TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 768/2017-RRC

Sucre, 05 de octubre de 2017


Expediente                        La Paz 17/2017

Parte Acusadora                Ministerio Público

Parte Imputada                Iván Limachi Ticona

Delito                        Violación de Infante Niña, Niño o Adolescente

Magistrada Relatora          : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 2 de diciembre del 2016, cursante de fs. 220 a 221, Iván Limachi Ticona, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 76/2016 de 27 de septiembre, de fs. 208 a 211, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, integrada por los vocales Grover Jhonn Cori Paz y Ángel Arias Morales, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Valerio Tocacosi Flores contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación de Infante Niña, Niño o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 224/2015 de 17 de julio (fs. 174 a 177 vta.), el Tribunal Tercero de Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Iván Limachi Ticona, autor de la comisión del delito de Violación de Infante Niña, Niño o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del CP, imponiendo la pena de dieciocho años de presidio sin derecho a indulto, más daños civiles y costas a favor del Estado.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Iván Limachi Ticona (fs. 180 a 183 vta.), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 76/2016 de 27 de septiembre, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 379/2017-RA de 29 de mayo, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


El recurrente denuncia que el Tribunal de apelación, interpretó erróneamente el fundamento de su recurso de apelación restringida, señalando que en la misma habría pretendido la revaloración de la prueba, cuando su reclamo fue la existencia del defecto de Sentencia previsto por el inc. 6) del art. 370 del CPP, por defectuosa valoración de la prueba PD-4 consistente en un dictamen pericial de genética forense, que habría establecido que, a partir del hisopo con muestra vaginal de la víctima, se establecería que el perfil genético corresponde a una persona de sexo masculino diferente al perfil genético obtenido de la muestra de sangre del imputado,  bajo dichos argumentos, alega la violación del debido proceso y la seguridad jurídica reconocido por la Constitución Política del Estado (CPE), Convenios y Tratados Internacionales vigentes.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita la revocatoria del Auto de Vista impugnado.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 379/2017-RA de 29 de mayo, cursante de fs. 235 a 237, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Iván Limachi Ticona, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1.  De la Sentencia.


Por Sentencia 224/2015 de 17 de julio, el Tribunal Tercero de Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Iván Limachi Ticona, autor de la comisión del delito de Violación de Infante Niña, Niño o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del CP, imponiendo la pena de dieciocho años de presidio sin derecho a indulto, más daños civiles y costas a favor del Estado, al establecer los siguientes hechos probados: i) El 6 de mayo del 2008, al promediar las 19:30, la víctima abordó el minibús de la línea 701, conducido por Iván Limachi Ticona y su ayudante Ramiro Luna, abordando posteriormente Wilson Saavedra; que el imputado Iván Limachi, conocía al padre de la víctima, porque el mismo también sería parte de la misma línea de minibús, que el imputado, su ayudante y el pasajero Wilson Saavedra, hicieron ingerir bebidas alcohólicas a la menor de edad; ii) Iván Limachi Ticona y Ramiro Luna Paredes, aprovechando el estado de embriaguez de la menor, la llevaron al Barrio Minero, Av. Santa Vera Cruz esquina Avaroa, introduciéndola a un lote baldío, donde ambos mencionados, abusaron sexualmente de la misma, recobrando la conciencia la víctima menor de edad, a horas 06:00 am, sangrando por el abuso que sufrió; y, iii) El Tribunal de Sentencia, adquirió pleno convencimiento más allá de duda razonable de las conclusiones referidas, que tendrían respaldo científico, pues la víctima fue valorada por el médico forense Jorge Melgarejo Pizarroso, el 7 de mayo del 2008, quien había emitido certificado, indicando que: “AL EXAMEN EXTRAGENITAL ESCORIACIONES LINEALES UNGUEALES LINEALES PARALELAS EN REGIÓN CERVICAL ANTERO LATERAL IZQUIERDA MULTIPLES Y EN SENTIDO OBLICUO AL EJE DEL CUELLO, EXCORIACIÓN UNGUEAL EN REGION MASETERINA INFERIOIR IZQUIERDA DE 3 CENTIMETROS DE LARGO.- AL EXAMEN PARA GENITAL SIN PARTICULARIDADES, AL EXAMEN GENITAL: EROSION EN TERCIO MEDIO


DEL LABIO MAYOR DERECHO.- DESGARRO HIMENEAL, DOLOROSO, SANGRANTE EN EL RADIO DE LAS 8 (CARATULA DEL RELOJ), SE DETERMINA EXCORIACIONES UNGUEALES CERVICALES, DESGARRO HIMENEAL RECIENTE.- DESFLORACION RECIENTE”, con base a dicho certificado médico forense y las muestras extraídas, se había emitido dictamen pericial, consistente en la prueba MP-4, de la cual se evidenciaría:


“(dictamen pericial de laboratorio de Biología Forense) por la que se toma la evidencia IDIF 9643-08-LP-E1 consistente en una bolsa nylón con acta de cadena de custodia que contiene un calzón color rosado en el que se observan manchas roijizas a nivel de los genitales y en la parte posterior, prenda que corresponde a la víctima, siendo el objeto de la pericia determinar la presencia de espermatozoides y del antígeno prostático específico en dicha evidencia, que en sus conclusiones refiere: NO SE OBSERVARON ESPERMATOZOIDES, SIN EMBARGO SE DETERMINO EN LA EVIDENCIA CALZON ROSADO DE LA VÍCTIMA, PRESENCIA DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO, LO QUE DEMUESTRA QUE HAY LA PRESENCIA DE SEMEN,  que por conocimiento científico especializado se tiene conocimiento que el antígeno prostático específico solo puede existir en el semen y que en el caso este líquido seminal se encontró en el calzón de la víctima, que corroboran los extremos establecidos en el certificado médico forense, (prueba MP-1).


Que si bien la prueba DOCUMENTAL PD-4 (dictamen pericial de genética forense), establece en sus conclusiones: que a partir del hisopo con muestra vaginal correspondiente a la víctima, se obtiene un perfil genético correspondiente a una persona de sexo masculino diferente al perfil genético a partir de la muestra de sangre perteneciente a Iván Limachi Ticona, donde se tomó como muestra un HISOPO VAGINAL de la víctima contrastando con la muestra consistente en sangre seca del hoy acusado Iván Limachi Ticona, ello se explica porque para la presente pericia genética lamentablemente no se tomó en cuenta como muestra el líquido seminal encontrado en la prenda de la víctima (calzón rosado) donde si se encontró semen, explicándose que este antígeno prostático no se encuentra en el hisopado vaginal porque no hubo eyaculación dentro de la vagina, empero existió el acceso carnal. De lo anterior se concluye en forma incontrovertible que la menor (…) ha sufrido una violación toda vez que se establece un acceso carnal forzado y un desgarro reciente, que ha provocado sangrado impregnado en la prenda interior, siendo el autor Iván Limachi Ticona, quien es el acusado en el presente caso en forma individualizada.


(…)


Que, en consecuencia la sustentación de la defensa en sentido de que el mismo no participó en el hecho, específicamente del acceso carnal, no es evidente, menos tiene sustento probatorio, toda vez que las conclusiones respecto a su participación como autor se encuentra respaldado fehacientemente y el argumento de la defensa en sentido de que la prueba genética 194/08 refiere que el perfil genético de Iván Limachi Ticona es diferente a la muestra contenida en la muestra vaginal, ya se halla explicado en líneas precedentes, que responde al hecho de que la muestra utilizada en el estudio biológico (calzón) donde se encontró el antígeno prostático o líquido seminal, no fue remitida para el estudio genético a efectos de realizar un contraste con el perfil del hoy acusado, por lo tanto no es prueba que excluya su participación, más al contrario corrobora una explicación lógica del resultado, coayubado por las demás pruebas que demuestra los hechos y la participación de los mismos del hoy acusado (…)” (sic).


II.2.  Del recurso de apelación restringida.


El acusado Iván Limachi Ticona, entre otros motivos de su recurso de apelación restringida, denunció que la Sentencia incurrió en el defecto previsto por el inc. 6) de la art. 370 del CPP y previa remembranza de los argumentos expuestos por el Tribunal de Sentencia respecto a la prueba documental PD-4, alegó que existió valoración defectuosa, porque como prueba de descargo junto con la prueba pericial PD-4, había incorporado el acta de remisión de evidencias y/o muestras, IDIF 9643/08, que probaría que la División de Evidencias Sección Custodia de Evidencias del IDIF, procesó las que consideró apropiadas para realizar el estudio genético solicitado, cuando tenían a su disposición todas las evidencias y muestras para cumplir el objeto de la pericia, que era la determinación y comparación de ADN entre las muestras y evidencias remitidas. Haciendo referencia a lo dispuesto por el art. 173 del CPP, refirió que el de mérito, no otorgó valor correspondiente a cada una de las pruebas producidas en juicio, no realizó una apreciación conjunta y armónica y basó la Sentencia en defectuosa valoración e inobservancia de los presupuestos establecidos en la norma procesal penal señalada, defecto que estaría sancionado con la nulidad conforme lo previsto por los arts. 169 inc. 3) y 370 inc. 6) del CPP. Alegó también que este defecto, había violado el debido proceso y la seguridad jurídica, tutelados por los arts. 115 y 116 de la CPE.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista impugnado, resolvió el recurso de apelación restringida interpuesto por el imputado Iván Limachi Ticona, declarando admisible e improcedentes las cuestiones planteadas y confirmó la Sentencia recurrida, bajo el siguiente argumento, entre otros.


Respecto al motivo de apelación restringida fundado en la supuesta defectuosa valoración de la prueba inc. 6) del art. 370 del CPP- consistente en la PD-4 (dictamen pericial de genética forense), el Tribunal de apelación argumentó que el recurrente, después de transcribir el segundo considerando de la Sentencia, en la parte que consideró pertinente, había concluido señalando que en juicio se incorporó el Acta de Remisión de Evidencias y Muestras IDIF 9643/08, el cual evidenciaba la devolución de evidencias; empero, el informe cuya valoración fue cuestionada, había considerado, únicamente las que consideraron apropiadas MH1, M1, M2 y M3- para el estudio genético, concluyendo que la muestra de sangre pertenecía al hoy recurrente; al respecto, el de alzada señaló que si el


apelante consideraba que la prueba PD4, no cumplía requisitos legales, debió hacer uso de la facultad conferida por el art. 172 de la norma adjetiva penal, en la fase procesal correspondiente, lo contrario sería atentar el principio de preclusión, conforme lo previsto por el art. 16.II LOJ.  Asimismo, respecto al argumento de que el IDIF, hubiera decidido procesar sólo cuatro muestras, el acusado en ejercicio de su amplio derecho a la defensa, en su oportunidad, pudo haber ofrecido prueba pericial y pedir se realicen otros exámenes, o pedir la complementación del informe cuestionado, por lo que dicha omisión sería atribuible al propio recurrente, quien no activó los mecanismos procesales oportunos existiendo preclusión.


En cuanto a la supuesta inobservancia del art. 173 del CPP, porque el de mérito no había otorgado valor a cada una de las pruebas producidas en juicio, así como el supuesto hecho de no apreciar la prueba de manera conjunta, el Tribunal de apelación, invocando el Auto Supremo 224/2006 de 3 de julio y previa transcripción parcial, alegó no tener facultad para revalorar la prueba producida en juicio y que de hacer posible dicha pretensión, se transgrediría y violentaría el principio de seguridad jurídica contemplado por el art. 178.I de la CPE; asimismo, observó en este punto, que el recurrente no había identificado, las pruebas a las que hacía referencia, cómo y en qué forma debieron ser valoradas las mismas, tampoco había razonado la forma en que se debió emitir las conclusiones en la sentencia, careciendo el motivo de apelación de argumento suficiente; finalmente, el Tribunal de alzada, transcribiendo parcialmente el Auto Supremo 571/2015, referido al deber que tienen los recurrentes de fundamentar su recurso, señala que el Tribunal de Sentencia, no vulneró derechos y garantías constitucionales.


III. VERIFICACIÓN DE LA DENUNCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 


En el caso presente, este Tribunal aperturó su competencia por la concurrencia de presupuestos de flexibilización, ante la denuncia del imputado que el Tribunal de apelación interpretó erróneamente el motivo de su recurso de apelación restringida, fundado en una defectuosa valoración probatoria de la prueba PD-4, señalando el de alzada que el recurrente hubiera pretendido la revaloración de la prueba; por lo que corresponde resolver la problemática planteada.


III.1.        Sobre la defectuosa valoración de la prueba, su formulación y control.


La denuncia por defectuosa valoración de la prueba, defecto de Sentencia descrito en el inc. 6) del art. 370 del CPP, como norma habilitante debe encontrarse vinculada a la infracción del art. 173 del mismo cuerpo legal; es decir, a la vulneración de las reglas de la sana crítica, que son aquellas que conoce el hombre común (sentido común conocimiento adquirido por cualquier persona de forma espontánea como verdad irrefutable); las reglas de la ciencia, entre las cuales la más aplicada es la de la psicología, que en el caso del juzgador requiere conocimientos mínimos (se aplican cuando el juzgador observa comportamientos), además de las reglas de la lógica (la lógica de lo razonable); es decir, las reglas de la identidad, de contradicción, de tercero excluido o de razón suficiente, para crear un razonamiento debidamente estructurado. Lo que implica, que quien alegue defectuosa valoración de la prueba, debe brindar información necesaria que posibilite identificar cuál de las reglas del recto entendimiento humano fueron infringidas o soslayadas, señalando de forma ineludible, cuáles las afirmaciones o hechos contrarios a la experiencia común, cuáles los hechos no ciertos en los que se sustenta el fallo, de qué manera los medios de prueba fueron valorados indebidamente, cuáles las conclusiones que demuestren cosa diferente a la que se tuvo como cierta con base en ellos, cuál el o los elementos analizados arbitrariamente; únicamente  planteado en esos términos el recurso, es posible el control sobre la valoración de la prueba, control que debe ser ejercitado sobre la logicidad de la Sentencia, teniendo como circunscripción lo argumentado en el recurso.


Al respecto, este Tribunal desarrolló jurisprudencia legal aplicable en el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, estableciendo que: "Los jueces de mérito son soberanos en la valoración de las pruebas, que las estiman o desestiman, debiendo siempre indicar las razones para admitir o desestimar determinados elementos probatorios, los razonamientos del fallo deben estar acordes a las reglas del pensamiento humano, siendo este el iter lógico de una sentencia, el que debe fundarse en las leyes del pensamiento, las que independientemente de nuestra experiencia se presentan como necesarias en nuestro raciocinio.


Para que la fundamentación de una sentencia sea válida se requiere no sólo que el Tribunal de juicio funde sus conclusiones en pruebas de valor decisivo, sino también, que éstas no sean contradictorias entre sí, ni ilegales y que en su valoración se observen las reglas fundamentales de la lógica, no puede considerarse motivación legal ni aplicación integral de las reglas de la sana crítica, a una simple y llana referencia a una prueba por parte del juzgador y que se formula de un modo general y abstracto, en el que se omite realizar una exposición razonada de los motivos en los que se funda.


El Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les esté permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas, de ahí que alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante a señalar cuáles son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio.


Ante la invocación de la violación de las reglas de la sana crítica el Tribunal de alzada es el principal llamado a ejercer un control sobre la logicidad que debe imperar en los razonamientos plasmados en la sentencia, los


recurrentes además de expresar las reglas de la lógica que hubieran sido inobservadas, deben vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, de ahí que si bien los jueces se encuentran obligados a motivar debidamente sus resoluciones, es obligación de quienes motivan sus recursos en la inobservancia de las reglas de la sana critica, señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógico-jurídicos, proporcionando la solución que pretenden en base a un análisis lógico explícito; será pues obligación del recurrente, al alegar la infracción basada en la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, atacar en sus argumentaciones el silogismo desarrollado en la sentencia y no referirse ha actuaciones procesales sin incidencia directa en la resolución de mérito, la inobservancia de estas reglas emergentes de lo expresamente determinado en la ley adjetiva penal deberán ser observadas por los Tribunales que conocen el recurso de apelación restringida previamente ha admitirse los recursos por estos motivos y en caso de no ser debidamente subsanada la observación referida, los Tribunales deberán declarar inadmisibles los recursos por este motivo, en cuyo caso no podrán reiterarse estos argumentos en el recurso de casación.


El recurso basado en errónea apreciación de la prueba, tiene por finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano.


Resulta deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente en lugar de señalar concretamente las partes de la sentencia donde se hubieran infringido los principios alegados, requisitos indispensables cuando se reclama sobre la presunta falta de coherencia.


Para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica es preciso que la motivación de la sentencia esté fundada por un hecho no cierto, que invoque afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, una prueba, de acuerdo a la sana crítica, tiene que referirse a hechos que en un momento histórico no son imposibles naturalmente, porque no se opone a ellos ninguna ley científica natural.


Los principios lógicos nos previenen contra el posible error de juicio, pero no nos indican ni nos enseñan cual es la verdad o cuáles son los pensamientos verdaderos; simplemente nos suministran un criterio de error, o un criterio aproximado de verdad, sobre el razonamiento del juez.


El análisis de las resoluciones a partir de la formulación de una crítica al sistema de valoración de la prueba, requiere un alto nivel de tecnicidad y fundamentalmente un adecuado manejo de las leyes del pensamiento; así, los profesionales que asisten en los procesos donde se pretende criticar la actividad valorativa del titular del órgano jurisdiccional, requiere un especial manejo de principios tales como el de razón suficiente, de identidad, contradicción, del tercer excluido, etc.; de igual manera, las máximas de experiencia que son las obtenidas de la observación de la realidad, y que comprueban que ciertos hechos o sucesos se comportan reiteradamente de determinada manera, son parámetros básicos que nos permiten explicar la ocurrencia de ciertos fenómenos cuya extensión, notoriedad, regularidad e identidad, han permitido convertirlos en estándares generales para la comprensión de acontecimientos suscitados a lo largo del tiempo”.


III.2. Análisis del caso concreto.


Precisado el ámbito de análisis del recurso en el preámbulo del acápite III de este fallo, se advierte que el Tribunal de apelación en los párrafos tercero y cuarto del considerando II del Auto de Vista impugnado, identificó el segundo motivo de apelación restringida, señalando que estaría fundado en el supuesto defecto de sentencia, previsto por el inc. 6) del art. 370 e inobservancia y errónea aplicación del art. 173 del CPP; al respecto, de la revisión del recurso de apelación restringida, en el segundo motivo fundado en la existencia del defecto previsto por el inc. 6) del art. 370 de la norma adjetiva penal, el recurrente reclamó dos aspectos: el primero, referido a la supuesta defectuosa valoración de la prueba PD-4, porque junto con esta prueba de descargo, se había incorporado el acta de “remisión de evidencias y/o muestras”, por lo que el IDIF tenía todas las evidencias para cumplir el objeto de la pericia, que era determinar y comparar el ADN; seguido a dicho argumento y como segundo aspecto reclamado, el imputado después de transcribir el art. 173 del CPP, refirió que el Tribunal de Sentencia no valoró toda la prueba de manera individual y conjunta, continuando con la exposición del motivo; seguido a éste segundo argumento, alegó que el de mérito basó la Sentencia en defectuosa valoración e inobservancia de los presupuestos establecidos en la norma procesal penal, lo cual ameritaría la nulidad de la Sentencia, conforme lo previsto por los arts. 169 inc. 3) y 370 inc. 6) del CPP, por violación del debido proceso y seguridad jurídica.


Conforme lo relatado, se advierte que el acusado, incurrió en un planteamiento confuso de los motivos de apelación restringida, pues en principio denunció defectuosa valoración probatoria, defecto que se encuentra previsto por el inc. 6) del art. 370 del CPP, posteriormente y en el mismo segundo motivo de su recurso de apelación, alegó que el de mérito no valoró individualmente ni de manera conjunta la prueba incorporada al proceso, siendo que este defecto resulta diferente e independiente de la defectuosa valoración probatoria y se encuentra previsto en el inc. 5) del art. 370 de la norma adjetiva penal; sin embargo, pese a la mencionada falencia del recurso de apelación, puesto que es deber de los recurrentes a tiempo de plantear los motivos de su recurso, hacerlo de manera separada y fundamentada, el Tribunal de alzada resolvió el motivo referido, separando ambos defectos, a fin de emitir una resolución ordenada y clara.


Es así, que con relación al primer defecto identificado, fundado en la supuesta defectuosa valoración de la prueba codificada como PD-4, el Tribunal de apelación en el punto 4.2 de la resolución hoy impugnada,


señaló que el imputado en su oportunidad debió ofrecer su prueba pericial y pedir se realicen otros exámenes o la complementación de dicho informe y no reclamar en apelación restringida, omisiones atribuibles a él mismo, al no haber activado los mecanismos procesales oportunos, existiendo el principio de preclusión que le son atribuibles.


El argumento del Tribunal de apelación, es claro, preciso y se halla correctamente fundamentado, pues el imputado en su planteamiento, luego de transcribir el fundamento del Tribunal de Sentencia y mencionar las  pruebas que habían sido remitidas al IDIF a fin de realizarse la pericia, concluyó señalando que dicho instituto de investigaciones, sólo consideró cuatro muestras, cuando tenía a su disposición todas las muestras para el estudio genético. Este argumento utilizado por el imputado, no demuestra de modo alguno la supuesta defectuosa valoración de la prueba, pues no hace mención al supuesto error en la apreciación intelectiva realizada por el Tribunal de Sentencia, sobre la prueba PD-4; al contrario, su argumento es una crítica a la labor investigativa, que como bien apuntó el Tribunal de apelación, pudo ser complementada o finalmente el imputado haciendo uso de su derecho a la defensa, pudo proponer u ofrecer su propia pericial; situación que no aconteció, de modo que una probable deficiencia investigativa, no puede ser reclamada vía apelación restringida, etapa que está prevista únicamente para ejercer el control de legalidad y certeza de la Sentencia, por lo que la conclusión a la que llego el Tribunal de alzada en el punto 4.3 del Auto de Vista impugnado es correcta, al señalar que el acusado no señaló qué extremos de la prueba PD4, no fueron debidamente valorados, qué reglas de la sana crítica no fueron observadas y cómo debió valorarse la mencionada prueba, conforme los criterios jurisprudenciales detallados en el punto III.1. de la presente resolución, aplicables a la problemática planteada.


Por lo expuesto, no es evidente lo alegado por el imputado, en sentido de que el Tribunal de apelación hubiera hecho una incorrecta apreciación del motivo de su recurso de apelación, señalando que éste pretendería que el de alzada revalore la prueba PD4; a mayor abundamiento, corresponde aclarar que el Tribunal de alzada, evidentemente en el punto 5.1 del considerando IV, señaló que no tiene facultad para revalorar prueba; empero, dicho argumento fue expuesto a tiempo de resolver la supuesta inobservancia del art. 173 del CPP, respecto a la presunta falta de valoración individual y conjunta de la prueba, señalando además en el punto 5.2 del mencionado considerando de la resolución impugnada, que el imputado no identificó qué pruebas no habían sido valoradas, concluyendo que el motivo referido, carecía de carga argumentativa, lo cual es evidente, pues el recurso de apelación restringida, además de plantear dos defectos independientes incs. 5) y 6) del art. 370 del CPP-, como si fueran idénticos y estuvieran previstos en el inc. 5) del art. 370 de la norma adjetiva penal, de manera general, señaló que el Tribunal de apelación no valoró cada una de las pruebas valoración probatoria individual-, tampoco había valorado las pruebas de manera conjunta, argumento general, que carece como asumió el de alzada, de carga argumentativa, pues debió señalar de manera expresa qué pruebas no fueron valoradas de manera individual y/o conjunta.


Asimismo, corresponde establecer, que en el hipotético caso de que el imputado, alegará falta de valoración probatoria de todas las pruebas, dicho argumento sería contradictorio con la supuesta defectuosa valoración probatoria de la PD4, alegada en apelación, evidenciándose que su recurso no cumple con la carga argumentativa, pues como señalo el Tribunal de apelación en el punto 6 del considerado IV de la resolución impugnada, el deber de fundamentación, no sólo es propio de Jueces o Tribunales; sino también, de quienes ejercen su derecho de impugnación, a fin de que el Tribunal de alzada o casación, pueda resolver en orden y coherencia los agravios denunciados.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Iván Limachi Ticona.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.



Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos