TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 026/2018-RA

Sucre, 01 de febrero de 2018


Expediente                : Santa Cruz 1/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público y Otro

Parte Imputada        : Gonzalo Rodas Segovia

Delitos        : Homicidio


RESULTANDO


Por memorial presentado el 01 de Noviembre de 2017, cursante de fs. 605 a 607 vta., Richard Coca Flores en representación de Elsa Carrillo Peña, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 62/2017 de 27 de septiembre, cursante de fs. 592 a 595 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la parte contra Gonzalo Rodas Segovia, por la presunta comisión del delito de Homicidio, previsto y sancionado por el art. 251 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 48/2017 de 03 de mayo (fs. 559 a 561 vta.), el Tribunal de Sentencia Décimo Primero en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Procedimiento Abreviado, declaró autor y culpable del delito de Homicidio a Gonzalo Rodas Segovia, imponiéndole pena de presidio de dieciséis años, con daños civiles averiguables en ejecución de sentencia. 


  1. Contra la referida Sentencia, Richard Coca Flores apoderado de la víctima y denunciante interpuso recurso de apelación restringida (fs. 569 a 571 vta.), resuelto por Auto de Vista 62/2017 de 27 de septiembre (fs. 592 a 595 vta.), emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible y procedente el recurso planteado, revocando parcialmente la Sentencia, modificando únicamente la pena impuesta a dieciocho años de presidio a Gonzalo Rodas Segovia en aplicación del art. 413 in fine del CPP, manteniendo vigente todo lo demás.

  1. Notificada la parte con el referido Auto de Vista el 25 de octubre de 2017 (fs. 596), interpuso recurso de casación el 1 de noviembre de 2017, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de recurso de casación que cursa de fs. 605 a 607 vta., se extrae el siguiente motivo:


El recurrente, denuncia que el Auto de Vista impugnado denota una completa falta de conocimiento del contenido real de los hechos como de lo que aconteció en el ilegal e indebido procedimiento abreviado, arguyendo que: a) Los vocales en ningún momento tomaron en cuenta los argumentos ni los precedentes contradictorios invocados con total claridad y precisión. Los vocales y principalmente el vocal relator es terriblemente incongruente pues el mismo se contradice en varios de los considerandos, ya que ni siquiera ingresa a analizar las observaciones realizadas en el memorial de apelación que se enfocaban en el punto del Asesinato y que el Fiscal sin justificativo alguno, cambió el tipo penal, siendo que los propios vocales señalan que el Tribunal pudo haber rechazado el petitorio del Ministerio Público, vulnerando la interpretación de la norma sustantiva al calificar el delito de Asesinato y transformarlo sin ningún fundamento a Homicidio vulnerando el principio de congruencia, así como el debido proceso, derecho a la igualdad de las partes, a la seguridad jurídica, derecho  a la defensa, establecido en el art. 124 y 173 de la norma Adjetiva Penal y el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), concluyendo que la Sentencia es increíblemente infundada y sin ningún tipo de respaldo legal; y, b) Que los vocales en ningún momento cumplieron lo establecido en el art. 413 del CPP, porque debieron anular la Sentencia y ordenar se someta a un nuevo juicio oral por el delito de Asesinato, siendo que no podían ignorar tantas vulneraciones al debido proceso, aprobando el abreviado al acusado, vulnerando atrozmente el derecho al debido proceso, a la igualdad de las partes y a la seguridad jurídica, lo que vulnera el derecho a la defensa, considerando estos actos contradictorios a otros de igual naturaleza como ser al Auto Supremo 333/2015-RA de fecha 1 de junio, que es invocado por parte del recurrente como precedente contradictorio.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El derecho de Impugnación encuentra su fundamento en el art. 180.II de la Constitución Política del Estado, el cual establece el derecho a recurrir toda decisión judicial dentro un determinado proceso sometido a juzgamiento por la justicia ordinaria. En el mismo sentido el art. 394 del Código de Procedimiento Penal ha establecido el derecho a recurrir los fallos judiciales por quien le corresponda y le esté permitido por ley.


El derecho a recurrir o a impugnar es una parte indisoluble del derecho al Debido Proceso que según Espinoza Carballo se conoce como “El Derecho a una Segunda Opinión”, tal como lo ha señalado la línea ya trazada por la Corte Suprema de Justicia en su Sala Penal al referir que los recursos son instrumentos de la actividad procesal, principalmente de la función jurisdiccional, constituyéndose en consecuencia en un derecho fundamental, el que ha sido reconocido también por el art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el art. 14 núm. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, considerándose que a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, se debe observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que el recurrente cumplió con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta, que fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 25 de octubre de 2017, interponiendo su recurso de casación el 1 de noviembre del mismo año, conforme consta del cargo electrónico de recepción de fs. 605, cumpliendo de esta manera con el primer párrafo del art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Consiguientemente, analizando los términos esbozados en el Recurso de Casación interpuesto por el recurrente, se puede establecer que entre los motivos que señala como agravios sufridos por parte del Auto de Vista impugnado, respecto al primer motivo, el recurrente aduce que el Tribunal de Apelación en ningún momento tomó en cuenta los argumentos ni los precedentes contradictorios invocados con total claridad y precisión. El Tribunal de Apelación y principalmente el vocal relator es terriblemente incongruente pues el mismo se contradice en varios de los considerandos, ya que ni siquiera ingresó a analizar las observaciones realizadas en el memorial de apelación que se enfocaba en el punto del Asesinato y que el Fiscal sin justificativo alguno, cambió el tipo penal, siendo que los propios vocales señalaron que el Tribunal pudo haber rechazado el petitorio del Ministerio Público, vulnerando la interpretación de la norma sustantiva al calificar el delito de Asesinato y transformarlo sin ningún fundamento a Homicidio vulnerando el principio de congruencia, así como el debido proceso, establecido en el art. 124 de la norma Adjetiva Penal y el art. 115 de la CPE, concluyendo que la Sentencia es increíblemente infundada y sin ningún tipo de respaldo legal. Al respecto manifestar que si bien la parte recurrente no manifiesta e invoca contradicción o precedente alguno del cual se pueda realizar la labor de contrastación, es menester establecer que conforme  se ha manifestado en el acápite anterior de la presente Resolución, el Tribunal Supremo de Justicia ha establecido los parámetros requeridos para que cuando concurran fundamentos que tengan relación con la vulneración de derechos y garantías fundamentales, que estén vinculados a defectos absolutos, es posible aperturar la competencia del máximo Tribunal de Justicia para considerar la existencia o no de las vulneraciones que se reclaman como agravios sufridos por las partes en los tribunales de instancia; a cuyo mérito, dentro del presente caso de autos, el recurrente alega la vulneración del debido proceso, en su vertiente de seguridad jurídica, derecho a la defensa y el principio de congruencia de las resoluciones judiciales como parte del derecho a la fundamentación, -que a criterio del recurrente- que habrían incurrido no solo los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, sino también el mismo Tribunal de Sentencia Décimo Primero de la Capital. Entonces, conforme los criterios de flexibilización, se tienen cursantes los antecedentes que refiere el recurrente son constitutivos de la vulneración de los derechos alegados, así también se constató que se menciona el derecho y garantía constitucionales supuestamente vulnerados (derecho al debido proceso en su vertiente derecho a la defensa, derecho a la fundamentación por principio de congruencia y el principio de seguridad jurídica), de igual manera se observa el alegato respecto a la restricción y/o vulneración (el infundado cambio de tipo penal de asesinato a homicidio y la falta de pronunciamiento de la Sala Penal respecto a los agravios apelados contra la Sentencia); finalmente estableció el posible resultado dañoso con las determinaciones asumidas por el Tribunal de Apelación y el propio Tribunal de Sentencia; por lo cual es viable aperturar la competencia del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación de los criterios de flexibilización para ingresar al análisis de la problemática planteada en el presente motivo para su resolución conforme a derecho.


Con relación al segundo motivo: referido a que vocales en ningún momento cumplieron lo establecido en el art. 413 del CPP, porque debieron anular la Sentencia y ordenar se someta a un nuevo juicio oral por el delito de Asesinato, siendo que el Tribunal de Apelación no podía ignorar tanta vulneración al debido proceso, aprobando el abreviado del acusado, vulnerando atrozmente el derecho al debido proceso, a la igualdad de las partes y a la seguridad jurídica, lo que vulnera el derecho a la defensa, considerando estos actos contradictorios. Al respecto, que si bien el recurrente al momento de plantear la apelación restringida invocó como precedente el Auto Supremo 333/2015-RA de 1 de junio, de su simple observación, el mismo no constituye precedente contradictorio porque la referida resolución judicial está relacionada a un Auto Supremo de admisibilidad; es decir, una resolución en la forma, la cual no se encuentra considerada como precedente a los fines del art. 416 del CPP, porque no establece doctrina legal aplicable por lo que en atención al art. 417 del CPP, no es posible fundar la admisión del recurso por este motivo.


En consecuencia, por los fundamentos expuestos, se establece que en el segundo motivo, no se cumple con los requisitos de admisibilidad para su consideración, por lo que resulta inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Richard Coca Flores en representación de Elsa Carrillo Peña, para el análisis de fondo del primer motivo. Asimismo, en cumplimiento del segundo párrafo del referido artículo, se dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos