defecto absoluto al tenor del art. 169 inc. 3) del CPP.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 27 de septiembre de 2017, interponiendo su recurso de casación el 2 de octubre del mismo año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Con relación al primer motivo, haciendo una abstracción de los fundamentos descritos en el apartado segundo de la presente resolución, el recurrente manifiesta que el Tribunal de Apelación habría incurrido en incongruencia omisiva porque el Auto de Vista habría introducido fechas que no corresponden al registro de actas de suspensión del juicio oral, no teniéndose certeza si las suspensiones fueron el 23 de mayo de 2017 o el 3 de junio de 2016, constituyéndose en un defecto absoluto, porque los vocales al atender las pretensiones del recurrente, debieron resolver de manera fundamentada, todas las cuestiones de hecho y derecho de manera real concreta y precisa, que en el caso de autos, al existir esta incongruencia, genera incertidumbre sobre el valor otorgado a los medios de prueba, generando a su vez indefensión, tal como se desglosa en lo pertinente, y que considera -el recurrente- es inconvalidable, al haberse consignado fechas falsas en la resolución impugnada respecto a la relación de hechos que hace el Tribunal de apelación sobre la Sentencia apelada, indicando que bajo estos argumentos se vulneran los arts. 115 par. II, 116 par. I, art. 117, 119 par II, y 120 par. I de la CPE, afectando la verdad material, lo que sería contrario al Auto Supremo 21/2007 de 26 de enero. Analizando los términos expuestos en este motivo que viene en casación, se evidencia la existencia de una posible incongruencia omisiva, cuyo argumento es claro al establecer por qué la contradicción entre fechas del acta de suspensión de audiencia que forma parte de la fundamentación del Auto de Vista impugnado, generarían un defecto absoluto, donde el recurrente manifiesta el agravio que ésta omisión le causa así como los derechos constitucionales vulnerados por parte del Tribunal de apelación invocando como precedente contradictorio el Auto Supremo 21/2007 de 26 de enero, que de su observación, no establece cuál la contradicción del precedente con la incongruencia que manifiesta haber incurrido el Tribunal de apelación, por lo que es de considerar que el recurrente no ha cumplido con lo previsto en el art. 417 del CPP, al no establecer la contradicción de manera clara como es requerido procesalmente; en cuyo mérito corresponde valorar, que si bien esta exposición de motivos no ingresa en los requisitos establecidos en los arts. 416 y 417 del CPP, el Tribunal Supremo de Justicia, garantizando el acceso a la justicia y el derecho a la impugnación de manera amplia y favorable establece los criterios de flexibilización explicados en el acápite anterior de la presente Resolución, que hace viable cuando concurran defectos absolutos la admisión del recurso de casación, para poder establecer si efectivamente los agravios señalados son evidentes, cuya compulsa únicamente puede ser realizada analizando el fondo del recurso de casación. Por ello habiendo el recurrente cumplido los criterios de flexibilización respecto a la fundamentación e indicación de los derechos vulnerados y los agravios ocasionados con el Auto de Vista que tilda de incongruente, corresponde considerar el fondo de la pretensión, admitiendo el mismo de forma extraordinaria.


Con relación al segundo motivo, se extrae que el Auto de Vista habría realizado una errónea aplicación de la Ley, respecto a los arts. 104 y 105 del CPP, al designar defensor de oficio, sin considerar hechos que impedían que el Abogado defensor pueda constituirse a juicio oral de 3 de mayo de 2016, incurriendo el Auto de Vista en una lesiva fundamentación, al otorgarle al art. 104 del CPP, diverso alcance, siendo que ante el impedimento del Abogado defensor, correspondía otorgar un plazo de 48 horas para justificar su incomparecencia tal como lo señala el art. 335 inc. 2) del CPP, convalidando de esta manera el Tribunal de apelación un defecto incurrido por el Tribunal de Sentencia, imposible de convalidación, nulo de pleno derecho, al atentar flagrantemente los derechos fundamentales del acceso a la justicia, tutela judicial efectiva por Jueces y Tribunales, el debido proceso, la inviolabilidad de la defensa, derecho a ser oído y escuchado por Tribunal competente, previstos por los arts. 115, 117 par. I, 119 y 120 par. I de la CPE y las disposiciones adjetivas penales de los arts. 104, 124, 169 inc. 3) y 335 inc. 2) del CPP, al renunciar a la defensa provista por el Tribunal, otorgándose a la nueva defensa de oficio un término de 30 minutos para revisar el proceso, lo que considera el recurrente deviene también en una incongruencia omisiva que afecta el derecho al debido proceso. De los argumentos planteados en el recurso de casación, nuevamente se manifiesta la afectación a derechos y garantías fundamentales vinculadas al debido proceso, así como también se denuncia incongruencia omisiva, por existir esa falta de fundamentación al momento de resolver este agravio que a criterio del recurrente no fue acordemente resuelto por parte del Tribunal de apelación, que de su análisis, hace viable su admisión bajo los criterios de flexibilización, siendo que el recurrente ha señalado cada uno de los derechos vulnerados, así como los fundamentos de su agravio y la incongruencia omisiva con relación a la errónea aplicación de la Ley adjetiva en la que habría incurrido el Tribunal de apelación, y estando por cumplidos los presupuestos de flexibilización, es oportuno poder ingresar al análisis de fondo del presente motivo.


Respecto al tercer motivo, se colige que el recurrente denuncia la falta de aplicación objetiva de la Ley, la cual fue incoada como fundamento en la apelación restringida que impugna la Sentencia, donde no se habían tomado en cuenta que los elementos constitutivos del tipo penal de Asesinato previsto en el art. 252 incs. 2) y 3) del CP, no fueron fácticamente probados, generando una injusta Sentencia, y que el Auto de Vista convalidó al momento de establecer y señalar que el Tribunal de Sentencia cumplió con los presupuestos de valoración de la prueba, realizando una suficiente fundamentación fáctica, probatoria y jurídica, por lo que afirma la errónea aplicación de la Ley que ha incurrido no solo el Tribunal de Sentencia, sino también el Tribunal de apelación, en contradicción al precedente contradictorio establecido en los Autos Supremos 013/2013-RA de 13 de febrero, 131/2007 de 21 de enero y 724/2004 de 26 de noviembre, por existir una la falta de subsunción del hecho a los elementos constitutivos del tipo penal, que deriva en una errónea aplicación de la norma y la Sentencia como tal es insuficiente y contradictoria, por haber basado la resolución en un hecho donde no fue individualizado, no acreditado y por valoración defectuosa de la prueba, incurriendo el Auto de Vista impugnado en el mismo error al convalidar este defecto de la Sentencia. Bajo estos fundamentos, el recurrente solicita que el presente motivo sea admitido para su trámite en el fondo, pero previamente para ello debe haberse cumplido con lo que refieren los arts. 416 y 417 del CPP; es decir, que al momento de plantear el recurso de apelación restringida,  al tratarse del mismo agravio en que habrían incurrido el Tribunal de Sentencia y el Tribunal de apelación, el recurrente debe haber cumplido con la carga procesal de invocar oportunamente el precedente contradictorio que invoca en el recurso de casación; es así que de la revisión del argumento del presente motivo, se puede colegir que los precedentes fueron invocados en el recurso de apelación restringida así como en el recurso de casación; empero también, cabe indicar que, el precedente relativo al Auto Supremo 013/2013-RA de 13 de febrero, no corresponde al cursante en archivos de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, constatándose del Libro Tomas de Razón Tomo I de la gestión 2013, cursante a fojas 45, que la Resolución invocada no está referida a una resolución de admisión, tal como codifica el recurrente (RA), evidenciando también que el mismo no data del 13 de febrero, ya que se tiene de manera objetiva y correcta el Auto Supremo 013/2013-RRC de 6 de febrero, el cual fue erróneamente invocado y caracterizado por el recurrente, debiéndose indicar además- que de la lectura del precedente invocado, este no representa un precedente contradictorio como tal, al no constituir doctrina legal aplicable, considerando que el precitado Auto Supremo ha declarado el recurso de casación infundado, lo que hace inviable poder realizar la labor de contrastación en el fondo respecto a los fundamentos con el Auto Supremo 013/2013-RRC de 6 de febrero. Asimismo, respecto a los Autos Supremos 131/2007 de 21 de enero y 724/2004 de 26 de noviembre, si bien establecen doctrina legal aplicable, esta debe ser acordemente descrita y expuesta por el recurrente, debiendo cumplir con la carga prevista en el art. 417 segunda parte del CPP; es decir, que se deberá señalar la contradicción en términos claros y precisos, por lo que la simple invocación y un señalamiento genérico de que existe contradicción, no es suficiente para establecer el cumplimiento del requisito previsto por la precitada norma procesal, lo que efectivamente se evidencia en el motivo de autos del recurso de casación, donde si bien infiere la existencia de una contradicción, no explica en qué consiste la misma, así como tampoco señala cual sería la aplicación que se pretende respecto al precedente contradictorio con relación al agravio y los defectos que señala el recurrente y que fueron generados por el Tribunal de apelación así como por el Tribunal de Sentencia; lo que en consecuencia genera el incumplimiento del art. 417 segundo párrafo del CPP, no siendo posible ingresar en el al análisis de fondo del presente motivo.


Respecto al cuarto motivo, donde se hizo cita y referencia de que el Tribunal de apelación, habría omitido señalar audiencia de fundamentación oral, considerando que el recurrente habría manifestado dicho aspecto en su recurso de apelación restringida al amparo del art. 412 del CPP, lo que evidencia un fallo dictado en inobservancia de las reglas del debido proceso y las garantías constitucionales, constituyéndose en un defecto absoluto al tenor del art. 169 inc. 3) del CPP, ante la omisión del Tribunal de apelación. Respecto a este motivo, si bien se manifiesta que no se llevó a cabo la audiencia de fundamentación oral, omitiéndose este actuado procesal, de antecedentes, corresponde indicar que de acuerdo al decreto de 5 de junio de 2017 (fs. 651), la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, señaló audiencia de fundamentación oral para el 9 de junio de 2017 a horas 08:15 am., el cual fuera notificado al impetrante el 6 de junio de 2017 (fs. 651 vta.) mediante tablero judicial, considerando que mediante memorial de apelación restringida efectivamente se habría señalado domicilio procesal en tablero judicial (fs. 479 vta.), por lo que en la mencionada fecha, se constituyó efectivamente el Tribunal de apelación, que pese de haberse notificado a todas las partes, incluyendo el recurrente, éste no compareció a dicha audiencia conforme consta por acta de audiencia de fundamentación oral (fs. 652), por lo que no puede alegar el recurrente que el Tribunal de apelación no fijó fecha, día y hora de audiencia de fundamentación, cuando efectivamente esta fue instalada en ausencia de todas las partes procesales, por lo que el presente motivo, al no ser evidente el reclamo traído en casación, no corresponde considerar su análisis en el fondo.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Humberto Vía Vargas, únicamente para el análisis de los motivos primero y segundo. Asimismo, en cumplimiento del segundo párrafo del referido artículo, se dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos