TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 034/2018-RA

Sucre, 05 de febrero de 2018


Expediente                : Chuquisaca 31/2017

Parte Acusadora       : Ministerio Público

Parte Imputada        : Juan Carlos Velásquez

Delito                     : Violación en grado de Tentativa


RESULTANDO


Por memorial presentado el 22 de septiembre de 2017, cursante de fs. 824 a 834, Juan Carlos Velásquez, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 242/017 de 7 de agosto  de 2017, de fs. 757 a 767, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Santusa Vargas Polanco contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación en grado de Tentativa, previsto y sancionado por el art. 308 con relación al art. 8 ambos contenidos en el Código Penal (CP), el primero con la modificación establecida en la Ley 348 de 9 de marzo de 2013.

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 05/2017 de 21 de marzo (fs. 654 a 664 vta.), el Tribunal Primero de Sentencia de Padilla del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Juan Carlos Velásquez, autor de la comisión del delito de Violación en grado de Tentativa, previsto y sancionado por el art. 308 con relación al art. 8 del CP, el primero con la modificación establecida en la Ley 348, imponiendo la pena de diez años de presidio, más el pago de costas.

  1. Contra la referida Sentencia, el imputado Juan Carlos Velásquez formuló recurso de apelación restringida (fs. 691 a 705 vta.), que fue resuelto por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca mediante Auto de Vista 242/017 de 7 de agosto de 2017, que declaró improcedentes las apelaciones incidental y restringida; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.

  1. Por diligencia de 15 de septiembre de 2017 (fs. 768), fue notificado el recurrente, con el Auto de Vista recurrido e interpuso recurso de casación el 22 del mismo mes y año, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. El recurrente, previa cita de las Sentencias Constitucionales 0325/2015-S1 de 6 de abril concerniente al debido proceso y tutela judicial efectiva; 224/2015-S2 de 25 de febrero y Auto Supremo 234/2012-R de 1 de octubre, concerniente a los requisitos de flexibilización para la admisibilidad del recurso de casación, y efectuando una relación de antecedentes procesales, manifiesta como primer motivo, que el Auto de Vista recurrido incurrió en una fundamentación incongruente respecto a sus denuncias concernientes a: i) segundo motivo de su recurso de apelación restringida referente a  la nulidad de la sentencia, ya que no le había permitido realizar como mecanismo de defensa una contra pericia psicológica en desconocimiento del art. 214 del Código de Procedimiento Penal (CPP); alegando al respecto el Tribunal de alzada que era cierto y razonable que el contra peritaje era impertinente y que había precluido, que el Tribunal tenía la posibilidad de introducirlo; argumentos que le resultan contrarios; por cuanto, o existe la posibilidad de introducir el contra peritaje a juicio o está precluido; además de manera inexplicable el Tribunal de alzada haría referencia a la Violación de una menor, cuando el presente caso trata de una Tentativa de Violación en la que no existe ninguna menor, resultándole la Resolución impugnada incongruente; puesto que, además realizó consideraciones sobre la suficiencia de la prueba, arguyendo que no habría contradicciones con Autos Supremos que jamás invocó, que el Tribunal de alzada no incurrió en vulneraciones, que el Tribunal de Sentencia actuó conforme a la competencia del Tribunal de alzada; fundamentos que evidencian que confundió totalmente la naturaleza del recurso de apelación restringida, resultándole defectuoso que le restringe su derecho al debido proceso y tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho a una debida fundamentación, constituyendo defecto absoluto, a cuyo efecto invoca el Auto Supremo 396/2014-RRC. ii) tercer y cuarto motivo de su recurso de apelación restringida; el Tribunal de alzada al pretender resolver en comunidad recursiva ambos motivos, respecto a su tercer reclamo por una parte reconocería la incongruencia, ya que observó que en el considerando VII de la Sentencia pese a que se determinó la unanimidad, estableció que hubiere una disidencia por parte de uno de los jueces que alegó que no había prueba para condenarlo; empero, contradictoriamente había establecido la unanimidad, evidenciando, que el Tribunal de alzada le dio razón a su tercer motivo de apelación restringida; sin embargo, declaró la improcedencia en virtud de que si bien existía la incongruencia; su persona no especificó las circunstancias o hechos no probados, que existía prueba suficiente que generaba duda solo sobre un Juez, que con el voto de dos Jueces se podía emitir sentencia; argumentos que incurren en defecto ya que su persona jamás reclamó sobre la existencia de un hecho no acreditado o la imposibilidad de emitir sentencia con dos votos, sino que reclamó que la Sentencia se basaba en una contradictoria fundamentación; no obstante, el Tribunal de alzada efectuó argumentos fuera de lugar que no podría considerarse una fundamentación racional que restringe su derecho al debido proceso constituyendo defecto absoluto que disminuye su derecho a la tutela judicial efectiva; toda vez, que no se resolvió sus reclamos; sino, que se respondió aspectos ajenos a los planteados; en cuyo efecto, invoca el Auto Supremo 396/2014 RRC.


  1. Por otra parte manifiesta, que el Auto de Vista recurrido incurrió en incongruencia omisiva respecto al cuarto motivo de su recurso de apelación restringida; que si bien pretendió resolverlo en comunidad recursiva con el tercer motivo de su apelación; sin embargo, no respondió el agravio reclamado donde observó: a) que si era imparcial un Juez o Tribunal que pese a que reconoce la inexistencia de pruebas, condena a una persona a 10 años de privación de libertad y todavía le dice al Ministerio Público qué era lo que debía de haber hecho; b) si constituye o no una violación a la garantía del juez natural el hecho de que el Juez esté dando directrices de investigación al Ministerio Público; y, c) que el hecho de condenarlo pese a que se reconoce la inexistencia de pruebas constituye un defecto absoluto que vulnera el juez natural; interrogantes que no fueron respondidas por el Tribunal de alzada, lo que vulnera y restringe su derecho al debido proceso, constituyendo defecto absoluto que disminuye su derecho a la tutela judicial efectiva, ya que determinó su improcedencia sin resolver el motivo reclamado, al respecto invoca los Autos Supremos 396/2014-RRC, 225/2013-RA de 9 de septiembre, 234/2012 de 1 de octubre y la Sentencia Constitucional 0224/2015-S2 de 25 de febrero.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.

Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que el recurrente cumplió con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta, que fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 15 de septiembre de 2017, interponiendo su recurso el 22 del mismo mes y año, cumpliendo de esta manera con el primer párrafo del art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar a continuación el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


En cuanto, al primer motivo, punto i) en el que el recurrente reclama que el Auto de Vista recurrido incurrió en una fundamentación incongruente respecto al segundo motivo de su recurso de apelación referente a que no se le habría permitido realizar una contra pericia psicológica; alegando el Tribunal de alzada que era cierto y razonable que el contra peritaje era impertinente y que había precluido, que el Tribunal tenía la posibilidad de introducirlo; haciendo referencia además a la Violación de una menor, realizando consideraciones sobre la suficiencia de la prueba y alegando que no hubiere contradicciones con Autos Supremos que su persona jamás invocó, añadiendo que el Tribunal de alzada no incurrió en vulneraciones, que el Tribunal de Sentencia actuó conforme a la competencia del Tribunal de alzada; fundamentos que le resultan incongruentes, que evidencian que confundió totalmente la naturaleza del recurso de apelación restringida, constituyendo defecto absoluto que restringe su derecho al debido proceso y tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho a una debida fundamentación. De los argumentos expuestos, se infiere que el reclamo deviene de una cuestión incidental, que fue resuelto por el Tribunal de alzada, que no es recurrible vía casación; por cuanto, los reclamos sobre cuestiones incidentales dilucidadas en el transcurso de la tramitación del proceso penal, conforme prevé el art. 403 inc. 2) del CPP, se tiene como medio impugnatorio el recurso de apelación incidental, de la que surge una decisión definitiva, cuando menos en la vía ordinaria, sin que ello signifique que el recurso de casación sea un medio idóneo para revisar lo resuelto por el Tribunal de alzada; habida cuenta, que la apertura de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia, está delimitada para conocer los reclamos contra Autos de Vista que resuelven apelaciones contra Sentencias y no contra Resoluciones que resuelven cuestiones incidentales; en consecuencia, este Tribunal no puede efectuar su labor encomendada por ley a través de la comparación del Auto de Vista recurrido con el precedente invocado; toda vez, que no corresponde su análisis en esta instancia aún se alegue la vulneración del debido proceso y tutela judicial efectiva, teniendo el recurrente la vía llamada por ley para impugnar la resolución derivada de la cuestión incidental, situación por el que este punto del motivo en cuestión deviene en inadmisible.

Ahora bien, respecto al punto ii) del presente motivo, donde reclama que el Auto de Vista recurrido incurrió en una fundamentación incongruente con relación al tercer y cuarto motivo de su recurso de apelación restringida; puesto que, al pretender resolver en comunidad recursiva ambos motivos, respecto a su tercer reclamo reconoció la incongruencia que reclamó; no obstante, declaró la improcedencia en virtud a que si bien existía la incongruencia, su persona no había especificado las circunstancias o hechos no probados, que existía prueba suficiente que generaba duda solo sobre un Juez, que con el voto de dos Jueces se podía emitir sentencia; argumentos que le resultan incongruentes ya que su persona jamás reclamó sobre la existencia de un hecho no acreditado o la imposibilidad de emitir sentencia con dos votos, sino que reclamó que la sentencia se basaba en una contradictoria fundamentación; no obstante, el Tribunal de alzada efectuó argumentos fuera de lugar lo que restringe su derecho al debido proceso  constituyendo defecto absoluto que disminuye su derecho a la tutela judicial efectiva; toda vez, que no resolvió sus reclamos; sino, que respondió aspectos ajenos a los planteados. Al respecto el recurrente invocó el Auto Supremo 396/2014 RRC; no obstante, corresponde a una Resolución que declaró infundado el recurso de casación; consecuentemente, no contiene doctrina legal aplicable.


No obstante lo anterior, en la fundamentación de este motivo, el recurrente denuncia la concurrencia de defectos absolutos, teniendo como antecedentes generadores del hecho (que el Tribunal de alzada incurrió en una fundamentación incongruente respecto al tercer motivo de su recurso de apelación restringida; por cuanto, habría resuelto aspectos ajenos a los reclamados); aspecto que vulneraría sus derechos (al debido proceso y tutela judicial efectiva), teniendo como resultado dañoso la falta de resolución a lo que verdaderamente apeló. De la fundamentación expuesta, se observa que el recurrente cumplió con los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite anterior de la presente Resolución; en consecuencia, el presente punto dentro del motivo en análisis deviene en admisible.


Con relación al segundo motivo, en el que reclama que el Auto de Vista recurrido incurrió en incongruencia omisiva respecto al cuarto motivo de su recurso de apelación restringida; que si bien pretendió resolverlo en comunidad recursiva con el tercer motivo de su apelación; sin embargo, no respondió las siguientes observaciones: a) que si era imparcial un Juez o Tribunal que pese a que reconoce la inexistencia de pruebas, condena a una persona a 10 años de privación de libertad y todavía le dice al Ministerio Público qué era lo que debía de haber hecho; b) si constituye o no una violación a la garantía del juez natural el hecho de que el Juez esté dando directrices de investigación al Ministerio Público; y, c) que el hecho de condenarlo pese a que se reconoce la inexistencia de pruebas constituye un defecto absoluto que vulnera el juez natural; lo que vulnera y restringe su derecho al debido proceso, constituyendo defecto absoluto que disminuye su derecho a la tutela judicial efectiva, ya que determinó su improcedencia sin resolver el motivo reclamado. Al respecto el recurrente invocó los Autos Supremos 396/2014-RRC, 225/2013-RA de 9 de septiembre, 234/2012 de 1 de octubre; no obstante, el primero corresponde a una Resolución que declaró infundado el recurso de casación; y, los dos últimos precedentes invocados corresponden a Resoluciones de admisibilidad; en consecuencia, no contienen doctrina legal aplicable, aspecto que impide a este Tribunal Supremo efectuar su labor encomendada por Ley.


Respecto a la invocación de la Sentencia Constitucional 0224/2015-S2 de 25 de febrero, en el marco de una correcta interpretación del art. 416 del CPP, las Sentencias Constitucionales, no tienen la calidad de precedentes contradictorios, constituyendo tales, únicamente los Autos de Vista dictados en recursos de apelación restringida y Autos Supremos emitidos por las Salas Penales donde se establezca o ratifique doctrina legal aplicable; no siendo válido el acudir a jurisprudencia constitucional a objeto del cumplimiento de la cita de precedente y explicación de contradicción que exige la ley.


Sin embargo de lo anterior, en la argumentación de este motivo, el recurrente denuncia la concurrencia de defectos absolutos, teniendo como antecedentes generadores del hecho (que el Tribunal de alzada incurrió en incongruencia omisiva respecto al cuarto motivo de su recurso de apelación restringida); hecho que vulneraría y restringiría sus derechos (al debido proceso y tutela judicial efectiva), teniendo como resultado dañoso la declaratoria de improcedencia del referido motivo sin haberla resuelto. De la fundamentación expuesta en el presente motivo, el recurrente cumplió con los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite anterior de la presente Resolución; consecuentemente, deviene en admisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Juan Carlos Velásquez, de fs. 824 a 834; únicamente con relación al punto ii) del primer motivo y segundo motivo identificados; asimismo, en cumplimiento del segundo párrafo del art. 418 del CPP, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos