TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 007/2018

Sucre, 28 de febrero de 2018


Expediente                : Chuquisaca 41/2016

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Luis Jaime Barrón Poveda y otros

Delitos        : Sedición y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 17 de noviembre de 2017, cursante de fs. 14491 a 14499., Luis Jaime Barrón Poveda, opone Excepción de Extinción de la Acción Penal por Prescripción, respecto de los delitos de Asociación Delictuosa, Sedición, Lesiones Graves, Coacción, Vejaciones y Torturas, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Sergio Hugo Velásquez Marín, apoderado legal de Ángel Vallejos Ramos y otros contra el excepcionista y otros, por la presunta comisión de los delitos de Sedición, Asociación Delictuosa, Desórdenes y Perturbaciones, Instigación Pública a Delinquir, Lesiones Graves y Leves, Coacción, Amenazas, Privación de Libertad, Vejaciones y Torturas, previstos y sancionados por los arts. 123, 132, 134, 271, 293, 292 y 295 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ARGUMENTOS DE LA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN


El imputado Luis Jaime Barrón Poveda, formula Excepción de Extinción de la Acción Penal por Prescripción, bajo los siguientes argumentos:


Al amparo de los arts. 308 inc. 4) y 27 inc. 8) y 29 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y en base al precedente jurisprudencial de reconducción de línea sobre el trámite de la Excepción de Extinción de la Acción Penal por Prescripción, señalado en el Auto Supremo 250/2017 de 7 de abril y la Sentencia Constitucional Plurinacional 61/2015-S2 de 26 de octubre, plantea la presente Excepción respecto de los delitos de Asociación Delictuosa, Sedición, Lesiones Graves, Coacción y Vejaciones, previstos y sancionados por los arts. 132, 123, 271, 294 y 295 del CP.


Señala que interpuso la excepción de extinción de la acción penal por prescripción ante el Tribunal de Sentencia de la localidad de Padilla del Departamento de Chuquisaca, que conoció y resolvió el bullado caso “24 de mayo de 2008”, excepción resuelta mediante Auto de 5 de julio de 2013, extinguiendo la acción penal por prescripción de los delitos: Desórdenes o Perturbaciones Públicas, Instigación Pública a Delinquir, Lesiones Leves, Amenazas y Privación de Libertad; rechazando dicha excepción de Prescripción de los delitos de Asociación Delictuosa, Sedición, Lesiones Graves y Coacción, por la teoría del no plazo y con relación a los delitos de Asociación Delictuosa, Sedición, Lesiones Graves y Coacción por la teoría del concurso y respecto a los delitos de Vejaciones y Torturas, Lesiones Graves y Coacción por ser imprescriptibles.


De acuerdo al Auto Supremo 250/2017 de 7 de abril y la Sentencia Constitucional  61/2015-S2 de 26 de octubre, sostiene que se encontraría facultado para promoverlas nuevamente, por lo que se encuentra facultado para interponer la presente excepción ante este Tribunal.


En relación a los hechos, refiere que a efectos del cómputo del plazo establecido por el art. 30 del CPP, dejó sentado que los delitos de Asociación Delictuosa, Sedición, Lesiones Graves, Coacción, Vejaciones y Torturas, por su naturaleza están catalogados dentro de los delitos denominados instantáneos, que de acuerdo a los querellantes, la imputación formal de 6 de octubre de 2008, la acusación fiscal de 22 de abril de 2010, la Sentencia 4/2016 de 2 de febrero emitidas por el Tribunal de Sentencia de Padilla y el Auto de Vista 369/2016 de 9 de noviembre de 2016, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, se produjeron el 24 de mayo de 2008, sin que ninguno de los hechos calificados como delictivos se hubiera prolongado en sus efectos para ser considerado como delito de acción permanente. Que de acuerdo al Auto de 5 de julio de 2013, ya se tenía computado más de 5 años cumplidos y que al presente se tiene un plazo de prescripción de 9 años y 5 meses aproximadamente, ya que el hecho tenido como generador se produjo el 24 de mayo de 2008.


Refiere respecto a la teoría del no plazo, que en el ordenamiento jurídico vigente  no tiene reserva de ley, siendo resabio del sistema inquisidor vigente con el CPP de 1972, sustituido por el actual sistema procesal penal mediante ley 1970 de 25 de marzo de 1999, que en su art. 29 estableció la prescripción de la acción penal para todas las conductas tipificadas como delitos en el Estado Boliviano; asimismo, la Constitución Política del Estado (CPE) en su art. 115, reafirma los derechos de las personas como al debido proceso, a la defensa, a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones, protegidos por los Jueces y Tribunales del Estado Boliviano, contenidos en los arts. 9, 110, 113.I, 178.I y 180.I de la CPE; y, arts. 6 y 12 incs. 3) 4) y 30) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); por lo que la Teoría del no plazo viola los principios de la Administración de Justicia de Legalidad, Seguridad Jurídica y Debido Proceso.


Con relación al concurso de delitos, refiere que es un instituto del derecho penal que se aplica en la Sentencia para cuantificar la pena en caso de probarse la comisión de dos o más delitos, cuando con un mismo hecho (concurso ideal) o con dos o más hechos (concurso real) se comete más de un delito, caso en el cual la pena puede ser incrementada hasta un cuarto del delito mayor en caso de concurso ideal y en la mitad del delito más grave en el concurso real, situación que no tuviese ninguna relación con el instituto de la extinción de acción penal por Prescripción, que prevé la extinción penal por el transcurso del tiempo en el marco establecido por el art. 29 del CPP y únicamente reconoce como excepción al cómputo del plazo, la declaratoria de rebeldía del imputado y la suspensión establecida por los arts. 31, 32 y 33 del CPP, por lo que tampoco resultaría su aplicación del concurso de delitos a la excepción de extinción de acción penal por prescripción.


Refiere también con relación a la imprescriptibilidad, que el delito de Lesiones Graves tipificado por el art. 271 del CP se encuentra en el capítulo III, título VIII, como delitos contra la integridad corporal y la salud, los delitos de Coacción, Vejaciones y Tortura, tipificados por los arts. 294 y 295 están en el capítulo I del título X del CP, como delitos contra la Libertad Individual, siendo los tres tipos penales delitos comunes dentro del ordenamiento jurídico nacional, no teniendo relación alguna con las conductas contenidas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; indica que analizada dicha normativa únicamente ha previsto como delito de lesa humanidad en su art. 7 (2.e) la tortura, no prevé como conducta delictiva las Lesiones graves y coacción. Respecto al delito de Vejaciones y Torturas, el Estatuto de Roma señala por tortura se entenderá como el causar intencionalmente dolor o sufrimiento graves, ya sea físico o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; es decir, contrario a la legislación boliviana que no tiene estas características de tener la custodia o control de la víctima, por lo que no correspondería esta característica para que se considere como delito de Lesa Humanidad.


Por otra parte, la Constitución Política del Estado en su art. 11, ha establecido la imprescriptibilidad de los delitos de Genocidio, de Lesa Humanidad, de Traición a la Patria y Crímenes de Guerra, casos especiales de los que tan solo se encontrarían tipificados como delitos en el ordenamiento jurídico nacional los delitos de Genocidio y Traición a la Patria, no así los delitos de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra; por lo que tampoco sería aplicable la imprescriptibilidad del art. 31 del CPP. Expresando que los delitos de Asociación Delictuosa, Sedición, Coacción, Lesiones Graves, Vejaciones y Torturas ocurrieron el 24 de mayo de 2008, delitos de naturaleza instantánea y de acuerdo al art. 30 del CPP, el término de la prescripción empezó a correr a la media noche, transcurriendo 9 años, 5 meses y 7 días, sin que haya concluido el proceso con sentencia ejecutoriada y que si por razones extra legales se acogieran criterios de teoría del no plazo, concurso de delitos y de imprescriptibilidad igualmente se encontraría prescrita de acuerdo al art. 29 inc. 1) del CPP, que señala como tiempo máximo establecido para la prescripción de la acción penal de 8 años y que al presente se encontraría más de 9 años desde la fecha tenida como generador de la responsabilidad penal.


Por último, con relación a la procedencia de la excepción de prescripción, el art. 31 del CPP, ha establecido como interrupción del plazo de la prescripción la declaratoria de rebeldía del imputado y en su art. 32 del mismo cuerpo legal, los casos de suspensión del término de la prescripción; señalando que desde la apertura de la presente causa penal no ha sido declarado rebelde, demostrándose por resolución de 5 de julio de 2013 dictada por el Tribunal de Sentencia de Padilla y por los datos que conciernen el presente cuaderno procesal. Con referencia a las causales de suspensión del término de la prescripción fundamenta el recurrente de acuerdo a los siguientes extremos: 1) Al estar en periodo de casación ya no se encuentra en periodo de prueba y que durante el periodo de prueba no existió ninguna disposición legal de suspensión de persecución penal en contra del recurrente; 2) Ninguna de las partes planteó excepción prejudicial alguna; 3) Menos existe declaratoria de antejuicio por condiciones de privilegios constitucionales y no se requirió autorización a gobierno extranjero para proceder a su respectivo enjuiciamiento; 4) Los delitos acusados no alteraron el orden constitucional, ni impidieron la competencia de las autoridades judiciales que conocieron el presente proceso.


Añade que al no existir ninguna causal prevista en la ley, que suspenda el término de la prescripción que se desarrolló ininterrumpidamente, al amparo de los Autos Supremos 160/2014 de 26 de junio y 167/2014 de 4 de julio; y, art. 27 inc. 8) con relación al art. 29 incs. 2) y 3) del CPP, solicita el recurrente se admita y se declare fundada la presente excepción de extinción de la acción penal por prescripción de todos los delitos identificados precedentemente, dejando sin efecto las medidas cautelares personales y reales,  disponiendo el archivo de obrados.


II. DEL TRAMITE DE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN


Conforme la revisión de obrados, se tiene que la excepción de extinción de la acción penal por Prescripción fue legalmente corrida en traslado mediante decreto de 17 de noviembre de 2017, notificado a los sujetos procesales a fs. 14501 al 14506, sin que ninguna de las partes procesales haya formulado alguna respuesta.


        III. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LA EXCEPCIÓN OPUESTA


Planteada la Excepción de Prescripción y sin respuesta de ninguna de las partes procesales, corresponde a este Tribunal resolver el planteamiento del imputado a través de una resolución fundada conforme las previsiones del art. 124 del CPP.


III.1.        De la competencia de este Tribunal para resolver cuestiones   incidentales referidas a la extinción de la acción penal.


La Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, estableció el siguiente entendimiento: “Pues bien, al estar fijados los entendimientos desarrollados precedentemente, los fundamentos de la SC 1716/2010-R, no constituyen argumentos suficientes para determinar que la única autoridad competente para asumir el conocimiento de los incidentes de extinción de la acción penal, sean las autoridades jurisdiccionales que emitieron la sentencia de primera instancia, sino que, en virtud a lo establecido por el art. 44 del CPP, el juez o tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas´. En este sentido, es menester dejar establecido que, la autoridad competente para asumir el conocimiento y resolver los incidentes de extinción de la acción penal, ya sea por duración máxima del proceso o por prescripción, es el juez o Tribunal donde radica la causa principal, así, si el planteamiento de la excepción se da en etapa de apelación o casación, las decisiones emergentes de las salas penales y del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud los entendimientos plasmados precedentemente, pero fundamentalmente por la naturaleza de la etapa procesal, no admiten impugnación; en efecto, lo que se pretende es evitar las exageradas dilaciones que conllevan las peticiones y envíos de expedientes entre el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales o jueces conocedores de la causa principal, que a cuya consecuencia, en muchos casos, se han postergado innecesariamente las decisiones oportunas en cuanto al fondo del proceso se refiere, muchas veces por las comunicaciones inoportunas de los jueces y tribunales conocedores de la causa principal, como ocurrió en el caso analizado; asimismo, como se expresó, la interposición de los incidentes ante las prenombradas autoridades, en la práctica sirvió para paralizar el pronunciamiento de fondo, ya que inclusive, estando sorteada la causa, el máximo Tribunal de justicia ordinaria, se vio impedido de emitir la resolución mientras no esté resuelta la excepción ante el Juez de instancia, lo que sin duda constituye una clara vulneración de los derechos a ser juzgado dentro de un plazo razonable, de acceso a la justicia y una afrenta a la vigencia del principio de celeridad y también de concentración de actos. En este sentido, cuando el justiciable decida plantear extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, deberá formularlo ante el Juez o Tribunal que conoce la causa principal; sin embargo, también es imperioso aclarar que, si el incidente fuere suscitado ante el Juez de Instrucción en lo Penal o, ante los Tribunales o Jueces de Sentencia Penal, sus decisiones efectivamente son impugnables, ya que la naturaleza de la etapa procesal así lo permite. El presente entendimiento implica la reconducción de la línea jurisprudencial establecida en la SC 1716/2010-R a los entendimientos asumidos en la SC `0245/2006´, que emergió de los razonamientos establecidos en las SSCC `0101/2004, 1868/2004-R, 0036/2005, 0105-R, 1365/2005-R´y AC 0079/2004-ECA”.


En el caso de autos, se advierte que como emergencia de la formulación del recurso de casación, por parte del propio excepcionista en contra del Auto de Vista 369/2016 de 9 de noviembre, la causa se encuentra radicada ante esta Sala Penal, de modo que en observancia del entendimiento jurisprudencial glosado, se tiene competencia para resolver la excepción opuesta.


III.2. De la prescripción.


El Código de Procedimiento Penal, señala de forma expresa que de conformidad al art. 27 inc. 8) concordante con el art. 29 incs. 1) al 4) de dicha ley: “La  acción penal prescribe: 1) En ocho años para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de seis o más de seis años; 2) En cinco años, para los que tengan señaladas penas privativas de libertad cuyo máximo legal sea menor de seis y mayor de dos años; 3) En tres años, para los demás delitos sancionados con pena privativas de libertad; y, 4) En dos años para los delitos sancionados con penas no privativas de libertad”, disposición legal concordante y complementada por el art. 101 del CP (derogado por la disposición final sexta del Código de Procedimiento Penal, posteriormente incorporada por el art. 14 de la Ley 2033 de 29 de octubre de 1999) que en su apartado segundo señala: “En los delitos sancionados con pena indeterminada, el juez tomará siempre en cuenta el máximum de la pena señalada”.


La prescripción se computa desde la media noche del día en que se cometió el delito o ceso su consumación y no se interrumpe por el inicio de la acción penal; ya que, esa interpretación vulneraría el principio de inocencia que favorece a todo imputado y la jurisprudencia vigente con relación a esta temática.


Sobre el cómputo de la prescripción, se debe tomar en cuenta lo establecido en el art. 29 del CPP, que determina los plazos para la prescripción de la acción penal, atendiendo al máximo legal de la pena privativa de libertad (presidio o reclusión) prevista para los distintos tipos penales establecidos en el Código Penal. Los términos señalados en esa norma, de acuerdo al art. 30 del CPP, empiezan a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación y pueden interrumpirse por la declaratoria de rebeldía del imputado, conforme lo prevé el art. 31 del CPP y suspenderse en los siguientes casos previstos en el art. 32 del CPP:


1.        Cuando se haya resuelto la suspensión de la persecución penal y esté vigente el periodo de prueba correspondiente.


2.        Mientras esté pendiente la presentación del fallo que resuelva las cuestiones prejudiciales planteadas.


3.        Durante la tramitación de cualquier forma de antejuicio o de la conformidad de un gobierno extranjero de la que dependa el inicio del proceso; y,


4.        En los delitos que causen alteración del orden constitucional e impidan el ejercicio regular de la competencia de las autoridades legalmente constituidas, mientras dure ese estado.


Ahora bien, de acuerdo a la norma procesal vigente, sólo esas causales suspenden la prescripción; en consecuencia, fuera de ellas, la prescripción continúa corriendo, independientemente de que se hubiera iniciado o no la acción penal correspondiente, lo que sin duda marca una clara diferencia con la anterior normativa sobre el particular, que en el art. 102 del CP, establecía que la prescripción se interrumpía con el inicio de la instrucción penal y se la computaba nuevamente desde la última actuación que ésta registrara.


Efectivamente, el anterior sistema procesal, permitía la prolongación indefinida de los procesos y el sometimiento del imputado a la exclusiva voluntad del Ministerio Público y/o del querellante, quienes de manera arbitraria, podían hacer abandono del proceso penal y reactivarlo después de mucho tiempo, sólo con la finalidad de evitar la prescripción, lo que determinaba la constante zozobra del imputado y la vulneración de sus derechos y garantías, fundamentalmente del derecho a la seguridad jurídica.


El vigente Código de Procedimiento Penal, conforme se tiene dicho, cambió radicalmente el sistema anterior; puesto que, ya no establece entre sus causales de interrupción o prescripción de la acción penal, el inicio de la acción penal; consecuentemente, es posible interponer esta excepción en cualquier momento del proceso, conforme ha quedado establecido en la jurisprudencia del Tribunal contenida en la Sentencia Constitucional 1510/2002-R de 9 de diciembre, que de manera expresa determinó que la denuncia no constituye causal de interrupción o suspensión de la prescripción al no estar contemplada en los arts. 29 y 31 del CPP.  Entendimiento que fue reiterado en la Sentencia Constitucional 0187/2004-R de 9 de febrero, en la que se determinó que: “…para la interrupción o suspensión de la prescripción, necesariamente tienen que presentarse uno de los supuestos descritos, entre los que no se encuentra el inicio de la acción penal, debiendo contarse el plazo desde el día en que supuestamente se consumó el delito, sin interrupción”. En similar sentido se ha pronunciado la SC 0101/2006-R de 25 de enero.


Más adelante, al referirse a la otra excepción, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional contenida en la precitada Sentencia Constitucional 0101/2004, sobre el derecho a la conclusión de los procesos en un plazo razonable, estableció la siguiente doctrina constitucional:


“…Si bien nuestra Constitución no establece de manera expresa el derecho fundamental del imputado a la conclusión del proceso penal dentro de un plazo razonable, de manera implícita lo consagra al proclamar en forma genérica que la `celeridad´ es una de las `…condiciones esenciales de la administración de justicia´, entendimiento que se extrae del contenido del art. 116.X Constitucional. Nos parece que una interpretación en sentido contrario sólo podría tener sustento si se aceptara que tal proclamación carece de significado, lo que no es posible tratándose de una norma jurídica, y aún más, de la norma fundamental del país, siempre cargada de significado y fines.


A su vez, la normativa internacional sobre derechos humanos (los Pactos), que según la doctrina de este Tribunal integran el bloque de Constitucionalidad y por tanto tienen rango constitucional (Así SSCC 1494/2003-R, 1662/2003-R, 69/2004, entre otras), de manera expresa reconocen tal derecho, conforme a lo siguiente:


1) Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8.1) 'Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por ley, en la sustanciación de cualquier acusación formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter'.


2) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.3) 'Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: c. A ser juzgada sin dilaciones indebidas'.


De lo anterior se extrae que la finalidad que persigue el legislador constituyente boliviano al introducir, en concordancia con los preceptos internacionales aludidos, el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, es que el imputado pueda definir su situación ante la ley y la sociedad dentro del tiempo más corto posible, desde un punto de vista
razonable; poniendo fin a la situación de incertidumbre que genera todo juicio, y la amenaza siempre latente a su libertad que todo proceso penal representa. Con esto se persigue evitar que la dilación indebida del proceso, por omisión o la falta de la diligencia debida de los órganos competentes del sistema penal, pueda acarrear al procesado lesión a otros derechos, entre ellos, el de la dignidad y la seguridad jurídica, que resulten irreparable”.


Debe agregarse, que el art. 314 del CPP, establece que las excepciones se tramitarán por la vía incidental por una sola vez, estableciendo como carga procesal para quien las oponga a ofrecer prueba idónea y pertinente; lo que implica, que no será suficiente el planteamiento de la excepción, sino el ofrecimiento de prueba destinada a acreditar los argumentos o fundamentos en los que se base la pretensión, se entiende encaminada a demostrar que la excepción resulta fundada.


III.3.        Delitos de Lesa Humanidad.


Los delitos de Lesa Humanidad se refieren a actos determinados de violencia contra cualquier persona, privándola de lo que es más esencial para ella, su vida, libertad, bienestar psíquico, salud y/o dignidad, son consecuencia de la persecución contra un grupo identificable o personas indistintamente de la composición de ese grupo, trascienden al individuo porque cuando éste es lesionado, la humanidad es atacada y anulada.


La doctrina menciona que los delitos de lesa humanidad son desarrollados desde hace algunos siglos; sin embargo, tomaron relevancia en el siglo XX donde se dieron muchos actos de violencia, especialmente en la Primera y Segunda Guerra Mundial. El art. 29 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado y ratificado por el Estado Boliviano con la firma de 17 de julio de 1998 mediante la Ley 2398 de 24 de mayo de 2002, estableció que los delitos internacionales son imprescriptibles; por tanto, los delitos de Lesa Humanidad son imprescriptibles aun si esos actos no constituyen una violación del derecho interno del país donde fueron cometidos. Asimismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y delitos de Lesa Humanidad.


Lo peculiar de los delitos de Lesa Humanidad, es que, siendo “comunes”, como ejemplo, Asesinato, Violación de la Libertad Sexual y Torturas; en determinados contextos y bajo ciertas exigencias, pueden convertirse en delitos de lesa humanidad. Una de las principales consecuencias de ello, como recientemente se señaló, es que se tornan imprescriptibles y que los Estados tienen la obligación de perseguir al delincuente sin importar su nacionalidad o el lugar en el que se cometieron los hechos y los responsables no podrán gozar de los posibles beneficios del indulto o amnistía. Por eso, la constatación de un comportamiento como delito de lesa humanidad es de mucha trascendencia para el destino de la persona que presuntamente lo ha cometido, debido a las restricciones de libertad que ello implicaría.


Los crímenes de Lesa Humanidad, se encuentran regulados por el art. 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional y los distingue de los delitos ordinarios, de la siguiente manera:


  1. Tienen que haber sido cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático.


  1. Tienen que ir dirigidos contra una población civil.


  1. Tienen que haberse cometido de conformidad con la política de un Estado o de una organización.


Asimismo, existen tipos penales que tienen potencialidad de convertirse en delitos de Lesa Humanidad, porque siendo comunes tipificados por la normativa penal, bajo determinados presupuestos se podrían convertir en los precitados; pues el hecho de que el agente cometa un delito de Tortura, Desaparición Forzada o Violación Sexual, no significa que se trate de Crimen de Lesa Humanidad, sino sólo cuando cumpla los requisitos típicos adicionales; esto es que los hechos formen parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Entonces, la potencialidad significa la posibilidad de que un delito sea considerado de lesa humanidad, en la medida que cumplan con los elementos típicos que exige el art. 7.1 del Estatuto de la Corte Penal Internacional (ECPI); por tanto, un comportamiento para ser considerado de lesa humanidad, es que se trate de un ataque generalizado o sistemático que debe estar dirigido contra una población civil y el agente debe tener conocimiento de la misma.


Los delitos con potencialidad de convertirse en lesa humanidad, son aquellos que se encuentran contenidos en el catálogo que proporciona el precitado art. 7.1 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; a saber: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o Traslado Forzoso de Población; e) Encarcelación y Otra Privación Grave de la Libertad Física en Violación de Normas Fundamentales de Derecho Internacional; f) Tortura; g) Violación, Esclavitud Sexual, Prostitución Forzada, Embarazo Forzado, Esterilización Forzada u Otros Abusos Sexuales de Gravedad Comparable; h) Persecución de un Grupo o Colectividad con Identidad Propia Fundada en Motivos Políticos, Raciales, Nacionales, Étnicos, Culturales, Religiosos, de Género y otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, o cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición Forzada de Personas; j) El crimen de Apartheid; y, k) Otros Actos Inhumanos de Carácter Similar que Causen Intencionalmente Grandes Sufrimientos o Atenten Gravemente contra la Integridad Física o la Salud Mental Física. En este último inciso, se verifica la existencia de una cláusula abierta de discrecionalidad para el operador jurídico, que indudablemente podría incluir al delito de terrorismo con posibilidades de convertirse de lesa humanidad.


III.4. La imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad.


Conforme al desarrollo precedente, se concluye que la prescripción en el derecho penal es el instituto jurídico por medio del cual, se produce la
extinción de la persecución de los delincuentes en razón del transcurso del tiempo.


Con relación a este instituto jurídico, tal como se adelantó precedentemente, el art. 29 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, estableció que los crímenes de Lesa Humanidad, tienen la especial característica de ser imprescriptibles; por tanto, pueden ser perseguidos en todo tiempo; además de lo cual, señala que no sólo se juzga a los autores materiales de los crímenes, sino a toda la cadena de dichos actos, desde quien los materializó, hasta quien estuvo enterado de las acciones y permitió que se llevaran a cabo.


La misma disposición se encuentra consignada en la “Convención Sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa  Humanidad”, establecida por la Resolución 2391 (XXII) de la Asamblea General de la ONU de 26 de noviembre de 1968 y ratificada como Ley de la República 2116 de 11 de septiembre de 1968.


III.5. Sobre el delito de Vejaciones y Torturas.


Por ser de interés para el análisis del caso concreto, con la finalidad de cumplir con el silogismo jurídico a efectos de determinar si la causa penal objeto de la presente petición, merece la extinción por efecto de la prescripción, o al contrario, jurídicamente no resulta aceptable el cómputo del tiempo transcurrido para la determinación de la solicitada extinción, resulta necesario  analizar el tipo penal de Vejaciones y Torturas, prescrito por la legislación del país así como por las normas internacionales.


En ese orden, se tiene que el art. 15 de la CPE, dispone que: “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte”.


Así a continuación, el mismo artículo, en su parágrafo I establece que: “El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado”.


Más adelante el art. 114 de la CPE, en sus dos parágrafos, agrega lo siguiente:

       

I.        Queda prohibida toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma de violencia física o moral. Las servidoras públicas y los servidores públicos o las autoridades públicas que las apliquen, instiguen o consientan, serán destituidas y destituidos, sin perjuicio de las sanciones determinadas por la ley.


  1. Las declaraciones, acciones u omisiones obtenidas o realizadas mediante el empleo de tortura, coacción, exacción o cualquier forma de violencia, son nulas de pleno derecho”.


En el mismo orden normativo, concordante con las normas precitadas, el art. 295 del CP, dispone que: “Será sancionado con privación de libertad de seis meses a dos años, el funcionario que vejare, ordenare o permitiere vejar a un detenido.


La pena será de privación de libertad de dos a cuatro años, si le infligiere cualquier especie de tormento o torturas.


Si éstas causaren lesiones, la pena será de privación de libertad de dos años a seis años y si causaren la muerte, se aplicará la pena de presidio de diez años”.


De lo señalado, es posible concluir que tanto la Constitución Política del Estado como el Código Penal, prohíben toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma de violencia física o moral, por lo que el Código Penal se encuentra destinado a tipificar conductas que de algún modo atentan contra la libertad y dignidad humanas. El sujeto activo según el texto glosado, sólo puede ser un funcionario público y el pasivo puede ser cualquier persona.


Vejar significa maltratar, molestar, perseguir, perjudicar, hacer padecer. El solo hecho de sufrir la privación de libertad, ya es padecimiento. La vejación y la tortura generalmente persiguen un fin, como es que sea privado de libertad, diga o haga algo. Aunque la vejación y la tortura en sí mismas y sin más fin que hacer sufrir a las víctimas también son usuales.


Tortura significa tormento, suplicio, padecimiento, que al igual que la vejación puede ser con o sin finalidad.


Tanto las vejaciones como las torturas pueden ser materiales como morales, estas últimas si bien aparentemente no provocan ninguna lesión corporal, muchas veces son más crueles que éstas. Como se expresó, es autor de estos delitos, el funcionario que las comete directamente, que las ordena y permite que las hagan. Por tanto, pueden ser cometidos por comisión o por omisión, como es el no impedir vejar, torturar o simplemente desentenderse de que se cometan o no. Quien recibe la orden para vejar y/o torturar también comete delito si la ejecuta.


En el analizado art. 295 del CP, existen tres agravantes; una primera, relativa a que cuando en lugar de vejar se causan tormentos o torturas; una segunda, si se causan lesiones en la víctima y un tercer grado de agravación, si se provoca la muerte.


Complementariamente a lo prescrito por la legislación nacional, las normas internacionales también se ocuparon de legislar el tema en concreto. Así la Convención contra la Tortura, de las Naciones Unidas de Nueva York, 1984, en su art. 1 señala lo siguiente: “A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término tortura, todo acto por el cual se inflija
intencionalmente a una persona dolores ó sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella ó de un tercero información ó una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, ó se sospeche que ha cometido, ó de intimidar ó coaccionar a esa persona ó a otras, ó por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, ó con su consentimiento ó aquiescencia”.


Por su parte, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en su art. 7.2 inc. e) dispone que por Tortura “…se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones licitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas”.


III.6. Unidad de hecho y concurso de delitos.


De conformidad con lo dispuesto por el art. 44 del CP, se entiende por concurso ideal, el que con una sola acción y omisión violare diversas disposiciones legales que no se excluyan entre sí y será sancionado con la pena del delito más grave, pudiendo el Juez aumentar al máximo hasta una cuarta parte.

Sobre el concurso real, el art. 45 del CP, dispone lo siguiente: “El que con designios independientes, con una o más acciones u omisiones, cometiere dos o más delitos, será sancionado con la pena del más grave, pudiendo el juez aumentar el máximo hasta la mitad”.


El art. 46 del mismo cuerpo legal agrega que: “En todos los casos de pluralidad de delitos, corresponde al juez que conozca el caso más grave, dictar la sentencia única, determinando la pena definitiva para la totalidad de los mismos, con sujeción a las reglas del Código de Procedimiento Penal”.


Sobre el particular, la Sentencia Constitucional 0680/2000- R de 10 de julio, desarrolló lo que sigue: “Que por tratarse de un concurso ideal de delitos previsto por el art. 44 del Código Penal, la pena en abstracto es de más de 6 años, dado que según las reglas previstas por el precepto antes señalado, en estos casos se aplica la pena del delito más grave pudiendo aumentarse a este máximo una cuarta parte; así lo determinó el Tribunal Constitucional en la Sentencia 598/00-R.  Es decir, 1 año y 3 meses en el presente caso, con lo que la pena a aplicarse a los recurrentes tiene un máximo de 6 años y tres meses.


Que, consiguientemente, la prescripción no se ha operado dado que se requieren ocho años para la prescripción de los delitos que tengan señalada una pena de 6 o más años”.


Dicho entendimiento, emergente de lo previsto por los arts. 44 y 45 del CP, los cuales, al establecer el concurso ideal y el concurso real, establece para el primer caso, una hipótesis de conducta (acción y omisión) única, en tanto que el concurso real, es de dos o más conductas (acciones u omisiones). Al regular el concurso ideal con la fórmula, “el que con una sola acción u omisión violare diversas disposiciones legales que no se excluyan entre sí, será sancionado con la pena del delito más grave, pudiendo el juez aumentar el máximo hasta en una cuarta parte”, el Código Penal adopta el principio de absorción, por el que la pena del delito más grave que ha ingresado al concurso es la pena aplicable.


En consecuencia, el criterio para determinar cuándo hay un solo hecho jurídicamente considerado y cuándo una pluralidad no coincide con el número de resultados, sino con el concepto de unidad de conducta (activa y omisiva). Ahora bien, corresponde entonces interpretar el elemento normativo “unidad de acción” previsto en el Código Penal. Sobre este punto es preciso señalar que en la doctrina, la tesis de la unidad de acción ha sido un concepto discutido, dado que la expresión no es muy precisa, considerando desde el punto de vista fáctico que en el concurso ideal, los eventos lesivos, que siempre son elementos fácticos, son plurales. La determinación de si en un caso concreto se trata de una sola acción jurídicamente considerada o de varias, no sólo determina las consecuencias diversas de los concursos en cuanto a la determinación de la pena, sino que tiene implicaciones constitucionales; puesto que, se hallan en juego el principio de legalidad y la prohibición de doble punición, en el ámbito procesal, el principio del ne bis in ídem.


Dado que el mismo art. 44 del CP, prevé que de una misma conducta se presente una tipicidad plural, es posible afirmar categóricamente que el número de resultados nada tiene que ver con el número de conductas, pues una sola conducta puede tener pluralidad de resultados, no es tampoco el número de tipos penales el que determinará el número de conductas jurídicamente consideradas. Consiguientemente, para determinar si penalmente estamos frente a una o varias conductas, para nada sirven el número de tipos penales que concurran, el número de resultados producidos, ni el número de movimientos realizados por el sujeto.


Siguiendo la doctrina mayoritaria a juicio de este Tribunal, la unidad de acción se determina atendiendo a dos factores: el final y el jurídico; es decir, que la unidad de acción requiere el factor final como fundamental y primario dato óptico; es decir, la unidad de plan y la unidad de resolución que son los requisitos para que haya unidad de conducta, que jurídicamente son objeto de única desvaloración.


El concurso ideal no se identifica con la unidad de conducta, pues el primero es sólo uno de los supuestos en que existe unidad de acción, dándose casos en que la unidad de conducta, pese a la pluralidad de acontecimientos fácticos, existe un factor normativo que determina su consideración como una conducta única.


Por otra parte, en la fórmula del concurso ideal contenida en el art. 44 del CP, en cuyo texto dispone que: “…el que con una sola acción y omisión
violare diversas disposiciones legales que no se excluyan entre sí, será sancionado con la pena del delito más grave, pudiendo el juez aumentar el máximo hasta en una cuarta parte”, cabe resaltar que éste excluye los casos de unidad de ley o también denominados de concurso aparente, que de acuerdo a los criterios aceptados por la mayoría de la doctrina, son los principios de especialidad, consunción y subsidiariedad. Este último abarca el supuesto del llamado hecho anterior impune, que comprende los casos en que las etapas posteriores de realización del delito (iter criminis) desplazan a las anteriores, así quedan en posición subsidiaria los actos preparatorios tipificados respecto a los ejecutivos, los actos ejecutivos quedan subsidiados por el delito consumado. El criterio valorativo respecto de qué es lo subsidiado se extrae de la cuantía penal, que es indicadora del grado de afectación, se entiende por grado de afectación más intenso
al que está conminado con la pena más grave; y por consiguiente, desplaza a los menos graves.


En el concurso ideal hay una conducta con pluralidad de resultados, un delito jurídicamente considerado; y por consiguiente, una única pena que absorbe las de las otras tipicidades menos graves que concurren en la misma acción. Allí funciona el principio de absorción, que requiere la determinación de la escala penal que absorbe a las otras penas; es decir, la escala penal de la pena mayor. El Código Penal adopta también el criterio de la aspersión conforme al cual, la pena del delito más grave que absorbe a la de los demás es agravada; es decir, se selecciona entre las escalas penales correspondientes a cada uno de los tipos penales, la que tiene la penalidad mayor y luego se asperja con las restantes, agravándola.


III.7. Análisis de la solicitud.


Una vez realizadas las consideraciones doctrinales, jurisprudenciales y normativas precedentes, corresponde ingresar al análisis de la solicitud de extinción de la acción penal por prescripción, planteada por el co-imputado Luis Jaime Barrón Poveda, quien en el memorial de interposición de la excepción, sostuvo que interpuso dicha excepción ante el Tribunal de Sentencia de la localidad de Padilla del Departamento de Chuquisaca, que conoció y resolvió el bullado caso “24 de mayo de 2008” excepción resuelta mediante Auto de 5 de julio de 2013, extinguiendo la acción penal por prescripción de los siguientes delitos: Desórdenes o Perturbaciones Públicas, Instigación Pública a Delinquir, Lesiones Leves, Amenazas y Privación de Libertad, rechazando dicha excepción de Prescripción de los delitos de Asociación Delictuosa, Sedición, Lesiones Graves y Coacción por la teoría del no plazo y con relación a los delitos de Asociación Delictuosa, Sedición, Lesiones Graves y Coacción por la teoría del concurso y con relación a los delitos de Vejaciones y Torturas, Lesiones Graves y Coacción por ser imprescriptibles.

Respecto a los efectos del cómputo del plazo establecido por el art. 30 del CPP, los delitos de Asociación Delictuosa, Sedición, Lesiones Graves, Coacción, Vejaciones y Torturas, por su naturaleza están catalogados dentro de los delitos denominados instantáneos, mismos que de acuerdo a los hechos objeto de la presente acción penal se produjeron el 24 de mayo de 2008 y que al presente se tiene un plazo de prescripción de 9 años y 5 meses aproximadamente.


Argumenta respecto a la teoría del no plazo, que en el ordenamiento jurídico interno no tiene reserva de ley, siendo un resabio del sistema inquisidor vigente con el CPP de 1972, sustituido por el actual sistema procesal penal mediante ley 1970 de 25 de marzo de 1999, que en su art. 29 estableció la prescripción de la acción penal para todas las conductas tipificadas como delitos en el Estado Boliviano; asimismo, la CPE en su art. 115 reafirma los derechos de las personas como al debido proceso, a la defensa, a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones protegidos por los Jueces y Tribunales del Estado Boliviano, contenidos en los arts. 9, 110, 113.I, 178.I y 180.I de la CPE y arts. 6 y 12 incs. 3) 4) y 30) de la LOJ; por lo que la Teoría del no plazo viola los principios de la Administración de Justicia de Legalidad, Seguridad Jurídica y Debido Proceso.


Referente al concurso de delitos, refiere que es un instituto del derecho penal que se aplica en la Sentencia para cuantificar la pena en caso de probarse la comisión de dos o más delitos, cuando con un mismo hecho (concurso ideal) o con dos o más hechos (concurso real) se comete más de un delito, caso en el cual la pena puede ser incrementada hasta un cuarto del delito mayor en caso de concurso ideal y en la mitad del delito más grave en el concurso real, situación que no tuviese ninguna relación con el instituto de la extinción de acción penal por Prescripción, que prevé la extinción penal por el transcurso del tiempo en el marco establecido por el art. 29 del CPP y únicamente reconoce como excepción al cómputo del plazo, la declaratoria de rebeldía del imputado y la suspensión establecida por los arts. 31, 32 y 33 del CPP, por lo que tampoco resultaría su aplicación del concurso de delitos a la excepción de extinción de acción penal por prescripción.


Asimismo, con relación a la imprescriptibilidad sostiene que el delito de Lesiones Graves tipificado por el art. 271 del CP, se encuentra en el capítulo III, título VIII como delitos contra la integridad corporal y la salud, los delitos de Coacción, Vejaciones y Tortura tipificados por los arts. 294 y 295 están en el capítulo I del título X del Código Penal como delitos contra la libertad individual, siendo los tres tipos penales delitos comunes dentro del ordenamiento jurídico nacional, no teniendo relación alguna con las conductas contenidas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que únicamente ha previsto como delito de Lesa Humanidad en su art. 7 (2.e) la tortura, no prevé como conducta delictiva las Lesiones Graves y Coacción. Respecto al delito de Vejaciones y Torturas, el Estatuto de Roma, señala que por tortura se entenderá el causar intencionalmente dolor o sufrimiento grave, ya sea físico o mental, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; es decir, contrario a la legislación boliviana que no tiene estas características de tener la custodia o control de la víctima, por lo que no correspondería esta característica para que se considere como delito de lesa humanidad.


Manifiesta también que la Constitución Política del Estado en su art. 11 ha establecido la imprescriptibilidad de los delitos de Genocidio, de Lesa Humanidad, de Traición a la Patria y Crímenes de Guerra, casos especiales de los que tan solo se encontrarían tipificados como delitos en el  ordenamiento jurídico interno los delitos de Genocidio y Traición a la Patria no así los delitos de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra, por lo que tampoco sería aplicable la imprescriptibilidad del art. 31 del CPP. Expresando que los delitos de Asociación Delictuosa, Sedición, Coacción, Lesiones Graves, Vejaciones y Torturas ocurrieron el 24 de mayo de 2008, delitos de naturaleza instantánea, y de acuerdo al art. 30 del CPP, el término de la prescripción empezó a correr a la media noche, transcurriendo 9 años, 5 meses y 7 días, sin que haya concluido el proceso con sentencia ejecutoriada y que si por razones extra legales se acogieran criterios de teoría del no plazo, concurso de delitos y de imprescriptibilidad, igualmente se encontraría prescrita de acuerdo al art. 29 inc. 1) del CPP, que señala como tiempo máximo establecido para la prescripción de la acción penal de 8 años y que al presente se encontraría más de 9 años desde la fecha tenida como generador de la responsabilidad penal; y asimismo, indicó no haber sido declarado rebelde y que no se encontraría dentro de las causales de suspensión del término de la prescripción, por lo que al no existir ninguna causal prevista en la ley que suspenda el término de la prescripción, al haberse desarrollado ininterrumpidamente, al amparo de los Autos Supremos 160/2014 de 26 de junio y 167/2014 de 4 de julio; y, art. 27 inc. 8) con relación al art. 29 incs. 2) y 3) del CPP, solicita el recurrente se admita y se declare fundada la presente excepción de extinción de la acción penal por prescripción de todos los delitos identificados precedentemente dejando sin efecto las medidas cautelares personales y reales disponiendo el archivo de obrados.


En este contexto, el excepcionista, se limita en su solicitud a acreditar el aspecto temporal transcurrido a partir de la realización de los hechos y la denuncia interpuesta que data del 24 de mayo de 2008, sustentando que con respecto de todos y cada uno de los delitos atribuidos, tomando en cuenta la penalidad de los delitos acusados por el Ministerio Público y actualmente sentenciados por el Tribunal de Sentencia de Padilla, se encuentran vencidos porque han transcurrido más de nueve años y cinco meses a partir de la consumación del hecho por el que se procesa, refiriendo que con relación a la declaratoria de rebeldía y las causales de suspensión del plazo de la prescripción se encontrarían dichos datos en los mismos cuerpos de la presente causa; al respecto, en principio efectivamente se advierte el transcurso de tiempo que excede el término previsto por el art. 29 inc. 2), aun considerando el tiempo máximo establecido en el inc. 1) del mencionado artículo del CPP; sin embargo, en el presente proceso, el análisis de la procedencia o no de la prescripción al caso concreto, debe además abarcar otros aspectos vinculados al instituto prescriptivo, dadas las características especiales de las que está revestido el proceso en cuanto a las personas involucradas en el juzgamiento, los delitos atribuidos y la forma de comisión de los ilícitos de contenido relevante para la sociedad, situación que debe ser tomada en cuenta por este Máximo Tribunal de Justicia al momento de resolver la presente excepción.


En ese sentido, al margen del elemento temporal, el aspecto fundamental que en definitiva determinará la procedencia o improcedencia de este instituto, está referido a establecer si los delitos acusados y de los que se solicita la Extinción de la Acción Penal por Prescripción, son considerados comunes o están catalogados para el caso concreto como delitos de Lesa Humanidad, remitiendo en ese margen a la legislación internacional por permisión de la previsión estatuida por el art. 34 del CPP, que regula la aplicación preferente de las reglas sobre la prescripción contenidas en Tratados y Convenios Internacionales vigentes, norma que guarda estrecha relación con el art. 410.II de la CPE, al establecer la primacía de la Constitución frente a cualquier disposición normativa y del bloque de constitucionalidad integrado por Tratados y Convenios internacionales en materia de derechos humanos y las formas de derecho comunitario ratificados por el país; en cuyo ámbito, el Estatuto de Roma o Estatuto de la Corte Penal Internacional, aprobado y ratificado por el Estado de Bolivia mediante Ley 2398 de 24 de mayo de 2002, en su art. 7, ha establecido los parámetros a ser considerados para distinguir a los delitos de Lesa Humanidad de los ordinarios, que para su catalogación de tales, deben ser cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático, estar dirigidos contra una población civil y haberse cometido de conformidad con la política de un Estado o de una organización con conocimiento, delitos que aun siendo comunes, pero con estas características tienen la potencialidad de asumir la categoría de lesa humanidad. Entre los delitos potencialmente convertibles en delitos de lesa humanidad, además de los expresamente mencionados en el art. 7.1 de la mencionada norma internacional o Estatuto de Roma, en el inc. k) establece posibilidades de estar inmersos en esta calidad además a: “Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.


La clasificación relacionada si bien no comprende en específico los delitos por los que el excepcionista se encuentra procesado, de acuerdo a la discrecionalidad, posibilita al operador jurídico de incluir delitos a esta condición que reúnan las características exigidas al caso concreto, como se tiene fundamentado en el punto III.3., se observa que durante la sustanciación del presente procedimiento, el Tribunal de Sentencia resolvió con anterioridad excepciones similares, como advirtió el excepcionista, mediante Auto de 5 de julio de 2013, como también por lineamientos del Auto de Vista 91/2013 de 2 de septiembre, complementado por el 92/2013 de 2 de agosto, a través del cual señaló: “Que, de otro lado, la Constitución Política del Estado, en su art. 111 CPE, que determina los delitos de genocidio, de lesa humanidad, de traición a la patria, crímenes de guerra son imprescriptibles, mientras que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en su artículo 29 determina el carácter de imprescriptibilidad así como el artículo 5.1. b) referido a los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional señala expresamente los crímenes de lesa humanidad y dentro de ese ámbito penal en su artículo 7.1 a los efectos del presente estatuto se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquier de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque; f) tortura; y, k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. Estatuto de Roma aprobado y ratificado por el Estado Boliviano con la firma de 17 de julio de 1998 en sus 128 artículos, mediante Ley 2398 del 24 de mayo de 2002.


Asímismo, el Estado Boliviano es también signatario de la Convención sobre imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad establecida por la Resolución 2391 (XXII) de la Asamblea General de ONU de 26 de noviembre de 1968 y ratificada como Ley de la República 2116 de 11 de septiembre de 2000.


El artículo 34 del CPP dispone que tendrán aplicación preferente las reglas sobre prescripción contenidas en tratados y convenios internacionales vigentes; norma que tiene relación directa con el art. 410.II de la CPE, que establece la primacía de la Constitución frente a cualquier disposición normativa, también reconoce el bloque de constitucionalidad integrado por Tratados y Convenios internacionales en materia de derechos humanos y las formas de derecho comunitario ratificados por el País.


De los antecedentes normativos arriba citados, se concluye que el delito de Vejaciones y Torturas previsto y sancionado por el art. 295 del Código Penal Boliviano no prescribe. Ahora bien de acuerdo a los datos contenidos en la presente causa se puede extraer el informe de 13 de junio de 2013 de  Silvia Rafaela Díaz Peralta en su calidad de Trabajadora Social se dice que: …se debe mencionar que los actos descritos se constituyen en actos inhumanos provocados de forma intencional… en suma el trato degradante e inhumano descrito en la acusación ha significado la violación de sus derechos humanos…, el informe de 2 de julio de 2013 de la Lic. N. Paola Gonzáles Coronado en su calidad de Psicóloga Forense del Instituto de Investigaciones forenses entre otras consideraciones refiere…permite inferir que la descripción circunstanciada de los hechos (narrados en la acusación) nomina el compromiso de la integridad personal de quienes han sido objeto de dichas acciones las cuales se han traducido en una situación amenazadora (trato o castigo infringido), ambas variables guardan relación con el trato inhumano…, el informe de Felicidad del C. Alfaro Heredia en su calidad de Psicóloga del SEPDAVI del Ministerio de Justicia entre otros aspectos dice …revisada en extensión y en profundidad el documento adjunto al requerimiento, así definido como acusación, se encuentra que en la misma se describen actos de distinta naturaleza; de los cuales los siguientes se consideran actos inhumanos…, el informe de 7 de junio de 2013 del Lic. Oliver Rodríguez Gutiérrez en su condición de psicólogo, entre otras cosas refiere …siguiendo la línea conceptual generada por el ejercicio de la Corte Interamericana, lo descrito SI corresponde a un tratamiento o actuación inhumana… Informes que tienen valor probatorio por proceder de funcionarios en ejercicio de sus funciones y haber sido incorporados en observancia al inciso 3) del art. 333 del CPP.


En línea con lo expuesto por la Comisión Europea de Derechos Humanos, los actos descritos en la acusación, proporcionada para este informe, contiene los requisitos para ser considerados trato degradante (pues el tratamiento descrito dado al individuo incluye humillación de forma grosera frente a otros, además de ser conducido a actuar contra su voluntad y conciencia) y para ser considerado un trato o acto inhumano posee las características de haber sido aplicado deliberadamente y carecer de justificación en las circunstancias particulares del caso, faltando únicamente el determinar la presencia de un sufrimiento mental…, en cuyo mérito y toda vez que lo que se juzgan son hechos y no calificaciones jurídicas corresponde concluir que los hechos descritos en la acusación en cuanto a los delitos de Coacción así como lesiones graves y leves, constituyen actos inhumanos esto más allá de considerar el nomen juris de dichos tipos penales toda vez que lo que se juzga son hechos y no tipos penales, esto sin perjuicio de su comprobación o no en este razonamiento corresponde referir que se considera actos inhumanos los hechos descritos en la acusación en cuanto a los delitos de Coacción y Lesiones Graves y Leves, y por ende determina su carácter de delitos de lesa humanidad y su imprescriptibilidad” (sic).


Cumpliendo de esta forma con la permisión establecida por el Estatuto de la Corte Penal Internacional, de incluir en la consideración de delitos de lesa humanidad a los tipos de Lesiones Graves y Leves, Coacción además del delito de Vejaciones y Torturas, dadas las circunstancias de trato degradante e inhumano que describen los hechos descritos en la acusación que denotan los informes elaborados por los entes técnicos, presentados en calidad de prueba por el Ministerio Público, habiendo sobre esa base el juzgador, observado la posibilidad establecida en el art. 7.1 inc. k) del Estatuto de Roma. Dentro de esta misma esfera argumentativa, se encuentra la consideración que incluye al delito de Asociación Delictuosa y Sedición en razón a que los hechos atribuidos en las acusaciones fiscal, particular y la Sentencia, constituyen una unidad de acción de donde resultan pluralidad de delitos derivada en una sentencia única y consiguiente penalidad con reconocimiento de concurso o lo que es lo mismo, un único cuadro fáctico  de acuerdo al punto III.6. y única sentencia de acuerdo al art. 46 del CP, que por su vinculación estrecha constituye una estructura que no puede ser resquebrajada por formar parte del concepto global asimilado por los informes técnicos de la prueba aportada por el Ministerio Público, referido en líneas precedentes, de manera que ese vínculo permite a su vez incluir al tipo penal dentro de la conceptualización establecida en el mencionado inc. k) del Estatuto de Roma, para la efectiva protección de los bienes jurídicos supuestamente transgredidos por los actos ilícitos determinados en la sentencia.


De esta manera se observa asimismo, el cumplimiento de la disposición establecida por el art. 29 del mismo Estatuto de Roma, que determina que los crímenes de Lesa Humanidad poseen la característica de ser
imprescriptibles, no sujetos al ámbito temporal y perseguibles en todo tiempo, determinación que concuerda con la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad” de 26 de noviembre de 1968, ratificada por el país como ley 2116 de 11 de septiembre de 1968.


En lo tocante al delito de Vejaciones y Torturas, también objeto de sentencia y condena contra la excepcionista, cabe analizar que conforme el razonamiento expresado en el punto III.5 de la presente resolución, de acuerdo a la normativa prevista en los arts. 15 y 114 de la CPE y 295 del CP, se encuentra prohibida en el ordenamiento legal nacional toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, violencia física o moral que atentan contra la libertad y dignidad humana, dentro de esta comprensión, vejar significa maltratar, molestar, perseguir, perjudicar, hacer padecer y tortura significa tormento, suplicio, padecimiento, sean materiales como morales; además la normativa internacional como la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas en su art. 1, así como el Estatuto de Roma en el art. 7.2 inc. e) refiere al hecho de causar dolor o sufrimientos graves físicos o mentales a una persona a una persona que el acusado tenga bajo su custodia; por consiguiente, reúne las condiciones y características para ser igualmente catalogado como delito de lesa humanidad de acuerdo a la normativa internacional, cuya nomenclatura es coincidente con los presupuestos consignados en el art. 295 del CP, tomando en cuenta además la conceptualización realizada en los informes técnicos que describe la prueba presentada por el Ministerio Público, conforme los argumentos supra relacionados.


De esta manera, habiendo quedado establecido durante la presente causa a través de la determinación asumida por el Tribunal de Sentencia, respecto a los delitos de Lesiones Graves y Coacción y los fundamentos, cuya prescripción se solicita con el efecto extintivo por el transcurso de tiempo establecido por el art. 29 inc. 2) del CPP, son en definitiva considerados como de lesa humanidad por las características que implican, al estar inmersos en la normativa internacional del Estatuto de Roma, incluyendo además en esta comprensión por la unidad de juzgamiento a los delitos de Sedición, Asociación Delictuosa y Vejaciones y Torturas, aunque se pretenda que este último referido a Vejaciones, merece una situación jurídica diferente con efectos prescriptibles; se concluye, que no pueden estar sujetos al transcurso temporal para efectos de su prescripción, por ser considerados como imprescriptibles; por consiguiente, carente del efecto extintivo de la acción penal por el solo transcurso del tiempo establecido para delitos comunes que en este caso es irrelevante, efectivizándose en principio de la inexorabilidad temporal del juicio y de la sanción penal, en tratándose de crímenes contra el derecho internacional de los derechos humanos que suponen agravio a la humanidad y el interés de la comunidad internacional.


Asimismo, es menester referir que en base a lineamientos jurisprudenciales ya emitidos por este Tribunal Supremo de Justicia contenidos en los Autos Supremos 368/2017 de 22 de mayo, 335/2017 de 3 de mayo y 373/2017 de 22 de mayo, referentes a excepciones de Prescripción, se tienen los fundamentos para sostener la imprescriptibilidad de los delitos anteriormente referidos.


En consecuencia, en apoyo de la normativa internacional y nacional respecto a materia de derechos humanos y verificados las condiciones de imprescriptibilidad de los hechos de donde emanan los tipos penales atribuidos, corresponde en aplicación de los arts. 34 del CPP y 111 de la CPE, declarar infundado el petitorio de prescripción conforme al art. 315 del CPP, modificado por la Ley 586.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en los arts. 44 in fine y 315 del CPP, RESUELVE:


Declarar INFUNDADA la Excepción de Extinción de la Acción Penal por Prescripción de los delitos de Sedición, Asociación Delictuosa, Lesiones Graves, Coacción, Vejaciones y Torturas, opuesta por el co-imputado Luis Jaime Barrón Poveda, con costas, conforme a lo dispuesto por el art. 268 del CPP, con los efectos previstos por el art. 315 III del CPP.


En cumplimiento de la Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, se advierte a las partes que la presente Resolución no es recurrible.


Notifíquese a las partes conforme al art. 163 del CPP.


Regístrese, notifíquese  y hágase saber.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos