TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 035/2018-RA

Sucre, 05 de febrero de 2018


Expediente                : Potosí 50/2017

Parte Acusadora        : Santiago Cruz Palomino Directivo de “FEDECOMIN”

Parte Imputada        : Ana Luisa Oña Salas

Delitos        : Apropiación Indebida y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 26 de septiembre de 2017, cursante de fs. 270 a 271 vta., Ana Luisa Oña Salas, interpone recurso de casación, impugnando la Resolución 58/17 y el Auto de Vista 43/17 ambos dictados el 11 de agosto de 2017, de fs. 233 a 236 vta. y 237 a 248 vta., pronunciados por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso penal seguido por Santiago Cruz Palomino Directivo de “FEDECOMIN” representado legalmente por David Toro Montoya y Jorge Bihmar Medina García, contra la recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del Código Penal CP, respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 69/2016 de 20 de octubre (fs. 100 a 120), el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró a Ana Oña Salas, autora y culpable de la comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del CP, al existir víctimas múltiples concurrente el art. 346 Bis, del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión y ciento cincuenta días multa a razón de Bs. 1.- por día, con costas y reparación del daño a favor de la víctima a calificarse en ejecución de sentencia.


  1. Contra la mencionada Sentencia, la imputada Ana Luisa Oña Salas (fs. 149 a 160) y David Ramiro Toro Montoya y Jorge Bihmar Medina García en representación legal de “FEDECOMIN” (fs. 144 a 146), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por la Resolución 58/17 y el Auto de Vista 43/17 ambos dictados el 11 de agosto de 2017, emitidos por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que declaró improcedente la apelación incidental de la imputada, e improcedentes ambas apelaciones restringidas planteadas por las partes apelantes; por ende, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 19 de septiembre de 2017 (fs. 256), la recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado; y, el 26 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del recurso de casación interpuesto, se extraen los siguientes motivos:


  1. La recurrente denuncia falta de fundamentación en el Auto de Vista 58/2017 de 11 de agosto, que atentaría el debido proceso y la seguridad jurídica, en la que se resuelve de forma improcedente la apelación incidental sobre la inadmisión de prueba extraordinaria interpuesta en juicio oral, refiriendo que el Tribunal de alzada al igual que el Tribunal de Sentencia en su considerando único, habría interpretado en forma errónea la aplicabilidad de la prueba extraordinaria de inspección del expediente de proceso civil seguido por Elizabeth Leytón contra Juan Carlos Cossío y Ana Abastoflor, en la que se encontrarían los recibos de recepción de dinero de FEDECOMIN a los esposos Cossío Abastoflor, y no así a la recurrente, con lo que se haya podido desvirtuar los delitos acusados.


  1. La recurrente denuncia falta de fundamentación del Auto de Vista 43/17 de 11 de agosto, que resuelve la apelación restringida, violentando la seguridad jurídica y el debido proceso, art. 115, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), ya que la misma no tendría la motivación necesaria del Tribunal de alzada, respecto a la valoración de prueba Segundo Agravio, referente a la prueba testifical, en la cual el Tribunal recurrido se limitó a señalar que el Tribunal de origen valoró de forma conjunta y armónica la prueba, sin analizar y fundamentar la razón por la que habría llegado a dicha conclusión.


  1. La recurrente denuncia falta de fundamentación de la Sentencia, violentando el principio del debido proceso, y los art. 115, 178 y 180 de la CPE, ya que la misma no tendría la motivación necesaria, respecto al tercer agravio planteado en apelación restringida, en la cual el Tribunal recurrido se limitó a señalar de forma general, que el Tribunal de origen motivó de forma correcta la Sentencia y que cumple los requisitos exigidos por ley, sin fundamentar de forma específica sobre el agravio interpuesto.


  1. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP).


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que la recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 16 de septiembre de 2017, interponiendo su recurso de casación el 26 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


De la revisión de las denuncias contenidas en el primer motivo del recurso, se menciona que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación del Auto de Vista 58/17 de 11 de agosto de 2017, señalando como norma habilitante los arts. 115, 178, 180 de la CPE, en la que se resolvió de forma improcedente la apelación incidental referente a la inadmisión de prueba extraordinaria de inspección interpuesta en juicio oral, en la que se podrían haber verificado los recibos de recepción de dinero de FEDECOMIN a los esposos Cossío Abastoflor, y no así a la recurrente, con lo que se haya podido desvirtuar los delitos acusados; Al respecto, en la formulación del recurso de la recurrente, no se efectuó el contraste específico de ningún precedente con relación al presente agravio, limitándose a realizar una referencia de presupuestos vulnerados, incumpliendo lo previsto por el art. 417 del CPP.


Por otra parte con fines aclarativos, corresponde manifestar, que el incidente de admisión de prueba extraordinaria fue rechazada en audiencia de juicio oral, habiendo formulado la recurrente, reserva de recurrir en una eventual apelación restringida contra la Sentencia, efectuándolo así; sin embargo, dicha apelación incidental es resuelta por Auto de Vista 58/2017, y no es recurrible en vía de casación, así lo establece la jurisprudencia contenida en los Autos Supremos 547 de 29 de octubre de 2003 y 131 de 11 de marzo de 2003, entre otros.


Respecto al segundo motivo en el que se denuncia falta de fundamentación del Auto de Vista 43/17 de 11 de agosto, sobre la valoración probatoria testifical contenida en el Segundo Agravio, violentando la seguridad jurídica y el debido proceso, arts. 115, 178 y 180 de la CPE, en la cual el Tribunal recurrido se limitó a señalar que el Tribunal de Sentencia valoró de forma conjunta y armónica la prueba, sin analizar y fundamentar la razón por la que habría llegado a dicha conclusión.


Al respecto, se puede evidenciar que nuevamente la recurrente, no efectuó el contraste específico de ningún precedente con relación al presente agravio, limitándose a referir presupuestos vulnerados, incumpliendo lo previsto por el art. 417 del CPP.


Finalmente con relación al tercer motivo la recurrente denuncia falta de fundamentación de la Sentencia, que se violentó el principio del debido proceso, arts. 115, 178 y 180 de la CPE, ya que la misma no tendría la motivación necesaria, respecto al tercer agravio planteado en apelación restringida, en la cual el Tribunal recurrido se limitó a señalar de forma general, que el Tribunal de Sentencia motivó de forma correcta la Sentencia y que cumplió los requisitos exigidos por ley, sin fundamentar de forma específica sobre el agravio interpuesto.


Al respecto, como en el motivo anterior, no se realiza la labor de contraste con ningún precedente, limitándose a referir presupuestos vulnerados, incumpliendo lo previsto por el art. 417 del CPP, por lo que esta omisión constituye el aspecto medular, que impide ingresar a considerar la problemática planteada y que no puede ser suplida por este Tribunal Supremo de Justicia, estas reiteradas falencias advertidas en el planteamiento del recurso, las falencias advertidas anteriormente en los motivos, no pueden ser suplidas de oficio ni con las meras referencias de vulneración al debido proceso o la presunta concurrencia de defectos absolutos como se observa en el presente caso.

Asimismo a efectos de ingresar al fondo del agravio vía flexibilización, la recurrente tenía la obligación de cumplir con los presupuestos explicados en el acápite anterior de la presente Resolución, mismos que fueron omitidos, pues se limita a expresar que la falta de fundamentación de la Sentencia y en la valoración testifical violenta el debido proceso, siendo que al nombrar la vulneración de derechos y garantías, no efectúa mayor argumentación al no fundamentar de forma clara y concreta su petición, ni señalar en qué consistiría la restricción o disminución de las citadas garantías y menos explica el resultado dañoso emergente, derivando que el agravio resulte inadmisible, aun acudiendo a los criterios de flexibilización.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Ana Luisa Oña Salas, de fs. 270 a 271 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos