TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 025/2018-RA

Sucre, 01 de febrero de 2018


Expediente                : Potosí 2/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Edwin Nelson Valda Villca

Delitos                : Incumplimiento de Deberes y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 13 de noviembre de 2017, cursante de fs. 521 a 524, el Ministerio Público, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 48/17 de 9 de octubre de 2017, de fs. 480 a 482, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso penal seguido por la parte recurrente y el Gobierno Autónomo del Municipio de Colcha “K” contra Edwin Nelson Valda Villca, por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 154 y 224 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 005/2015 de 20 de mayo (fs. 358 a 360), el Juez Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró a Edwin Nelson Valda Villca, autor de la comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica en forma Culposa, previstos y sancionados por los arts. 154 y 224 del CP, imponiendo la pena de dos años y seis meses de reclusión, más costas y responsabilidad civil a favor de la parte querellante.


b)        Contra la mencionada Sentencia, Ana María Chávez Cruz en su condición de defensora de oficio, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 406 a 410 vta.), que fue resuelto por Auto de Vista 33/16 de 16 de agosto de 2016 (fs. 437 a 438 vta.), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 277/2017-RRC de 18 de abril (fs. 467 a 471 vta.); en cuyo mérito, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, emitió el Auto de Vista 48/17 de 09 de octubre de 2017, que declaró procedente el recurso planteado; en consecuencia, anuló totalmente la Sentencia apelada, disponiendo la reposición del juicio por otro Juez llamado por ley.   


c)        Por diligencia de 6 de noviembre de 2017 (fs. 483), la parte recurrente fue notificada con el Auto de Vista ahora impugnado; y, el 13 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:

  1. El recurrente alega que el Auto de Vista 48/17 de 09 de octubre de 2016, no se encontraría debidamente fundamentado, dejando de lado aspectos referidos: a) A qué tipo de delitos corresponden los tipos penales de Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 154 y 224 del CP; por qué en el juicio de reenvió el imputado deberá estar presente en el juicio oral; cuál de estos delitos son vinculados a los delitos de corrupción y por qué no son delitos de corrupción. b) No fundamenta que existe una sistematización de los delitos de corrupción y vinculados (art. 24 de la Ley 004) 

 

  1. Arguye que el Auto de Vista impugnado se fundamenta en que se hubiera advertido un efecto de trascendencia y que no existiría otro medio para reparar sino declarar la nulidad de la Sentencia 005/2015, indica en lo principal que se debe establecer de forma precisa si lo denunciado constituía un defecto absoluto, no susceptible de convalidación y que ameritaba la nulidad de la Sentencia. Invocando como precedente contradictorio al Auto Supremo 118/2015 RRC de 24 de febrero, que establecería que los defectos absolutos deben de cumplir con ciertas premisas: 1) Que, el acto procesal denunciado de viciado debe haber causado gravamen y perjuicio personal y directo; 2) El vicio procesal debe haberle colocado en un verdadero estado de indefensión; 3) El perjuicio debe ser cierto, concreto, real, grave y además demostrable; 4) El vicio procesal debió ser argüido oportunamente y en la etapa procesal correspondiente; y, 5) No se debe haber convalidado ni consentido con el acto impugnado de nulidad. Indica que en el caso de autos, desde un inicio de la investigación penal el imputado conoció del proceso, prestando su declaración informativa, asumió defensa presentando memoriales al Ministerio Público por lo que no existiría un estado de indefensión total, y que inclusive se hubiese apersonado previamente a instalar el Juicio Oral, razón por la cual se le declaró rebelde.

   

  1. Señala que el que el Tribunal de apelación no se manifestó respecto a uno de los reclamos de la parte recurrente (imputado) referente a Inobservancia y errónea aplicación de la ley penal sustantiva, toda vez que al resolver otro reclamo referido a la inobservancia y errónea aplicación de la ley adjetiva que hace a la presencia de actividad procesal defectuosa en relaciona a los arts. 169 y 370 del CPP se anuló la Sentencia de primera instancia.


Finalmente cita en calidad de precedentes contradictorios los Autos Supremos 379/2015-RRC de 15 de junio; 140/2015-RRC de 27 de febrero;  139/2015-RRC de 27 de febrero; 756/2015-RRC-L de 12 de octubre; 128/2015-RRC-L de 09 de marzo y 741/2015-RRC-L de 12 octubre.       


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que la parte recurrente fue notificada con el Auto de Vista ahora impugnado el 6 de noviembre de 2017, interponiendo su recurso de casación el 13 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


El recurrente en los motivos primero y tercero, denuncia la falta de motivación en la que incurrió el Tribunal de alzada, al emitir el Auto de Vista recurrido, dejando de lado los siguientes aspectos: respecto al primer motivo, a qué tipo de delitos corresponden los tipos penales de Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 154 y 224 del CP, esto en el caso de autos; por qué en el juicio de reenvió el imputado deberá estar presente en el Juicio Oral; cuál de estos delitos son vinculados a los delitos de corrupción y porque no son delitos de corrupción. No fundamentaría que existe una sistematización de los delitos de corrupción y vinculados (art. 24 de la Ley 004); y respecto al tercer motivo, no se hubiese manifestado respecto a uno de los reclamos de la parte recurrente (imputado) referente a inobservancia y errónea aplicación de la ley penal sustantiva; toda vez, que al resolver otro reclamo referido a la inobservancia y errónea aplicación de la ley adjetiva que hace a la presencia de actividad procesal defectuosa en relación a los arts. 169 y 370 del CPP, se anuló la Sentencia de primera instancia.

   

Respecto de ambos motivos, este Tribunal ha establecido los presupuestos de flexibilización para la apertura excepcional de un agravio reclamado sobre falta de fundamentación, pero ello solo es posible cumpliendo ciertos requisitos básicos, ya explicados en el acápite anterior de la presente Resolución, estableciéndose: en el primer motivo el recurrente no precisó en su recurso qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta, tampoco explica la relevancia e incidencia de esa omisión, limitándose a realizar una denuncia genérica.; en el tercer motivo no identifica punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación, menos explica la relevancia e incidencia de dicha omisión, exponiendo argumentos generales. Razones por las cuales, resulta que las denuncias contenidas en primer y tercer motivo son insuficientes y por lo tanto, inadmisibles para su consideración de fondo.


El recurrente en su segundo motivo, arguye que el Auto de Vista impugnado hubiera advertido un efecto de trascendencia y que no existiría otro medio para reparar sino declarar la nulidad de la Sentencia 005/2015, señala en lo principal que se debe establecer de forma precisa si lo denunciado constituía un defecto absoluto, no susceptible de convalidación y que ameritaba la nulidad de la Sentencia. Al respecto invoca el Auto Supremo 118/2015-RRC de 24 de febrero, que establece que los defectos absolutos deben de cumplir con ciertas premisas: 1) Que, el acto procesal denunciado de viciado debe haber causado gravamen y perjuicio personal y directo; 2) El vicio procesal debe haberle colocado en un verdadero estado de indefensión; 3) El perjuicio debe ser cierto, concreto, real, grave y además demostrable; 4) El vicio procesal debió ser argüido oportunamente y en la etapa procesal correspondiente; y, 5) No se debe haber convalidado ni consentido con el acto impugnado de nulidad.


Con relación a este motivo, se advierte que el recurrente invocó como precedente el Auto Supremo 118/2015 RRC de 24 de febrero, exponiendo que se estableció como doctrina legal aplicable, la obligación que tiene el Tribunal de alzada de establecer de forma precisa si lo denunciado constituía un defecto absoluto no susceptible de convalidación, aspecto que sería ajeno al Auto de Vista impugnado, cumpliendo de esta manera con los requisitos de admisibilidad previstos en los arts. 416 y 417 del CPP, determinando la viabilidad del análisis de fondo de la problemática en cuestión.


En cuanto a la invocación de los Autos Supremos 379/2015-RRC de 15 de junio, 140/2015-RRC de 27 de febrero, 139/2015-RRC de 27 de febrero, 756/2015-RRC-L de 12 de octubre, 128/2015-RRC-L de 09 de marzo y 741/2015-RRC-L de 12 octubre, no serán considerados en la Resolución de fondo; toda vez, que la parte recurrente se limitó a citarlos incumpliendo lo previsto por el segundo párrafo del art. 417 del CPP.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público, de fs. 521 a 524, únicamente para el análisis de fondo del segundo motivo; asimismo, en cumplimiento del segundo párrafo del citado artículo, se dispone que por secretaria de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, del Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos