TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 008/2018

Sucre, 01 de febrero de 2018


Expediente

:

Santa Cruz 149/2017

Parte Acusadora

:

Ministerio Público y otro

Parte Imputada

:

Jorge Esteban Santistevan Hurtado

Delitos

:

Robo Agravado y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 16 de octubre de 2017, cursante de fs. 547 a 552, Jorge Esteban Santistevan Hurtado, opone excepciones de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y por prescripción, dentro de la acción penal interpuesta en su contra por el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Nacionales, por la presunta comisión de los delitos de Robo Agravado, Asociación Delictuosa, Daño Calificado, Atentados contra la Libertad de Trabajo y Destrucción o Deterioro de Bienes del Estado y la Riqueza Nacional, previstos por los arts. 332 inc. 2), 132, 358 inc. 4), 303 y 223 del Código Penal (CP), respectivamente.


  1. EXCEPCIONES OPUESTAS POR EL IMPUTADO


I.1. Excepción por duración máxima del proceso.


En aplicación del art. 133 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y con base a las Sentencias Constitucionales 0101/04 y 033/2016-R de 11 de enero, el imputado opone esta excepción alegando la existencia de evidente dilación procesal no imputable a su parte; es así, que en el ámbito de esta denuncia, precisa fechas desde la formulación de la denuncia de 18 de septiembre de 2008, habiendo prestado su declaración después de 6 meses y 13 días, para ser imputado por el Ministerio Público, siendo presentadas las acusaciones pública y particular en su contra, después de 13 meses de la denuncia; y, 15 meses y 24 días respectivamente.


Previa precisión de fechas, señala que después de 24 meses y 26 días de la denuncia y celebrado el juicio al que asistió a todos los actos sin presentar dilación alguna, se emite la sentencia condenatoria 12/2010 y después de 39 meses y 4 días, se pronuncia el Auto de Vista por el cual la Sala Penal Segunda revocó la sentencia, siendo emitida la Resolución 187 que dio por repuesto el expediente, después de 103 meses y 29 días de la denuncia penal.


Con estos antecedentes, refiere que desde la presentación de la denuncia en su contra, transcurrieron 9 años, 1 mes y 5 días hasta la fecha, más allá del plazo previsto por el art. 133 del CPP, resultando que la demora procesal no le es atribuible, porque desde que se sentó la denuncia de 18 de septiembre de 2008 hasta la fecha de imputación de 1 de abril de 2009, transcurrió más de 6 meses conforme el art. 134 del CPP.


El imputado invoca los arts. 115 y 116 del Constitución Política del Estado (CPE),  8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 44 de la Ley del Tribunal Constitucional, las Sentencias Constitucionales 110 de 35 de octubre de 2004, 1494/2003-R, 1662/2003-R, 69/2004 y el Auto Constitucional 0079/2004 de 29 de septiembre, enfatizando que los criterios desarrollados en los fallos citados, no implican la necesidad de que el solicitante tenga que ofrecer y producir nueva prueba, cuando la misma se encuentra en el expediente, sino únicamente individualizarla.


I.2. Excepción por prescripción.


Refiriendo el quantum de las penas previstas para los arts. 358 y 223 del CP, de uno a seis años y del art. 303 del CP de uno a tres años, previa glosa parcial de las Sentencias Constitucionales 1510/2002-R, 187/2004-R y 101/2006-R, expresa que este indebido proceso se debe extinguir por prescripción conforme mandan los arts. 27 inc. 8), 29 y 30 del CPP y en apego a los arts. 115.II, 116.II y 117.I de la CPE, pues desde las cero horas del 10 de septiembre de 2008, en que cesó la consumación de los delitos atribuidos conforme la denuncia presentada en su contra, transcurrieron 9 años hasta la fecha, venciendo superabundantemente los plazos que manda y ordena el art. 29 inc. 1) del CPP. Ofrece como prueba la Sentencia y el Auto de Vista que dan fe plena de valor que jamás fue declarado rebelde, sin que exista interrupción o suspensión del término de la prescripción, conforme establece el art. 31, siendo claro sobre el particular el Auto Supremo 165 de 8 de junio de 2006. 


I.3. Petición.


El imputado con base a los fundamentos descritos, las disposiciones legales y las resoluciones judiciales nombradas, solicita se declare la procedencia de las excepciones formuladas y se emita resolución fundamentada extinguiendo la acción penal por duración máxima del proceso y por prescripción.

      

II. RESPUESTAS A LAS EXCEPCIONES PLANTEADAS


II.1.        Del Ministerio Público.


El Fiscal Superior de la Fiscalía General del Estado, José Manuel Gutiérrez Velásquez, señala que el deber de fundamentación no solo es obligación de los Jueces o Tribunales; sino también, de las partes y en consideración a la cita y glosa parcial de los Autos Supremos 093/2016-RRC de 16 de febrero, 810/2015-RRC-L de 6 de noviembre y 554/2016 de 16 de julio y las Sentencias Constitucionales 1306/2011 y 0299/2015-S de 25 de marzo, refiere que el excepcionista se limita a efectuar un cómputo aritmético con relación al tiempo transcurrido durante la tramitación del proceso, señalando incluso fojas de algunos actuados procesales que nada tienen que ver con una supuesta dilación que podría ser atribuible al Ministerio Público, al acusador particular o al Órgano Judicial, por lo que pese a la precisión efectuada en el Auto Supremo 308/2017 de 2 de mayo y las Sentencias Constitucionales 551/2010-R de 12 de julio, 0428/2016-S de 6 de abril y 0275/2016-S2 de 23 de marzo, expresa que el excepcionista, si bien hace una relación cronológica de algunas actuaciones procesales, no fundamenta de manera precisa y clara, cuáles son los actuados en los que se encuentra la demora injustificada del proceso, menos individualiza las fojas de las piezas procesales donde se puedan evidenciar las demoras o dilaciones, sin que exista un solo reclamo respecto a alguna supuesta suspensión de audiencia que haya generado dilación indebida en la tramitación de la causa, para que concluya dentro del plazo previsto por el art. 133 del CPP; por cuanto, el planteamiento de la presente excepción es impertinente, desatinado e ilógico, por no haberse demostrado dilaciones indebidas durante la tramitación del proceso, más cuando consta que el excepcionista no se presentó a la audiencia de fundamentación oral, resultando que el imputado esperó que el tiempo transcurra en las diferentes etapas, porque en ninguna parte de los cuadernos de control jurisdiccional existe un solo memorial de reclamo respecto al cumplimiento de plazos, de modo que todos los reclamos recientemente efectuados ya fueron convalidados, al no haber planteado la extinción de la acción en la etapa preparatoria, de modo que cualquier reclamo ha precluído. Cita los Autos Supremos 914/2016 de 18 de noviembre, 289/2016-RRC de 21 de abril y 415/2016-RRC de 13 de junio.


Respecto al supuesto extravío de expedientes que fueron repuestos por el Auto de 20 de marzo de 2017, señala que el incidentista no demostró de qué manera esto habría generado una dilación o demora indebida, menos la vulneración de derechos y garantías constitucionales o a ser juzgado dentro de un plazo razonable; además, señala que deben aplicarse las reglas de la denominada “mora estructural”, de acuerdo a lo determinado por las Sentencias Constitucionales 551/2010-R de 12 de julio y 284/2010-R de 10 de diciembre y sustraerse del cómputo las vacaciones judiciales conforme el art. 130 del CPP, que hacen un total de 240 días a la fecha, así como los días inhábiles y feriados, por lo que no existe moral procesal atribuible al Ministerio Público, acusador particular, ni al Órgano Judicial.


Por otra parte, solicita se considere la existencia de varios delitos investigados, lo que demuestra que el imputado podría haber sido miembro de una banda delincuencial; aspecto que, permite afirmar que el proceso fue complejo que ameritaba una investigación profunda para identificar a más personas implicadas en el caso, criterio asumido en el Auto Supremo 769/2016 de 10 de octubre, por lo que previa referencia al Auto Supremo 026/2017 de 20 de enero, solicita se declare infundada la excepción. 


En cuanto a la excepción de prescripción, destaca la total falta de fundamentación y motivación correcta de la solicitud, pues pese a alegar el excepcionista que no fue declarado rebelde ni cursa ninguna determinación que haya suspendido el término de la prescripción, no adjunta prueba alguna ni menciona fojas del cuaderno procesal en las que se encontrarían documentos o pruebas, que demuestren dichos aspectos, limitándose a señalar que las pruebas se encuentran en los actuados repuestos que cursan en el expediente, incumpliendo la carga de la prueba establecida en los Autos Supremos 554/2016 de 15 de julio, 750/2016-RRC de 28 de septiembre y 593/2017 de 14 de agosto, cuya jurisprudencia encuentra su fundamento en las exigencias de los arts. 308 y 314 del CPP, que coincidentemente señalan que el excepcionista tiene la carga respecto a la forma de presentación de toda excepción, que deberá presentarse con prueba idónea y pertinente, de modo que permita al Juez o Tribunal emitir un pronunciamiento correcto sobre la pretensión planteada.


Con base a la Sentencia Constitucional 1462/2013, señala que la exigencia de ofrecimiento probatorio no es baladí ni un mero formalismo, sino un requisito esencial para cualquier solicitud en el ámbito jurisdiccional, vinculado al derecho al Juez natural en su componente de imparcialidad y al principio de igualdad; por lo tanto, es evidente que el excepcionista se limitó a realizar una simple mención de que nunca hubiese sido declarado rebelde sin demostrar objetivamente con pruebas idóneas y pertinentes; asimismo, como para acreditar que durante la causa desde su inicio hasta la fecha no concurrieron causales de suspensión del término de la prescripción, no se puede realizar cuestionamiento o análisis de fondo ni valoración alguna respecto a la pretensión en los marcos de razonabilidad conforme los alcances de la Sentencia Constitucional 551/2010-R de 12 de julio.


Agrega que si bien el incidentista efectuó varias citas constitucionales y de Autos Supremos, no desarrolló cada de una de las resoluciones judiciales, menos demostró la existencia de dilaciones innecesarias que podrían haber existido durante la tramitación  de la causa, sin tomar en cuenta que el simple transcurso del tiempo es insuficiente para que proceda la prescripción, de modo que al no existir una fundamentación coherente con la solicitud de prescripción de la acción penal y menos ofrecido prueba idónea y pertinente conforme el art. 134 el CPP, que respalde la pretensión, no corresponde ser analizada a tiempo de resolver la prescripción planteada; además, de haber planteado casi al mismo tiempo con el recurso de casación, demostrando un afán dilatorio, solicitando que esta excepción también sea declarada infundada con la interrupción de plazos al resultar manifiestamente dilatoria, maliciosa y temeraria, así como la imposición de sanción pecuniaria.


Por su parte, el Fiscal de materia Iván Ortiz Tristán, por memorial de fs. 593 a 596, respecto a la excepción de extinción por duración máxima del proceso, refiere que el excepcionista no cumplió con la exigencia de efectuar una verdadera auditoría jurídica del proceso, a efectos de determinar con precisión quién es el responsable de la retardación en la tramitación del proceso, efectuando una cronología de algunos actos procesales realizados en el proceso, sin precisar cuántos días se retardó en cada uno de esos actos, que lleve a que sumados sobrepasen los tres años, menos identifica el responsable de tal retardación, incumpliendo lo dispuesto por las Sentencias Constitucionales 0033/2006-R y 255/2014, a tiempo de hacer referencia a la teoría del no plazo desarrollada por la Sentencia Constitucional 1907/2011-R, pues todos aquellos eventos donde concurren causas de fuerza mayor no pueden ser atribuibles al Órgano Judicial ni al Ministerio Público, correspondiendo se declare infundada la pretensión.


En cuanto a la prescripción, refiere que el juicio oral se sustentó por los delitos de Daño Calificado, Robo Agravado, Destrucción o Deterioro de los Bienes del Estado, Asociación Delictuosa y otros, pues en septiembre de 2008, cuando un nuevo régimen intentaba afianzarse en el país, a nivel nacional se organizó la oposición congregada en el CONALDE y del 9 al 11 de septiembre de 2008, se dio en Santa Cruz lo que se llamó “Golpe Cívico Prefectural”, iniciado con la toma de instituciones del Estado boliviano, como hecho doloso totalmente planificado, siendo una de esas instituciones la del Servicio de Impuestos Nacionales, a cuyo edificio llegó el imputado dirigiendo a estudiantes de la FUL, sacando a empujones y de la manera más violenta a los pocos soldados que lo custodiaban, para luego prender fuego en las instalaciones quemando computadoras, escritorios, sillas y todo lo que se encontraba a su paso, quedando el edificio en ruinas, humeando y bajo custodia por varios meses de gendarmes de la Alcaldía. Con estos antecedentes, se pregunta si los delitos se consumaron el 10 de septiembre de 2008, recalcando que el Estado Boliviano jamás recuperó las computadoras ni la documentación, demorando años en la reconstrucción y sufragando gastos para reacondicionar el inmueble, de modo que la prescripción no comenzó a correr desde las cero horas del 10 de septiembre de 2008, más cuando otras instituciones también fueron tomadas, siendo de aplicación el art. 32 inc. 4) del CPP, por lo que impetra se declare infundada la prescripción.


II.2.  Del Servicio de Impuestos Nacionales.


A través de su representante, sostiene previa cita de los arts. 27, 308 y 314 del CPP, que si bien la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso puede ser interpuesta en cualquier etapa del proceso de investigación aún en la etapa de juicio oral, no es menos cierto que debe ser solicitada ante el Juez o Tribunal de primera instancia, al ser los únicos competentes para su conocimiento, pidiendo  se tome en cuenta que en la presente causa se emitió la Sentencia Condenatoria 12/2010 de 14 de diciembre, no siendo de competencia del Tribunal Supremo la resolución de la prescripción opuesta de acuerdo al art. 50 del CPP. Invoca las Sentencias Constitucionales 0163/2012 de 14 de mayo, 153/2012 de 14 de mayo y 1529/2011-R de 11 de octubre, enfatizando que no corresponde en los hechos ni en derecho lo planteado por el imputado ante el Tribunal Supremo, quedando desvirtuada dicha pretensión.


Con relación a la excepción de prescripción, reitera la idea de que el planteamiento es de competencia del Juez o Tribunal donde radicó la causa principal y que el imputado no contempla una auditoría jurídica que indique de manera expresa y esencial las circunstancias que sucedieron y fueron parte del proceso en cuestión, a objeto de restar objetivamente el plazo y obtener un resultado fiable, no correspondiendo a esta Sala pronunciarse sobre la excepción planteada, al ser de exclusiva y única competencia de los Jueces y Tribunales de primera instancia que conocieron la causa, solicitando el rechazo y/o no admisión de las excepciones planteadas, correspondiendo que el expediente sea remitido al Tribunal inferior en grado a fin de resolver lo planteado.

  

  1. RESOLUCIÓN DE LAS EXCEPCIONES DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL FORMULADAS POR EL IMPUTADO


Del análisis de los antecedentes y fundamentos expuestos por el excepcionista; y, las respuestas emitidas por el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Nacionales,  corresponde emitir la correspondiente resolución, en observancia a lo previsto por el art. 124 del CPP, conforme se tiene a continuación:


III.1.        De la competencia de este Tribunal para resolver cuestiones incidentales referidas a la extinción de la acción penal.


La Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, estableció el siguiente entendimiento: “Pues bien, al estar fijados los entendimientos desarrollados precedentemente, los fundamentos de la SC 1716/2010-R, no constituyen argumentos suficientes para determinar que la única autoridad competente para asumir el conocimiento de los incidentes de extinción de la acción penal, sean las autoridades jurisdiccionales que emitieron la sentencia de primera instancia, sino que, en virtud a lo establecido por el art. 44 del CPP, el juez o tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas. En este sentido, es menester dejar establecido que, la autoridad competente para asumir el conocimiento y resolver los incidentes de extinción de la acción penal, ya sea por duración máxima del proceso o por prescripción, es el juez o tribunal donde radica la causa principal, así, si el planteamiento de la excepción se da en etapa de apelación o casación, las decisiones emergentes de las salas penales y del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud los entendimientos plasmados precedentemente, pero fundamentalmente por la naturaleza de la etapa procesal, no admiten impugnación; en efecto, lo que se pretende es evitar las exageradas dilaciones que conllevan las peticiones y envíos de expedientes entre el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales o jueces conocedores de la causa principal, que a cuya consecuencia, en muchos casos, se han postergado innecesariamente las decisiones oportunas en cuanto al fondo del proceso se refiere, muchas veces por las comunicaciones inoportunas de los jueces y tribunales conocedores de la causa principal, como ocurrió en el caso analizado; asimismo, como se expresó, la interposición de los incidentes ante las prenombradas autoridades, en la práctica sirvió para paralizar el pronunciamiento de fondo, ya que inclusive, estando sorteada la causa, el máximo Tribunal de justicia ordinaria, se vio impedido de emitir la resolución mientras no esté resuelta la excepción ante el Juez de instancia, lo que sin duda constituye una clara vulneración de los derechos a ser juzgado dentro de un plazo razonable, de acceso a la justicia y una afrenta a la vigencia del principio de celeridad y también de concentración de actos. En este sentido, cuando el justiciable decida plantear extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, deberá formularlo ante el Juez o Tribunal que conoce la causa principal; sin embargo, también es imperioso aclarar que, si el incidente fuere suscitado ante el Juez de Instrucción en lo Penal o, ante los Tribunales o Jueces de Sentencia Penal, sus decisiones efectivamente son impugnables, ya que la naturaleza de la etapa procesal así lo permite. El presente entendimiento implica la reconducción de la línea jurisprudencial establecida en la SC 1716/2010-R a los entendimientos asumidos en la SC 0245/2006, que emergió de los razonamientos establecidos en las SSCC 0101/2004, 1868/2004-R, 0036/2005, 0105-R, 1365/2005-R y AC 0079/2004-ECA”.

A mayor abundamiento y considerando la respuesta del representante del Servicio de Impuestos Nacionales a las excepciones opuestas, esta Sala Penal ve conveniente precisar que mediante Auto Supremo 555/2016 de 15 julio, a tiempo de resolver un recurso de reposición a través del cual se argumentaba que los arts. 314, 130 y 419 del CPP, citados por el decreto impugnado, no facultaban a esta Sala Penal a resolver excepciones, que la Sentencia Constitucional 1061/2015-SII en ningún acápite prohibió expresamente que las excepciones podían plantearse alternativamente en el Tribunal de origen, ya sea ante el Juez de Instrucción o Tribunal de Sentencia y que no se renunció al derecho de apelación, precisó los siguientes aspectos: “(...)en cuanto al fondo del recurso de reposición, es menester precisar que el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1061/2015-S2 de 26 de octubre, previa referencia a la jurisprudencia desarrollada respecto a la temática del planteamiento de los incidentes de extinción de la acción penal; así como a las consideraciones relativas a la incompetencia del máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria para resolver excepciones de extinción de la acción penal, a la vigencia o resguardo al principio de inmediación, así como al derecho de impugnación y la doble instancia, que sirvieron de fundamento para el entendimiento jurisprudencial de la SC 1716/2010-R, destacó entre otros aspectos que: ´(…) el Tribunal Supremo de Justicia, estando en conocimiento de la causa principal o de fondo, como efecto de la interposición de un recurso de casación, resulta incuestionablemente competente también para conocer todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, incluida claro está, la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso´, para luego referir: ´en el caso particular de una excepción y principalmente la de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, por su naturaleza y características, no amerita la observancia del principio de inmediación, puesto que la misma se limita al control de la duración del proceso penal, la verificación de las presuntas demoras y a establecer quienes son responsables de las mismas, y en función a ese análisis, resolver la excepción, labor que puede y en todo caso debe realizar el Tribunal que esté en conocimiento de la causa principal, evitando la prolongada e innecesaria paralización del proceso y la disfunción procesal provocada por la SC 1716/2010-R´, y que:  ´resulta útil, que si es planteada en casación, sea la Sala Penal correspondiente del Tribunal Supremo de Justicia, quien realice la verificación de la duración del proceso, además de la actuación procesal de las partes y como no, la actuación de los Jueces de instancia en cuanto a la tramitación del proceso, constituyéndose en todo caso en una garantía de resolución imparcial por la máxima instancia de la justicia ordinaria´. También enfatizó que: ´la impugnación no constituye el único elemento del contenido esencial del debido proceso ni del derecho a la defensa en todos sus matices, en efecto, el ejercicio de éste, al igual que otros derechos fundamentales, no tiene carácter absoluto; sin embargo, cabe aclarar que, la regla general es la impugnación y, su excepción, la prescindencia del mismo´.


(…)


En ese sentido, se advierte que este Tribunal al emitir la resolución judicial impugnada de reposición, se abocó a dar cumplimiento a la Sentencia Constitucional 1061/2015-SII de 26 de octubre, habida cuenta que de su comprensión integral y de la identificación de las problemáticas de orden procesal que fueron abordadas, se tiene que la resolución de una excepción de extinción de la acción penal corresponde al tribunal donde radica la causa principal, que en el caso de autos es precisamente esta Sala Penal como emergencia de la formulación de recurso de casación formulado en contra del Auto de Vista 43/2016 de 18 de marzo, que incluso mereció el pronunciamiento del Auto de admisión 491/2016-RA de 27 de junio, sin que se advierta del análisis efectuado en la referida Sentencia Constitucional, la posibilidad de que estando la causa radicada en el Tribunal Supremo por efecto de la interposición de recurso de casación, las partes puedan alternativamente oponer su excepción ante el Juez o Tribunal de origen”.

En el caso de autos, se advierte que el imputado formuló las excepciones de extinción de duración máxima de proceso y de prescripción, en forma posterior al Auto de Vista 4 de 13 de enero de 2012, que resolvió las apelaciones restringidas formuladas contra la sentencia y al mismo recurso de casación que presentó, a cuya emergencia la causa se encuentra radicada ante esta Sala Penal; de modo que en observancia del entendimiento jurisprudencial glosado precedentemente, se encuentra revestida de competencia para resolver las excepciones opuestas.


III.2.        Respecto a la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso.


A los fines de resolver la primera excepción formulada por el imputado Jorge Esteban Santistevan Hurtado, es menester señalar que entre los motivos de extinción de la acción penal establecidos por la norma procesal penal contenida en el art. 27 inc. 10) del CPP, se contempla: “Por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso”; con relación a lo cual, el art. 133 del mismo Código, establece la forma de realizar el cómputo para determinar el vencimiento del plazo máximo, disponiendo que: “Todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía.


Las causas de suspensión de la prescripción suspenderán el plazo de duración del procedimiento. Cuando desaparezcan éstas, el plazo comenzará a correr nuevamente computándose el tiempo ya transcurrido.


Vencido el plazo, el Juez o Tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal”.


Por su parte, el segundo párrafo del art. 5 del Código adjetivo penal, determina: “Se entenderá por primer acto del proceso, cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito.


Toda persona a quien se atribuya un delito tiene derecho a ser tratada con el debido respeto a su dignidad de ser humano”.


Sobre la temática y en relación al cómputo del plazo para determinar la duración máxima del proceso, el Tribunal Constitucional, analizando la actuación del Tribunal de alzada, determinó que: “…no tomaron en cuenta lo previsto por la SC 1036/2002-R, de 29 de agosto, pues el cómputo de los seis meses previstos por el art. 134 del CPP para el desarrollo de la etapa preparatoria, empieza a partir de que el Juez cautelar pone en conocimiento del encausado la imputación formal, y a partir de ahí, se tiene un término máximo de seis meses para presentar la acusación, plazo que en casos de existir pluralidad de imputados se computa desde la última notificación con la imputación formal; lo que no implica que el plazo de tres años (art. 133 CPP) en el que deben finalizar los juicios se amplíe, con ese razonamiento interpretativo la ya citada SC 1036/2002-R, en forma clara, determinó que el computo de los tres años de duración del proceso no debía efectuarse desde la imputación formal al señalar que: éste entendimiento interpretativo (se refiere a la imputación formal y al inicio del proceso) no significa que nuestro sistema procesal se aparte del mandato de justicia pronta y efectiva, que contiene el art. 116.X constitucional, por cuanto el plazo de tres años (art. 133 del CPP) en el que deben finalizar los juicios, no se amplía con este razonamiento interpretativo.


Por su parte el art. 5 del CPP, párrafo segundo, dispone que: Se entenderá por primer acto del proceso, cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito; por consiguiente, considerando dicha normativa, el cómputo de los tres años de duración del proceso penal previsto en el art. 133 del CPP, se computa a partir de la primera sindicación efectuada en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito; en consecuencia, para computar la extinción de la acción penal por el transcurso máximo del tiempo previsto en el referido art. 133 del CPP, es necesario considerar lo manifestado” (Sentencia Constitucional 0033/2006 de 11 de enero, resaltado propio).


En cuanto a los aspectos que la autoridad jurisdiccional, debe observar para determinar la extinción de la acción penal, la jurisprudencia constitucional en reiterados fallos aclaró no ser suficiente considerar únicamente el transcurso del tiempo; sino que se debe analizar caso por caso, la complejidad del asunto, referida no sólo a los hechos; sino también a la cuestión jurídica, la conducta de las partes que intervienen en el proceso y de las autoridades competentes -Órgano Judicial y Ministerio Público-, carga atribuida al imputado (SSCC 101/2004 de 14 de septiembre de 2004, AC 0079/2004-ECA de 29 de septiembre y 1042/2005-R de 5 de septiembre, entre otras), en esa misma línea la Sentencia Constitucional 0551/2010-R de 12 de julio, estableció: “Con relación a ello, vale dejar claramente establecido que el plazo fatal y fijo, no puede ser considerado como único criterio para extinguir una causa por duración máxima del proceso, sino que también debe ponderarse en forma concurrente los factores ya citados en la jurisprudencia constitucional glosada, efectuando un análisis para cada caso concreto, donde deberá analizarse si existen elementos suficientes que establezcan la extinción de la acción, como son la conducta de las partes que intervinieron en el proceso penal y de las autoridades que conocieron el mismo, aspectos que constituyen una omisión indebida por parte de los codemandados, sin soslayar que la situación de los jueces y tribunales bolivianos, así como del Ministerio Público no se encuentra sujeta únicamente a su propia voluntad sino a aspectos ajenos al propio órgano, como la falta de nombramiento oportuno de dichas autoridades, las frecuentes e intempestivas renuncias de funcionarios de esas reparticiones, así como otras circunstancias que inciden negativamente en el propósito encomiable de una pronta y oportuna administración de justicia. En consecuencia, corresponderá efectuar un estudio integral de los elementos que incidieron en la mora procesal, sin atentar contra la eficacia de la coerción penal favoreciendo a la impunidad””.


Ahora bien, de los criterios desarrollados precedentemente debe destacarse que de acuerdo a las normas procesales penales aplicables al caso de autos, la acción penal se extingue en tres años a contar desde la denuncia en sede judicial o administrativa y conforme a la jurisprudencia constitucional, a efectos de analizar el cumplimiento del plazo máximo de duración del proceso, no es suficiente la consideración única del cómputo aritmético del vencimiento del plazo; sino que, además deben analizarse en cada caso concreto la conducta de las partes que intervinieron en el proceso penal y de las autoridades que en él ejercieron las facultades emanadas de la ley, con el fin de verificar si corresponde declarar extinguida la acción penal sin atentar la eficacia de la coerción penal favoreciendo la impunidad; lo que implica, que corresponde al excepcionista formular su pretensión con la suficiente fundamentación y motivación, de modo que su planteamiento sea expuesto de manera clara, precisa y pertinente, identificando no sólo las normas legales que sustenten su petición; sino con base a prueba debidamente individualizada, aquellas dilaciones indebidas e injustificadas atribuibles de forma objetiva al Ministerio Público, el acusador particular o el Órgano Judicial.


En el caso de autos, los argumentos planteados por el incidentista, se basan en el hecho de que desde el 18 de septiembre 2008, en que se presentó la denuncia en su contra a la fecha de presentación de la excepción, transcurrieron 9 años, 1 mes y 5 días, destacando que la demora procesal no le es atribuible; en ese ámbito, resulta necesario relievar que el excepcionista se limita a señalar que asistió a todos los actos del juicio sin presentar dilación alguna y si bien a partir de la identificación de fechas y determinados actuados de la causa penal, precisa el tiempo transcurrido en sus distintas etapas y fases, para llegar a una sumatoria de un tiempo mayor a los tres años previstos por el art. 133 del CPP, no justifica ni mucho menos demuestra que la argüida dilación procesal, resulta atribuible al Ministerio Público, al Servicio de Impuestos Nacionales o al Órgano Judicial; es así, que se aboca a detallar que: desde la denuncia transcurrieron 13 meses y más de 15 meses hasta la presentación de las acusaciones pública y particular, después de 24 meses y 26 días se emitió Sentencia, luego de 39 meses y 4 días, el Auto de Vista que resolvió las apelaciones restringidas y después de más de 103 meses se dio por repuesto el expediente.


Empero, en el planteamiento de la excepción, no se advierte ningún intento de explicar motivadamente del porqué todas esas alegadas dilaciones serían atribuibles al accionar del Ministerio Público, del acusador particular o de los tribunales de justicia, sin que esta omisión quede subsanada con la simple afirmación de que la dilación no le sería imputable, menos con la referencia al marco normativo contenido en la Constitución Política del Estado, Instrumentos Internacionales y el propio Código Procesal Penal, pues la sola referencia de fechas y determinados actuados que se cumplen secuencialmente en la causa, no constituye un planteamiento que pueda demostrar por sí mismo, una dilación indebida sufrida en la tramitación de la presente causa que haga viable la pretensión del imputado; quien debe tener presente que este Tribunal debe basar su determinación con base a elementos objetivos proporcionados por las partes y no a las inferencias o suposiciones ante planteamientos incompletos en su formulación, al no resultar compatible con el principio de imparcialidad que debe observar en sus actos y resoluciones; consecuentemente, si bien desde el 18 de septiembre de 2008 a la fecha de presentación de la excepción, transcurrió un tiempo mayor a los tres años previstos por el art. 133 del CPP, se advierte que el solicitante no cumplió con la carga procesal de demostrar la dilación ilegal o indebida, de exclusiva responsabilidad del Órgano Judicial, del Ministerio Público y/o del acusador particular, razón por la cual el planteamiento al resultar notoriamente inmotivado, deviene en  manifiestamente dilatorio, al limitarse a un cómputo aritmético con relación al tiempo transcurrido desde la formulación de la denuncia, como advierte el Ministerio Público en su respuesta, sin que corresponda un análisis de los factores que deben considerarse para la viabilidad o no de la excepción planteada, porque ello supondría suplir de oficio la negligencia en la que incurrió el imputado. 


III.3.        Con relación a la excepción de extinción de la acción penal por prescripción.


En consideración a la segunda excepción opuesta en la presente causa, debe precisarse que el Código de Procedimiento Penal, señala en su art. 27 inc. 8), la prescripción como motivo de extinción de la acción penal, en cuyo  cómputo debe tomarse en cuenta lo establecido por el art. 29 del CPP, que determina los plazos para la prescripción de la acción penal, atendiendo al máximo legal de la pena privativa de libertad (presidio o reclusión) prevista para los distintos tipos penales establecidos en el Código Penal, que resultan dos, tres, cinco y ocho años de cometido el delito; además, debe considerarse que los términos señalados en esa norma, de acuerdo al art. 30 del CPP, empiezan a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación y pueden interrumpirse por la declaratoria de rebeldía del imputado conforme lo prevé el art. 31 del CPP y suspenderse en los casos establecidos en el art. 32 del mismo cuerpo legal; en consecuencia, fuera de ellas la prescripción continúa corriendo, independientemente de que se hubiera iniciado o no la acción penal correspondiente, lo que sin duda marca una clara diferencia con la anterior normativa sobre el particular, que en el art. 102 del CP, establecía que la prescripción se interrumpía con el inicio de la instrucción penal y se la computaba nuevamente desde la última actuación que ésta registrará.


Efectivamente el anterior sistema procesal, permitía la prolongación indefinida de los procesos y el sometimiento del imputado a la exclusiva voluntad del Ministerio Público y/o del querellante, quienes, de manera arbitraria, podían hacer abandono del proceso penal y reactivarlo después de mucho tiempo, sólo con la finalidad de evitar la prescripción, lo que determinaba la constante zozobra del imputado y la vulneración de sus derechos y garantías, fundamentalmente del derecho a la seguridad jurídica.


El vigente Código de Procedimiento Penal, conforme se tiene dicho cambió radicalmente el sistema anterior; puesto que, no establece entre sus causales de interrupción o prescripción de la acción, el inicio de la acción penal; consecuentemente, es posible interponer esta excepción en cualquier momento del proceso, conforme quedó establecido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional contenida en la Sentencia Constitucional 1510/2002-R de 9 de diciembre, que de manera expresa determinó que la denuncia no constituye causal de interrupción o suspensión de la prescripción al no estar contemplada en los arts. 29 y 31 CPP.  Entendimiento que fue reiterado en la Sentencia Constitucional 0187/2004-R, de 9 de febrero, que determinó que: “…para la interrupción o suspensión de la prescripción, necesariamente tienen que presentarse uno de los supuestos descritos, entre los que no se encuentra el inicio de la acción penal, debiendo contarse el plazo desde el día en que supuestamente se consumó el delito, sin interrupción.  En similar sentido se ha pronunciado la SC 0101/2006-R de 25 de enero”.


Debe agregarse lo previsto por el art. 314 del CPP, que dispone que las excepciones se tramitarán por la vía incidental por una sola vez, estableciendo como carga procesal para quien las oponga, la obligatoriedad de ofrecer prueba idónea y pertinente; lo que implica, que no será suficiente el planteamiento de la excepción, sino el ofrecimiento de prueba destinada a acreditar los argumentos o fundamentos en los que se base la pretensión, se entiende encaminada a demostrar que la excepción resulte fundada.


Sobre la carga e importancia de la prueba para sustentar una pretensión se tiene desarrollado por Carnelutti: Como aquella que no sólo sirve para el conocimiento del hecho, sino también como la certeza o convicción que aquella proporciona, siendo en sentido amplio, un equivalente sensible del hecho que habrá de valorarse; Chiovenda señaló que: Consiste en crear el convencimiento del juez sobre la existencia o inexistencia de los hechos en el proceso, suministrando los medios para tal fin.


En el caso de autos, se constata que el imputado incurriendo en el mismo defecto que en el planteamiento de la anterior excepción, se limita a efectuar un cómputo aritmético del tiempo transcurrido para fundar su pretensión de prescripción; omitiendo fundamentar y acreditar que en la tramitación del proceso no concurrió ninguna de las causales de interrupción o suspensión del término de la prescripción, pues no ofrece prueba idónea que sustente su excepción, incumpliendo la exigencia prevista en el art. 314.1) del CPP, teniendo en cuenta que el imputado se limita a ofrecer como prueba en esta excepción, la sentencia y el Auto de Vista emitidos en la presente causa, cuando en todo caso le correspondía acreditar a través de la certificación emitida por los Tribunales que sustanciaron la causa en etapa preparatoria y de juicio, o a través de una certificación del Registro de Antecedentes Judiciales, que no se declaró su rebeldía en la tramitación de la causa, debiendo comprender el excepcionista que a esta Sala Penal le corresponde resolver las pretensiones de las partes con base a su planteamiento fundamentado y a las pruebas que las sustenten, no pudiendo de manera oficiosa suplir la omisión de las partes, porque ello importaría un desconocimiento del principio de imparcialidad, en el que se sustenta entre otros, la potestad de impartir justicia conforme el art. 178.I de la CPE.


Por lo expuesto, al no existir una fundamentación debida en cuanto a la concurrencia o no de las causales de interrupción o suspensión de la prescripción de la acción penal y menos el ofrecimiento de prueba idónea y pertinente que la respalde, porque el imputado se limita a ofrecer resoluciones judiciales que en la práctica forense no consignan datos relativos a las causales de interrupción o suspensión del plazo de prescripción; toda vez, que este Tribunal no puede subsanar las falencias en las que incurrió, corresponde declarar infundada la excepción planteada, además de manifiestamente dilatoria, teniendo en cuenta el incumplimiento a una carga procesal básica y elemental que hace al planteamiento de cualquier pretensión ante una autoridad judicial y al deber que tiene el excepcionista de ofrecer prueba idónea y pertinente, conforme el mandato establecido por el art. 314.I del CPP.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación del art. 44 in fine del CPP, resuelve declarar; INFUNDADAS las excepciones de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y por prescripción, opuestas por Jorge Esteban Santistevan Hurtado por memorial cursante de fs. 547 a 552, con costas.


En cumplimiento del art. 123 del CPP, se deja constancia, que el presente trámite se encuentra regido a lo dispuesto por la Sentencia Constitucional Plurinacional 1061/2015, por lo que no existe Tribunal competente que de acuerdo a norma legal, tenga atribución para sustanciar y resolver algún recurso ulterior respecto a la presente Resolución que no admite recurso ordinario alguno.


Notifíquese en forma personal a las partes con la presente resolución en observación del art. 163 inc. 2) del CPP, debiendo emitirse en su caso las órdenes instruidas que correspondan.


Regístrese y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos