TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 031/2018-RA

Sucre, 05 de febrero de 2018


Expediente                Potosí 48/2017

Parte Acusadora        Ministerio Público y otro 

Parte Imputada        Esteban Julián López

Delito        Estelionato


RESULTANDO


Por memorial presentado el 18 de septiembre de 2018, cursante de fs. 420 a 421 vta., Sandro Cruz Mendieta, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 34/17 de 11 de julio, de fs. 410 a 413 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el recurrente contra Esteban Julián López, por la presunto comisión del delito de Estelionato, previsto y sancionado por el art. 337 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes llegados en casación se establece:


  1. Por Sentencia 13/2016 de 19 de septiembre (fs. 367 a 371), el Tribunal Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró a  Esteban Julián López, absuelto de pena y culpa por la comisión del delito de Estelionato, previsto y sancionado en el art. 337 del CP.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el acusador particular Sandro Cruz Mendieta (fs. 381 a 383 vta.), interpuso recurso de apelación restringida, que fue resuelto por Auto de Vista 34/17 de 11 de julio, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que declaró improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 12 de septiembre de 2017 (fs. 416), el recurrente fue notificado con el referido Auto de Vista; y, el 18 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto de análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. Manifiesta el recurrente que el juzgador no efectuó una valoración correcta de la prueba testifical, ya que en la Fundamentación Probatoria Descriptiva, solo se indica los nombres de los testigos de cargo, más nunca se hace referencia al contenido de sus declaraciones, incluyendo lo depuesto por el recurrente quien declaró ser el propietario de una lote de terreno de 200 m2, ubicado en la calle sin nombre, zona las Lecherías, Manzano No. 2 Lote No 17 en la ciudad de Potosí, adquirido mediante remate del Juez de Instrucción Segundo en lo Civil de ese distrito judicial y que se hallase debidamente registrado en la Oficina de Derechos Reales de esa misma ciudad.


En este particular, el recurrente riñe con la conclusión del Tribunal de apelación en declarar improcedente el recurso de apelación restringida con el argumento que la Sentencia se valoró las pruebas y que el Tribunal de apelación le está vedado realizar una nueva valoración, dentro de los lineamientos de la Sentencia Constitucional 0713/2010-R de 20 de julio. Este aspecto, en perspectiva del recurrente significaría que los puntos reclamados no fueron resueltos.


  1. Sobre la base del art. 370 inc. 4) del Código de Procedimiento Penal (CPP), añade que el Tribunal de forma injusta excluyó la prueba documental de cargo presentada por el Ministerio Público, en el entendido de la inexistencia de requerimiento fiscal vulnerándose el art. 171 del CPP.


Prosigue, indicando que conjuntamente la querella el recurrente presentó documentación sobre su derecho propietario y a pesar de haber sido obtenida legalmente de una autoridad jurisdiccional, no se ha demostrado que haya sido obtenida de forma ilegal en el orden del art. 172 del CPP. Ampliando que de la misma manera fue excluida “la prueba principal del delito de estelionato” (sic), inherente a la transferencia que Esteban Julián López, realizó sobre aquel lote de terreno a favor de Juan Huaquipa Oquendo.


Refuta la exclusión de las pruebas signadas MP2 y MP8, con el argumento de que ellas no sirvieran en lo absoluto para determinar el ilícito; siendo que a criterio del recurrente una apreciación incoherente, ya que esa documental es íntima al hecho pues demostraban por un lado la adquisición del bien, mediante remate judicial y la venta del mismo por una tercera persona sin derecho propietario, subsumiéndose el delito de Estelionato. Este aspecto, se habría corroborado por las declaraciones de Hipólito Flores Ramos y Elías Martínez Serrudo.


3)        El recurso finaliza solicitando a este Tribunal Supremo declare admisible el recurso y deliberando en el fondo anule la Sentencia.


Señalando más adelante que a fines del cumplimiento de los requisitos del art. 417 del CPP, se adosaron al memorial copia del recurso de apelación restringida en el que se invocaron los precedentes contradictorios.     


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contradictorios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad legal que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)    Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)          Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


Un precedente contradictorio es una resolución en la que una cuestión jurídica fue discutida y resuelta anteriormente por un Tribunal de apelación o casación, la cual puede aplicarse a los casos similares, en otras palabras es la decisión judicial que será utilizada en la resolución de casos posteriores; lo que no significa que el caso sea resuelto con un determinado prejuicio, sino que se aplica a un supuesto actual el mismo tratamiento y respuesta jurídica dada en un caso de similar situación de hecho anterior.


iii)          Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. SUPUESTOS DE FLEXIBILIZACIÓN


Denuncia de defecto absoluto no susceptible de convalidación.


Existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación, que permiten abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación, posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i)  Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Denuncia respecto a valoración probatoria.


La Reforma Procesal Penal naciente en la Ley 1970, basada en el sistema acusatorio centra su principal eje en el juicio oral, acto procesal que es regido por entre otros- el principio de inmediación, así se destaca de los arts. 329 y 330 del CPP. En tal consideración, a las instancias de mérito ya sean Jueces o Tribunales colegiados, les está reservado en exclusividad pronunciarse sobre el valor de las pruebas producidas en juicio oral, en el marco de las reglas de la sana crítica como sistema de valoración probatoria.

Partiendo de la premisa que el juicio oral como acto posee condiciones especiales e irreproducibles sobre la percepción de los acontecimientos, la proximidad entre las partes, el Juez y la producción de prueba, la recursividad de una Sentencia se halla restringida a aspectos no vinculados a cuestiones de hecho o valoración de la prueba, tal cual se aprecia de los arts. 370 y 407 del CPP; en conclusión, no existe una segunda instancia de valoración probatoria.


Si bien la configuración procesal de la Ley 1970, estima formalmente la imposibilidad de pronunciamiento sobre el valor de las pruebas, por otras instancias que no sean el Juzgado o Tribunal de mérito, por el eventual riesgo de transgredir los principios que rigen el juicio oral; sin embargo, esta configuración debe ser entendida a partir también de los supuestos del acceso a la tutela judicial efectiva (art. 115.I Constitucional) que no sólo atañe a que la parte pueda ser notificada del inicio del proceso y sus consecuencias, de ofrecer y desahogar las pruebas para su defensa, alegar y que se dicte una resolución que ponga fin al conflicto, pues la trascendencia de esa garantía, se extiende a la posibilidad de enmienda y corrección sobre el error humano y la necesidad de fiscalizar la actividad judicial integrada por hombres y mujeres, inmersos en circunstancias sociales y culturales determinadas, que pueden inclinarlos a apreciar erróneamente los hechos o el derecho que debe aplicarse.


Debe garantizarse entonces el cumplimiento de la Ley a través del respeto de las competencias, atribuciones y potestades delegadas a cada uno de los sujetos procesales, como a la vez satisfacer los derechos y garantías postulados desde el Texto Constitucional.  Con esta lógica, “Aunque la apreciación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas (intangibilidad de la prueba y de los hechos) de la sentencia son inatacables en apelación restringida; empero, están sujetas al control de logicidad a cargo del Tribunal de apelación, que verificará a tiempo de resolver el recurso de apelación restringida, el proceso lógico seguido por el juzgador en su razonamiento a través del examen sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación de la sentencia, cotejando si en su fundamentación se observaron las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia” (así se tiene en el Auto Supremo Nº 757/2017-RRC de 5 de octubre)


Ahora bien, toda vez que el recurso de casación es exclusivo y particular para la revisión de Autos de Vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, debe comprenderse que la argumentación que pretenda la apertura de competencia casacional, debe necesariamente proponer un análisis sobre las conclusiones y razonamiento pronunciados por los Tribunales de Apelación emergentes de apelación restringida, no siendo admisible que en casación se pretenda desconocer ese orden procesal, más cuando la revisión de una Sentencia en su integralidad le está reservada taxativamente a ese tipo de recurso, lo que no significa que en el recurso de casación se vede la posibilidad de revisión de las conclusiones y contenidos pronunciados por las Salas Penales en los Tribunales Departamentales de Justicia.


En conclusión la parte procesal que denuncie, a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de  derechos y garantías constitucionales, errónea o defectuosa valoración de prueba efectuada en la causa o su omisión, deberá: 1) Especificar qué prueba o pruebas, no fueron valoradas en el proceso o en su caso fueron valoradas defectuosamente; y, 2) De qué manera esa falta de valoración o que haya sido defectuosa, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente, de qué forma la sentencia hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones; y, 3) Argumentar, cual el trato procesal conferido por el Tribunal de apelación sobre el particular.


V. JUICIO DE ADMISIBILIDAD.


De la revisión de antecedentes, se tiene que el recurrente cumplió con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta, que notificado con el Auto de Vista recurrido el 12 de septiembre de 2017, interponiendo su recurso de casación el  18 del mismo mes y año, cumpliendo de esta manera con el primer párrafo del art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Cumplimiento de las formas exigidas por los arts. 416 y 417 del CPP.


Como se tiene descrito en el apartado II del presente Auto Supremo, el recurso de casación sometido a juicio de admisibilidad se apoya en una plataforma argumentativa que comprende una interpretación particular sobre algunas de las pruebas y el señalamiento del tratamiento que otras tuvieron en la sustanciación del juicio oral, sin cumplir en ninguno de los dos casos los requisitos exigidos por la norma procesal penal para la apertura de competencia casacional.


La anterior afirmación, se enfoca al incumplimiento de lo señalado en el segundo párrafo del art. 417 del CPP, que precisa:


“En el recurso se señalará la contradicción en términos precisos y como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida en el que se invocó el precedente”.


El párrafo que antecede posee dos momentos que en su conjunto conforman el cumplimiento del requisito de admisibilidad relativo al precedente contradictorio. Por una parte se exige al recurrente la carga argumentativa sobre la contradicción inherente al precedente invocado; es decir, explicar a partir de una situación de hecho similar la contradicción; asimismo, dotar la situación jurídica que genera el reclamo propio para contrastarla con la forma de resolución de una cuestión jurídica similar en un caso anterior, esto incluye tanto el argumento jurídico (esto es el razonamiento seguido) y la forma de la solución realizada. En cuanto, al segundo momento, la presentación de una copia del recurso de apelación restringida, se destaca como un control tanto de la corroboración del momento en el que el precedente contradictorio fue invocado, así como sirve de limitante a la producción probatoria en sede casacional.


El recurso planteado por Sandro Cruz Mendieta, no cumplió con el requisito de argumentar la contradicción entre el Auto de Vista recurrido y otro tipo de Fallo que en el orden del art. 416 del CPP, sea base para la apertura de competencia por parte de este Tribunal. Si bien en el otrosí 1º, manifiesta que acompaña copia del recurso de apelación restringida donde se invocó el precedente, tal situación no inhibe de modo alguno el deber de explicar la contradicción exigida por la norma, pues será la base no solo de un análisis de fondo de parte del Tribunal de casación, sino a la par servirá de base de una eventual solución al problema jurídico planteado.


Como se manifestó en el anterior apartado, la configuración procesal positivizada en torno al recurso de casación, restringe la labor de esta Sala a una función uniformadora y nomofiláctica del sistema judicial penal, de ahí se comprende que los requisitos de admisión, como es el caso de la invocación de un precedente contradictorio, sean orientados a hallar contradicciones en la aplicación de la Ley; aspecto que, en el recurso en análisis no es presente de modo alguno.


Denuncia de incorrecta valoración probatoria.


Un segundo tópico en el recurso, gira alrededor de una revisión de fondo extraordinaria de la valoración de la prueba en la Sentencia bajo la réplica de las preposiciones utilizadas en el recurso de apelación restringida, estos son: falta de fundamentación en la sentencia, en el orden del art. 370 inc. 5) del CPP y que la misma se basó en elementos de prueba incorporados ilegalmente a juicio.


En ambas situaciones no solo se advierte un desajuste de figuras y tiempos procesales, matizada además de una inadecuada enunciación de normativa relativa al tipo de recurso que motiva autos, sino a la par propone retrotraer el estadio casacional a uno anterior como lo es el análisis efectuado por el Auto de Vista recurrido para el recurso de apelación restringida; aspecto que, es vedado tanto por los principios que rigen el Derecho Procesal como la Ley del Órgano Judicial que rige las actuaciones de los tribunales que componen la jurisdicción ordinaria.


El recurrente pasando por alto el contenido del Auto de Vista impugnado, replica de forma idéntica los reclamos y la postura asumida en apelación restringida, pretendiendo que este Tribunal flexibilice la apertura de su competencia a partir de una posición propia sobre alguno de los elementos de prueba, sin tener presente al menos, su incidencia dentro del resultado final del proceso, cual el valor otorgado por la Sentencia a los mismos, cual el error en la valoración de la prueba (esto es las consideraciones por las que se cree vulnerada la sana crítica), proponer una alternativa a la teoría probatoria elaborada por la instancia de mérito y mucho menos destacar cual la afectación producida por el Auto de Vista impugnado.


Por otro lado, teniendo presente que se intenta en sede casacional un nuevo examen probatorio, corresponde manifestar que conforme se tiene descrito en el apartado III.1.2, el análisis y valoración de la prueba está reservado en su totalidad a los Jueces y Tribunales de mérito, ello por respeto a los principios que rigen el juicio oral y la secuencia procesal que ordena el proceso penal. En el caso particular del recurso en análisis, la precariedad argumentativa adquiere gravedad en la pretensión de inducir una apertura de competencia contra la Sentencia 13/2016 de 19 de septiembre, sin tener presente que tal posibilidad no solo es incoherente a la secuencia procesal dispuesta en el sistema de recursos de la Ley 1970, sino que en los hechos constituiría una seria afectación al propio debido proceso ante la discrecionalidad en la oportunidad, fines y eficacia de cada una de las instancias que conforman el procedimiento penal.

Teniendo presente lo hasta aquí expuesto, la Sala considera que el recurso de casación planteado por Sandro Cruz Mendieta, no superó la fase de admisibilidad por la inconcurrencia de los requisitos procesales exigidos en los arts. 416 y 417 del CPP, así como por carecer el recurso de una carga argumentativa suficiente, tal cual se describe en el presente apartado, restando declarar su inadmisibilidad.


POR TANTO

 

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación, formulado por Sandro Cruz Mendieta, de fs. 420 a 421 vta.

 

Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos