TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 015/2018-RA

Sucre, 01 de febrero de 2018


Expediente                        Santa Cruz 138/2017

Parte Acusadora                Ministerio Público

Parte Imputada                Fidel Chilo Rodríguez

Delito                        Violencia Familiar o Doméstica


RESULTANDO


Por memorial presentado el 24 de julio de 2017, cursante de fs. 542 a 543 vta., Fidel Chilo Rodríguez interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 33 de 27 de junio de 2017, de fs. 536 a 539 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente por el delito de Violencia Familiar o Doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP) concordante con el art. 7 num. 3 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348)


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece:


  1. Por Sentencia 09 de 10 de marzo de 2017, de fs. 506 a 514, el Juez Noveno de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Fidel Chilo Rodríguez autor y culpable de la comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica previsto y sancionado por el art. 272 bis del CP concordante con el art. 7.3 de la Ley 348, imponiendo la pena de dos años de reclusión a ser cumplidos en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz, más costas a ser reguladas en ejecución de sentencia.


  1. Contra aquel Fallo, el recurrente opuso recurso de apelación restringida, fs. 519 a 520 vta., que puesto en conocimiento de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, motivando el pronunciamiento del Auto de Vista 33 de 27 de junio de 2017, fs. 536 a 539 vta., que declaró admisible e improcedente el recurso, confirmando la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 17 de julio de 2017, fs. 541, Fidel Chilo Rodríguez fue notificado con el referido Auto de Vista; y, el 24 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE EL RECURSO DE CASACIÓN


El recurrente emprende sus alegatos señalando que el art. 407 del Código de Procedimiento Penal (CPP) le “otorga la facultad de interponer la apelación restringida cuando concurran defectos de sentencia contenidos en los arts. 169 inc. 3) y art. 370 inc. 1); 5); 6; 8) ambos del CPP”, reseñando a continuación contenidos de las Sentencias Constitucionales 727/2003-R de 3 de junio y 1075/2003-R de 24 de julio, para plantear que la Sentencia de mérito es incongruente con los antecedentes del proceso dado que no participó ni es autor del delito por el cual se lo condenó.


Bajo el título “LOS TESTIGOS DE CARGO” (sic) señala que las atestaciones de cargo depuestas en juicio oral por Justa Rivera Pérez; Hernan Chilo Rodríguez, Clemencia Chilo Rodríguez, Fátima Chilo Rodríguez y Guillermo Gutiérrez, no son coincidentes con las entrevistas tomadas por el investigador del caso en la investigación, pues en ellas se mencionan frases como “ME CONTO, ELLA ME DIJO, NO VI PELAR, ME AVISARON, ME COMENTARON” (sic), sin que constituyan afirmaciones sobre la existencia del hecho; siendo que, en juicio oral las declaraciones deben ser contundentes y afirmativas para otorgarles credibilidad y valor de prueba; en similar sentido, ofrece una breve descripción de las pruebas PD-1, PD-5, PD-6, PD-7, PD-8, PD-9, dando en torno a cada una de ellas su opinión sobre el valor probatorio, concluyendo que la documental es contradictoria, insuficiente, “incluso de verdad a medias” (sic) no habiendo sido correctamente valorada, incluso de no coincidir con la prueba testifical o con lo desarrollado en juicio oral, vulnerando el “principio de inocencia” (sic).


Añade, que ni el Ministerio Público ni la parte civil presentaron certificado médico forense que acredite agresiones físicas o psicológicas contra la víctima, menos aún se tiene acreditado que ésta haya sufrido humillación, sometimiento, vulneración de su personalidad o tenga secuelas por supuestos maltratos verbales o psicológicos. 


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contradictorios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad legal que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que el recurrente cumplió con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta, que notificado con el Auto de Vista recurrido el 17 de julio de 2017, interponiendo su recurso de casación el día 24 del mismo mes y año, cumpliendo de esta manera con el primer párrafo del art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


V.1 El primer hecho que llama la atención se desprende del texto del recurso, pues a más de algunas variaciones, el contenido replica casi en su integridad al texto presentado a momento de recurrir en apelación restringida; el recurrente en casación pretende replicar los reclamos sobre el mérito de la prueba bajo exactamente los mismos argumentos utilizados para su oposición contra la Sentencia. De ahí en más, el recurso no cumple con los requisitos procesales exigidos por los arts. 416 y 417 del CPP, por cuanto no invoca ni enuncia referencialmente precedente contradictorio alguno, señalando únicamente como se dijo en el apartado II- dos fallos constitucionales, empero, con una orientación distinta a establecer fines de contraste u oposición al Auto de Vista 33 de 27 de junio de 2017.


Como se manifestó en el anterior apartado, la configuración procesal positivizada en torno al recurso de casación, lo restringe a una función uniformadora y nomofiláctica del sistema judicial penal, de ahí se comprende que los requisitos de admisión, como es el caso de la invocación de un precedente contradictorio, sean orientados a hallar contradicciones en la aplicación de la Ley; aspecto que en el recurso en análisis no es presente de modo alguno.


V.2 Un segundo tópico en el recurso, gira alrededor de una revisión de fondo extraordinaria de la valoración de la prueba en la Sentencia bajo la premisa de existir un defecto absoluto de imposible convalidación en el orden del art. 169 inc. 3) del CPP. A continuación se procede a desglosar el análisis de esa alegación:


El recurso se basa en la enunciación de las Sentencias Constitucionales 727/2003-R de 3 de junio y 1075/2003-R de 24 de julio, mismas que en el planteamiento recursivo dan entendimientos sobre el significado de inobservancia o errónea aplicación de la ley; circunstancia ésta que, no solo incumbe tanto un desajuste de figuras y tiempos procesales, como la inadecuada enunciación de normativa relativa al tipo de recurso que motiva autos, sino a la par propone retrotraer el estadio casacional a uno anterior como lo es el análisis efectuado por el Auto de Vista recurrido para el recurso de apelación restringida, aspecto que es vedado tanto por los principios que rigen el Derecho Procesal como la Ley del Órgano Judicial que ordena las actuaciones de los tribunales que componen la jurisdicción ordinaria.


Por otro lado, teniendo presente que se intenta en sede casacional un nuevo examen probatorio, corresponde manifestar que conforme se tiene descrito, el análisis y valoración de la prueba está reservado en su totalidad a los jueces y Tribunales de mérito, ello por respeto a los principios que rigen el juicio oral y la secuencia procesal que ordena el proceso penal. En el caso particular del recurso en análisis, la precariedad argumentativa adquiere gravedad en la pretensión de inducir una apertura de competencia contra la Sentencia 09 de 10 de marzo de 2017, sin tener presente, que tal posibilidad no solo es incoherente a la secuencia procesal dispuesta en el sistema de recursos de la Ley 1970, sino que en los hechos constituiría una seria afectación al propio debido proceso ante la discrecionalidad en la oportunidad, fines y eficacia de cada una de las instancias que conforman el procedimiento penal boliviano.

En el caso de autos, el recurrente pasando por alto el contenido del Auto de Vista impugnado, replica de forma idéntica los reclamos y la postura asumida en apelación restringida, pretendiendo que este Tribunal flexibilice la apertura de su competencia a partir de una posición propia sobre alguno de los elementos de prueba, sin tener presente al menos cual la afectación producida por el Auto de Vista impugnado.


Teniendo presente lo hasta aquí expuesto, la Sala considera que el recurso de casación planteado por Fidel Chilo Rodríguez, no superó la fase de admisibilidad por la inconcurrencia de los requisitos procesales exigidos en los arts. 416 y 417 del CPP; así como por carecer el recurso de una carga argumentativa suficiente, tal cual se describe en el presente apartado, restando declarar su inadmisibilidad.


POR TANTO

 

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación, formulado por Fidel Chilo Rodríguez, de fs. 542 a 543 vta.

 

Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos