TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 550/2017-RRC

Sucre, 14 de julio de 2017


Expediente        : Potosí 6/2017

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro   

Parte Imputada        :        Víctor Ángel Condori Nicasio

Delito                : Estafa

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO

Por memorial presentado el 28 de octubre del 2016, cursante de fs. 510 a 514, Víctor Ángel Condori Nicasio, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 37/2016 de 23 de septiembre de fs. 501 a 503 vta., emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, integrada por los vocales Jorge Balderrama Berrios y Jorge Andrés Perez Maita, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Bernabé Arí Chuquisea contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal (CP).

I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 27/2014 de 30 de mayo (fs. 376 a 389 vta.), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró a Víctor Ángel Condori Nicasio, autor y culpable de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, imponiendo la pena de cuatro años de reclusión, más multa de cien días a razón de Bs. 1.- (un boliviano) por dia a favor del Estado.                                            


b)        Contra la mencionada Sentencia, el imputado Víctor Ángel Condori Nicasio  interpuso recurso de apelación restringida (fs. 447 a 450 vta.), que previo memorial de subsanación (fs. 491 a 493 vta.), fue resuelto por Auto de Vista 37/2016 de 23 de septiembre, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 164/2017-RA de 17 de marzo, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


  1. El recurrente refiriendo que los hechos juzgados, son de carácter civil por corresponder a un contrato de riesgo compartido celebrado de mutuo acuerdo entre un concesionario minero y dos personas como capitalistas, se estaría vulnerando el debido proceso, alega que en el caso de autos no se habría explicado cómo ocurrió el desplazamiento -elemento del tipo de Estafa-, por lo que a decir del recurrente hubo falta de subsunción e incorrecta aplicación de la pena, ésta última que no procedía de acuerdo al art. 13 del CP, constituyendo defecto absoluto inconvalidable, conforme lo previsto por el art. 169 incs. 3) y 4) del CPP, concordante con el art 362 de la misma norma procesal penal, al haberse vulnerado el derecho al acceso de la justicia, señala que debió realizarse una ponderación de los hechos a través de un proceso justo, equitativo, eficaz y transparente, vulnerándose los arts. 124, 173, 169 incs. 3) y 4) del CPP; aspectos que, no habrían sido resueltos por el Tribunal de alzada, conforme lo previsto por el art. 413 del CPP, constituye a decir del recurrente un acto de ilegalidad y defecto absoluto conforme lo previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP.


  1. El Tribunal de apelación no habría advertido que la Sentencia incurrió en el defecto previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP, porque se basaría en valoración defectuosa de la prueba al no existir un análisis integral de esta, denuncia que no hubiere sido resuelta por el Tribunal de apelación, afectando el derecho a la defensa, debido proceso y derecho a la impugnación, tutelados por los arts. 180.II, 115, 116 de la Constitución Política del Estado (CPE) y arts. 407 y 408 del CPP, refiriendo que hubiese sido especificada su pretensión sin pretender revalorar la prueba e indicando que no existen los elementos de cada uno de los tipos penales acusados y sentenciados.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita que se anule el Auto de Vista impugnado y se emita uno nuevo.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 164/2017-RA de 17 de marzo, cursante de fs. 533 a 535 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por el recurente Víctor Ángel Condori Nicasio, ante la concurrencia de presupuestos de flexibilización, para el análisis de fondo de los motivos identificados precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 27/2014 de 30 de mayo, el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró a Víctor Ángel Condori Nicasio, autor y culpable de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, imponiendo la pena de cuatro años de reclusión y multa de cien días a razón de Bs. 1.- (un boliviano) por día; al haber concluido que una vez realizada la valoración de la prueba aportada en juicio, es necesario realizar una valoración integral a dichas pruebas y su respectiva subsunción, para determinar si existe responsabilidad penal en el acusado e inicia por las literales y testificales de cargo del Ministerio Público, así como de la acusación particular, para luego referirse a las literales de descargo, careo y concluir que existe plena


convicción al haberse demostrado que el acusado logro obtener dineros con el engaño y ardid en su víctima, logrando el desplazamiento económico patrimonial en dinero efectivo en su favor, habiendo efectuado la deliberación y votación que por voto unánime, habría determinado por la aplicación del art. 365 del CPP y conforme al art. 359 inc. 3) determinó la pena a imponer, tomando en cuenta la situación personal del acusado en resarcir el daño causado por la comisión del delito, valorando la prueba de acuerdo a las reglas del art. 173 del CPP.       

II.2.        De la apelación restringida del acusado.


El recurrente Víctor Ángel Condori Nicasio, interpuso recurso de apelación restringida, manifestando en síntesis que la sentencia incurrió en los siguientes defectos: i) Errónea aplicación de la ley sustantiva [art. 370 inc. 1) del CPP], refiriendo que el único argumento del Tribunal de Sentencia no logra subsumir su conducta, tampoco indica de qué manera los elementos del tipo penal se adecuan, afirmando que no existe prueba literal de entrega de dineros y las testificales sobre la supuesta entrega dicen que fue a puerta cerrada en casa del acusado, sin que ello se haya comprobado, por lo que no existiría el principio de subsunción para la determinación de la responsabilidad penal, no se indicó cómo se cometió el delito además de no  considerar las declaraciones donde reconoce la existencia de la sociedad con lo cual asevera que demostró la aplicación ilegítima de la señalada norma y se sancionó una conducta que no es reprochable penal ni moralmente, cuestionando que por ello no se le podrá imponer pena alguna, rechazando que haya existido engaño, porque al conformar una sociedad entre tres personas, prima la autonomía de la voluntad no un engaño; por consiguiente, no existiría una subsunción al tipo penal de Estafa y se dió una aplicación incorrecta de la norma penal en su contra; ii) Incorrecta fundamentación de la sentencia; y, iii) Defectuosa valoración de la prueba, respecto a la prueba que presentó; por cuanto, la valoración integral de la prueba de cargo y descargo no existiría; no obstante, la norma procesal penal habría sido cambiada por la descripción no analítica como falta de fundamento jurídico, doctrinal e inclusive de carácter jurisprudencial; porque el hecho acusado debería manifestarse en la correcta asignación de valor probatorio negativo con relación al imputado, para fundar una sentencia condenatoria; empero, en el caso de autos se habría efectuado una valoración sin llegar a subsumir la conducta del imputado con el tipo penal acusado, forzando la interpretación de la prueba testifical, pretendiendo responsabilizar una acción que no se adecua al ilícito con el pretexto de que se entregó dineros y sobre ciertos hechos fácticos que considera debió ser aclarado por el propio Tribunal, existiendo una sentencia condenatoria forzada que considera debe ser revocada en razón  a que se omitió analizar de acuerdo a la sana crítica, pese a que la prueba testifical y documental daría fe de su actuar correcto, prueba que fue  defectuosamente valorada porque de una valoración conjunta  e integral de la misma generaría la convicción de la inexistencia de los ilícitos acusados; pero el Tribunal de Sentencia llegó a forzar las pruebas para determinar una sentencia condenatoria con una pena mínima, este aspecto demostraría según el apelante la actuación defectuosa del juzgador, que amerita la corrección en apelacion, por no ser armónica con las pruebas ingresadas, siendo necesario revocar la sentencia y determinar su absolución.  

   

II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante el Auto de Vista 37/2016 de 23 de septiembre, confirmó la sentencia apelada, señalando entre sus conclusiones:


Respecto al agravio en el que se alega inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva [art. 370 inc. 1) del CP], el Tribunal de alzada considera que de la revisión de la sentencia en su fundamentación jurídica, al realizar una valoración integral de la prueba señalando la prueba principal, se comprobó la existencia de un préstamo bancario que realizó el Banco FIE en favor del querellante, que la Empresa minera Condori E.M.CON, presuntamente del imputado no existe en la Unidad de Registros del Gobierno Autónomo, que las boletas de pago que se entregó para el préstamo a nombre del querellante son de una empresa inexistente, que en la realización del trámite del préstamo el querellante siempre estaba acompañado del imputado Víctor Ángel Condori y que se tiene comprobado que no era para el querellante sino para Víctor Ángel Condori (imputado)  para invertir en la actividad minera; asimismo, se afirma que se tiene demostrado que el préstamo fue impulsado por el acusado y que era para él al ser quien recibió el dinero obtenido de $us. 25.000.- (veinticinco mil dólares estadounidenses) y que fue a recoger a la casa del querellante conjuntamente Carlos Rodríguez, lo cual sería coincidente con otras atestaciones de cargo, como en la declaración  de Carlos Rodríguez, que el Juez de origen encontró contradicciones y en el careo calificó su declaración como no creíble, de donde resultaría que al haberse establecido la responsabilidad penal del imputado por el delito de Estafa, no se vulneran las reglas de la sana crítica y que a criterio del Tribunal Ad quem, no es evidente el agravio aludido porque precisamente el engaño que extraña el apelante es haber inducido al querellante a sacar el préstamo, cuando en realidad el préstamo era para el imputado que fue en desmedro de su patrimonio y que si bien no existe prueba literal que acredite que el dinero fue entregado al imputado, por la valoración realizada por el Tribunal a quo, se estableció que el dinero fue entregado al imputado y en dicha  valoración el Ad quem no encuentra que se hubiese violado las reglas de la sana crítica, por lo que el agravio aludido no tiene asidero.

Con relación a la alegación de defectuosa valoración de la prueba, prevista en el art. 370 inc. 6) del CPP, afirmando que el ilícito no existió, el Ad quem señala que de la revisión de la resolución impugnada se puede establecer que en su estructura presenta en el segundo considerando un acápite del epígrafe de: “Fundamentación Probatoria”, en el que hace una descripción y valoración individual de cada una de las pruebas literales como testificales de cargo, descargo y luego en el tercer considerando refiere la fundamentación jurídica, en el que efectúa un análisis jurídico del tipo penal acusado, realiza una valoración integral de todos los elementos de juicio señalando a la principal para establecer si el hecho existió, si el hecho constituye delito y si el acusado participó en el hecho acusado y en base a esa valoración integral de las pruebas el Tribunal de Sentencia llegó a la


plena convicción de que el acusado logró obtener dineros con el engaño y ardid en su víctima logrando el desplazamiento económico patrimonial en dinero efectivo a su favor, valoración integral en la que se estableció que el Tribunal de origen, estableció que el acusado fue quien impulsó que el querellante saque el préstamo del Banco FIE, que el préstamo obtenido no fue para el querellante, sino para el imputado, que ese dinero obtenido por el préstamo, fue entregado al imputado junto a Carlos Rodríguez, proceso de valoración en el que el Tribunal de alzada afirma que no encuentra que el Tribunal de juicio hubiese infringido las reglas de la sana critica que provoquen la nulidad de la sentencia, más aun si se considera que la valoración de la prueba es facultad privativa del A quo que no puede ser cuestionada por el Tribunal de alzada, ya que realizando el control de logicidad y aplicación de las reglas de la sana crítica no encuentra violación alguna, máxime si la parte recurrente no indicó concretamente esta violación. 


III.        VERIFICACIÓN DE VULNERACION DEL DERECHOS Y

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES


Este Tribunal admitió el recurso interpuesto por Víctor Ángel Condori Nicasio por la concurrencia de los presupuestos de flexibilización, ante la denuncia de  incongruencia omisiva en el Auto de Vista, en razón a que no resolvió los motivos de apelación referidos a la falta de subsunción e incorrecta aplicación de la pena, así como la presunta y defectuosa valoración probatoria, en vulneración de los derechos al acceso a la justicia, defensa, debido proceso y derecho a la impugnación, constituyendo defecto absoluto, por lo que corresponde resolver la problemática planteada.


III.1. Sobre el debido proceso y la incongruencia omisiva.


Este Tribunal en reiteradas oportunidades a señalado que el debido proceso, es un principio legal por el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitir la oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al Juez o Tribunal, quienes deben observar los derechos fundamentales de las partes, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos; es así, que los arts. 115 y 117 de la CPE, reconocen y garantizan la aplicación del debido proceso al constituirse en fundamento esencial del Estado Plurinacional, que tiene entre sus fines y funciones esenciales garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en ella. Entre los elementos que configuran el debido proceso se encuentran: a) El derecho a la defensa; b) El derecho al Juez natural; c) La garantía de presunción de inocencia; d) El derecho a ser asistido por un traductor o intérprete; e) El derecho a un proceso público; f) El derecho a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable; g) El derecho a recurrir; h) El derecho a la legalidad de la prueba; i) El derecho a la igualdad procesal de las partes; j) El derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable; k) El derecho a la motivación y congruencia de las resoluciones: l) La garantía del non bis in ídem; y, ll) El derecho a la valoración razonable de la prueba; m) El derecho a la comunicación previa de la acusación; n) La concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; o) El derecho a la comunicación privada con su defensor; y, p) El derecho a que el Estado le otorgue un defensor proporcionado por el Estado, cuando el imputado no tuviere medios o no nombrare un defensor particular.


En ese contexto, se incurre en el defecto de la incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) al no pronunciarse una autoridad jurisdiccional sobre las denuncias planteadas, vulnerando las disposiciones contenidas en los arts. 124 y 398 del CPP; temática que fue ampliamente desarrollada por este Tribunal en el Auto Supremo 297/2012-RRC de 20 de noviembre, refiriendo que sin embargo, debe exigirse el cumplimiento de los siguientes requisitos para la concurrencia del fallo corto: i) Que la omisión denunciada se encuentre vinculada a aspectos de carácter jurídico y no a temas de hecho o argumentos simples; ii) Que las pretensiones ignoradas se hayan formulado claramente y en el momento procesal oportuno; iii) Que se traten de pretensiones en sentido propio y no de meras alegaciones que apoyan una pretensión; y, iv) Que la Resolución emitida no se haya pronunciado sobre problemáticas de derecho, en sus dos modalidades; la primera que la omisión esté referida a pretensiones jurídicas, y la segunda cuando del conjunto de los razonamientos contenidos en la Resolución judicial puede razonablemente deducirse no sólo que la autoridad jurisdiccional ha valorado la pretensión deducida, sino además los motivos que fundamentan la respuesta tácita.


Siendo así, que la incongruencia omisiva o fallo corto constituye un defecto absoluto, referido en esencia a la vulneración por el juez o tribunal del deber de atender y resolver a las pretensiones que se hayan traído al proceso oportuna y temporalmente, frustrando con ello el derecho de la parte a obtener un respuesta fundada en derecho sobre la cuestión formalmente planteada.


La incongruencia omisiva quebranta el principio tantum devolutum quantum apellatum, así lo ha establecido la doctrina legal aplicable citada en el Auto Supremo 6 de 26 de enero de 2007; aforismo que a decir del tratadista Hugo Alsina, significa que los poderes del Tribunal de apelación se hallan limitados por la extensión del recurso, por lo cual: “(…) sufre una limitación en los casos en que el recurso se interpone contra una parte determinada de la sentencia, pues, entonces, el tribunal no puede pronunciarse sino sobre lo que es materia del mismo” (Alsina, Hugo. Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial. Editorial Ediar Soc. Anón. Buenos Aires 1961. Segunda Edición, Tomo IV, Pág. 416).


Igualmente, refiere el versado Couture, que: “El juez de la apelación conviene repetir, no tiene más poderes que los que caben dentro de los límites de los recursos deducidos. No hay más efecto devolutivo que el que cabe dentro del agravio y del recurso: tantum devolutum quantum apellatum” (Couture, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Editorial IB de F. Montevideo - Buenos Aires 2005. Euro Editores S.R.L. 4ta. Edición. Pág. 300).





Lo anterior significa que el Tribunal de alzada debe dar respuesta fundamentada a todos y cada uno de los agravios denunciados por el apelante; lo contrario significaría la vulneración de los arts. 124 y 398 del CPP, este último artículo textualmente refiere: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución", se entiende con la adecuada motivación en las resoluciones que pronuncie el Tribunal de alzada.


III.2.        Análisis de los motivos.


La parte recurrente expresa en dos agravios, que el Auto de Vista incurrió en incongruencia omisiva; por cuanto, en su planteamiento no resolvió los motivos de apelación referidos a la falta de subsunción e incorrecta aplicación de la pena, así como la presunta y defectuosa valoración probatoria, vulnerando así los derechos de acceso a la justicia, defensa, debido proceso y impugnación, constituyendo defecto absoluto.


Al respecto, se debe partir señalando que de acuerdo a lo expuesto en el acápite II.3 del presente Auto Supremo, el Tribunal de alzada momento de dar respuesta a los puntos apelados por Víctor Ángel Condori, sobre la existencia de errónea aplicación de la ley sustantiva y una defectuosa valoración de la prueba, señaló en cuanto a la inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva [ art. 370 inc. 1) del CP], que en la  fundamentación jurídica de la sentencia se realizó una valoración integral de la prueba, habiendo precisado los hechos fácticos que motivaron la causa, así como de la prueba que no le generó convicción debido a encontrar contradicciones, aspectos que llevaron a que el Tribunal de alzada concluya que el Tribunal de origen al determinar la responsabilidad penal del imputado por el delito de Estafa, no vulneró las reglas de la sana crítica. Asimismo, con relación al punto apelado referido a la existencia de defectuosa valoración de la prueba [art. 370 inc. 6) del CPP], el Tribunal de alzada asumió que en el fallo apelado existia un acápite referido a la Fundamentación probatoria, en la que se hizo una descripción y valoración individual de cada una de las pruebas literales y testificales tanto de cargo como de descargo, para posteriormente en la Fundamentación jurídica realizarse un análisis jurídico del tipo penal acusado, por lo que advirtió que se efectivizó una valoración integral de todos los elementos de juicio para determinar que el acusado fue quien promovió al querellante acceder al préstamo, para el imputado junto a Carlos Rodríguez, razones por las que no observó que hubo infracción a las reglas de la sana crítica ni la causal aducida para la nulidad de la sentencia; aspectos de los que se desprende que el Tribunal de alzada a través del Auto de Vista impugnado, efectuando su labor de control evidenció que los puntos apelados no fueron debidamente sustentados ni demostrados para poder ser acogidos; por consiguiente, no es evidente que dicho Tribunal haya incurrido en incongruencia omisiva como arguye el recurrente a través del presente recurso; por el contrario, de lo expuesto en el Auto de Vista impugnado, se extrae que efectuó su labor de control del fallo apelado habiendo procedido a su análisis, expresando las conclusiones a las que se arribó luego de un examen sobre la veracidad de las denuncias formuladas, concluyendo que no son eran evidentes; en consecuencia, no habiéndose acreditado una lesión a los derechos de acceso a la justicia, defensa, debido proceso e impugnación, tampoco la existencia de defecto absoluto alguno, sino la observancia del los arts. 124 y 398 del CPP, el presente recurso deviene en infundado


POR TANTO

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Víctor Ángel Condori Nicasio.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.



Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos