TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 242/2017-RRC

Sucre, 21 de marzo de 2017


Expediente                        : Tarija 80/2016

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otra

Parte Imputada                        : Armando Ortiz Ozuna

Delito                        : Violación de Niño, Niña o Adolescente

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 14 de septiembre de 2016, cursante de fs. 385 a 397 vta., Armando Ortiz Ozuna, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 23/2016 de 4 de agosto, de fs. 358 a 360 y su Complementario de fs. 367, pronunciados por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, integrada por los Vocales José Luis Lenz Mamani y Adolfo Nilo Velasco Albornoz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Maribel Cecilia Rearte Gareca contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis del Código Penal (CP), con la Agravante establecida por el art. 310 inc. 2) de la misma norma legal sustantiva.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


1.I. Antecedentes.


  1. Por Sentencia 22/2012 de 16 de julio (fs. 195 a 199 vta.), el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Armando Ortiz Osuna, autor de la comisión del delito de Violación a Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis con la Agravante establecida en el inc. 23) del art. 310 del CP, imponiendo la pena de veinticinco años de privación de libertad sin derecho a indulto, con costas a favor del Estado y el pago de resarcimiento civil emergente del delito, averiguable en ejecución de Sentencia.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Armando Ortiz Ozuna, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 216 a 224 vta.), resuelto por Auto de Vista 9/2013 de 25 de octubre (fs. 248 a 250), dejado sin efecto por Auto Supremo 24/2014-RRC de 24 de marzo (fs. 282 a 284 vta.); en cuyo mérito, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (con la convocatoria de un Vocal de la Sala Civil), dictó el Auto de Vista 23/2016 de 4 de agosto (fs. 358 a 360), que declaró sin lugar el recurso de apelación restringida, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 857/2016-RA de 31 de octubre, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


  1. El recurrente denuncia que tanto en el Auto de Vista recurrido como su complementario, se incumplió lo dispuesto en el Auto Supremo 24/2014-RRC de 24 de marzo (emitido dentro de la presente causa), que dejó sin efecto el Auto de Vista 09/2013, disponiendo de manera expresa que previa la verificación de audiencia de fundamentación complementaria y sorteo se pronuncie nueva resolución sin espera de turno; sin embargo, esta disposición hubiese sido incumplida por el Tribunal de alzada a tiempo de emitir la resolución hoy impugnada pues, en esta se señalaría que no se efectuó la misma por incomparecencia de su persona y su abogada, sin considerar que el imputado se encuentra recluido en el penal de Morros blancos y que para poder asistir a dichas audiencias se requiere de órdenes judiciales para su traslado situación no acontecida, derivando en consecuencia en un defecto absoluto previsto en el art. 169 incs. 3) y 4) del CPP; además, de derechos y garantías constitucionales previstos tanto en el ordenamiento legal interno como internacional. Invoca como precedentes los Autos Supremos 190/2012 de 24 de julio y 61 de 27 de enero de 2007.


  1. Denuncia la existencia de defecto absoluto por la no atención y resolución a si petición de explicación, complementación y enmienda del Auto de Vista recurrido, ya que la misma hubiese sido respondida a través de un simple decreto con fecha de 1 de septiembre en la que sin explicar, enmendar y menos complementar procede a confirmar la Sentencia vulnerando el derecho a una resolución fundamentada, pues el mismo no hubiese sido emito mediante Auto que sea una parte de la Sentencia vulnerando el art. 124 del CPP, además de haber sido firmado por solo el Vocal relator José Luis Lenz incumplimiento la doctrina legal aplicable, sobre que dicha resolución debe ser suscrita por el Tribunal, pues este es parte de la Sentencia. En ese sentido invoca el Auto Supremo 152/2012-RRC de 5 de julio.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita se deje sin efecto el Auto de Vista 23/2016 y su complementación.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 857/2016-RA de 31 de octubre, cursante de fs. 404 a 407, este Tribunal admitió el recurso de casación interpuesto por el recurrente, para el análisis de fondo de los motivos identificados precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación se concluye lo siguiente:


II.1.  De la Sentencia.


Por Sentencia 22/2012 de 16 de julio, el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Armando Ortiz


Osuna, autor de la comisión del delito de Violación a Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis con la Agravante establecida en el inc. 23) del art. 310 del CP, imponiendo la pena de veinticinco años de privación de libertad sin derecho a indulto, con costas a favor del Estado y el pago de resarcimiento civil emergente del delito, averiguable en ejecución de Sentencia, en base al siguiente argumento: Se probó que el acusado trabajaba como guardia de seguridad de la Universidad Juan Misael Saracho y siempre le molestaba a Jimena Rearte Garéca, que colaboraba en la fotocopiadora de su hermana dentro de dicha Universidad, dándose la tarea de perseguirle al baño, frecuentemente se ofrecía llevarle al colegio; es así, que una noche en junio de 2009, convenció a la menor abordar un taxi y se dirigieron a un cuarto, donde decía quererla, mientras estaba recostada en la cama logró quitarle el pantalón y la ropa interior y pese a los esfuerzos de la menor el acusado abusó sexualmente a la fuerza. En el tiempo, los abusos sexuales seguían; pero, la hermana de la víctima empezó a darse cuenta que la menor salía con el acusado hasta que se embarazó, sin avisar a nadie por temor, dando a luz el 3 de noviembre del 2010. Según los resultados del dictamen pericial, se concluye que de las comparaciones genéticas de las muestras biológicas colectadas en la víctima, bebé e imputado, no se excluye a Armando Ortiz Osuma como padre biológico, por lo que en aplicación del art. 173 del CPP y analizando minuciosamente toda la prueba judicializada, se concluye que el acusado es autor de la comisión del delito de Violación.


II.2.  De las audiencias de fundamentación de apelación restringida.


Por decreto de 28 de noviembre de 2014 (fs. 345), se señaló audiencia de fundamentación complementaria, que fue suspendida por inasistencia del abogado defensor del imputado conforme se evidencia del acta de 11 de diciembre 2014, señalándose nueva audiencia para el 16 de diciembre de 2014, que también fue suspendida porque la abogada del acusado informó que ya no ejercía patrocinio, señalándose audiencia para el 22 de diciembre del mismo año (fs. 347), que fue suspendida porque uno de los vocales se encontraba de vacación, programándose nueva audiencia para el 2 de enero del 2015, que finalmente fue suspendida por lo siguiente: “ Que al no haberse hecho presente la parte apelante que ha solicitado la audiencia de fundamentación complementaria se DECLARA DECAIDO el derecho a la fundamentación complementaria… y se resolverá el medio impugnatorio previo sorteo y sin espera de turno” (fs. 349).


II.3.  Convocatoria a Vocal de la Sala Civil del Tribunal Departamental.


Mediante resolución de 22 de abril de 2016 (fs. 355), el Presidente de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, en aplicación a los principios de celeridad, tutela judicial efectiva, jerarquía normativa y al art. 1 de la Ley 586, convocó a Adolfo Nilo Velasco Albornoz, Vocal de la Sala Civil Primera de Familia, Niñez y Adolescencia, para conocer y resolver la presente causa. Resolución que fue notificada al imputado Armando Ortiz Ozuna mediante diligencia de 4 de julio del 2016 (fs. 356). 


II.4.  Auto de Vista 23/2016 de 4 de agosto.


Por Auto de Vista 23/2016 de 25 de agosto, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, se declaró sin lugar el recurso de apelación restringida, aclarando antes de ingresar al fondo lo siguiente: “En fecha 2 de enero de 2015 se declara decaído el derecho a la fundamentación complementaria ante la inasistencia a la audiencia del imputado apelante Armando Ortiz Ozuna y de su abogada (fojas 349) con la concurrencia de los vocales de la Sala Penal Primera…” (sic).


II.5. De la explicación, Complementación y Enmienda.


Por memorial de 30 de agosto de 2016, Armando Ortiz Ozuna, solicitó explicación, Complementación y Enmienda, argumentando que sorprende la participación de un vocal de la Sala Civil al emitir el nuevo Auto de Vista, sin estar presente en la audiencia de fundamentación, pese a que el Auto Supremo que dejó sin efecto el Auto de Vista 9/2013, estableció que debía emitirse un nuevo Auto de Vista con los Vocales de la Sala Penal que estuvieron presentes en la audiencia de fundamentación, que se llevó a cabo cuando correspondía.


Ante la negativa de uno de los vocales de la Sala Penal de emitir el nuevo Auto de Vista conforme a la doctrina legal emitida por el Tribunal Supremo, se vulneró el debido proceso en su vertiente tutela judicial efectiva y a ser juzgado por tribunales y jueces competentes, pues ante la negativa de los vocales de la Sala Penal se convocó a uno de la Sala Civil, designación con la que no fue notificado, negando el derecho a la defensa utilizando los medios ordinarios y extraordinarios que correspondían.


El hecho de que no asistió a la audiencia es porque se encuentra recluido, privado de libertad en la cárcel, pues dependía de la orden que debió darse para que asista, orden que nunca llegó; por lo que solicita se explique, Complemente y Enmiende: la negativa de la Sala Penal para volver a emitir el Auto de Vista dejado sin efecto por el más alto Tribunal de Justicia, asimismo enmiende en cuanto a que mi persona no asistió a la audiencia…“ (sic).


II.6. Resolución de la solicitud de explicación, complementación y enmienda.


Mediante resolución de 1 de septiembre de 2016, el presidente de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija señaló: “En mérito a la solicitud de explicación Complementación y enmienda se tiene que el AV 23/2016 punto 3.- este tribunal de alzada ya se ha pronunciado con relación a lo que peticiona, por lo que no habiendo más que complementar se confirma la resolución” (sic.).


    III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN


En el caso presente la parte imputada formula recurso de casación denunciando que no se cumplió con un fallo emitido por esta Sala que dispuso la verificación de


audiencia de fundamentación del recurso de apelación y que la solicitud de complementación, explicación y enmienda fue resuelta a través de un simple decreto, correspondiendo resolver las problemáticas planteadas.


III.1.        Sobre la denuncia de falta de realización de la audiencia de fundamentación.


       La parte recurrente invoca el Auto Supremo 024/2014-RRC de 24 de marzo, que fue pronunciado dentro del presente proceso; donde el Auto de Vista 09/2013 de 25 de octubre, fue dejado sin efecto, en base a la siguiente doctrina legal aplicable: “… se vulneró la garantía del debido proceso, así como el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva, al haberse emitido el Auto de Vista con un vocal, que pese a haber quedado como relator, como consecuencia del sorteo efectuado, no participó en la audiencia de fundamentación complementaria del recurso de apelación restringida en vulneración al principio de inmediación; lo que supone a su vez, la concurrencia de defectos absolutos no susceptibles de convalidación conforme el art. 169 inc. 3) del CPP, invocado por el recurrente en su recurso; en cuyo mérito, siendo que las normas procesales que efectivizan derechos fundamentales que hacen al debido proceso, como el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva, son de orden público y de cumplimiento obligatorio, corresponde dejar sin efecto la resolución recurrida de casación”.


De la misma forma, invocó el Auto Supremo 61 del 27 de enero de 2007, pronunciado dentro de un proceso seguido por el delito de Estafa (conversión de acciones); Auto de Vista que fue dejado sin efecto, ya que el recurrente denunció como defecto absoluto el hecho de que el recurso fue recibido y tramitado hasta el momento de celebración de la audiencia de fundamentación oral, en la Sala Penal Primera de la Corte de Santa Cruz, cuando el proceso fue sorteado en el sistema informático para la Sala Penal Segunda, por lo que pese a estar justificada la remisión del recurso de apelación restringida, quedó establecido que la audiencia de fundamentación fue celebrada por un Tribunal incompetente, acto que no fue renovado por el Tribunal a quo, como era su deber ya que esa audiencia fue expresamente solicitada por el recurrente y a los efectos de la inmediación y el derecho a la defensa, ese acto debió necesariamente ser celebrado por el Tribunal que resolverá el recurso, por lo que la Sala de casación emitió la siguiente doctrina legal aplicable:


“En los casos en que por error se hubieran celebrado actos procesales por un juez o Tribunal incompetente, los mismos deberán ser renovados por el juez o Tribunal competente, excepto los casos de convalidación establecido en el artículo 47 del Código de Procedimiento Penal.


La celebración de la audiencia de fundamentación oral del recurso de apelación restringida, como parte del derecho a la defensa del recurrente, necesariamente debe ser celebrada por el Tribunal que resolverá la causa, a efecto de garantizar los principios de publicidad, oralidad e inmediación”.


También invocó el Auto Supremo 190/2012 de 24 de julio, que fue pronunciado dentro de un proceso penal seguido por la comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Prevaricato y Negativa o Retardo de Justicia tipificados por los arts. 154, 173 y 177 CP, Auto de Vista que fue dejado sin efecto porque el Tribunal de Alzada, omitió su obligación de señalar audiencia en sujeción a lo dispuesto por el art. 411 del CPP, infringiendo dicha normativa procesal y con ella restringiendo los derechos de defensa y a la tutela judicial efectiva, incurriendo en defecto absoluto tal cual establecen los arts. 167 y 169 inc. 3) de la Ley 1970, por lo que la Sala de casación emitió la siguiente doctrina legal aplicable:


“Se vulnera lo dispuesto por los arts. 411 y 412 del Código de Procedimiento Penal, además de la garantía del debido proceso, del que dimanan los derechos a la defensa y a la tutela judicial efectiva en lo concerniente al derecho de acceso a los recursos inherentes al principio de impugnación, garantizado por el parágrafo II del art. 180 de la Constitución Política del Estado, cuando el apelante ofrece prueba y el Tribunal de Alzada omite señalar audiencia a efectos de su consideración, incurriendo de esa manera en defecto absoluto inconvalidable”.


Considerando que los Autos Supremos 024/2014-RRC de 24 de marzo y 61 del 27 de enero de 2007, contienen similitud con la denuncia efectuada por el recurrente, corresponde ingresar al fondo;  aclarando sin embargo, que con relación al Auto Supremo 190/2012 de 24 de julio, éste no será tomado en cuenta al no tener una situación análoga a las denuncias del recurrente, ya que dicha doctrina refiere en lo principal, a la falta de señalamiento de audiencia, pero en el presente caso se denuncia la no realización de la audiencia de fundamentación, aspecto distinto.


Ingresando al fondo y siempre en el marco de análisis delimitado por el Auto Supremo de Admisión, se tiene que el recurrente denuncia que tanto el Auto de Vista recurrido como su complementario, incumplieron con lo dispuesto en el Auto Supremo 024/2014-RRC de 24 de marzo, que dejó sin efecto el Auto de Vista 09/2013, que ordenó de manera expresa que previa la verificación de audiencia de fundamentación complementaria y sorteo, se pronuncie nueva resolución sin espera de turno; sin embargo, esta disposición hubiese sido incumplida por el Tribunal de alzada que a tiempo de emitir la resolución hoy impugnada, señaló que el recurrente y su abogado no comparecieron a dicha audiencia, sin considerar que él se encuentra recluido en el penal de Morros Blancos y que para poder asistir a la citada audiencia se requiere de órdenes judiciales para su traslado situación no acontecida, derivando en consecuencia en un defecto absoluto.


Ahora bien, según informan los datos del proceso, en cumplimiento al Auto Supremo referido dictado en el presente proceso, se tiene que el Tribunal de alzada señaló audiencia de fundamentación oral del recurso de apelación restringida, que fue suspendida en dos oportunidades, la primera porque el imputado se encontraba sin su abogado y la otra por renuncia de su abogada defensora, por lo que se programó audiencia para el 2 de enero del 2015, siendo finalmente suspendida con el argumento de: “Que al no haberse hecho presente la parte apelante que ha solicitado la audiencia de


fundamentación complementaria se DECLARA DECAIDO el derecho a la fundamentación complementaria…y se resolverá el medio impugnatorio previo sorteo y sin espera de turno” (sic); posteriormente a ello, por Resolución de 22 de abril de 2016, el Presidente de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, en aplicación a los principios de celeridad, tutela judicial efectiva, jerarquía normativa y al art. 1 de la Ley 586, convocó a Adolfo Nilo Velasco Albornoz, Vocal de la Sala Civil Primera de Familia, Niñez y Adolescencia, para conocer y resolver la presente causa, actuado que fue notificado al imputado Armando Ortiz Ozuna el 4 de julio del 2016.


En este sentido, se constata que el imputado tenía pleno conocimiento de la audiencia a realizarse el 2 de enero de 2015, justamente porque fue notificado con esa audiencia y además se constituye en la parte solicitante de la audiencia de fundamentación; sin embargo de ello, desde la fecha indicada donde se declaró “decaído” su derecho de fundamentación y se dispuso que se resuelva medio impugnatorio que formuló hasta la Resolución del 22 de abril de 2016, transcurrió más de un año, sin que el imputado haya activado algún medio impugnatorio contra las decisiones referidas, pretendiendo hacerlo recién mediante el recurso de casación, pues el imputado -como se dijo- siendo el solicitante de la audiencia de fundamentación actuó con total pasividad al no reclamar cualquier defecto que consideraba contrario a sus intereses, pues ante la suspensión de la audiencia tenía mucho más de doce meses para hacerlo, por lo que menos podría argumentarse que se le dejó en un estado de indefensión, ya que en el marco del principio de legalidad, se tiene que el art. 16 de la Ley del Órgano Judicial es claro al establecer que los magistrados y los vocales deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente; en concordancia con ello, el art. 17 de la misma ley, igualmente refiere que la nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos; ambas disposiciones diseñadas por el legislador encuentran su esencia en el principio de convalidación, en virtud del cual toda nulidad no observada oportunamente se convalida por el consentimiento, permitiendo que el acto quede ejecutoriado y firme en la producción de sus efectos.


En este sentido, el recurrente no acreditó que exista memorial alguno después del 2 de enero de 2015 (suspensión de la audiencia) hasta el 4 de agosto de 2016, que se dictó el Auto de Vista ahora impugnado, por el cual haya reclamado, el por qué no fue conducido, programado una nueva audiencia, o finalmente impugnado por alguna irregularidad por la convocatoria a un vocal de la Sala Civil, menos podría indicar el recurrente que no ha existido un tiempo razonable o proporcional para poder realizar los referidos reclamos; en todo caso, la convocatoria a otro Vocal, fue consecuencia de la aplicación de principios constitucionales y la aplicación objetiva del espíritu de la Ley 586 de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, es más, dicho actuado, fue notificado al imputado el 4 de julio de 2016 y luego de un mes recién fue emitido el Auto de Vista ahora impugnado.


Consiguientemente, se constata que no existe contradicción con los precedentes invocados, ya que fue el propio imputado quien se puso en ese estado, al no haber activado oportunamente ningún reclamo sobre algún acto que considere vulneratorio a sus derechos, en todo caso -como se dijo- se encontraba en todo momento habilitado para activar algún medio de defensa a las decisiones asumidas judicialmente, pretendiendo recién buscar una nulidad, contrariamente al principio de celeridad, preclusión y convalidación, por lo que el motivo deviene en infundado.

                     

III.2.        Sobre la denuncia de falta de fundamentación de la solicitud de explicación, complementación y enmienda. 


La parte recurrente invocó el Auto Supremo 152/2012-RRC de 5 de julio, que fue pronunciado dentro de un proceso penal seguido por la presunta comisión de los delitos de Peculado, Encubrimiento e Incumplimiento de Deberes; Auto de Vista que fue dejado sin efecto, por cuanto la decisión del Tribunal de Alzada de declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación restringida con el argumento de que su presentación fue extemporánea, no consideró que el recurrente formuló una solicitud de complementación, explicación y enmienda y que el plazo de quince días previsto por el art. 408 del CPP, comenzó a correr al día siguiente de practicada la notificación con la resolución judicial por la cual el Tribunal de Sentencia, se pronunció respecto a la solicitud planteada por el recurrente en ejercicio de la facultad concedida por el art. 125 in fine del citado Código; por lo que, la Sala de casación emitió la siguiente doctrina legal aplicable:


“…la notificación con esa resolución determina el inicio del cómputo del plazo para la interposición del recurso de apelación restringida; lo que implica, que el término de quince días previsto por el art. 408 del CPP, empieza a correr al día siguiente de practicada la notificación con el Auto que resuelva la solicitud de complementación, explicación y enmienda, conforme las previsiones del art. 130 parágrafo tercero del citado Código, sin que sea relevante que la determinación del Juez o Tribunal de Sentencia conceda o rechace la pretensión.


Este entendimiento asumido por este Tribunal encargado de desarrollar la interpretación de la legalidad ordinaria, se funda en la necesidad de asumir una interpretación acorde al principio de favorabilidad en consideración a que la Constitución Política del Estado, al establecer normas relativas a la jurisdicción ordinaria, garantiza en su art. 180.II el principio de impugnación en los procesos judiciales que, de acuerdo a la doctrina, se considera fundamental en todo procedimiento; por tanto, cualquier acto del órgano jurisdiccional que resulte lesivo al interés de las partes y en consecuencia le cause agravios, le permite impugnar los mismos con el propósito que se enmienden los errores o vicios en los que se haya incurrido. Tal es la relevancia de este principio, que en instrumentos internacionales se asume que la impugnación se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determina el art. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y el art. 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.



Por otra parte, este entendimiento garantiza la igualdad de las partes para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asisten, en los términos señalados en el art. 119 de la Constitución Política del Estado, pues asumir el criterio de supeditar el inicio del cómputo del plazo para interponer el recurso de apelación restringida a la decisión que vaya a tomar el Juez o Tribunal de Sentencia respecto a la solicitud de complementación, explicación y enmienda, generaría discrecionalidad cuando no arbitrariedad de parte del tribunal competente, cuando quede a su criterio resolver sobre la admisibilidad o no del recurso de apelación restringida”.


Por lo referido, puede advertirse que el precedente invocado y su doctrina legal aplicable, fue generada en una problemática totalmente distinta a la planteada en el presente recurso; es decir, no concurre una situación de hecho similar, ya que en el presente caso, el recurrente denunció la existencia de defecto absoluto por la no atención y resolución a su petición de Explicación, Complementación y Enmienda del Auto de Vista recurrido, ya que el mismo hubiese sido respondido a través de un simple decreto por el cual sin explicar, enmendar y menos complementar procedió a confirmar la Sentencia vulnerando el derecho a una resolución fundamentada; además, de haber sido firmado por solo el Vocal relator pese de que dicha resolución debe ser suscrita por el Tribunal; sin embargo, el precedente invocado por el recurrente, fue generado porque el Tribunal de alzada declaró inadmisible el recurso de apelación restringida por extemporaneidad, sin considerar que el plazo para establecer la admisibilidad o no del recurso, debió computarse desde el día siguiente de la notificación con la resolución que resolvió la complementación, explicación y enmienda. En este sentido, este Tribunal no puede visualizar la existencia de contradicción en los términos previstos por el art. 416 del CPP, siendo necesario destacar que en casos semejantes al presente, este Tribunal dejó sentado el siguiente criterio contenido en el Auto Supremo 396/2014-RRC de 18 de agosto de 2014 (entre otros), respecto a los requisitos que deben cumplir los precedentes contradictorios: “Siendo el recurso de casación un mecanismo que busca otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cuestionar la inadecuada aplicación o interpretación de las disposiciones legales realizadas por el Tribunal de apelación, contrarios a otros precedentes, debe señalarse que el precedente contradictorio en materia penal, constituye una decisión judicial, previa al caso analizado, que al ser emanado por un Tribunal superior en grado o por uno análogo, debe ser aplicado a casos que contengan similitud con sus hechos relevantes; al respecto, la normativa procesal penal en el país, ha otorgado al precedente contradictorio carácter vinculante (art. 420 del CPP). La importancia de precedente contradictorio, deviene del objetivo y fin del recurso casacional, toda vez que el más alto Tribunal de Justicia del Estado, tiene la tarea u objetivo de unificar o uniformar la jurisprudencia nacional, con el fin de brindar seguridad jurídica a las partes inmersas en un proceso judicial, asegurando la aplicación uniforme de la ley y por ende la efectivización del principio de igualdad y la tutela judicial efectiva;  atribución, que se encuentra descrita en los arts. 419 del CPP y 42 inc. 3) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y que es conocida como función nomofiláctica (interpretación de la norma en procura de una jurisprudencia uniforme e integrada).


De lo anterior, se establece que únicamente son recurribles en casación, aquellos Autos de Vista que resulten indudablemente contrarios a la jurisprudencia establecida en un hecho similar; por este motivo, para que el planteamiento del recurso casacional sea certero, el recurrente no debe limitarse únicamente a presentarlo dentro el plazo dispuesto por ley y señalar la contradicción en la que creyere que incurrió el Tribunal de alzada respecto al fallo citado, lo que podría derivar en la admisibilidad del recurso, sino, debe asegurarse que el o los precedentes invocados, correspondan a situaciones fácticas análogas, como exige el art. 416 del CPP; lo contrario, por simple lógica, imposibilita a este Tribunal, verificar en el fondo la denuncia de contradicción por ser inexistente; es decir, que al no tratarse de situaciones fácticas similares, bajo ningún aspecto podría existir contradicción en la resolución entre uno y otro fallo(las negrillas no cursan en el texto original). Por lo referido, el presente recurso deviene en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art.

419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Armando Ortiz Ozuna, de fs. 385 a 397.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.




Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos