TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 260/2017-RRC

Sucre, 17 de abril de 2017


Expediente                          : Cochabamba 85/2016

Parte Acusadora                  : Catalina Castro Guarayo de Melendres

Parte Imputada                  : María Concepción Melendres Salazar

Delitos                  : Difamación y otros

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 24 de octubre de 2016, cursante de fs. 142 a 145 María Concepción Melendres Salazar, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista de 26 de agosto de 2016, de fs. 129 a 133 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, integrada por las vocales Karen Lorena Gallardo Sejas y Nuria Gisela Gonzales Romero, dentro del proceso penal seguido por Catalina Castro Guarayo de Melendres  contra la recurrente, por los delitos de Difamación, Calumnia e Injurias, previstos y sancionados por los arts. 282, 283 y 287, todos del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


a)    Por Sentencia 59/2014 de 28 de octubre (fs. 87 a 96 vta.), el Juez de Partido en lo Penal y Sustancias Controladas Liquidador y de Sentencia Quinto del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a la imputada María Concepción Melendres Salazar, culpable del delito de Injuria previsto y sancionado por el art. 287 del CP, imponiendo la pena de seis meses de prestación de trabajos en la EPI SUD, a cargo del Director de dicha  repartición para que colabore y coadyuve en los servicios que se requieran en el comedor de esa institución; además, le impuso la multa  de cien días  a razón de Bs. 1 (un boliviano) por día, con costas, daños y perjuicios averiguables en ejecución de Sentencia. Asimismo, le absolvió por los delitos de  Difamación y Calumnia, tipificados en los arts. 282 y 283 del CP, sin costas al existir condena en su contra, emitiendo también el Auto de Complementación de 31 de Octubre de 2014 (fs. 101).


b)   Contra la mencionada Sentencia, la imputada María Concepción Melendres Salazar, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 111 a 115), resuelto por Auto de Vista de 26 de agosto de 2016, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró improcedente el recurso y confirmó la sentencia apelada, con costas, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. De los motivos del recurso de casación.


Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo 21/2017-RA de 20 de enero, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


  1. La recurrente citando el último párrafo del Auto de Vista impugnado, alega que ante la denuncia de defectuosa valoración de la prueba, el Tribunal de alzada se encuentra desprovisto de la inmediación procesal para poder emitir un criterio de hecho sobre la prueba por la naturaleza del sistema acusatorio; empero, afirma que en el caso de autos ante la denuncia de incorrecta valoración de la prueba testifical, el Juez a quo en Sentencia otorgó valor a una sola declaración de una persona de la tercera edad, quien manifestó que no escuchaba bien según consta en el acta y que aparentemente escuchó decir la palabra “puta” (sic), lo cual el recurrente afirma que es contradictorio con las atestaciones de cargo quienes no manifestaron ello; consecuentemente, considera que hubo una incorrecta valoración de esa prueba al no vincularse con los demás elementos obtenidos, advirtiendo que no se hizo ninguna apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial, ya que el Tribunal ad quem, se salió por la “tangente” con el argumento de que no le corresponde revalorizar prueba; en ese sentido, asevera que debe determinar si existió una correcta valoración de la prueba, aspecto distinto de la revalorización.


  1. Haciendo referencia al primer párrafo de la página 8 del fallo impugnado sobre la verificación de las pruebas, calificación del hecho y el principio de iura novit curia, se advertiría vulneración al principio de congruencia; puesto que el Juez a quo le condena por haber dicho el señalado adjetivo que no fue mencionado en la querella ni en el auto de apertura de juicio, vulnerándose así su derecho a la defensa. En este sentido, alega la existencia de defectos absolutos de acuerdo a los incs. 5), 6) y 11) del art. 370 del CPP, ante la vulneración de su derecho a la defensa; por cuanto, acusa la incorrecta verificación de la prueba, afectando el principio de congruencia y del derecho a la defensa que son garantías y derechos constitucionales cuyo quebrantamiento coloca en riesgo al sistema procesal penal; puesto que, al ser condenado por haber dicho un insulto que no consta en las actuaciones procesales señaladas, este aspecto no es reparado por el Tribunal ad quem pese a encontrarse en la obligación de ajustar la sentencia a las normas señaladas precedentemente y ordenar la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal en cumplimiento del ellas y del art. 169 inc. 3) del CPP.


I.2. Admisión del recurso.


Por Auto Supremo 21/2017-RA de 20 de enero, cursante de fs. 151 a 153 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por la imputada María Concepción Melendres Salazar, ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y detallado el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:


II.1.  De la Sentencia.




Por Sentencia 59/2014 de 28 de octubre, el Juez de Partido en lo Penal y Sustancias Controladas Liquidador y de Sentencia Quinto del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a la imputada María Concepción Melendres Salazar, culpable del delito de Injuria previsto y sancionado por el art. 287 del CP, imponiendo la pena de seis meses de prestación de trabajos, bajo los siguientes antecedentes y argumentos:


Como hechos acusados se tiene que la acusada sería media hermana del esposo de la querellante y concubina de su hermano menor, no tendría amistad ni enemistad; sin embargo, el 3 de junio de 2014, se comunican por teléfono la suegra y esposo de la querellante desde EE.UU., para informarle que su suegra estaba mal de salud y ponga misa al Santo “San Juan de Dios”, autorizándole para ello entrar a la casa de su suegra y deschapar el candado del oratorio para limpiar y celebrar la misa, cuando cumplía dicho encargo se presentó la acusada para increparla y agredirle verbalmente, cuestionando de porqué la querellante estaba dentro de la casa, al ver que no contestó, entonces levanto más la vos y dijo: “ Te estoy hablando a ti. Quien te ha dado permiso para entrar, aquí no hay nada para robar” “Yo soy la dueña de casa, tu eres simplemente una pobre hija de …”.


Luego de la producción de prueba, el Juez de sentencia a los fines de sustentar el delito de Injuria,  tuvo presente lo señalado por el testigo de cargo René Quisbert Alarcón, quien hubiese declarado que: “Conoce a Doña Catalina Castro, si la conoce, vive al frente y es pariente de la casa de donde vive su suegra, vive ahí hace cuatro años, conoce también a Doña María Concepción Meléndres. La Sra. Catalina entró con flores y oyó una discusión dentro, entró y se estaban agarrando, estaba agarrando un palo de escoba y le ha sonado a doña concepción a Doña Catalina y discutieron y nuevamente estaban peleando y les apaciguó, doña María le dijo “Puta”,  posteriormente cuando salió la Sra. Catalina, refirió de que en algún momento escuchó la palabra ratera, si le dijo la Sra. María a doña concepción que en el lugar era el único, refiere que no recuerda varias palabras, pero si oyó decir “Puta”, no vio si la Sra. Catalina hablaba por celular, refiere que la otra parte se defendía, pero no recuerda bien las palabras, ambas partes se gritaban, refiere que no recuerda alguna palabra que le hubiere dicho la Sra. Concepción a la Sra. Catalina. TESTIFICAL DE CARGO MUY RELEVANTE AL SER EL ÚNICO TESTIGO QUE NO TIENE INTERÉS EN EL PRESENTE CASO QUE ESCUCHO UNO DE LOS TÉRMINOS, CONTRA LA ACUSADORA, QUE LLEVA A LA CERTIDUMBRE DE QUE LA ACUSADA SI AFECTÓ LA HONORABILIDAD DE LA ACUSADORA” (SIC).


II.2.   De la apelación restringida de la imputada.

       

          Contra la mencionada Sentencia, la imputada formula recurso de apelación restringida denunciando la inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la sentencia y la acusación, señalando que en la querella se le acusó por los delitos de Difamación, Calumnias e Injurias, bajo la sindicación de que se hubiese referido a la querellante como una “Hija de …” entre otros términos, mismos que fueron reiterados en el Auto de Apertura; sin embargo, ya en la sentencia se le hubiese condenado bajo el argumento de que el adjetivo utilizado contra la denunciante fue de “Puta”,  vale decir por un hecho terminó- completamente distinto al citado en la acusación así como en el Auto de apertura, pues no se consideró que en ninguna parte de la declaración de la querellante se refirió de manera textual a dicho término, pero además se alegó que se dio credibilidad a la testificación de René Quisbert Alarcón, cuando por su edad avanzada refirió que no recordaba casi nada, así se tendría en la sentencia cuando señaló que:“…que no recuerda varias palabras pero si oyó decir puta”, esto obviamente con la finalidad de favorecer a su presentante, situación que no puede ser considera ya que ninguno de los otros testigos  respaldaron dicha aseveración, lo que hubiese demostrado la violación a las reglas de la sana crítica y lo establecido por el art. 173 del CPP.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


Al recurso de apelación restringida formulada por la imputada, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, se pronunció mediante Auto de Vista impugnado, declarándolo improcedente, bajo los siguientes argumentos:


En cuanto a la denuncia planteada por la apelante, pese a no haberse señalado de manera concreta los numerales correspondientes al art. 370 del CPP, relativos a los defectos de la Sentencia, privilegiando el principio de verdad material y acceso efectivo a la justicia, el Tribunal de alzada encontró que los fundamentos expuestos por la imputada se circunscribían a los incs. 6), 8) y 11) del art. 370 CPP.


En consecuencia, respecto del inc. 6) del art. 370 del CPP, se estableció que la parte apelante efectuó un análisis particular de la actividad efectuada por el Tribuna A quo con referencia a aspectos fácticos, sin tener presente que de conformidad a la amplia jurisprudencia emanada por el Tribunal Supremo de Justicia, los Tribunales de alzada se encuentran impedidos de realizar una nueva valoración o revalorización de la prueba e ingresar a analizar circunstancias fácticas, pues dicha actividad es privativa de los Jueces y Tribunales de Sentencia, así lo establecieron los Autos Supremos 014/2013-RRC de 6 de febrero, 200/2012-RRC de 24 de agosto, 196 de 3 de junio de 2005 y 074/2013-RRC de 19 de marzo.


Con relación a la observación del inc. 11) del art. 370 del CPP, citando al Auto Supremo 103 de 25 de febrero de 2011 (resolución que se pronunció sobre la congruencia de las resoluciones judiciales), se tendría que sobre la problemática planteada, la incongruencia se da cuando la parte imputada es condenada por un hecho distinto al atribuido en la acusación, conforme lo establece el art. 362 del CPP; sin embargo, de la revisión de la Sentencia impugnada concretamente del considerando V (Actividad Probatoria), cursante de fs. 89 a 93 vta., se constató que el Juez A quo no incurrió en el defecto de la Sentencia alegado, ya que en el desarrollo del juicio se contrastó la prueba producida con relación al hecho y a los delitos de Difamación, Calumnia e Injuria, estableciéndose la concurrencia de este último y la absolución por los delitos de Difamación y Calumnia, esto en consideración, a que, lo que se sanciona son los hechos fácticos que vulneran bienes jurídicamente protegidos, en este caso, el “honor” de la


parte querellante por la conducta de la imputada en la expresión de la palabra ofensiva de “Puta”, la cual causa la misma ofensa al honor que la palabra “Hija de puta” contenida en la acusación particular, por lo que considerando lo establecido en el tipo penal inserto en el art. 287 del CP, considerando que el Juez A quo privilegió el principio de verdad material y de valoración integral de las pruebas, apreciando de manera conjunta y armónica la prueba, sobre el tema citan al efecto el Auto Supremo 067/2013-RRC de 11 de marzo, para concluir que carecía de mérito la impugnación formulada por la apelante.


Finalmente, en cuanto a la contradicción entre la parte considerativa y dispositiva de la Sentencia, prevista en el inc. 8) del art. 370 del CPP, el Tribunal de alzada estableció que los argumentos de la apelante no resultaban pertinentes a dicho defecto de la Sentencia, que tiene que ver en lo esencial en el respeto al principio de congruencia de la sentencia; es decir, que esta resolución debe referirse a los hechos acusados probados y no probados; aspecto que, necesariamente debe estar fundamentado tanto de hecho como de derecho; en consecuencia, el Tribunal Ad quem no podía pronunciarse al respecto por la omisión de la parte apelante; sin embargo, a mayor abundamiento se tendría que en la Sentencia impugnada no existía la contradicción en su parte dispositiva o entre esta y la parte considerativa, por lo que no existiendo mayor fundamento al respecto por la apelante, su agravio no era atendible. Al respecto, también debiera considerarse lo establecido por la doctrina legal aplicable emitida por este Máximo Tribunal Supremo de Justicia, en el entendido de que el Tribunal de alzada no puede ingresar a analizar cuestiones de hecho de la Sentencia impugnada, siendo  destacable que la misma contaría con la adecuada fundamentación descriptiva e intelectiva, así como fundamentación jurídica coherente con la parte dispositiva de la misma no percibiéndose la existencia de contradicción entre los componentes valorativos y reflexivos en su contenido, constatándose al contrario que el Juez de Sentencia sobre la responsabilidad penal de la imputada fueron adecuadamente fundamentados sobre el delito acusado y condenado; tampoco, se hubiese evidenciado el quebrantamiento del debido proceso y del derecho a la defensa, por lo que la impugnación al respecto carecía de mérito. 


III. VERIFICACIÓN DE LA PRESUNTA VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES


Este Tribunal admitió el presente recurso, abriendo su competencia a objeto de verificar la presunta falta de control sobre la defectuosa valoración probatoria y la vulneración del principio de congruencia y el derecho a la defensa en la emisión del Auto de Vista impugnado, por lo que corresponde resolver la problemática planteada.


III.1. Sobre la defectuosa valoración de la prueba, su formulación y control.


La denuncia por defectuosa valoración de la prueba, defecto de Sentencia descrito en el inc. 6) del art. 370 del CPP, como norma habilitante, debe encontrarse vinculada a la infracción del art. 173 del mismo cuerpo legal; es decir, a la vulneración de las reglas de la sana crítica, que son aquellas que conoce el hombre común (sentido común conocimiento adquirido por cualquier persona de forma espontánea como verdad irrefutable); las reglas de la ciencia, entre las cuales la más aplicada es la de la psicología, que en el caso del juzgador requiere conocimientos mínimos (se aplican cuando el juzgador observa comportamientos), además de las reglas de la lógica (la lógica de lo razonable); es decir, las reglas de la identidad, de contradicción, de tercero excluido o de razón suficiente, para crear un razonamiento debidamente estructurado.


El recurso basado en errónea apreciación de la prueba, tiene por finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano. Resulta deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente, en lugar de señalar concretamente las partes de la sentencia donde se hubieran infringido los principios alegados, requisitos indispensables cuando se reclama sobre la presunta falta de coherencia.


Lo que implica, que quien alegue defectuosa valoración de la prueba, debe brindar información necesaria que posibilite identificar cuál de las reglas del recto entendimiento humano fueron infringidas o soslayadas, señalando de forma ineludible, cuáles las afirmaciones o hechos contrarios a la experiencia común, cuáles los hechos no ciertos en los que se sustenta el fallo, de qué manera los medios de prueba fueron valorados indebidamente, cuáles las conclusiones que demuestren cosa diferente a la que se tuvo como cierta con base en ellos, cuál el o los elementos analizados arbitrariamente; únicamente,  planteado en esos términos el recurso, es posible el control sobre la valoración de la prueba, control que debe ser ejercitado sobre la logicidad de la Sentencia, teniendo como circunscripción lo argumentado en el recurso.


III.2. El principio de congruencia.


Consiste en la concordancia o correspondencia que debe existir entre la petición formulada por las partes y la decisión que tome el Juez sobre lo peticionado; es decir, a la exigencia de correlación entre la acusación y la sentencia.


En el Estado boliviano, la exigencia de congruencia en la Sentencia, se encuentra establecida en el art. 362 del CPP, que señala de forma imperativa que ningún imputado puede ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o en su ampliación. Concordante con la normativa precitada, el inc. 11) del art. 370 del cuerpo legal precitado, señala que constituye defecto de Sentencia, la inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la Sentencia y la acusación; las disposiciones precitadas; a su vez, guardan coherencia con el art. 342 del CPP, que señala en su primer párrafo: "El juicio se podrá abrir sobre la base de la acusación del fiscal o del querellante, indistintamente. Cuando la acusación fiscal y la acusación particular sean contradictorias e


irreconciliables, el tribunal precisará los hechos sobre los cuales se abre el juicio. En ningún caso el juez o tribunal podrá incluir hechos no contemplados en alguna de las acusaciones, producir prueba de oficio ni podrá abrir el juicio si no existe, al menos, una acusación” y con el art. 348 del referido Código, que en cuanto a la ampliación de la acusación sostiene: "Durante el juicio, el fiscal o el querellante podrán ampliar la acusación por hechos o circunstancias nuevos que no hayan sido mencionados en la acusación y que modifiquen la adecuación típica o la pena.


Admitida por el juez o tribunal la ampliación de la acusación, se recibirá nueva declaración al imputado y se pondrá en conocimiento de las partes el derecho que tienen a pedir la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención, conforme a lo dispuesto en el Artículo 335 de este Código".


De lo anterior, se infiere que el sistema procesal penal, impone como exigencia, en la redacción de la Sentencia, la prohibición de modificar, suprimir o incluir otros hechos que no estuvieran descritos en la acusación, y que sirvieron de base para el enjuiciamiento y la defensa del imputado (congruencia fáctica), debiendo emitir pronunciamiento concordante con esos hechos sujetos a debate y comprobados en juicio.


III.3. Derecho a la defensa.


El derecho de defensa, como parte integrante del debido proceso, ha sido y es uno de los pilares fundamentales en los cuales descansa la protección constitucional del imputado al asumir su defensa activa en el proceso penal, asegurando su participación en el mismo, a efectos de precautelar la correcta administración de justicia; al respecto, la jurisprudencia ha precisado en el Auto Supremo 041/2012-RRC de 16 de marzo, lo siguiente: “El derecho a la defensa definido como el: ...derecho público constitucional que asiste a toda persona física a quien se le pueda atribuir la comisión de un hecho punible, mediante cuyo ejercicio se garantiza al imputado la asistencia técnica de un abogado defensor y se les concede a ambos la capacidad de postulación necesaria para oponerse eficazmente a la pretensión punitiva y poder hacer valer dentro del proceso el derecho constitucional a la libertad del ciudadano (Gimeno Sendra, Vicente, El derecho de defensa en Constitución y proceso, Madrid, 1988, página 89), se constituye en un derecho básico del ciudadano de rango constitucional y de protección especial, pues la CPE establece en el art. 109.I que:Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección; motivo por el cual en su art. 115.II señala que: El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones y el art. 119.II prevé que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa.


A su vez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Bolivia a través de la Ley 1430 de 11 de febrero de 1993, en su art. 8.1. referente a las garantías judiciales expresa que: Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, ó para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.


De manera específica la misma norma internacional en el acápite 2 del citado art. 8, establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad, a varias garantías mínimas, de las cuales se destacan las siguientes vinculadas a la problemática planteada en el recurso de casación sometido al presente análisis; es así, que el imputado tiene derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación formulada; a la concesión del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor y en su caso de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado; de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; y a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.


Esto significa, que dentro del proceso penal se visualizan tres funciones, como son la requirente cumplida por la parte acusadora, sea la Fiscalía o la parte querellante, la decisoria desarrollada por la autoridad que ejerce jurisdicción; y, la función defensiva que le corresponde a toda persona a quien se le atribuya la comisión de un hecho delictivo; lo que implica, que dentro de cualquier ordenamiento jurídico penal, en el que se reconozcan derechos y garantías, de manera inevitable ha de reconocerse el derecho al imputado de ejercer el derecho a la defensa reconocido constitucionalmente y por tratados internacionales, habida cuenta que: El derecho de defensa cumple, dentro del proceso penal, un papel particular: por una parte, actúa en forma conjunta con las demás garantías; por la otra, es la garantía que torna operativas a todas las demás. Por ello, el derecho de defensa no puede ser puesto en el mismo plano que las otras garantías procesales. La inviolabilidad del derecho a defensa es la garantía fundamental con la que cuenta el ciudadano, porque es el único que permite que las demás garantías tengan una vigencia concreta dentro del proceso penal (Binder, Alberto M., Introducción al Derecho Procesal Penal, Ad-Hoc S.R.L., 1993, página 151).


…tiene un carácter dual ya que puede ser ejercido por el defensor y por el propio imputado, en los términos previstos por los arts. 8 y 9 del CPP, que establecen la defensa material y la defensa técnica, siendo la primera la potestad procesal que la ley reconoce al imputado en forma personal de poder decir y hacer en su defensa aquello que fuere oportuno y razonable y la segunda el derecho del imputado de estar asistido por un abogado, constituyendo una obligación para la administración de justicia velar porque ese derecho se cumpla, asignándole en su caso de oficio un defensor.


En términos prácticos, la defensa material faculta al imputado a intervenir en toda la actividad procesal, esto es en todos los actos del proceso que


incorporen elementos de prueba y a formular alegatos, implicando ello las distintas etapas que puedan darse en las fases de investigación o del proceso en sí, desde el primer acto del proceso conforme establece el art. 5 del CPP, de modo que siempre pueda realizar todos los actos que le posibiliten excluir o atenuar la reacción penal estatal, siendo importante precisar que ambas clases de defensa deben ser desarrolladas en forma armónica, pues la defensa material de modo alguno puede perjudicar la eficacia de la defensa técnica”.


III.4. Análisis del caso concreto.


Con lo desarrollado supra corresponde ingresar a resolver la problemática planteada, a fin de establecer si resulta evidente la vulneración de derechos y garantías constitucionales.


En el primer motivo de casación, la recurrente citando el último párrafo del Auto de Vista impugnado, alega que ante la denuncia de defectuosa valoración de la prueba, respecto de la declaración de una persona de la tercera edad, quien manifestó que no escuchaba bien según consta en el acta y que aparentemente escuchó decir la palabra “puta” misma que resultaría contradictoria con las atestaciones de cargo quienes no manifestaron ello; el Tribunal ad quem se hubiese salido por la “tangente” con el argumento de que no le corresponde revalorizar prueba.


Al respecto, evidentemente se tiene que el Tribunal de azada a tiempo de resolver el defecto de la Sentencia previsto en el inc. 8) del art. 370 del CPP, como un argumento más que sustentaba su decisión señaló, que debía considerarse lo establecido por la “doctrina legal aplicable emitida por este Máximo Tribunal Supremo de Justicia, en el entendido de que el Tribunal de alzada no puede ingresar a analizar cuestiones de hecho de la Sentencia impugnada”, pero también refirió que resultaba destacable señalar que; “la resolución impugnada contaba con la adecuada fundamentación descriptiva e intelectiva, así como fundamentación jurídica coherente con la parte dispositiva de la misma no percibiéndose la existencia de contradicción entre los componentes valorativos y reflexivos en su contenido, constatándose al contrario que el Juez de sentencia sobre la responsabilidad penal de la imputada fueron adecuadamente fundamentados sobre el delito acusado y condenado”, resultando estos dos argumentos bases imprescindibles para poder establecer la concurrencia o no del agravio traído en casación.


En consecuencia, respecto de la primera aseveración del Tribunal de alzada de no poder ingresar a considerar a verificar cuestiones de hecho, resulta necesario observar si la recurrente efectuó una correcta fundamentación de su recurso de apelación en cuanto a la presunta defectuosa valoración, pues dependiendo de ésta, corresponde al Tribunal de apelación  la consideración o no de dicho agravio, resultando necesario como se precisó en el punto III.1 de la presente resolución, que los recurrentes deben brindar la información necesaria que posibilite identificar cuál de las reglas del recto entendimiento humano fueron infringidas o soslayadas, señalando de forma ineludible, cuáles las afirmaciones o hechos contrarios a la experiencia común, cuáles los hechos no ciertos en los que se sustenta el fallo, de qué manera los medios de prueba fueron valorados indebidamente, cuáles las conclusiones que demuestren cosa diferente a la que se tuvo como cierta con base en ellos, cuál el o los elementos analizados arbitrariamente. Para ello, se identifica el fundamento del agravio denunciado en la apelación, en el que se argumentó que se dio credibilidad a la testificación de René Quisbert Alarcón, cuando el mismo por su edad avanzada refirió que no recordaba casi nada, así se tendría en la sentencia cuando señaló que:“…que no recuerda varias palabras pero si oyó decir puta”, esto obviamente con la finalidad de favorecer a su presentante, situación que no podía ser considera ya que ninguno de los otros testigos  respaldaron dicha aseveración, lo que hubiese demostrado la violación a las reglas de la sana crítica y lo establecido por el art. 173 del CPP.


De lo precisado se tiene que si bien la recurrente identifica la prueba -declaración testifical- que en su criterio fue defectuosamente valorada; sin embargo, no establece cuáles serían los hechos no ciertos en los que se sustenta la sentencia (no fue cierto que se infringió el bien jurídico protegido el honor), limitándose a señalar que las demás declaraciones no hubiesen ratificado la misma, constituyendo una conclusión subjetiva al no identificar cuáles serían las pruebas que presuntamente demuestran lo contrario a lo establecido en la sentencia, no siendo suficiente señalar que “las demás declaraciones no ratificaron lo expresado por Rene Quisbert Alarcón”, pero además tampoco resulta evidente que en la apelación restringida se haya alegado que el testigo René Quisbert Alarcón “no oía bien”, argumento que recién es traído en casación; por lo tanto, resulta un planteamiento inadecuado por la parte recurrente, siendo en consecuencia correcta la conclusión del Tribunal de alzada, al señalar que no se puede ingresar a verificar cuestiones de hecho. Pero además, debe tenerse presente que no fue el único argumento para rechazar el planteamiento de la recurrente, ya que como se dijo a tiempo de identificar los argumentos del Tribunal de alzada, también se señaló un segundo argumento, referido a que este concluyó que: “la resolución impugnada contaba con la adecuada fundamentación descriptiva e intelectiva, así como fundamentación jurídica coherente con la parte dispositiva de la misma no percibiéndose la existencia de contradicción entre los componentes valorativos y reflexivos en su contenido, constatándose al contrario que el Juez de sentencia sobre la responsabilidad penal de la imputada fueron adecuadamente fundamentados sobre el delito acusado y condenado”, argumento que demuestra que pese al erróneo planteamiento, el Tribunal de alzada efectuó el control legal sobre la valoración probatoria son identificar contradicción en los componentes valorativos, resultando en consecuencia que la actuación del Tribunal Ad quem fue correcta, por enmarcarse su decisión al  ámbito de su competencia a tiempo de resolver la problemática planteada.


En cuanto al segundo motivo de casación, sujeto al análisis vía flexibilización ante la denuncia de vulneración a su derecho a la defensa y al principio de congruencia; puesto que, la imputada hubiese sido condenada por haber dicho un insulto que no consta ni en la querella ni en el auto de apertura, situación que no hubiese sido reparada por el Tribunal ad quem; corresponde verificar cuáles los argumentos esbozados por el Tribunal de


alzada para establecer la inexistencia de los defectos alegados por la recurrente; es así, que a fs. 7 y 8 del Auto de Vista recurrido, señaló que a los fines de resolver el defecto previsto en el inc. 11) del art. 370 del CPP, respecto a la congruencia de las resoluciones judiciales, se debía tener presente lo señalado por el Auto Supremo 103 de 25 de febrero de 2011, destacando que la incongruencia se da cuando la parte imputada es condenada por un hecho distinto al atribuido en la acusación, conforme lo establece el art. 362 del CPP; sin embargo, de la revisión de la Sentencia impugnada concretamente del considerando V (Actividad Probatoria) cursante de fs. 89 a 93 vta., se constató que el Juez A quo no incurrió en el defecto de la Sentencia alegado, ya que en el desarrollo del juicio se contrastó la prueba producida con relación al hecho y a los delitos de Difamación, Calumnia e Injuria, estableciéndose la concurrencia de este último y la absolución por los delitos de Difamación y Calumnia, esto en consideración, a que, lo que se sanciona son los hechos fácticos que vulneran bienes jurídicamente protegidos, en este caso, el “honor” de la parte querellante por la conducta de la imputada en la expresión de la palabra ofensiva de “Puta”, la cual causa la misma ofensa al honor que la palabra “Hija de puta” contenida en la acusación particular, por lo que considerando lo establecido en el tipo penal inserto en el art. 287 del CP, se tendría que el Juez A quo privilegió el principio de verdad material y de valoración integral de las pruebas, apreciando de manera conjunta y armónica la prueba, tal cual así fue desarrollado por el Auto Supremo 067/2013-RRC de 11 de marzo.


De los argumentos expuestos por el Tribunal de alzada identificados precedentemente- y verificados desde el marco conceptual desarrollado en el punto III.2 de la presente Resolución, relativos al principio de congruencia que en lo atinente al tema se tiene que el sistema procesal penal, impone como exigencia, en la redacción de la Sentencia, la prohibición de modificar, suprimir o incluir otros “hechos” que no estuvieran descritos en la acusación, y que sirvieron de base para el enjuiciamiento y la defensa del imputado (congruencia fáctica), debiendo emitir pronunciamiento concordante con esos hechos sujetos a debate y comprobados en juicio. Se tiene que el Tribunal de alzada en una aplicación adecuada de la norma procesal penal, estableció que no resultaba evidente que la imputada haya sido condenada por un hecho distinto al acusado, pues pese al argumento expuesto por la imputada respecto al término exacto con el que se hubiese cometió el delito de Injuria, estableció que de manera indistinta al término utilizado generó una ofensa en el honor de la querellante, tomándose como parámetro de la decisión el principio de la verdad material; de igual manera, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, tampoco resulta evidente que el término “puta” no haya sido motivo de discusión en el juicio, pues a fs. 72,  a tiempo de tomársele la declaración a Catalina Castro Guarayo de manera expresa señaló que entre las ofensas recibidas fue: “eres un puta de m…”; por lo tanto, la recurrente tuvo la oportunidad de defenderse respecto de los hechos que se le atribuían ejerciendo todos sus derechos inherentes a su calidad de imputada en la tramitación de la presente causa y en particular durante el acto del juicio, no resultando evidente la vulneración al principio de congruencia y menos al derecho a la defensa, deviniendo el recurso en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por María Concepción Melendres Salazar.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.



Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos