TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 044/2018-RA

Sucre, 05 de febrero de 2018


Expediente                : Santa Cruz 5/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Freddy Edgar Cardona Suarez

Delito        : Estafa


RESULTANDO


Por memorial presentado el 6 de noviembre de 2017, que cursa de fs. 370 a 379, Freddy Edgar Cardona Suarez interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 13 de 25 de septiembre de 2017, de fs. 350 a 354, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Jaime Villarroel Duran contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal (CP).

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 18/2017 de 8 de marzo (fs. 303 a 321), el Tribunal Quinto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Freddy Edgar Cardona Suarez, autor y culpable de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, imponiendo la pena de tres años y ocho meses de reclusión, más el pago de costas y daños a ser regulados en ejecución de sentencia.

  1. Contra la referida Sentencia, el imputado Freddy Edgar Cardona Suarez formuló recurso de apelación restringida (fs. 331 a 337), que fue resuelto por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz mediante Auto de Vista 13 de 25 de septiembre de 2017, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.

  1. Por diligencia de 27 de octubre de 2017 (fs. 356), fue notificado el recurrente, con el Auto de Vista recurrido e interpuso recurso de casación el 6 de noviembre del mismo año, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. Haciendo referencia a los Autos Supremos 111/2012 de 11 de mayo y 069/2012-RA de 23 de abril a los fines de la admisión del recurso de casación, reclama que el Auto de Vista recurrido carece de una debida fundamentación lo que vulnera el debido proceso en su componente del derecho a la defensa, puesto que, no explicó cuál la razón por la que declaró improcedente su apelación restringida, limitándose a efectuar en su primer y segundo Considerando, sobre la interposición de su recurso y la descripción del delito de Estafa, no considerando que su conducta no se adecuó al tipo penal acusado; puesto que, no desplazó ningún patrimonio al acusador; no le engañó ya que no tenía trato alguno; y, no le hizo entrar en error, por cuanto, no existió ningún trato, aspectos que fueron demostrados en juicio. Que en el tercer considerando arguyó que el Tribunal de Sentencia valoró debidamente las pruebas testificales y documentales cumpliendo las previsiones del art. 333 del Código de Procedimiento Penal (CPP); aspecto que no ocurrió, por cuanto, no observó que el Tribunal de Sentencia no consideró sus pruebas de descargo, vulnerándose sus derechos a la defensa, debido proceso y la igualdad de las partes previsto por el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 12 del CPP, dejándole en indefensión al atribuirle un delito que no cometió; sosteniendo además el Tribunal de alzada, que la Sentencia cumplió con la previsión del art. 370 inc. 5) del CPP, y que el acusador le había entregado Bs. 30.000 para la compra de un terreno, hecho jamás referido por el Tribunal de origen; toda vez, que el acusador no le entregó nada. Al respecto invoca los Autos Supremos 210/2015-RRC de 27 de marzo y 188/2013-RRC de 11 de julio.


  1. Manifiesta, que se hizo una valoración incorrecta de la prueba, ya que, “se dio como verdad absoluta a la testifical siendo que la misma es contradictoria y en su caso falsa cuando uno de los testigos dice que el lote era del acusador cuando el tribunal sabía que eso no era verdad porque el acusador nunca fue propietario de ningún lote, el acusador durante 14 años pago un lote a la Prefectura a mi nombre y esperó que yo lo legalizara para acusarme de estafa” (sic).


  1. Reclama que el Tribunal de alzada incurrió en fundamentación contradictoria; por cuanto, por una parte señaló correctamente de la cesión del terreno y por otra parte alegó que le dieron dinero ya que hubiere inducido al acusador con engaño y ardid.


  1. Por otra parte alega, que el Tribunal de alzada no se pronunció sobre la violación al debido proceso.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que el recurrente cumplió con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta, que fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 27 de octubre de 2017, interponiendo su recurso el 6 de noviembre del mismo año, cumpliendo de esta manera con el primer párrafo del art. 417 del CPP; ello en consideración que el 2 de noviembre fue declarado feriado nacional por día de todos los santos.


En cuanto, al primer motivo, en el que reclama que el Auto de Vista recurrido carece de una debida fundamentación lo que vulnera el debido proceso en su componente del derecho a la defensa, puesto que, no explicó cuál la razón por la que declaró improcedente su recurso de apelación restringida, limitándose a alegar en su primer y segundo considerando, sobre la interposición de su recurso y la descripción del delito de Estafa; no considerando, que su conducta no se adecuó al tipo penal acusado; puesto que, no desplazó ningún patrimonio al acusador; no le engañó ni le hizo entrar en error, aspectos que fueron demostrados en juicio. Que en el tercer considerando arguyó que el Tribunal de Sentencia valoró debidamente las pruebas testificales y documentales cumpliendo las previsiones del art. 333 del CPP; aspecto que no sería evidente, puesto que, no había observado que el Tribunal de Sentencia no consideró sus pruebas de descargo, lo que vulnera su derecho a la defensa, el debido proceso y la igualdad de las partes previsto por los arts. 180 de la CPE y 12 del CPP, dejándole en indefensión al atribuirle un delito que no cometió; arguyendo además el Tribunal de alzada que el acusador le había entregado Bs. 30.000 para la compra de un terreno, hecho jamás referido por el Tribunal de origen.


Sobre este reclamo el recurrente invocó los Autos Supremos 210/2015-RRC de 27 de marzo y 188/2013-RRC de 11 de julio; empero, se limitó a su enunciación y transcripción de ciertas partes de los precedentes, no cumpliendo el recurrente el trabajo de contraste; es decir, la explicación de contradicción en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, pues para el efectivo cumplimiento de la carga procesal impuesta recurrente, no basta con citar y transcribir parte de los Autos Supremos como se advierte en este caso; sino, corresponde al recurrente explicar por qué considera que el Auto de Vista recurrido contradijo los entendimientos de los precedentes invocados para que con esos insumos este Tribunal pueda ingresar a verificar si existe o no contradicción, aspecto que no ocurrió en el presente motivo.


No obstante lo anterior, en la fundamentación de este motivo, el recurrente denuncia la vulneración de derechos constitucionales, teniendo como antecedentes generadores del hecho (que el Auto de Vista recurrido incurrió en falta de fundamentación; por cuanto, en su primer y segundo considerando no habría considerado que su conducta no se adecuó al tipo penal acusado; y, en su tercer considerando no había observado que Tribunal de Sentencia no consideró sus pruebas de descargo), señalando como derechos vulnerados (el debido proceso, la defensa y la igualdad de las partes), teniendo como resultado dañoso que le dejó en indefensión al condenarlo por un delito que no cometió. De la fundamentación expuesta, se observa que el recurrente cumplió con los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite anterior de la presente Resolución; en consecuencia, el motivo en examen deviene en admisible.

Respecto al segundo motivo, en el que manifiesta, que se hizo una valoración incorrecta de la prueba, ya que, “se dio como verdad absoluta a la testifical siendo que la misma es contradictoria y en su caso falsa cuando uno de los testigos dice que el lote era del acusador cuando el tribunal sabía que eso no era verdad porque el acusador nunca fue propietario de ningún lote, el acusador durante 14 años pagó un lote a la Prefectura a mi nombre y esperó que yo lo legalizara para acusarme de estafa” (sic). Al respecto, se observa que el recurrente no denuncia agravio en el que hubiera incurrido la Resolución impugnada; en ese entendido, no se apertura la competencia de este Tribunal; por cuanto, de acuerdo al art. 416 del CPP, el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista emitidos por los Tribunales Departamentales de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otros Tribunales Departamentales de Justicia o por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia, en consecuencia, el motivo en cuestión deviene en inadmisible.


Con relación a los motivos tercero y cuarto, concernientes a que el Tribunal de alzada: i) incurrió en fundamentación contradictoria; puesto que, por una parte señaló correctamente sobre la cesión del terreno; y, por otra parte alegó que le dieron dinero ya que hubiere inducido al acusador con engaño y ardid; ii) no se pronunció sobre la violación al debido proceso. Sobre los referidos reclamos, el recurrente no invocó precedente contradictorio alguno, en consecuencia no cumplió con la carga procesal de exponer en qué consistiría la contradicción en el que hubiere incurrido el Auto de Vista recurrido respecto de algún precedente en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, impidiendo a este Tribunal Supremo realizar la labor que le encomienda la ley, sin que la omisión en la que incurrió el recurrente pueda ser suplida de oficio; consecuentemente, los motivos en análisis devienen en inadmisibles.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Freddy Edgar Cardona Suarez, de fs. 370 a 379; únicamente para el análisis de fondo del primer motivo identificado; asimismo, en cumplimiento del segundo párrafo del art. 418 del CPP, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos