TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 006/2018

Sucre, 22 de enero de 2018


Expediente        : Cochabamba 42/2017

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otros 

Parte Imputada        : Silvia Mery Angulo Díaz y otra

Delito        : Estelionato


RESULTANDO


Por memorial presentado el 13 de octubre de 2017, cursante de fs. 889 a 891 vta., Silvia Mery Angulo Díaz y Rosmery Angulo Díaz, opone excepción extinción de la acción penal por Prescripción, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, María Daysi, Said Iván, Giovanna Ibeth, Norma Cinthia y Juvenal Omar, todos de apellidos Angulo Díaz contra las excepcionistas, por la presunta comisión del delito de Estelionato, previsto y sancionado por el art. 337 del Código Penal (CP).


I. ARGUMENTOS DE LA EXCEPCIÓN OPUESTA


Las imputadas Silvia Mery Angulo Díaz y Rosmery Angulo Díaz, formula su pretensión en base a los siguientes argumentos:


  1. Refieren que la querella fue presentada el 30 de septiembre de 2010 y posteriores investigaciones que tuvieron como resultado la Sentencia por el ilícito de Estelionato, previsto y sancionado por el art. 337 del Código de Procedimiento Penal (CPP), señalando que el proceso se sustanció sobre el hecho de que hubieran otorgado en anticrético del inmueble con matrícula 3.0.1.99.0007870, registrado a sus nombres, siendo que el mismo se encontraría inmerso en un proceso civil, por lo que se encontraría en calidad de litigioso; por otro lado, señala que este acto se hallaría refrendado por distintos documentos firmados entre los supuestos anticresistas y el recurrente; empero, dichos documentos nunca fueron adjuntados u ofrecidos como prueba dentro del presente proceso penal; siendo que la acusación señala que los testigos hubieran afirmado que se encontraban en dicho bien inmueble, en calidad de anticresistas, desde el año 2008.


  1. Al respecto, señalan que no se puede establecer la fecha del hecho supuestamente criminoso, siendo que únicamente la acusación formal refiere que el supuesto hecho sería del año 2008; sin embargo, tendría como actos procesales una demanda en la vía civil (Sentencia emitida dentro del proceso civil iniciado en contra el recurrente el 4 de junio de 2008, otro proceso iniciado el 7 de septiembre de 2006, además del proceso ordinario  de nulidad que data de 23 de octubre de 2006, cuya Sentencia fue dictada el 20 de marzo de 2008 por el Juzgado de Partido en lo Civil y Comercial Once, aspectos indicados tanto en la acusación formal como en la Sentencia como los supuestos actos emergente de la dichos trámites; en consecuencia, señala que si hubiera sido emergente de estos hechos, se tendría que tomar la última fecha del hecho ilícito; por lo cual, respecto del delito de Estelionato, a la fecha hubiera transcurrido nueve años, por lo que ya hubiera transcurrido el tiempo para que proceda la extinción de la acción penal por prescripción conforme lo previsto por los arts. 27 inc. 8) y 29 inc. 2) del CPP; al respecto, refiere que también se debe dar cumplimiento a lo previsto en el art. 115. I. II. de la Constitución Política del Estado (CPE).


  1. Expresan que en aplicación del art. 29 inc. 2) del CPP los delitos menores de seis y mayores de dos años prescriben a los cinco años; y en este caso, el delito por el que se les persigue tiene como máximo legal cinco años, por lo que dicho delito debe prescribir a los cinco años.


  1. Refieren que la querella presentada data del 30 de septiembre de 2010, en la que se presuntamente se establece como fecha para el cómputo del tiempo entre los años 2006 y 2008.


  1. Aclara que sobre las recurrentes no pesa ninguna declaratoria de rebeldía o cualquier otra causal de suspensión o interrupción del cómputo del plazo de la prescripción, prevista por los arts. 31 y 32 del CPP.


  1. Realizan una relación de los antecedentes para afirmar que el Ministerio Público y el Órgano Judicial y la acusación particular fueron responsables de dicha mora procesal; en consecuencia, expresa que la duración del proceso no fue a consecuencia de las dilaciones que hubiera generado las recurrentes.


  1. Haciendo alusión a los arts. 31 y 32 del CPP, señala que el momento en que empieza a correr el plazo para el computo del tiempo para la prescripción, es la media noche de cometido el ilícito o en que cesó su consumación y solo se interrumpirá por la declaratoria de rebeldía; al respecto, señala que no pesa en su contra alguna declaratoria de rebeldía; empero, señala que el 2014 de manera maliciosa la parte querellante logró una ilegal declaración de rebeldía en la audiencia conclusiva de 13 de octubre de 2014, porque el abogado patrocinante se hizo notificar a su nombre en Secretaría del Juzgado de Instrucción Quinto de la Capital, situación por la que se desconocía de la celebración de dicha audiencia; aspecto que, hizo que el 24 de noviembre de 2014, fuera ilegalmente detenida a raíz de dicha rebeldía, la cual mediante la audiencia de revocatoria de medidas cautelares fue dejada sin efecto, debido a que se trató de una actuación falsamente realizada, por lo que a la fecha no existe rebeldía alguna; en consecuencia, se deberá dar curso a la excepción de extinción de la acción penal por prescripción; en aplicación al Auto Supremo 142 de 17 de marzo de 2008 y las Sentencias Constitucionales 1030/2003-R, 0792/2005-R y 101/2006-R.

 

II. RESPUESTA A LA EXCEPCIÓN OPUESTA


Por decreto de 13 de octubre de 2017 (fs. 893), conforme lo dispuesto por el art. 314 del CPP, se corrió traslado a la parte adversa teniendo como respuesta, la siguiente:


La representación del Ministerio Público mediante memorial presentado el 1 de noviembre de 2017 argumentó lo siguiente:


  1. El memorial de solicitud de Extinción de la Acción Penal carece de fundamentación siendo que dicho presupuesto no solo es propio de la labor del Juez si no de la parte recurrente, para que posteriormente quienes administran justicia expresen de manera adecuada los argumentos sobre todas las pretensiones planteadas dentro de todo proceso; toda vez, que el pronunciamiento sobre un recurso u otra cuestión planteada aspecto previsto en la Sentencia Constitucional 1306/2011 y los Autos Supremos 292/2016-RRC de 21 de abril y 046/2016-RRC de 21 de enero; en ese sentido, puntualiza que la pretensión de la parte recurrente es ambigua al no señalar con precisión el momento en que empieza a correr el plazo para que opere la extinción del acción penal por prescripción; en consecuencia, quien juzga no tiene sentadas las bases para realizar el análisis respecto del cómputo del plazo para la prescripción; realizar un razonamiento de oficio sería ir en contra de la aplicación del art. 398 del CPP; por ende, se establece que las recurrentes no señalaron con precisión el inicio del cómputo para la prescripción; y como lógica consecuencia, el Órgano Judicial no puede sustituir dicha omisión porque de hacerla generaría vulneración del principio de imparcialidad establecida en el art. 178.I. de la CPE.

  1. Refiere que existen  parámetros para la resolución de peticiones de extinción de la acción penal establecidas en la Sentencia Constitucional 0551/2010-R de 12 de julio; posteriormente, con relación a la alegación de que a la fecha de la presentación de la excepción hubiera transcurrido nueve años; se advierte que no se consideró las vacaciones judiciales, por lo que se debió tomar en cuenta que desde el año 2010 estos plazos se suspendieron durante siete años en la proporción de veinticinco días calendario, haciendo un total de ciento sesenta y cinco días que por mandato del art. 130 del CPP este plazo debe ser suspendido.


  1. Con relación a la declaratoria de rebeldía, en el acta de audiencia de conclusiva de 24 de noviembre de 2014, la recurrente de manera maliciosa hubiera dejado transcurrir el tiempo incluso hasta se le asigne abogada de oficio y el solo hecho de que se haya procedido a la declaratoria de rebeldía, ya hace que se le atribuya una dilación, lo cual constituye una interrupción del término de la prescripción conforme lo previsto por el art. 31 del CPP, por lo que desde el momento de la declaratoria de la rebeldía debe volverse a computar el plazo para la prescripción aunque se alegue que posteriormente fue dejada sin efecto por lo que con esa decisión ya operó la aplicación del art. 31 del CPP; aspecto que, sería concurrente con lo sustentado por el Auto Supremo 606 de 19 de diciembre.


  1. También se afirma que las recurrentes no adjuntaron prueba idónea que haga al trámite, adjuntando solamente fotocopias de tres cuadernos de control jurisdiccional con faltante de piezas procesales que ayuden al juzgador a la convicción para decidir sobre la solicitud impetrada, siendo que las imputadas tenían como deber la carga de la prueba; aspecto que, según el representante del Ministerio Público no fueron cumplidos, sustentado lo señalado con los entendimientos del art. 314 del CPP; en consecuencia, las impetrantes tenían el deber de acreditar que durante la causa, desde el inicio no fueron declaradas rebeldes y de qué modo no concurren las causales de la suspensión del proceso, a más de que la participación de las mismas en el proceso dilata el mismo en cual se constata por solicitudes realizadas por las parte denunciante a fs. 78 de obrados, para que las notificaciones tanto con la acusación foral y particular, lo que es aceptado por el Juez de la causa en el Auto de Radicatoria a efectos legales pertinentes de continuar con el proceso e iniciar el juicio correspondiente, dictándose por el Juez de la causa el proveído a efectos del cumplimiento de los arts. 5 y 52 de la Ley 586 análisis que se encuentra previsto en el Auto Supremo 750/2016-RRC de 28 de septiembre.

   

  1. Así también, refiere que no debe olvidarse que en el presente proceso existe una Sentencia Condenatoria 37/2015 de 30 de junio, que declara a las recurrentes autoras de la comisión del delito de Estelionato por una pena de tres años de reclusión con costas y resarcimiento del daño civil a favor de la víctima y del Estado; por otro lado, refiere que contra la mencionada Sentencia existe una apelación restringida que fue resuelta mediante el Auto de Vista de 9 de mayo de 2017, declarando improcedente y confirmando la Sentencia apelada y que en 23 de mayo de 2017, las recurrentes fueron notificados con el Auto de Vista y que después de siete días del mismo mes y año, interpusieron recurso de casación y como corolario de dichos actuados  se debió tomar en cuenta que existe un Auto Revocatorio de sus medidas cautelares sustitutivas, impuestas a la parte imputada disponiéndose el 6 de octubre de 2017, su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Sebastián Mujeres, fundamentando su resolución la autoridad judicial en el cumplimiento a las condiciones impuestas como medidas sustitutivas.


  1. Por último, señala que se advierte el incumplimiento de una carga procesal básica y elemental que hace al planteamiento de cualquier pretensión ante una autoridad judicial en su suficiente fundamentación y al deber que tiene quien interpone una excepción de ofrecer prueba idónea y apropiada, conforme lo previsto por el art. 314 del CPP, por lo que se advierte, que dicho planteamiento es meramente dilatorio, incumpliendo el canon jurisprudencial establecido en el Auto Supremo 554/2016 de 15 de julio. Aspectos por los cuales solicita se declare infundada la solicitud de Extinción de la Acción Penal por Prescripción.


Mediante memorial presentado por Norma Cinthia, Ever Lucio, Giovanna Iveth, Said Iván, todos de apellidos Angulo Díaz, en su calidad de querellantes señalaron que:

Al respecto, señala que con relación a que la fecha el delito por el que fueron condenadas hubiera vencido al haber transcurrido nueve años venciendo, así el plazo de cinco años previsto para la extinción; al respecto, señala que en cumplimiento del art. 31 del CPP, las recurrentes fueron declaradas rebeldes mediante el Auto de 13 de octubre de 2014 y esta determinación en ningún momento se la revocó, únicamente se dejó sin efecto ante el apersonamiento de una de ellas y se ratificó las medidas sustitutivas a la detención preventiva que ya se les había impuesto con anterioridad, siendo plenamente válida la declaratoria de rebeldía, como sustentó de lo señalado adjunta a su memorial el Auto de  declaratoria de rebeldía de 12 de octubre de 2014; refiriendo al respecto, que nuevamente se debe realizar el cómputo para el plazo, desde el 14 de octubre de 2014 por lo que el plazo para la prescripción vencería el 14 de octubre de 2019; finalmente, señala que esta excepción solo tiene fines dilatorios, maliciosos y temerarios, por lo que solicita se aplique lo previsto por el art. 314. III. Del CPP y se rechace la solicitud de extinción de la acción penal por prescripción.  


III. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LA EXCEPCION OPUESTA


Del análisis de los antecedentes y fundamentos expuestos por las excepcionistas y las respuestas de la parte contraria, corresponde analizar y resolver la pretensión planteada, a través de una resolución fundamentada en observancia del art. 124 del CPP.


III.1.        De la competencia de este Tribunal para resolver cuestiones incidentales referidas a la extinción de la acción penal.


El Tribunal Constitucional Plurinacional, efectuando una reconducción de la línea asumida por el Tribunal Constitucional de transición en cuanto a los Jueces y Tribunales competentes para resolver las Excepciones o Incidentes de solicitud de Extinción de la Acción Penal, estableció el siguiente razonamiento, que este Máximo Tribunal de Justicia ordinaria, tiene el deber de acatar en mérito al carácter vinculante y cumplimiento obligatorio que los pronunciamientos constitucionales ostentan en mérito al art. 203 de la CPE.


Así la Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, estableció el siguiente entendimiento: “Pues bien, al estar fijados los entendimientos desarrollados precedentemente, los fundamentos de la SC 1716/2010-R, no constituyen argumentos suficientes para determinar que la única autoridad competente para asumir el conocimiento de los incidentes de extinción de la acción penal, sean las autoridades jurisdiccionales que emitieron la sentencia de primera instancia, sino que, en virtud a lo establecido por el art. 44 del CPP, Él juez o tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas´. En este sentido, es menester dejar establecido que, la autoridad competente para asumir el conocimiento y resolver los incidentes de extinción de la acción penal, ya sea por duración máxima del proceso o por prescripción, es el juez o Tribunal donde radica la causa principal, así, si el planteamiento de la excepción se da en etapa de apelación o casación, las decisiones emergentes de las salas penales y del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud los entendimientos plasmados precedentemente, pero fundamentalmente por la naturaleza de la etapa procesal, no admiten impugnación; en efecto, lo que se pretende es evitar las exageradas dilaciones que conllevan las peticiones y envíos de expedientes entre el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales o jueces conocedores de la causa principal, que a cuya consecuencia, en muchos casos, se han postergado innecesariamente las decisiones oportunas en cuanto al fondo del proceso se refiere, muchas veces por las comunicaciones inoportunas de los jueces y tribunales conocedores de la causa principal, como ocurrió en el caso analizado; asimismo, como se expresó, la interposición de los incidentes ante las prenombradas autoridades, en la práctica sirvió para paralizar el pronunciamiento de fondo, ya que inclusive, estando sorteada la causa, el máximo Tribunal de justicia ordinaria, se vio impedido de emitir la resolución mientras no esté resuelta la excepción ante el Juez de instancia, lo que sin duda constituye una clara vulneración de los derechos a ser juzgado dentro de un plazo razonable, de acceso a la justicia y una afrenta a la vigencia del principio de celeridad y también de concentración de actos. En este sentido, cuando el justiciable decida plantear extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, deberá formularlo ante el Juez o Tribunal que conoce la causa principal; sin embargo, también es imperioso aclarar que, si el incidente fuere suscitado ante el Juez de Instrucción en lo Penal o, ante los Tribunales o Jueces de Sentencia Penal, sus decisiones efectivamente son impugnables, ya que la naturaleza de la etapa procesal así lo permite. El presente entendimiento implica la reconducción de la línea jurisprudencial establecida en la SC 1716/2010-R a los entendimientos asumidos en la SC `0245/2006´, que emergió de los razonamientos establecidos en las SSCC `0101/2004, 1868/2004-R, 0036/2005, 0105-R, 1365/2005-R´y AC 0079/2004-ECA.”


III.2. De la base legal y jurisprudencial sobre la extinción de la acción penal por prescripción


El art. 315 del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014, señala que: I) La o el Juez o Tribunal, dictará resolución fundamentada conforme a los plazos previstos en el Artículo precedente, declarando fundada o infundada las excepciones y/o incidentes, según corresponda; II) Cuando las excepciones y/o incidentes sean manifiestamente improcedentes, por carecer de fundamento y prueba, la o el Juez o Tribunal, deberá rechazarlas in limine sin recurso ulterior, en el plazo de veinticuatro (24) horas, sin necesidad de audiencia y sin mayor trámite; III) En caso de que las excepciones y/o incidentes sean declaradas manifiestamente dilatorias, maliciosas y/o temerarias, interrumpirán los plazos de la prescripción de la acción penal, de la duración de la etapa preparatoria y de duración máxima del proceso, computándose nuevamente los plazos. Consecuentemente, la o el Juez o Tribunal, previa advertencia en uso de su poder coercitivo y moderador, impondrá a la o el abogado una sanción pecuniaria equivalente a dos salarios mínimos nacionales, monto de dinero que será depositado en la cuenta del Órgano Judicial y en caso de continuar con la actitud dilatoria, la o el Juez o Tribunal, apartará a la o el abogado de la actuación del proceso en particular, designando a un defensor público o de oficio; y, IV.  El rechazo de las excepciones y de los incidentes impedirá que sean planteados nuevamente por los mismos motivos.

Por su parte el art. 29 del CPP, señala que la acción penal prescribe: 1) En ocho años, para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de seis o más de seis años; 2) En cinco años, para los que tengan señaladas penas privativas de libertad, cuyo máximo legal sea menor de seis y mayor de dos años; 3) En tres años, para los demás delitos sancionados con penas privativas de libertad; y, 4) En dos años para los delitos sancionados con penas no privativas de libertad.

Conforme el art. 31 del CPP, sólo se interrumpirá por la declaratoria de rebeldía del imputado, momento desde el cual el plazo se computará nuevamente.

Por otro lado, se establece que sólo se suspenderá en los casos previstos por el art. 32 del C.P.P., los cuales son:

“1) Cuando se haya resuelto la suspensión de la persecución penal y esté vigente el periodo de prueba correspondiente;                

2) Mientras esté pendiente la presentación del fallo que resuelva las cuestiones prejudiciales planteadas;

3) Durante la tramitación de cualquier forma de antejuicio o de la conformidad de un gobierno extranjero de la que dependa el inicio del proceso; y,

4) En los delitos que causen alteración del orden constitucional e impidan el ejercicio regular de la competencia de las autoridades legalmente constituidas, mientras dure ese estado”.

El art. 337 del CP, tipifica el delito de Estelionato: “El que vendiere o gravare como bienes libres los que fueren litigiosos o estuvieren embargados o gravados y el que vendiere, gravare o arrendare, como propios, bienes ajenos, será sancionado con privación de libertad de uno (1) a cinco (5) años”.

III.3. Análisis del caso concreto.


Previamente, al análisis del caso, es preciso tener presente que, de acuerdo al art. 17.II de la Ley de Organización Judicial (LOJ), en grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos, lo que obedece a la congruencia que deben observar los fallos a tiempo de resolver las cuestiones planteadas, sujetándose a los puntos expresamente observados o impugnados en la interposición de los recursos.


Sobre la solicitud de extinción de la acción penal por prescripción.

Se debe tener en cuenta que, en el caso de autos el imputado plantea su pretensión basado en que no puede precisar una fecha del hecho para realizar un cómputo del tiempo de la prescripción señalando varios actuados entre ellos que la acusación formal refiere que el supuesto hecho sería del año 2008; sin embargo, tendría como actos procesales una demanda en la vía civil, Sentencia emitida dentro del proceso civil iniciado en contra del recurrente el 4 de junio de 2008, otro proceso iniciado el 7 de septiembre de 2006; además, del proceso ordinario de nulidad que data de 23 de octubre de 2006, cuya Sentencia fue dictada el 20 de marzo de 2008 por el Juzgado de Partido en lo Civil y Comercial Once;  por lo que señala, que estos hechos serían entre los años 2006 y 2008; aspecto que, hace ver que las recurrentes incumplieron el deber establecido por el art. 30 del CPP, teniendo en cuenta que quién interpone esta excepción tiene el deber de correr con la carga de la prueba de demostrar todos los presupuestos que hacen a la demostración indubitable del transcurso del tiempo para que pueda operar dicha prerrogativa que la Ley prevé; en este caso, dicho artículo de manera taxativa establece que el término de la prescripción empezará a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o en el que cesó su consumación; aspecto que, no es precisado por las recurrentes, lo cual genera que este Tribunal no tenga certeza de cual el momento en que se debe iniciar el cómputo del plazo para la prescripción, situación que no puede ser subsanada de oficio, bajo los presupuestos del art. 17.II de la LOJ, incumpliendo en consecuencia la carga argumentativa y probatoria para demostrar indubitablemente el momento en el que empieza a correr el plazo para el cómputo de la prescripción.               


Por otro lado, con relación a que no se encuentran inmersas dentro de las previsiones contenidas en los arts. 31 y 32 del CPP; es decir, que no fueran declarados rebeldes ni mucho menos incurrieron en la adecuación de alguna de las cuatro causales previstas en el art., 32 de la referida norma penal; en ese contexto, se advierte que las excepcionistas, soslayan su deber de exponer fundadamente de qué modo se produce la extinción de la acción penal por prescripción, porque no demostró objetivamente que no concurrió las causales de suspensión o interrupción del término en cuestión, a través de prueba idónea y pertinente, conforme exige el art. 314 del CPP; por cuanto, de manera simple sin respaldo probatorio señala que no incurrió en las causales de suspensión y/o interrupción de la prescripción de acuerdo a los arts. 31 y 32 del CPP, señalando simplemente que si bien fueron declaradas rebeldes pero que esa determinación fue dejada sin efecto, por lo que no se adecuaría su actuación a la normativa señalada. Al respecto, es preciso señalar que de la revisión del caso de autos a fs. 52 vta. en resolución de 13 de octubre de 2014 que expresa que: “…Que habiendo sido notificadas legalmente las acusadas Rosmery Angulo Díaz y Silvia Angulo Díaz con el decreto de fecha 04 de junio de 2014 que señala audiencia conclusiva para el día  de hoy, en fecha 10 de septiembre de 2014 conforme se evidencia de la diligencia de notificación y no habiendo incurrido a la audiencia programada y menos de haber justificado inasistencia es que en aplicación de los arts. 87 y 89 del CPP se las declara Rebelde a la Ley a Rosmery Angulo Díaz y Silvia Angulo Días y en consecuencia se asumen, las siguientes medidas…”; esta situación no fue desmentida por las impetrantes; lo que hace ver que resultó evidente la declaratoria de Rebeldía, pese a que posteriormente la misma fue dejada sin efecto; en consecuencia, se cumplió con la taxatividad de la previsión contenida en el art. 31 del CPP, que puntualmente prevé que el término de la prescripción empezará a correr  desde la media noche del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación; es decir, es evidente la declaratoria de rebeldía y como lógica consecuencia el plazo computará nuevamente desde ese momento; aspectos que, hacen ver que no resulta viable la pretensión de las recurrentes, siendo que si bien adjunta documentación que acreditaría que a la fecha no cuenta con declaratoria de Rebeldía no descarta el hecho de que sí se emitió su declaratoria de Rebeldía, que constituye requisito para la aplicación del art. 31 del CPP; por lo que realizando el cómputo desde ese momento a la fecha no se cumplió el tiempo para la prescripción.     


De la misma forma, el impetrante no adjunta a la presente solicitud algún documento que acredite y/o evidencie los extremos mencionados, además que tampoco hace constar en obrados cuál es el actuado o documento que acreditaría dicha pretensión; es decir, el impetrante no acredita los actuados procesales que permitan a este Tribunal tener la certidumbre de que dentro de la sustanciación de la presente causa no incurrió en las causales de suspensión previstas en el art. 32 de la misma norma: “…1. Cuando se haya resuelto la suspensión de la persecución penal y esté vigente el período de prueba correspondiente; 2. Mientras esté pendiente la presentación del fallo que resuelva las cuestiones prejudiciales planteadas; 3. Durante la tramitación de cualquier forma de antejuicio o de la conformidad de un gobierno extranjero de la que dependa el inicio del proceso; y, 4. En los delitos que causen alteración del orden constitucional e impidan el ejercicio regular de la competencia de las autoridades legalmente constituidas, mientras dure ese estado”; siendo que si bien adjunta a su excepción documental consistente en fotocopias entre simples y legalizadas del referido proceso, no precisa cuales de dichos documentos desvirtúan que hubiera incurrido en dichas causales establecidas en el art. 32 del CPP. 


En consecuencia, no se puede analizar la pretensión del incidentista siendo que no adjunta los elementos probatorios mínimos para realizar dicha labor, de modo que las imputadas en el ámbito del art. 314 del CPP, tenía el deber de acreditar lo fundamentado en su memorial de solicitud de Extinción del Acción Penal por Prescripción, debiendo comprender las impetrantes que a esta Sala Penal le corresponde resolver las pretensiones de las partes con base a su planteamiento fundamentado y a las pruebas que las sustenten, no pudiendo de manera oficiosa suplir la omisión de las partes, porque ello importaría un desconocimiento del principio de imparcialidad, en el que se sustenta entre otros, la potestad de impartir justicia conforme el art. 178.I de la CPE.

Por lo expuesto, al no existir el ofrecimiento de prueba idónea y pertinente que respalde lo solicitado por el imputado al exponer de manera simple actuados sin el sustento probatorio debido, no corresponde ser analizados dichos extremos a tiempo de resolver la presente excepción toda vez que este Tribunal no puede subsanar las falencias en las que incurrió; por lo que corresponde declarar infundada la excepción planteada, teniendo en cuenta el incumplimiento a una carga procesal básica y elemental que hace al planteamiento de cualquier pretensión ante una autoridad judicial y al deber que tienen las recurrentes de ofrecer prueba idónea y pertinente.

POR TANTO

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en los arts. 44 in fine y 315 del CPP, RESUELVE:

Declarar INFUNDADA la Excepción de Extinción de la Acción Penal por prescripción, opuesta por las imputadas Silvia Angulo Díaz de Balderrama y Rosmery Angulo Díaz.


En cumplimiento de la Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, se advierte a las partes que la presente resolución no es recurrible, debiendo notificarse a los sujetos procesales conforme al art. 163 del CPP y posteriormente procederse al sorteo de la presente causa.


Regístrese y notifíquese.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos