TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº  005/2018

Sucre, 22 de enero de 2018


Expediente

:

Cochabamba 40/2017

Parte Acusadora

:

Ministerio Público y otra

Parte Imputada

:

Sandra Pires Da Costa

Delitos

:

Falsedad Ideológica y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 30 de mayo de 2017, cursante de fs. 107 a 108 vta., Sandra Pires Da Costa, opone excepción de extinción de la acción penal por prescripción, dentro de la acción penal interpuesta en su contra por el Ministerio Público y Marilin Brisila Bosquez Pérez, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 199 y 203 del Código Penal (CP), respectivamente.


  1. EXCEPCIÓN OPUESTA POR LA IMPUTADA


La excepcionista refiere que se aperturó causa penal en su contra por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, en mérito a que el 25 de agosto de 2012, Marilin Brisila Bosque Pérez, habría recibido una llamada telefónica de una funcionaria del Servicio de Impuestos Nacionales Distrito Cochabamba, solicitándole se apersone a solucionar su deuda tributaria por falta de pago de las declaraciones juradas del NIT 4996935018 de la gestión 2018, verificando que habría sido suplantada por la excepcionista, quien anteriormente habría suplantado su identidad para obtener préstamos bancarios de CRECER y PROMUJER, ocasionando grandes perjuicios en el sistema financiero, usando la cédula de identidad falsa de la víctima por última vez el 30 de enero de 2009, es decir hace más de 8 años, destacando además que no fue declarada rebelde dentro de la causa en ninguna de las etapas del proceso.


Previa referencia a los arts. 203 y 198 del CP, así como del art. 29 inc. 8) del Código de Procedimiento Penal (CPP), refiere que fue sentenciada por el delito de Uso de Instrumento Falsificado, que tiene una pena máxima de seis años; en consecuencia, se enmarca en el art. 29 de la norma procesal penal, ya que hasta la fecha no cuenta con una sentencia que tenga calidad de cosa juzgada, debiendo computarse el plazo desde el 30 de enero de 2009, teniendo presente la diferencia establecida entre los delitos instantáneos y permanentes, establecida en las Sentencias Constitucionales 1190/2001-R de 12 de noviembre, 1709/2004-R de 22 de octubre, 1332/2010-R de 20 de septiembre y 861/2012 de 20 de agosto y que el delito por el cual fue condenada, constituye un delito instantáneo como lo estableció la Sentencia Constitucional 1424/2013 de 14 de agosto.



Con estos antecedentes y previa referencia al fundamento doctrinal de la prescripción y habiendo transcurrido más de 8 años desde la fecha en que el documento falso habría sido utilizado por última vez, de acuerdo a las previsiones de los arts. 29 y 30 del CPP, además en aplicación de la Sentencia Constitucional 1716/2010-R, solicita se declare procedente la excepción y se disponga la extinción de la acción penal por prescripción con el archivo de obrados.


                      II. RESPUESTA A LA EXCEPCIÓN PLANTEADA


El Fiscal Superior de la Fiscalía General del Estado, José Manuel Gutiérrez Velásquez, previa precisiones relativas al delito de Uso de Instrumento Falsificado a partir del Auto Supremo 055/2014-RRC de 24 de febrero, señala que el deber de fundamentación no solo es obligación de los Jueces o Tribunales; sino también, de la parte recurrente quien debe expresar de manera adecuada los argumentos sobre todas sus pretensiones planteadas en el proceso; toda vez, que el pronunciamiento sobre un recurso u otra cuestión, debe ser en proporción a su motivación, conforme el razonamiento establecido en las Sentencias Constitucionales 1306/2011 y 0299/2015-S de 25 de marzo.


En la misma línea de respuesta relievando la necesidad de que el planteamiento identifique correctamente el objeto de infracción, el acto, la forma de trasgresión y el resultado dañoso y los entendimientos del Auto Supremo 046/2016-RRC de 21 de enero y de la Sentencia Constitucional 1306/2011, refiere que la excepcionista señala que durante la tramitación del proceso no fue declarada rebelde, sin demostrar objetivamente por ejemplo con la presentación del REJAP, que no cuenta con declaratoria de rebeldía; por cuanto, la prueba deber ser presentada al Tribunal para que tenga certidumbre de que la parte imputada durante el proceso penal, que no solo está constituido por la audiencia conclusiva, antes de las últimas reformas del Código y la etapa de juicio, no fue declarada rebelde, de modo que la imputada en el ámbito del art. 314.I del CPP, tenía el deber de acreditar que durante la causa desde su inicio no fue declarada rebelde; sin soslayar, que también tenía el deber de exponer fundadamente de qué modo no concurren las causales de suspensión del término en cuestión, demostrando en su caso objetivamente dicho extremo en función a los pertinentes antecedentes del proceso, sin que la omisión pueda ser suplida por los juzgadores; lo que implica, que la excepcionista sólo realiza su petición señalando lo establecido por el art. 29 del CPP, incumpliendo la carga establecida en el Auto Supremo 554/2016 de 15 de julio.


Añade que la imputada plantea por segunda vez la solicitud de extinción de la acción penal por prescripción con similares fundamentos, siendo que la anterior fue sustanciada en juicio el 29 de enero de 2016 y desvirtuada por el Ministerio Público que señaló que el 2010, la parte imputada continuó utilizando la cédula de identidad de la víctima obteniendo facturas y a que a raíz de la ausencia de declaraciones en Impuestos Nacionales y a fin de cumplir con una deuda tributaria la víctima se anoticia de la falsificación, por lo que el Auto de 3 de febrero de 2016 emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Cochabamba, declaró infundada la excepción con el argumento de que la imputada continuó utilizando el carnet de la víctima hasta el 2010, existiendo por lo tanto cosa juzgada como lo razonó esta Sala en el Auto Supremo 142/2017 de 13 de marzo.


También señala que se declaró la culpabilidad de la imputada imponiendo una pena privativa de libertad de cinco años, presentando apelación restringida, siendo suspendida la audiencia de 31 de marzo de 2017; en cuyo mérito, se señaló nueva audiencia y se nombró defensora de oficio, siendo declarada parcialmente procedente la apelación restringida, otorgándose una pena de 3 años y 6 meses de reclusión.


También debe considerarse la modificación a la Ley 586 respecto a las vacaciones judiciales; lo que significa, que se suspendieron los plazos procesales por doscientos días que deben ser sustraídos conforme el art. 130 del CPP. Por otra parte, se tiene que el 8 de agosto de 2016, se dicta el auto de suspensión de plazos procesales por la Sala Penal Primera de Cochabamba, respecto al sorteo de causa y resolución de apelación restringida; en consecuencia, el plazo máximo de duración del proceso, por lo que el sorteo se efectuaría por el orden cronológico establecido, el cual queda plenamente justificado por la excesiva carga procesal de los juzgados penales de todo el país quedando suspendido el proceso por 8 meses.


Previa glosa de la línea jurisprudencial del Auto Supremo 750/2016-RRC de 28 de septiembre, señala que el simple transcurso del tiempo no es suficiente para que proceda la prescripción de la acción penal, teniendo en cuenta los fundamentos de la prescripción de la Sentencia Constitucional 0023/2007-R de 16 de enero.


Respecto a la forma de presentación y prueba idónea, se establece que la excepcionista no cumplió con ese presupuesto legal, conforme prevé el art. 308.I del CPP y de acuerdo al criterio asumido en la Sentencia Constitucional 0551/2010-R de 12 de julio, sin que la imputada haya presentado prueba que respalde su solicitud, habiendo presentado tan solo un memorial simple sin prueba idónea, por lo que al haberse presentado una excepción con evidente incumplimiento a una carga procesal básica y elemental que hace al planteamiento de cualquier pretensión ante una autoridad judicial, respecto al deber de ofrecer prueba idónea y pertinente; además, sin justificar debidamente la inconcurrencia de las causales de suspensión e interrupción de los términos de la prescripción, expresa que el planteamiento es meramente dilatorio, solicitando sea declarada infundada la excepción conforme el art. 315.I del CPP y se considere la aplicación del tercer párrafo de la citada norma legal, debiendo continuarse con el trámite correspondiente hasta su conclusión, resolviendo el recurso de casación planteado.

Se deja constancia que en observancia del art. 121.II de la Constitución Política del Estado, se dispuso el traslado del memorial de excepción de extinción de la acción penal a la víctima, quien pese a ser notificada conforme la diligencia de fs. 155, no formuló respuesta a la pretensión de la parte imputada.


RESOLUCIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL FORMULADA POR LA IMPUTADA


Del análisis de los antecedentes y fundamentos expuestos por la excepcionista; y, la respuesta emitida por el Ministerio Público, corresponde emitir la correspondiente resolución, en observancia a lo previsto por el art. 124 del CPP, conforme se tiene a continuación:


III.1.        De la competencia de este Tribunal para resolver cuestiones incidentales referidas a la extinción de la acción penal.


La Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, estableció el siguiente entendimiento: “Pues bien, al estar fijados los entendimientos desarrollados precedentemente, los fundamentos de la SC 1716/2010-R, no constituyen argumentos suficientes para determinar que la única autoridad competente para asumir el conocimiento de los incidentes de extinción de la acción penal, sean las autoridades jurisdiccionales que emitieron la sentencia de primera instancia, sino que, en virtud a lo establecido por el art. 44 del CPP, el juez o tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas. En este sentido, es menester dejar establecido que, la autoridad competente para asumir el conocimiento y resolver los incidentes de extinción de la acción penal, ya sea por duración máxima del proceso o por prescripción, es el juez o tribunal donde radica la causa principal, así, si el planteamiento de la excepción se da en etapa de apelación o casación, las decisiones emergentes de las salas penales y del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud los entendimientos plasmados precedentemente, pero fundamentalmente por la naturaleza de la etapa procesal, no admiten impugnación; en efecto, lo que se pretende es evitar las exageradas dilaciones que conllevan las peticiones y envíos de expedientes entre el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales o jueces conocedores de la causa principal, que a cuya consecuencia, en muchos casos, se han postergado innecesariamente las decisiones oportunas en cuanto al fondo del proceso se refiere, muchas veces por las comunicaciones inoportunas de los jueces y tribunales conocedores de la causa principal, como ocurrió en el caso analizado; asimismo, como se expresó, la interposición de los incidentes ante las prenombradas autoridades, en la práctica sirvió para paralizar el pronunciamiento de fondo, ya que inclusive, estando sorteada la causa, el máximo Tribunal de justicia ordinaria, se vio impedido de emitir la resolución mientras no esté resuelta la excepción ante el Juez de instancia, lo que sin duda constituye una clara vulneración de los derechos a ser juzgado dentro de un plazo razonable, de acceso a la justicia y una afrenta a la vigencia del principio de celeridad y también de concentración de actos. En este sentido, cuando el justiciable decida plantear extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, deberá formularlo ante el Juez o Tribunal que conoce la causa principal; sin embargo, también es imperioso aclarar que, si el incidente fuere suscitado ante el Juez de Instrucción en lo Penal o, ante los Tribunales o Jueces de Sentencia Penal, sus decisiones efectivamente son impugnables, ya que la naturaleza de la etapa procesal así lo permite. El presente entendimiento implica la reconducción de la línea jurisprudencial establecida en la SC 1716/2010-R a los entendimientos asumidos en la SC 0245/2006, que emergió de los razonamientos establecidos en las SSCC 0101/2004, 1868/2004-R, 0036/2005, 0105-R, 1365/2005-R y AC 0079/2004-ECA”.


En el caso de autos, se advierte que la imputada Sandra Pires Da Costa formuló la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, en forma posterior al Auto de Vista de 9 de mayo de 2017, que resolvió la  apelación restringida formulada contra la sentencia y un día antes de la formulación de recurso de casación, a cuya emergencia la causa se encuentra radicada ante esta Sala Penal, de modo que en observancia del entendimiento jurisprudencial glosado precedentemente, se encuentra revestida de competencia para resolver la excepción opuesta.


III.2. Régimen de la prescripción como motivo de extinción de la acción penal.


El Código de Procedimiento Penal, señala de forma expresa que de conformidad al art. 27 inc. 8) concordante con el art. 29 incs. 1) al 4) de dicha ley, los plazos que rigen la extinción de la acción penal es de dos, tres, cinco y ocho años de cometido el delito. La prescripción se computa desde la media noche del día en que se cometió el delito o cesó su consumación y no se interrumpe por el inicio de la acción penal, ya que esa interpretación vulneraría el principio de inocencia que favorece a todo imputado y la jurisprudencia vigente con relación a esta temática.


Sobre el cómputo de la prescripción se debe tomar en cuenta lo establecido en el art. 29 del CPP, que determina los plazos para la prescripción de la acción penal, atendiendo al máximo legal de la pena privativa de libertad (presidio o reclusión) prevista para los distintos tipos penales establecidos en el Código Penal. Los términos señalados en esa norma, de acuerdo al art. 30 del CPP, empiezan a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación y pueden interrumpirse por la declaratoria de rebeldía del imputado, conforme lo prevé el art. 31 del CPP y suspenderse en los casos expresamente establecidos en el art. 32 de la citada norma legal; lo que significa que fuera de ellas, la prescripción continúa corriendo, independientemente de que se hubiere iniciado o no la acción penal correspondiente, lo que sin duda marca una clara diferencia con la anterior normativa sobre el particular, que en el art. 102 del CP, establecía que la prescripción se interrumpía con el inicio de la instrucción penal y se la computaba nuevamente desde la última actuación que ésta registrara.


Efectivamente, el anterior sistema procesal permitía la prolongación indefinida de los procesos y el sometimiento del imputado a la exclusiva voluntad del Ministerio Público y/o del querellante, quienes, de manera arbitraria podían hacer abandono del proceso penal y reactivarlo después de mucho tiempo, sólo con la finalidad de evitar la prescripción, lo que determinaba la constante zozobra del imputado y la vulneración de sus derechos y garantías; fundamentalmente, del derecho a la seguridad jurídica.


En relación a este instituto, a través de la Sentencia Constitucional 0023/2007-R de 16 de enero, se estableció: “De acuerdo a la doctrina, la prescripción se traduce en los efectos que produce el transcurso del tiempo sobre el ejercicio de una determinada facultad.

       
Esta definición, aplicada al ámbito penal, significa la expresa renuncia por parte del Estado del derecho a juzgar debido al tiempo transcurrido.


Conforme a ello, es el propio Estado el que, a través de la norma penal (procesal o sustantiva, según las legislaciones), establece los límites de tiempo en que puede ejercer la persecución penal. La actividad represiva del Estado no puede ser ejercida de manera indefinida, ya que al hacerlo se quebrantaría el equilibrio que debe existir entre la función de defensa de la sociedad y la protección de derechos y garantías individuales.


Tradicionalmente se ha fundamentado la prescripción en diferentes razones, unas de tipo subjetivo, vinculadas a los cambios que el tiempo opera en la personalidad del delincuente, que determinan la desaparición de su peligrosidad para la sociedad; otras consideradas objetivas y de utilidad social, que señalan que con el transcurso del tiempo desaparece la alarma social y no existe necesidad de prevención general; aquellas de orden procesal que sostienen que existen dificultades en la recolección de elementos probatorios para determinar la culpabilidad o inocencia del presunto autor. También se han aducido razones de política criminal, en sentido que el castigo impuesto mucho tiempo después de la comisión del hecho no alcanza los fines de la pena (prevención especial y prevención general, positiva y negativa), careciendo, en consecuencia, su imposición de razón de ser; así como razones jurídicas, que inciden en la necesidad de eliminar la incertidumbre en las relaciones jurídicas y la desaparición de la intranquilidad causada por el delito.


Si bien los anteriores fundamentos son válidos, actualmente la prescripción debe fundamentarse desde la Constitución, en la medida en que este instituto está íntimamente vinculado con los principios, valores, derechos y garantías constitucionales, fundamentalmente la garantía del debido proceso, la prohibición de indefensión y el derecho a la seguridad jurídica.


Así, respecto al derecho a la defensa, es innegable que si pese al tiempo transcurrido, la acción penal se dirigiera contra el supuesto culpable, llegando inclusive a imponerse una pena, se produciría una grave indefensión, pues los medios de defensa de los que podría servirse el imputado, o ya no existirían o se encontrarían debilitados, corriéndose el riesgo de condenar a un inocente por el tiempo transcurrido. En síntesis, el transcurso del tiempo incrementa el riesgo del error judicial, por encontrarse debilitadas las pruebas de la defensa.


A su vez, el derecho a la defensa se encuentra conectado con la seguridad jurídica, derecho que se garantiza al evitar que se celebren procesos que no gozan de las mínimas garantías que permitan obtener una sentencia justa y que ocasionarían lesión a la garantía del debido proceso.”


A lo dicho, debe agregarse lo que el Auto Supremo 554/2016 de 15 de julio, estableció respecto a los requisitos que deben observarse en la interposición de la excepción, habiendo razonado que: “…en el ordenamiento jurídico procesal penal, la prescripción como motivo de extinción de la acción penal, se halla reconocida en el inc. 8) del art. 27 del CPP, siendo regulado el requisito temporal por el art. 29 de la norma adjetiva penal, que por disposición del art. 30 de la misma norma mencionada, inicia a computarse desde: i) La media noche del día en que se cometió el delito; o, ii) Desde la media noche en que cesó su consumación, de modo que corresponde para su procedencia, demostrarse por un lado el tiempo transcurrido conforme lo previsto por el art. 29 del CPP, así como la falta de una resolución que ponga fin al proceso; además, de la inconcurrencia de las causales de interrupción o suspensión del término de la prescripción conforme las previsiones de los arts. 31 y 32 del CPP…” (Las negrillas nos corresponden).


Razonamiento que tiene estricta relación con la previsión establecida en el art. 314 del CPP, que dispone que las excepciones se tramitarán por la vía incidental por una sola vez, estableciendo como carga procesal para quien las oponga, la obligatoriedad de ofrecer prueba idónea y pertinente, lo que implica que no será suficiente el planteamiento de la excepción, sino el ofrecimiento de prueba destinada a acreditar los argumentos o fundamentos en los que se base la pretensión, se entiende encaminada a demostrar que la excepción resulte fundada.


Sobre la carga e importancia de la prueba para sustentar una pretensión se tiene desarrollado por Carnelutti: Como aquella que no sólo sirve para el conocimiento del hecho, sino también como la certeza o convicción que aquella proporciona, siendo en sentido amplio, un equivalente sensible del hecho que habrá de valorarse, Chiovenda señaló que: Consiste en crear el convencimiento del Juez sobre la existencia o inexistencia de los hechos en el proceso, suministrando los medios para tal fin.


III.3. Análisis del caso concreto.


En el presente proceso, se advierte que la imputada Sandra Pires da Costa, opone la excepción de prescripción sujeta al presente análisis alegando en lo sustancial que el uso de la cédula de identidad de la víctima se hubiese producido por última vez el 30 de enero de 2009, por lo que a la fecha hubiese transcurrido más de ocho años, siendo procedente la pretensión al haber sido condenada por el delito de Uso de Instrumento Falsificado que constituye un delito instantáneo, enfatizando además que no fue declarada rebelde dentro de la causa en ninguna de sus etapas procesales.


Ahora bien, teniendo en cuenta que en el ordenamiento jurídico procesal penal, la prescripción como motivo de extinción de la acción penal, se halla reconocida en el inc. 8) del art. 27 del CPP, siendo regulado el requisito
temporal por el art. 29 de la norma adjetiva penal, que por disposición del art. 30 de la misma norma mencionada, inicia a computarse desde: i) La media noche del día en que se cometió el delito; y, ii) Desde la media noche en que cesó su consumación, corresponde para su procedencia, demostrarse por un lado el tiempo transcurrido de acuerdo a lo previsto por el art. 29 del CPP, así como la falta de una resolución que ponga fin al proceso, además de la inconcurrencia de las causales de interrupción o suspensión del término de la prescripción conforme las previsiones de los arts. 31 y 32 del CPP.


En ese ámbito, analizados los antecedentes cursantes en obrados y remitidos a esta Sala Penal, se tiene del requerimiento conclusivo de acusación y de la sentencia emitida en la causa, dos aspectos relevantes que deben ser considerados a los fines de resolver la excepción planteada: el primero, que el Tribunal de Sentencia en el orden fáctico, llegó al convencimiento de que la imputada hubiese obtenido un préstamo el 30 de enero de 2009 utilizando la cédula de identidad adulterada de la víctima;  el segundo, que fue condenada por el delito de Uso de Instrumento Falsificado, previsto en la sanción del art. 203 del CP, lo que implica que si bien estos dos aspectos permiten establecer la fecha del presunto acto delictivo para el inicio del cómputo de la extinción de la acción penal por prescripción, no cursa prueba alguna e idónea, que permita a esta Sala Penal tener la certidumbre de que la imputada durante el proceso penal hasta el presente, no fue declarada rebelde o haya concurrido alguna causal de suspensión, conforme las previsiones de los arts. 31 y 32 del CPP, al advertirse que la imputada en su planteamiento se limita a sostener que durante las distintas etapas del proceso no fue declarada rebelde.


En ese ámbito, es menester relievar que una vez pronunciado el Auto de Vista de 9 de mayo de 2017, que resolvió la apelación restringida interpuesta contra la sentencia emitida en la causa, la excepcionista el 30 del mismo y año, formuló excepción de prescripción, motivando que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Cochabamba, por decreto de 5 de junio de 2017 de fs. 110, deje constancia sobre su pérdida de competencia para conocer de la pretensión y que la solicitud debía ser planteada ante la autoridad llamada de ley, disponiendo además la devolución de fotocopias acompañadas al memorial de excepción, que se efectivizó de acuerdo a la constancia de fs. 111; con ese antecedente, esta Sala Penal en salvaguarda del derecho a la defensa consagrado por los arts. 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE) y 5 del CPP, previa a la tramitación de la excepción planteada, por providencia de 23 de agosto de 2017 de fs. 117, dispuso la notificación de la imputada a los fines de que provea dentro de los tres días de notificada legalmente, la prueba adjunta al memorial de excepción y devuelta por el Tribunal de alzada; sin embargo, pese a ser notificada personalmente conforme se tiene de la diligencia de fs. 127, no presentó prueba alguna, incumpliendo en consecuencia el art. 314.I del CPP, respecto del deber que tenía de acreditar que durante la causa desde su inicio no fue declarada rebelde.


Por otra parte, se advierte del memorial de excepción, que la imputada omite observar el deber de exponer fundadamente de qué modo no concurren las causales de suspensión del término en cuestión, demostrando en su caso objetivamente dicho extremo en función a los pertinentes antecedentes del proceso, pues debe tenerse presente que a esta Sala Penal le corresponde resolver las pretensiones de las partes con base a su planteamiento fundamentado y a las pruebas idóneas que las sustenten, no pudiendo suplir la omisión de los sujetos procesales, porque ello importaría un desconocimiento del principio de imparcialidad, en el que se sustenta entre otros, la potestad de impartir justicia conforme el art. 178.I de la CPE; además, de no corresponde la emisión de criterios sin bases probatorias que puedan sustentar la decisión final. 


Por lo expuesto, al no existir el ofrecimiento de prueba idónea y pertinente que respalde la pretensión de la excepcionista, menos un planteamiento fundado respecto a la inconcurrencia de las causales de suspensión de la prescripción; toda vez, que este Tribunal no puede subsanar las falencias en las que incurrió, corresponde declarar infundada la excepción planteada, además de manifiestamente dilatoria, en consideración al incumplimiento a una carga procesal básica y elemental que hace al planteamiento fundado y motivado de cualquier pretensión ante una autoridad judicial y al deber que tiene la parte excepcionista de ofrecer prueba idónea y pertinente, conforme el mandato establecido por el art. 314 del CPP.

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en los arts. 44 in fine y 315 del CPP, RESUELVE:


Declarar INFUNDADA la excepción de extinción de la acción penal por prescripción del delito de Uso de Instrumento Falsificado, previsto y sancionado por el art. 203 del CP, opuesta por la imputada Sandra Pires Da Costa, con costas conforme lo dispuesto por el art. 268 del CPP y con los efectos establecidos por el art. 315.III del CPP.


En  cumplimiento de la jurisprudencia constitucional desarrollada en la Sentencia Constitucional Plurinacional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, se  advierte a las partes que la presente resolución no es recurrible, debiendo notificarse a las partes conforme al art. 163 del CPP.


Efectuadas las diligencias de notificación, reanúdese el plazo procesal inserto en el art. 418 del Código de Procedimiento Penal, a efectos del análisis de admisibilidad del recurso de casación formulado en la causa.


Regístrese, notifíquese y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos