TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 010/2018-RA

Sucre, 01 de febrero de 2018


Expediente                : Santa Cruz 135/2017        

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Marcos Diego Chávez Cuellar

Delito                : Encubrimiento


RESULTANDO


Por memorial presentado el 13 de septiembre de 2017, cursante de fs. 184 a 192, Marcos Diego Chávez Cuellar, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 59 de 2 de agosto de 2017, de fs. 156 159 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Encubrimiento, previsto y sancionado por el art. 171 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 05/2017 de 17 de febrero (fs. 131 a 137 vta.), el Juez Noveno de Sentencia Penal, Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Marcos Diego Chávez Cuellar, absuelto de pena y culpa del delito de Encubrimiento, previsto y sancionado por el art. 171 del CP.


  1. Contra la mencionada Sentencia el Ministerio Público (fs. 141 a 145), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 59 de 2 de agosto de 2017, que declaró admisible y procedente el recurso planteado y anuló totalmente la Sentencia apelada, siendo rechazada la solicitud de complementación y enmienda del imputado, mediante Resolución 185 de 22 de agosto de 2017 (fs. 164 a 165).


  1. Por diligencia de 6 de septiembre de 2017 (fs. 167), el recurrente fue notificado con la última Resolución de alzada; y, el 13 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:


El recurrente denuncia la falta de fundamentación y contradicción en el Auto de Vista impugnado, en atención a los siguientes extremos: i) El Tribunal de alzada ataca la valoración de las pruebas realizada por el Juez de Sentencia, desconociendo la potestad que tiene el mismo de realizar esta valoración; ii) El Tribunal de alzada tiene como fundamento que la Sentencia absolutoria no se sustenta en hechos existentes y debidamente acreditados en juicio oral; sin embargo, no establece cuales serían aquellos hechos existentes a los que hace referencia, careciendo el Auto de Vista impugnado de fundamentación congruente, clara y legítima; iii) El Tribunal de apelación de forma ultrapetita sostiene la Resolución recurrida en base al motivo establecido en el art. 370 inc. 6) del CPP en lo referido a que la Sentencia se basa en hechos inexistentes o no acreditados, cuando la apelación restringida interpuesta únicamente se menciona el segundo apartado del citado artículo con relación a la valoración defectuosa de la prueba. Invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 5 de 26 de enero de 2007; iv) El Tribunal de alzada fundamenta en su quinto considerando de manera subjetiva en lo que respecta a la conducta de encubrimiento al citar a una persona por su seudónimo, atentando de esta manera a lo establecido por el art. 124 del CPP y desconociendo los alcances de la presunción de inocencia establecida en el art. 116 de la Constitución Política del Estado (CPE); v) El Tribunal de apelación dentro del considerando 5to sostiene que existe un defecto de sentencia conforme el art. 370 inc. 5) del CPP, en atención a que el recurrente como acusado no denuncia el hecho delictivo pese a tratarse de delitos de orden público, aspecto que una vez notificado el recurrente con el Auto de Vista ahora impugnado, solicita vía complementación y enmienda se aclare por parte del tribunal de alzada en base a qué normativa sustantiva o adjetiva sustenta dicho fundamento, extremo que no fue fundamentado por el Tribunal Superior incurriendo en el defecto previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP; vi) El Tribunal de alzada es incongruente en sus fundamentos al desconocer que el Juez de mérito habría reconocido como probada la aprehensión realizada a su persona, cuando la Sentencia dentro de su fundamentación descriptiva y documentación fáctica tiene como probada dicha aprehensión respecto a la prueba Nº 2; vii) Respecto al penúltimo considerando del Auto de Vista impugnado, que el tribunal de alzada señala que el Juez de Sentencia habría incurrido en el defecto previsto por el art. 370 inc. 6 del CPP, al asignar “…un valor diferente a las demás pruebas de  cargo arrimadas…” (sic), puntualizando el recurrente que el Tribunal de alzada encasilla las pruebas a un criterio uniforme el cual no cuenta con la debida motivación y fundamentación.


Finalmente bajo el acápite de “Contradicción existente entre el auto de vista impugnado y el precedente invocado.- (comparación y defecto)” (sic), el recurrente al momento de indicar que el Auto de Vista impugnado carece por completo de fundamentación, cita como precedentes referentes a la debida fundamentación los Autos Supremos 218/2017 de 4 de junio, 199/2013 de 11 de julio, 214 de 28 de marzo de 2007, 393/2015-RRC-L de 4 de agosto, 199/2013 de 11 de julio.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE
CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se establece que el recurrente cumplió con el requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación, toda vez, que fue notificado con la ultima Resolución de alzada el 6 de septiembre de 2017, e interpuso su recurso el 13 del mismo mes y año; por lo que fue interpuesto dentro del plazo de los cinco días que le otorga la ley, cumpliendo de esta manera con lo previsto por el art. 417 del CPP.

En cuanto a los demás requisitos de admisibilidad, el recurrente denuncia que el Auto de Vista impugnado vulnera su derecho al debido proceso en su vertiente a la debida fundamentación, con relación a los siete puntos de su alzada: el primero, referido al desconocimiento por parte del tribunal superior, a la potestad de valoración de los elementos de prueba que tiene el Juez de Sentencia; el segundo, referido a la omisión de establecer cuáles son los hechos inexistentes referidos por el Tribunal de alzada en los cuales se sustentaría la Sentencia absolutoria anulada; el tercero, referido a la competencia establecida en el art. 398 del CP y el límite establecido para el Tribunal de alzada; el cuarto, respecto a la apreciación subjetiva referida a la adecuación del tipo penal previsto por el art. 171 del CP. que se incurre al citar a una persona por su seudónimo; el quinto, respecto a la falta de fundamentos por parte del Tribunal de alzada tanto en el Auto de Vista impugnado como en el complementario en lo referido a la obligación de denunciar delitos de orden público; el sexto, respecto a la incongruencia de fundamentos referidos por el Tribunal de alzada en lo que corresponde al reconocimiento de la aprehensión como probada por parte del Juez de mérito; y el séptimo, respecto a la generalización de las pruebas de cargo por parte del tribunal de alzada en lo que corresponde al valor otorgado por el Juez de Sentencia. Sin embargo se advierte que el recurrente se limitó a la simple cita del Auto Supremo 5 de 26 de enero de 2007, expuesto en el motivo iii) líneas supra, como también los Autos Supremos 218/2017 de 4 de junio, 199/2013 de 11 de julio, 214 de 28 de marzo de 2007, 393/2015-RRC-L de 4 de agosto, 199/2013 de 11 de julio, sin precisar la contradicción existente con la Resolución impugnada.


No obstante de ello, ante la denuncia de una restricción a sus derechos y la probable existencia de defectos absolutos, acudiendo a los presupuestos de flexibilidad, se observa que el recurrente cumplió con la tarea de proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, indicando que el Tribunal de alzada no habría realizado un análisis mínimo de la Sentencia absolutoria al extremo que en todo el contenido del Auto de Vista no se identifica el número de la Sentencia, la fecha de la sentencia y menos aún su contenido y amplios fundamentos que demuestran que la sentencia absolutoria cumple con las exigencias del art. 124 y con los requisitos del art. 360 inc. 1, 2, 3 del CPP, por lo que las decisiones a las que llega el Tribunal de alzada son de hecho y no de derecho. Asimismo indica que la fundamentación de la Sentencia anulada cuenta con los elementos que la hacen completa y totalmente adecuada a los precedentes legales citados, tales como antecedentes procesales, relación de hecho y circunstancias objeto del juicio, desarrollo del juicio, fundamentación descriptiva, fundamentación fáctica, fundamentación analítica o intelectiva, fundamentación jurídica, parte dispositiva. En ninguno de los considerandos del Auto de Vista recurrido se habría consignado de forma textual la inexistencia de fundamentación, la insuficiencia de la misma o la contradicción en que se hubiere incurrido conforme lo previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP. El Tribunal de alzada al anular la Sentencia absolutoria por supuesta falta de fundamentación de la Sentencia respecto a la valoración de las pruebas no habría reconocido a favor de su persona la calidad de acusado los derechos, garantías y principios reconocidos como la presunción de inocencia y el indubio pro reo. Señala también que el Tribunal de alzada realiza una valoración de carácter ultrapetita omisiva y atentatoria en cuanto al debido proceso, al indicar que el Juez de mérito otorga un significado diferente respecto a la prueba documental número 1 relativa al informe de acción directa; asimismo respecto a la prueba documental número 2, relativa a la papeleta de descargo policial, el tribunal de alzada es contradictorio al indicar en sus fundamentos que la referida prueba es un elemento indiciario, para luego  sostener que el Juez de instancia no habría valorado el hecho de que el ahora recurrente fue aprehendido de manera flagrante en el lugar de los hechos; también precisó los derechos supuestamente vulnerados como es el debido proceso en su vertiente de motivación y congruencia de las resoluciones, y los principios de legalidad, seguridad jurídica, tutela judicial efectiva y el principio de verdad material; detalló con precisión en qué consiste esta restricción señalando que el Auto de Vista impugnado restringe a su persona el derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva al anular una sentencia absolutoria que cumple con los requisitos de la debida fundamentación; explicando que el resultado dañoso emergente del defecto son los daños a su imagen, honor, dignidad, ocasionándole también perjuicios económicos y un estado de inseguridad jurídica, vulneraciones al principio de legalidad, debido proceso y el derecho a una justicia plural, pronta y oportuna; razones por las que al haber dado cumplimiento a los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal el presente recurso de casación resulta viable para el análisis de fondo, de forma extraordinaria, haciendo constar que para dichos análisis no se tomarán en cuenta los Autos Supremos 5 de 26 de enero de 2007, 218/2017 de 4 de junio, 199/2013 de 11 de julio, 214 de 28 de marzo de 2007, 393/2015-RRC-L de 4 de agosto y 199/2013 de 11 de julio, en virtud a que únicamente fueron citados por el recurrente, sin precisar fundadamente cuál la contradicción de los precedentes con el Auto de Vista recurrido en casación.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Marcos Diego Chávez Cuellar de fs. 184 a 192; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, se dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos