TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 243/2017

Sucre, 27 de marzo de 2017


Expediente                : Santa Cruz 101/2016

Parte Acusadora        : Sociedad Constructora e Inmobiliaria Jardines del Urubo S.A. 

Parte Imputada        : Juan Fuertes Larrea y otros

Delito                        : Apropiación Indebida


RESULTANDO


Por memorial presentado el 10 de marzo de 2016, cursante de fs. 1863 a 1870, Cristhian Fernando Calvo Colque en representación legal de la Constructora Inmobiliaria Jardines del Urubo S.A., solicita se promueva la Acción de Inconstitucionalidad Concreta del art. 417 del Código de Procedimiento Penal  (CPP), dentro del proceso penal seguido por la Empresa representada por el accionante, contra Juan Fuertes Larrea, Alba Gabriela Iturricha de Vidal, Hendrik Jan Laats, Vivian Moreno Urey y Mayra Cobo Nayar, por la presunta comisión del delito de Apropiación Indebida, previsto y sancionado por el art. 345 del Código Penal (CP).


  1. ARGUMENTOS DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONCRETA CONTRA EL ART. 417 DEL CPP


Los fundamentos de inconstitucionalidad expuestos en el memorial presentado por Cristhian Fernando Calvo Colque, se sintetizan de la siguiente manera:


Expresa que la norma cuestionada es el art. 417 del CPP, que indica: “(Requisitos). El recurso deberá interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación del Auto de Vista impugnado ante la sala que lo dictó, la que remitirá los antecedentes a la Corte Suprema de Justicia dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. En el recurso de señalará la contradicción en términos precisos y como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación incidental en el que se invocó el precedente. El incumplimiento de estos requisitos determinará su inadmisibilidad” (sic), en la que no se establece la posibilidad de emplazamiento; y consiguientemente, presentar argumentos propios de la parte afectada al recurso de casación presentado por la parte contraria sin brindar la posibilidad en igual de oportunidades de pronunciarse a ambas partes, lo que constituye una omisión al derecho esencial de contradicción o bilateralidad de ser oído emergente del derecho a la igualdad y el debido proceso; a cuyo efecto, cita como normas infringidas de la Constitución Política del Estado, las referidas al derecho a la igualdad entre todos, igualdad de oportunidades, la prohibición y sanción de toda forma de discriminación, a las garantías a ser oído y el derecho inviolable a la defensa, previstos en el Preámbulo de la referida Norma Fundamental, arts. 8.I, 9, 14.I, 109.I, 115.I, 119.I, 180.I; y, arts. 8 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos.


Continúa manifestando, previa cita de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0626/2014 y 2189/2010-R de 19 de noviembre, respecto a lo establecido sobre las vertientes del derecho a la igualdad, en las que se hace hincapié a la igualdad procesal o igualdad de oportunidades, siendo lo mismo que igualdad ante la ley, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 01 de octubre de 1999, estableció que para que exista debido proceso legal es preciso que los justiciables puedan hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y condiciones de igualdad procesal con otros justiciables, entendiendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que el principio de igualdad de armas, es parte del debido proceso legal, y que: “todo el que es parte de tales procedimientos debe tener una oportunidad razonable de presentar el caso ante el tribunal en condiciones que no lo sitúe en desventaja sustancial vis-a-vis con su oponente” (Caso Kaufman C/ Bélgica nº 5362/72 y caso Bendenou c/ Francia, A 284), siendo la vertiente del principio de igualdad procesal más relevante, justamente el principio de contradicción o de bilateralidad del contradictorio que se resume en el aforismo óigase a la otra parte, el que está inmerso en la legislación boliviana, en los arts. 30.13 de la Ley 025 y 12 del Código adjetivo penal, resultando que el principio de igualdad se encuentra ligado a otros derechos como lo refirió la Sentencia Constitucional Plurinacional 1221/2016-S2 de 22 de noviembre, esencialmente al derecho al debido proceso, habiendo establecido también el principio de contradicción, en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0355/2015-S2 de 8 de abril.


En conclusión el art. 417 del CPP, no establece un mecanismo legal que permita al oponente a cuestionar u observar los fundamentos del recurso de casación del contrario, considerando que también implícitamente se encuentra vinculado al derecho a la defensa del oponente. Así el promotor de la presente acción precisa  en cuanto a la diferencia de los supuestos de hecho, que en el caso concreto existe una diferencia marcada a situaciones de hecho prevista en la misma norma procesal penal que determina la figura de emplazamiento prevista en la apelación restringida y apelación incidental conforme consta en los arts. 405 y 409 del CPP, que tiene la finalidad que la parte adversa (sea víctima, Ministerio Público o imputado), tengan la oportunidad de cuestionar los fundamentos de la parte contraria, no teniendo una diferencia de trato entre las distintas partes procesales, inclusive la víctima, que ya no requiere su constitución en querellante para el procedimiento común, pudiendo participar en cada una de las fases del proceso como lo señala el art. 11 del CPP, modificado por la Ley 007.


En cuanto, a la finalidad de la diferencia del trato, asevera que no es posible concebir que la finalidad de trato sea distinta para las distintas partes procesales, ya que cada una participa activamente en el proceso y es escuchada en las fases de la etapa preparatoria, juicio, alzada, pero no en la fase de casación, la norma cuestionada, sólo prevé que luego de interpuesto el recurso, debe ser elevado dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, olvidando la participación de la parte adversa a quien de alguna manera podría afectar el resultado de la decisión final sin tener la posibilidad de cuestionar cada uno de los motivos expuestos en el recurso de casación, por lo que la finalidad de la diferencia de trato no tiene asidero alguno; tampoco, encuentra la validez constitucional del sentido propuesto (que la diferenciación sea admisible), ya que la misma Constitución y la Convención invocada (en los artículos citados) obligan al Estado a brindar las mismas condiciones y oportunidades a las personas ante la ley, resultando obvio que emergente del debido proceso, vinculado a la igualdad, es necesario que las partes tengan la posibilidad de ser oídas ante la autoridad competente para que en función a ello se tome una decisión ecuánime a las pretensiones de las partes, a cuyo efecto invoca la Sentencia Constitucional 0121/2006-R de 1 de febrero, de cuyo razonamiento concluye que no es posible dar una diferencia de trato distinta


a las partes y soslayar el principio de contradicción inmerso en la doctrina contenida en la referida Sentencia Constitucional; por cuanto, el proceso como tal en sí tiene un carácter dialéctico considerando que también la misma norma penal indica claramente que las partes gozarán de igualdad de oportunidades (art. 12 del CPP), misma que se desconoce en el artículo cuestionado -417 del CPP-, que no operativiza ese principio esencial que forma parte del debido proceso y la igualdad.


En lo referente a la eficacia de la relación entre hechos, norma y fin; es decir, que exista racionalidad en el trato diferente, calidad distinta a la razonabilidad, implicando la primera a una finalidad legítima, mientras que la segunda, a una finalidad lógica; en el caso concreto, asevera que no hay justificación racional para las asimetrías en el trato de las partes ya que cualquiera (el imputado o la víctima), puede ser la parte adversa de un recurso de casación que puede agravar su situación jurídica en el sentido de sus pretensiones iniciales o la efectivización del proceso; con relación a la proporcionalidad, que implica que la relación o concatenación de todos los anteriores factores sea proporcional, que no se ponga en total desventaja a un sector, que la solución contra la desigualdad evidente no genere una circunstancia de nueva desigualdad, señala que en el caso normativo expuesto, el hecho de limitar la contradicción del recurso de casación es una situación de desigualdad de las partes, ya que tanto la víctima como la parte imputada tienen las mismas probabilidades de ser vulnerables a un recurso de casación, que pueda modificar su posición jurídica frente al otro adversario, pues no hay un privilegio de uno frente al otro.


  1. RESPUESTAS A LA ACCIÓN DE  INCONSTITUCIONALIDAD


Los imputados, Juan Fuertes Larrea, Alba Gabriela Iturricha de Vidal, Hendrik Jan Laats, Vivian Moreno Urey y Mayra Cobo Nayar, pese a su legal notificación, no se pronunciaron sobre la Acción de Inconstitucional Concreta interpuesta por el querellante.


  1. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LA ACCION FORMULADA


Sometidos a análisis los fundamentos expuestos en la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta contra el art. 417 del CPP, así como la ausencia de respuesta de la parte acusada, corresponde exponer los siguientes argumentos de orden constitucional, legal y jurisprudencial.


III.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la admisibilidad o rechazo de la acción de inconstitucionalidad concreta.


De conformidad con lo establecido en el art. 132 de la CPE: “Toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución tendrá derecho a presentar la acción inconstitucionalidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Ley”.


En este orden, el art. 73.2 del CPCo, configura la acción de inconstitucionalidad de carácter concreto, determinando que ésta “procederá en el marco de un proceso judicial o administrativo cuya decisión dependa de la constitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales”.


En consecuencia, este mecanismo de control normativo de constitucionalidad, se encuentra diseñado en el ordenamiento jurídico constitucional, como un proceso constitucional abierto a toda persona individual o colectiva a través del cual se somete a juicio de constitucionalidad una disposición legal  o cualquier resolución no judicial, con la finalidad de verificar su compatibilidad con las normas de la Constitución Política del Estado, para determinar si existe contradicción con sus preceptos y de ser así realizar su depuración del ordenamiento jurídico, buscando en esencia impedir que a tiempo de resolver el proceso judicial o administrativo se aplique una norma contraria con la Constitución.


Es por ello que tanto el legislador como la jurisprudencia constitucional, han establecido determinados requisitos que deben cumplirse para posibilitar su activación dentro de los procesos judiciales o administrativos. Así el Auto Constitucional 0509/2012-CA de 27 de abril,  estableció que “Dentro del marco normativo desarrollado precedentemente, se estable que el legislador consignó los siguientes requisitos de contenido para la procedencia del incidente de inconstitucionalidad: a) Debe ser promovido dentro de la tramitación de un proceso judicial o administrativo por la autoridad encargada del proceso, ya sea, el juez, tribunal o autoridad administrativa, de oficio a solicitud de alguna de las partes que intervienen en el proceso; b) La mención de la disposición legal cuya constitucionalidad se cuestiona y el precepto constitucional que se considera infringido; c) La existencia de duda razonable y fundada sobre la constitucionalidad de la disposición legal aplicable al caso concreto y la vinculación necesaria entre la validez constitucional de la norma con la decisión que deba adoptar la autoridad judicial o administrativa; es decir, para la procedencia de este recurso no basta con cuestionar la constitucionalidad de la disposición legal sino que además la misma tenga que ser necesariamente aplicada a la resolución del caso concreto a ser dilucidado dentro del proceso judicial o administrativo; y, d) La presentación del incidente hasta antes de la ejecutoria de la sentencia” .


Respecto a la relevancia de la norma impugnada en la decisión del proceso judicial o administrativo, el Auto Constitucional 0132/2014-CA de 24 de abril, haciendo referencia a lo expuesto en el Auto Constitucional 0312/2012-CA de 9 de abril, determinó lo siguiente “…La expresión de los fundamentos jurídico-constitucionales es esencial, pues no es suficiente la mera identificación de las normas Constitucionales que se considera estarían siendo infringidas (…) también es imprescindible que se exprese y justifique en qué medida la decisión que debe adoptar el Juez o Tribunal depende de la Constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición legal impugnada'; en consecuencia, la inobservancia de estos requisitos hace inviable el ejercicio de un verdadero control de Constitucionalidad y determina el rechazo del recurso” .


Similar entendimiento fue expresado en los Autos Constitucionales 0035/2014 de 29 de enero y 0100/2014-CA de 10 de marzo. Así el primero de ellos, determinó que si la acción de inconstitucionalidad concreta se la


plantea contra una norma que no será aplicada en la resolución final del asunto, deberá ser rechazada por el juez o tribunal respectivo, señalando lo siguiente: “…a través del AC 0713/2012-CA de 22 de agosto, el Tribunal Constitucional Plurinacional, estableció en virtud del AC 0438/2006-CA de 18 de septiembre, lo siguiente:…los aspectos que de manera ineludible deben ser considerados para formular el incidente de inconstitucionalidad son: a) La existencia de un proceso judicial o administrativo dentro del cual se pueda promover la acción; b) Que la ley, decreto o resolución de cuya constitucionalidad se duda, tenga que ser aplicada a la decisión final del proceso; pues al tratarse de un recurso que se plantea dentro de un proceso concreto, lo que se busca es que en la resolución del mismo, no se aplique una norma que se considera inconstitucional, por lo que, si es planteado contra una norma que no será aplicada a la resolución final del asunto, deberá ser rechazado por el juez o tribunal respectivo”.


La cita jurisprudencial precedente, permite concluir a este Tribunal Supremo, que la autoridad judicial o administrativa, de acuerdo con lo previsto en el art. 80.II del CPCo, promoverá la acción de inconstitucionalidad concreta siempre y cuando exista una disposición legal, cuya sospecha sobre su constitucionalidad sea razonable y fundada y aplicable en el proceso judicial; entonces, además de existir la duda razonable sobre su constitucionalidad, deberá verificarse, si la norma será aplicada en la resolución del caso concreto a ser dilucidado dentro del proceso judicial.

III.2. Análisis del caso concreto.


Con el marco normativo y jurisprudencial que precede, este Tribunal ingresa a analizar, si en la presente causa, corresponde o no promover la acción de inconstitucionalidad concreta planteada por el acusador Cristhian Fernando Calvo Colque en representación legal de la Constructora Inmobiliaria Jardines del Urubo S.A.; por lo que es menester previamente analizar de manera objetiva, si la pretensión constitucional cumple con los requisitos diseñados por el legislador para dicho efecto.


Así, se advierte que el accionante, además de haber citado la norma ordinaria cuya constitucionalidad cuestiona, art. 417 primer párrafo del CPP en cuanto a la frase: “…la que remitirá los antecedentes a la Corte Suprema de Justicia dentro de las cuarenta y ocho hora siguientes”, especifica que las normas constitucionales infringidas, son todas aquellas en las que se reconoce el principio de igualdad y esencialmente el principio de igualdad de partes en el proceso, precisando el Preámbulo y los arts. 8.I, 9, 14.I, 109.I, 115.I, 119.I y 180.I de la Norma Fundamental; y, arts. 8 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos; constatándose que la presente causa se encuentra en etapa de casación, por lo que se entiende que todavía no mereció ejecutoria; en consecuencia, se tiene por cumplidos parte de los requisitos de admisibilidad exigidos en la jurisprudencia constitucional.


Pues, en cuanto a la explicación fundada sobre la presunta inconstitucionalidad de la disposición legal descrita al caso concreto y la vinculación necesaria entre la validez constitucional de la norma con la decisión que deba adoptar la autoridad judicial o administrativa, estrechamente vinculada a la demostración de la relevancia de la norma impugnada en la decisión del proceso -en este caso- judicial, se advierte que el accionante explica que la referida norma procesal penal, en cuanto a la tramitación del recurso de casación, no prevé el emplazamiento; es decir, el mecanismo legal que permita a la parte contraria y afectada con el recurso de casación, cuestionar u observar los fundamentos de éste, soslayando otorgar la posibilidad de pronunciarse a ambas partes, a diferencia de lo previsto en el caso de la tramitación de las fases preparatoria, de juicio y apelación, lo que lesionaría el principio de igualdad de partes, estrechamente ligado al derecho al debido proceso y al principio de contradicción, provocando una posible afectación en la decisión final de la causa, pudiendo modificar su posición jurídica frente al adversario. Argumento que resulta insuficiente para acreditar la relevancia de la aplicación de la referida norma legal en la decisión final del fallo; por cuanto, el accionante omite establecer las razones por las que considera que el traslado a la parte adversa en el recurso de casación, con la consiguiente respuesta de ésta al medio impugnaticio tendría alguna incidencia en la decisión final de fallo, cuando este Tribunal en reiterados pronunciamientos, conforme a la naturaleza del sistema penal acusatorio, estableció que el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual, labor reconocida en la norma procesal penal y en la Ley del Órgano Judicial, correspondiendo a la Sala Penal de este Máximo Órgano colegiado a efectuar un análisis en base al derecho objetivo, para establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados, constituyendo dicha labor eminentemente de derecho, que por su naturaleza-, no admite posturas de contradicción; por cuanto, tal extremo es objeto de análisis y determinación por el Juez o Tribunal de Sentencia y revisable por el Tribunal de apelación, a través del recurso de apelación restringida, sujeto a su propia tramitación y alcances.


En este mismo sentido, se pronunció el Tribunal Constitucional, a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0895/2012 de 22 de agosto, a tiempo de resolver la constitucionalidad de los arts. 416 y 417 del CPP, cuestionados por la exigencia de la presentación de los precedentes contradictorios; sin embargo, dichas consideraciones son plenamente aplicables a la presente causa, al haber efectuado una análisis doctrinal y normativo de la naturaleza y alcance del recurso de casación en materia penal, estableciendo el siguiente razonamiento:


“…el recurso de casación se limita a analizar cuestiones de derecho, sin que se pueda abordar cuestiones de hecho. Así, respecto a la casación en general, Manuel Ossorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas y Políticas, refiere: Acción de casar o anular. Este concepto tiene extraordinaria


importancia en materia procesal, porque hace referencia a la facultad que en algunas legislaciones está atribuida a los más altos Tribunales de esos países (Tribunal Supremo, Corte Suprema de Justicia, Corte de Casación) para entender en los recursos que se interponen contra las sentencias definitivas de los tribunales inferiores, revocándolas o anulándolas; es decir, casándolas o confirmándolas. Por regla general, el recurso de casación se limita a plantear cuestiones de derecho, sin que esté permitido abordar cuestiones de hecho, y, naturalmente, tampoco el tribunal de casación puede entrar en ellas.


La casación tiene como principal finalidad unificar la jurisprudencia, pues sin esa unificación no existe verdadera seguridad jurídica (sic) (negrillas añadidas).


En  ese  orden  y  precisando la definición anterior, Piero Calamandrei, en el

desarrollo de La Casación Civil, define este recurso como “…un instituto judicial consistente en un órgano único en el Estado (Corte de Casación) que a fin de mantener la exactitud y la uniformidad de la interpretación jurisprudencial dada por los tribunales de derecho objetivo, examina sólo en cuanto a la decisión de las cuestiones de Derecho, las sentencias de los jueces inferiores cuando las mismas son impugnadas por los interesados mediante un remedio judicial (recurso de casación) utilizable solamente contra las sentencias que mantengan un error de Derecho en la resolución de mérito….


Concretamente en materia procesal penal, Rafael Hinojosa Segovia, refiriéndose a la naturaleza jurídica y objeto de este instituto procesal, señala: “El recurso de casación es un recurso devolutivo extraordinario ante el grado supremo de la jerarquía constitucional. Por su carácter extraordinario procede únicamente si concurren los presupuestos y requisitos especiales determinados por la ley.


(…)


Ahora bien, el ordenamiento jurídico procesal penal en Bolivia, concretamente el art. 50 del CPP, asigna a la Corte Suprema de Justicia, la competencia exclusiva de conocer y resolver los recursos de casación. Los Tribunales Departamentales -según las normas contenidas en el art. 51 del CPP- conocerán los recursos de apelación restringida, que conforme lo dispone el art. 407 del mismo Código, se interpone por inobservancia o errónea aplicación de la ley y, en relación a la producción de prueba, ésta sólo puede producirse si se trata de aspectos procesales como manda el art. 410 del CPP.


Por su parte, la norma prevista por el art. 416 del CPP establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de los Distritos Judiciales -hoy Tribunales Departamentales de Justicia- contrarios a otros precedentes pronunciados por dicha instancia o por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El precedente contradictorio deberá invocarse por el recurrente a tiempo de interponer la apelación restringida. Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diversos alcances. Determinando el procedimiento a seguir, el art. 417 del CPP, dispone: El recurso deberá interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación del Auto de Vista impugnado ante la sala que lo dictó, la que remitirá los antecedentes a la Corte Suprema de Justicia dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. En el recurso se señalará la contradicción en términos precisos y como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida en el que se invocó el precedente. El incumplimiento de estos requisitos determinará su inadmisibilidad (subrayado añadido). En ese orden, la jurisprudencia constitucional del extinto Tribunal Constitucional definió la casación como: …un recurso extraordinario y excepcional que tiene una doble función, de un lado, la de unificar la jurisprudencia nacional; y, del otro, la de proveer la realización del derecho objetivo, función que en la doctrina se ha denominado nomofiláctica o de protección de la ley´ (SC 1468/2004-R, de 14 de septiembre), ampliando ese entendimiento la SC 1401/2003-R, señaló que: …el recurso de casación es un medio de impugnación que la ley concede a las partes, para que el más alto Tribunal de la Justicia ordinaria del país, resuelva, en base al derecho objetivo, la probable contradicción existente entre el fallo dictado en el caso concreto impugnado, con otro dictado por la misma Sala Penal, por otra Corte, o por la Sala Penal de la Corte Suprema. Lo que significa que el recurso de casación es un medio de defensa al que pueden acceder las partes para impugnar un Auto de Vista no ejecutoriado que consideren desfavorable. De acuerdo a las normas, doctrina y jurisprudencia glosadas precedentemente, se concluye que la configuración procesal que el legislador le ha dado al recurso de casación en materia penal en Bolivia puede sintetizarse en tres puntos: 1) Uniformización jurisprudencial en el sentido de constituir un recurso en perspectiva de mantener líneas de aplicación de la ley uniformes, en miras a constituir un estado de igualdad procesal entre los ciudadanos, para que éstos acudan al órgano judicial y razonablemente obtengan respuestas similares a problemáticas similares (ius litigatoris); 2) El respeto y mantenimiento de la unidad del ordenamiento jurídico a través de un control de legalidad (ius constitutionis); y, 3) La protección de la objetiva aplicación de la Ley (nomofilaquia)”.


En ese entendido, corroborándose que el promotor de la presente acción de inconstitucionalidad no explicó de modo alguno cuál sería la trascendencia de su cuestionamiento en la tramitación del recurso de casación prevista en el art. 417 del Código adjetivo penal, constitutiva de la falta de traslado a la parte adversa con el recurso de casación, que incida en la decisión final de dicho medio de impugnación, que está limitado a efectuar un análisis de derecho en base a la confrontación de los precedentes invocados con la Resolución de apelación impugnada, esta Sala rechaza la pretensión del acusador, actual promotor de la acción.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 80.II del CPCo, resuelve: RECHAZAR la solicitud de promover la Acción de


Inconstitucionalidad Concreta presentada por  Cristhian Fernando Calvo Colque en representación legal de la Constructora Inmobiliaria Jardines del Urubo S.A.


De conformidad al art. 80.III del CPco, remítase al Tribunal Constitucional Plurinacional la presente Resolución junto con las fotocopias legalizadas de los antecedentes pertinentes, debiendo proseguir la tramitación de la causa.


Regístrese y cúmplase.



Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos