TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 744/2017-RA

Sucre, 25 de septiembre de 2017


Expediente                : Santa Cruz 118/2017        

Parte Acusadora        : Bill Apolinar Callejas Arroyo y otra

Parte Imputada    : Pedro Jorge Bajda

Delito                        : Giro de Cheque en Descubierto


RESULTANDO


Por memorial presentado el 28 de junio de 2017, cursante de fs. 313 a 328, Pedro Jorge Bajda, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 31 de 4 de abril de 2017 de fs. 258 a 261 y el Auto Complementario 109 de 29 de mayo de 2017 de fs. 267 y vta., pronunciados por la Sala Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por Bill Apolinar Callejas Arroyo en representación legal de Claribel Callejas Arroyo contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Giro de Cheque en Descubierto, previsto y sancionado por el art. 204 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes remitidos en casación, se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia de 14 de septiembre de 2016 (fs. 150 a 152), el Juez Público Mixto en lo Civil y Comercial, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia de Cotoca, Provincia Andrés Ibáñez del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Pedro Jorge Bajda, autor y culpable de la comisión del delito de Giro de Cheque en Descubierto, previsto y sancionado por el art. 204 del CP, imponiéndole la pena de dos años de reclusión, con costas, habilitando en ejecución de sentencia el procedimiento para la reparación del daño causado y su correspondiente indemnización.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Pedro Jorge Bajda, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 211 a 221), que fue resuelto por Auto de Vista 31 de 4 de abril de 2017, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado, concediendo el beneficio del Perdón Judicial en favor del imputado, siendo rechazada la solicitud de complementación y enmienda del acusado, mediante Resolución 109 de 29 de mayo de 2017 (fs. 267 y vta.).


  1. Por diligencia de 20 de junio de 2017 (fs. 269), el recurrente fue notificado con la última Resolución de alzada; y, el 28 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACION


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. A título de precedentes contradictorios, el recurrente refiere que el Tribunal de apelación, de manera ultra petita, realizó modificaciones a la Sentencia, subsanando defectos absolutos en los que el Juez incurrió, con el aditamento que se vulneró su derecho a la defensa en juicio, por cuanto no se circunscribió a los puntos planteados en el recurso de apelación restringida que presentó. También alega que se conculcó el principio de congruencia, porque el Tribunal de alzada no circunscribió su Resolución a los puntos apelados y resueltos en Sentencia, vulnerándose el debido proceso. Asimismo señala que se debió anular en su totalidad la sentencia y ordenarse la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal; en su defecto, con la insuficiente prueba aportada, dictarse Sentencia absolutoria, invocando como precedentes contradictorios, los Autos Supremos 128 de 17 de febrero de 2016, 424 de 13 de septiembre de 2013, 749 de 12 de octubre de 2005, 410 de 20 de octubre de 2006, 132 de 31 de enero de 2007, 207 de 28 de marzo de 2007 y 418 de 10 de octubre de 2006; además, hace alusión a las Sentencias Constitucionales 1598/2005-R de 9 de diciembre y 648/2005-R de 14 de junio.


  1. Asimismo, con el epígrafe de fundamentación jurídica, asevera que el Tribunal de apelación corrigió y sobrevaloró la prueba de manera ultra petita y que no consideraron los defectos absolutos y relativos y que aplicaron el perdón judicial, subsanando los defectos de Sentencia. Por otra parte, haciendo referencia a antecedentes, señala defectos legales de la sentencia; y, después de hacer observaciones al tribunal de apelación en sentido de que entre sus argumentos -del mencionado Tribunal-, refirió la libertad probatoria y la sana crítica del Juez de mérito; que cita el art. 204 del CP y que “no confrontan la documentación arrimada de cargo y Descargo” (sic) y después de observar el recurrente, respecto a su identidad, señala que en el Auto de Vista subsanó defecto absoluto de sentencia, cuando lo correcto era anular la Sentencia, para posteriormente aludir a la Sentencia Constitucional 1262/2004, la que a su vez, haría referencia a los Autos Supremos 67 de 27 de enero de 2006 y 97/05 de 1 de abril de 2005.


Asimismo, menciona los Autos Supremos 749 de 12 de octubre de 2005, 410 de 20 de octubre de 2006 y 132 de 31 de enero de 2007 y en el otrosíes 1 y 2 del memorial invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 424 de 13 de septiembre de 2013, 749 de 12 de octubre de 2015, 410 de 20 de octubre de 2006, 132 de 31 de enero de 2007, 207 de 28 de marzo de 2007 y 418 de 10 de octubre de 2006 y hace referencia a las Sentencias Constitucionales 1598/2005-R de 9 de diciembre y 648/2005 de 14 de junio.


  1. A título de defectos de la sentencia y no observada por el Tribunal de apelación en el Auto de Vista, señalando que:


i) Impersonería legal del querellante, por cuanto el querellante Bill Apolinar Callejas Arroyo, no tiene poder especial de su poderconferente Claribel Callejas Arroyo, por lo que inició un proceso sin  facultades y capacidad legal, sin observar lo señalado en los arts. 5, 6, 12 y 81 del Código de Procedimiento Penal (CPP), alegando que el proceso penal se convirtió en ilegal, al no existir relación de causalidad del hecho denunciado con el querellante, consiguientemente, es una acción penal defectuosa e insubsanable, enmarcada en la causal establecida en el art. 169 inc. 4) del CPP, al tratarse de defecto absoluto que afecta el debido proceso. Posteriormente hace alusión a la SC 400/2006-R de 25 de abril, alegando que en su caso, no existe legitimación de la acción por parte del acusador particular, carente de poder de representación.


Asimismo hace referencia al Auto Supremo 418 de 10 de octubre de 2006, por lo que el Auto de Vista impugnado y el Auto de Complementación y Enmienda “ha incurrido en NULIDAD” (sic).


ii) Que el imputado no está suficientemente individualizado, debido a que hubo indeterminación de la parte imputada, porque en la querella se refirió como “Pedro Jorge Bajda Krvina”, posteriormente, se habría incluido a una “segunda persona”, identificada como “Pedro Jorge Bajda, titular de la cuenta bancaria”; y, en sentencia hace referencia a una “tercera persona” con la identidad de “Pedro Jorge Bagda”, situación que le deja en incertidumbre, afectando su derecho a la defensa en juicio y garantías del debido proceso, al no existir certeza de la identidad del imputado, afectándole inclusive su derecho a recurrir por cuanto su identidad de Pedro Jorge Bajda, no guarda relación con la mencionada en Sentencia que indicaría Pedro Jorge Bagda, y, que vulnera el debido proceso, porque conculca sus derechos de imputado reconocidos en los arts. 5, 12 y 83 del CPP, concordantes con los arts. 9, 12, 22 y 23 del Código Civil (CC), argumentando que “no puede hablarse de actividad jurisdiccional” (sic), si previamente no existe un imputado plenamente identificado a quién se le atribuye la comisión de un hecho delictuoso; y, que en el caso de autos, existen tres identidades de personas distintas, vulnerándose las reglas del debido proceso como el de individualizar al procesado de manera inequívoca, y que al no ser cumplido, dan lugar a la nulidad. Posteriormente hace alusión al Auto Supremo 132 de 31 de enero de 2007, concluyendo que el Auto de Vista impugnado y el Auto de Complementación y Enmienda “ha incurrido en NULIDAD por defecto absoluto” (sic).


iv) Falta la enunciación del hecho objeto del juicio o su determinación circunstanciada, señalando que no existe una relación circunstanciada del hecho objeto del juicio, además que no se llegó a establecer la procedencia legal del cheque ni la concepción comercial del mismo; habiéndose sólo establecido que el cheque fue protestado indebidamente por Bill Apolinar Callejas Arroyo. También indica que no existe relación circunstanciada del hecho que hubiera determinado la tipificación del hecho “o en su defecto la eximente de sanción” (sic), considerando que el cheque según certificación del Banco de Crédito corresponde a una chequera dada a la empresa Les Tek S.R.L. el año 2011. Alega que para que el Tribunal de alzada analice, revise y repare las inobservancias de la ley o errónea aplicación incurrida en Sentencia, refirieron el Auto Supremo 410 de 20 de octubre de 2006, concluyendo que el Auto de Vista impugnado y el Auto de complementación y enmienda “ha incurrido en NULIDAD por defecto absoluto” (sic).


v) Que se basó en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación a las normas, refiriendo que entre las pruebas de cargo aportadas por el querellante en el proceso, sin poder de representación alguno como un acto de personalísimo, están el “Cheque sustraído” y su protesto cuestionado; señalando el recurrente posteriormente, que no se ajustó a los medios legales de prueba documental, por cuanto no fue debidamente introducido por la víctima o supuesta afectada Claribel Callejas Arroyo. Asimismo indica que la prueba de descargo no fue debidamente evaluada por el Juez a quo bajo la sana crítica, además que en su caso no hubo la adecuada motivación en sentencia ni valoración de las pruebas aportadas, por lo que ameritaba la revocatoria de la sentencia, haciendo posteriormente alusión al Auto Supremo 207 de 28 de marzo de 2007, señalando que el Auto de Vista impugnado y el Auto de Complementación y Enmienda “ha incurrido en NULIDAD por defecto absoluto no susceptible de convalidación” (sic). También hace referencia al Auto Supremo 128/2016 de 17 de febrero, observando que el Auto de Vista impugnado y ratificado por el Auto complementario, modificó la Sentencia sin ninguna fundamentación, por lo que existe defecto absoluto no susceptible de convalidación, porque el Tribunal de alzada, omitió en su decisión “una cuestión impugnada” (sic), haciendo alusión al Auto Supremo 6 de 6 de enero de 2007.


vi) No existe fundamentación de la sentencia, o que es insuficiente o contradictoria, porque la Sentencia no tipificó ni realizó una fundamentación debida por lo que no adecuó la conducta al marco descriptivo de la ley penal sustantiva, haciendo posteriormente alusión al Auto Supremo 248/2012 de 10 de octubre, para luego indicar que el Juez actuó sin limitaciones, abusando del principio de la libre valoración de la prueba, por lo que no tradujo su razonamiento de la Sentencia de manera objetiva “incorporando y valorando prueba ilícita, y dando valor a la prueba más allá de lo que demuestran” (sic). Asimismo refiere que existe una pena injusta, y que no existe marco normativo que tienda a explicar circunstancias agravantes de la pena para su determinación, tampoco las causas que llevaron a la supuesta comisión del hipotético hecho delictivo. Y, después de hacer alusión al Auto Supremo 207 de 28 de marzo de 2007, indica que el Auto de Vista impugnado y el Auto de Complementación y Enmienda “ha incurrido en NULIDAD por defecto absoluto” (sic)


vi) La Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, haciendo referencia a la prueba pericial y a los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319/2012-RRC de 4 de diciembre, alega que estas resoluciones determinó parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación. Asimismo indica que el Auto Supremo 444 de 15 de octubre de 2005 indicó que “la sentencia tiene defecto absoluto al no contener razones ni criterios sólidos que fundamenten la valoración de las pruebas” (sic), para posteriormente referir el Auto Supremo 242/2005 de 1 agosto. Asimismo indica que los Autos Supremos 67/2006 y 444/2005, refieren defectos surgidos a momento de pronunciarse la sentencia, el primero referido a qué los jueces deben enmarcar la conducta del imputado en el marco descriptivo de la ley; y, el segundo referido a defectos absolutos cuando en la sentencia no existen razones sólidas que fundamenten la valoración de las pruebas, aludiendo al Auto Supremo 410 de 20 de octubre de 2006, concluye señalando que el Auto de Vista impugnado y el Auto de Complementación y Enmienda “ha incurrido en NULIDAD por defecto absoluto” (sic).


  1. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana


sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


  1. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que el recurrente fue notificado con la última Resolución de alzada el 20 de junio de 2017, interponiendo su recurso de casación el 28 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, considerando que el 21 de junio fue declarado feriado nacional, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Respecto al primer motivo, el recurrente señala que el Tribunal de apelación, de manera ultra petita, realizó modificaciones a la Sentencia, subsanando defectos absolutos en lo que el Juez incurrió, con el aditamento que se vulneró su derecho a la defensa en juicio; también observó que el Tribunal de alzada no circunscribió su Resolución a los puntos apelados y resueltos en sentencia, vulnerándose el debido proceso; advirtiéndose al respecto, que el recurrente realizó afirmaciones generales sin especificar cuáles fueron las modificaciones que refiere, cuáles los defectos que el Tribunal de alzada habría subsanado y qué puntos apelados no fueron circunscritos en su Resolución; consiguientemente, menos pudo explicar con precisión alguna y con claridad sobre la contradicción que pudiera existir en el Auto de Vista recurrido en relación a los precedentes que invocó, consistentes en los Autos Supremos 128 de 17 de febrero de 2016, 424 de 13 de septiembre de 2013, 749 de 12 de octubre de 2005, 410 de 20 de octubre de 2006, 132 de 31 de enero de 2007, 207 de 28 de marzo de 2007 y 418 de 10 de octubre de 2006; omitiendo cumplir con la carga procesal de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contrariados por el Auto de alzada cuestionado, los que debieron ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos. Consiguientemente, respecto a este motivo, el recurrente, no cumplió con los requisitos señalados en el art. 417 del CPP, resultando inadmisible.


En relación al segundo motivo, el recurrente, de manera genérica e imprecisa, asevera que el Tribunal de apelación corrigió y sobrevaloró la prueba de manera ultra petita y que no consideró los defectos absolutos y relativos y que aplicó el perdón judicial subsanando los defectos de Sentencia, cuando correspondía anular ésta Resolución, aludiendo a algunos fundamentos del Auto de Vista recurrido referidos a


la libertad probatoria y la sana crítica, argumentación en la que no se advierte explicación mínima respecto a la contradicción que denotaría algún fundamento en concreto del Auto de Vista recurrido con los precedentes invocados, resultando que nuevamente el impugnante omitió su deber procesal de explicar de manera clara y precisa la forma en la que el auto de apelación habría contrariados los precedentes citados, en claro incumplimiento del mandato contenido en los arts. 416 y 417 del Código adjetivo penal, correspondiendo su inadmisibilidad.


Respecto al tercer motivo, el recurrente, recurriendo a una descripción amplia de los defectos que contendría la Sentencia, referentes a la impersonería legal del querellante, que el imputado no está suficientemente individualizado, la falta la enunciación del hecho objeto del juicio o su determinación circunstanciada, que se basó en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación a las normas; que no existe fundamentación de la sentencia, o que es insuficiente o contradictoria, que se basó en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, en cuanto al Auto de Vista recurrido, se limitó a expresar reiteradamente que incurrió en nulidad por defecto absoluto, al igual que la Resolución de alzada complementaria, sin explicar las razones por las que considera que algún fundamento en concreto del Auto de Vista recurrido contrarió los precedentes invocados, soslayando el mandato procesal que le impele a efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes inobservados o contrariados por el Auto de Vista impugnado, pues no es suficiente aludir a una falta de fundamentación o la concurrencia de defectos absolutos en la Resolución cuestionada, sin discurrir mínimamente sobre las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, así como los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida, sobre la base de los precedentes invocados, por lo que corresponde declarar este motivo inadmisible.


Finalmente, se deja constancia que las Sentencias Constitucionales 1598/2005-R de 9 de diciembre y 648/2005-R de 14 de junio, de conformidad al art. 416 del CPP, no constituyen como precedentes contradictorios las resoluciones emanadas de la jurisdicción constitucional.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Pedro Jorge Bajda, de fs. 313 a 328.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos