TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 234/2017-RRC

Sucre, 21 de marzo de 2017


Expediente        : Santa Cruz 90/2016

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        :        Alexander Dorado Contreras y otros

Delitos                : Asesinato y otros

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 14 de junio de 2016, cursante de fs. 1273 a 1279 vta., Ramiro Aguirre Salazar, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 38 de 20 de abril del 2016, de fs. 1245 a 1251, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, integrada por los Vocales Zenón Rodríguez Zeballos y Sigfrido Soleto Gualoa, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Edgar Cosme Yujra contra Humberto Erasmo Rodríguez Rodríguez, Carlos Alberto Vaca Contreras, Alexander Dorado Contreras y el  recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Asesinato, Homicidio y Robo Agravado, previstos y sancionados por los arts. 252, 251 y 332 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 65/2015 de 26 de agosto (fs. 1042 a 1055), el Tribunal Séptimo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Alexander Dorado Contreras, autor de la comisión del delito de Lesión seguida de Muerte, imponiendo la pena de ocho años de reclusión; asimismo, declaró a Alex Dorado Contreras, Humberto Erasmo Rodríguez y Ramiro Aguirre Salazar, absueltos de responsabilidad y pena de los delitos de Asesinato, Homicidio y Robo Agravado, previstos y sancionados por los arts. 252, 251 y 332 del CP.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Alex Dorado Contreras (fs. 1109 a 1111 vta.), los querellantes Elena Siles Rojas y Edgar Cosme Yujra (fs. 1124 a 1129 vta.) y el Ministerio Público (fs. 1148 a 1152), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 38 de 20 de abril de 2016, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisibles y procedentes en parte las apelaciones de los querellantes y del Ministerio Público, deliberando en el fondo revocó parcialmente la Sentencia absolutoria respecto de Ramiro Aguirre Salazar declarándolo autor de la comisión del delito de Homicidio, tipificado en el art. 251 del CP, imponiendo la pena de quince años de presidio, a cumplir en la cárcel pública de Palmasola, motivando la interposición del presente  recurso de casación.




I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 802/2016-RA de 17 de octubre, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


  1. El recurrente denuncia que los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, al emitir el Auto de Vista 38/2016 de 20 de abril, excedió su labor que la ley les asigna pues, dictan una Sentencia condenando a su persona sin considerar que inicialmente fue absuelto por el Tribunal Séptimo de Sentencia; al respecto, denuncia que si el Tribunal de alzada consideraba que en la Sentencia apelada se incurrió en defectos, lo que correspondía era anular total o parcialmente la misma y ordenar su reposición del juicio y no así dictar nueva sentencia que en los hechos representan inobjetablemente una revalorización de la prueba, actividad vedada en esta etapa y más aun cambiando la situación jurídica del imputado lo que constituye un defecto absoluto no susceptible de convalidación aspecto establecido en el Auto Supremo 304/012 de 23 de noviembre de 2012, se alega además que a tiempo de revalorizar prueba el Tribunal de alzada hizo alusión a lo que hubieren señalado los testigos solo en cuanto a lo que les convenía sin establecer lo que realmente manifestaron los testigos (Policía Roberto Colque Alvarado, Gery Lena Gonzales, Jesús Mauricio OROS Saucedo y Cristian Marcos Paiba García), observando que ninguno de ellos lo reconoció como supuesto autor del delito acusado, vulnerándose con ello el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), al haberse incurrido en errónea e incorrecta aplicación de la ley en cuanto se refiere a los arts. 365 con relación al 413 del CPP, al respecto invoca el Auto Supremo 91 de 28 de marzo de 2006, que sobre la problemática plantea que la valoración de los hechos es privativa del Juez o Tribunal de Sentencia y que en su caso al Tribunal de alzada lo que le corresponde es identificar la falla o impericia del juez en la valoración probatoria además de observar que las reglas de la sana crítica hayan sido cumplidas, en el mismo sentido se hubiese pronunciado los Autos Supremos 53/2012 de 22 de marzo y 167/2012 de 4 de julio.


  1. Se alega que el Tribunal de alzada basó su análisis interpretativo de forma errónea, ya que ingresó a revalorizar la prueba, incurriendo en violación a la norma procesal al mantener la sentencia condenatoria  del coacusado Alexander Dorado, por la supuesta comisión del delito de Lesiones Seguida de Muerte como si se tratase de hechos distintos vulnerándose el principio de congruencia contenido en el art. 362 del CPP; toda vez, que a su persona le sentencia por el delito de Homicidio, sin tomar en cuenta que al otro acusado se le condena por Lesión Seguida de muerte, conclusión que daría a entrever que se trataría de dos hechos distintos, violentándose su derecho a la defensa, el debido proceso y seguridad jurídica contenidos en los arts. 115 y 117 de la CPE, incurriendo con ello en defectos absolutos no susceptibles de convalidación correspondiendo la nulidad del Auto de Vista impugnado; al respecto, invoca y cita la parte pertinente el Auto Supremo 368 de 17 de septiembre de 2005.





I.1.2. Petitorio.


EL recurrente solicita  “casar” el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo se revoque la resolución impugnada y se mantenga firme la sentencia de primera instancia.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 802/2016-RA de 17 de octubre, cursante de fs. 1348 a 1351 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Ramiro Aguirre Salazar, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1.  De la Sentencia.


Por Sentencia 65/2015 de 26 de agosto, el Tribunal Séptimo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Alexander Dorado Contreras, autor de la comisión del delito de Lesión seguida de muerte, imponiendo la pena de ocho años de reclusión; asimismo, declaró a Alex Dorado Contreras, Humberto Erasmo Rodríguez y Ramiro Aguirre Salazar, absueltos de responsabilidad y pena de los delitos de Asesinato, Homicidio y robo Agravado, previstos y sancionados por los arts. 252, 251 y 332 del CPP.


Entre los hechos probados, el A quo, establece que los hechos denunciados relacionados con la muerte de la víctima DBC sí sucedieron, que en ellos participó Alexander Dorado Contreras; que no se demostró la participación de Ramiro Aguirre Salazar y Humberto Erasmo Rodríguez Rodríguez, por cuanto el Ministerio Público y acusador particular no individualizaron la participación de los mismos, por cuanto no describieron ni demostraron de forma individualizada su participación en los hechos sometidos a juzgamiento ya que las pruebas del Ministerio Público y el acusador particular, fueron insuficientes y contradictorias, en razón que de entre los testigos existieron enormes contradicciones; que Alexander Dorado Contreras, es autor y partícipe del delito de Lesión Grave seguida de muerte, tipificado por el art. 273 del CP. Como hecho no probado establece que no se demostró la participación de los imputados Ramiro Aguirre Salazar, Humberto Erasmo Rodríguez y Alexander Dorado Contreras, en los delitos de Asesinato, Robo Agravado y Homicidio.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista impugnado, resolvió el recurso de apelación restringida interpuesto por el co-imputado Alexander Dorado Contreras y la parte acusadora fiscal y particular, declarando admisible e improcedente el recurso de la parte imputada y admisible e improcedente el recurso de los acusadores, manteniéndose la situación jurídica del acusado absuelto Humberto Erasmo Rodríguez y finalmente admisible y procedente el recurso de los acusadores, modificando la Sentencia absolutoria de Ramiro Aguirre Salazar, a quien lo declaró autor de la comisión del delito de Homicidio, tipificado pro el art. 251 del CP, imponiendo la pena de 15 (quince) años de presidio más trescientos  días multa a razón de Bs. 1.- (un boliviano) por cada día, con costas; bajo los siguientes argumentos:


En el cuarto considerando del Auto de Vista impugnado, el Tribunal de apelación, argumentó que; en el caso de autos, los datos del proceso y pruebas de cargo, especialmente la declaración de Jesús Mauricio Oros Saucedo, la cual a decir del Ad quem sería bastante clara y precisa al individualizar al coimputado Ramiro Aguirre Salazar, como la persona que correteó a la víctima con un palo de mano, utilizó un Vehículo color plomo con placa Nº 2451 IID, de propiedad de Alicia Salazar de Aguirre, madre del referido imputado; que lo más importante a decir del de alzada, es que dentro del desfile identificatorio, se había señalado directamente al imputado Ramiro Aguirre Salazar como el principal autor de la muerte de Douglas Bolívar Cosme Siles de diecisiete años de edad, cuando éste después de salir el 5 de abril del 2014, a tiempo de retirarse de una fiesta del Centro de Eventos del Club Real Santa Cruz, al promediar las 02:00 horas, había sido atacado sorpresivamente por un grupo de desconocidos que tendrían la firme intención de atacarlo y al negarse la víctima a la entrega de sus pertenencias, había sido agredido físicamente con palos, bates y tacos de billar, lo que ocasionó la muerte de la víctima como había informado la Médico Katherine Ramírez Vinaya; también, existiría a decir del Tribunal de apelación, otro testigo clave Gery Lens Gosalves, quien había identificado e individualizado al co-imputado Ramiro Aguirre Salazar, como la persona que conducía el vehículo referido precedentemente y quien recogió más gente de la calle Nº 1 para agredir a la víctima, declaración que a decir del Ad quem, se encontraría corroborada por el testigo Roberto Colque Alvarado policía-, quien había referido que identificaron como autor al imputado Ramiro Aguirre; por lo que el Tribunal de apelación concluye refiriendo que, todos los testigos de cargo señalan a Ramiro Aguirre como el principal autor de la muerte de la víctima, por lo que su conducta típica, antijurídica, culpable y punible, al concurrir los elementos esenciales constitutivos del delito de Homicidio, tipificado por el art. 251 del CP, establecerían que la Sentencia incurrió en los defectos previstos por los incs. 1) y 6) del CPP.


En el sexto considerando del Auto de Vista hoy impugnado, el Tribunal de apelación argumentó que el Fiscal y querellantes, habían mencionado claramente las disposiciones legales vulneradas cómo debían aplicarse e interpretarse, haciendo referencia a la inobservancia y errónea aplicación de la Ley sustantiva y una valoración defectuosa de la prueba, precisando cuales serían estas últimas; posteriormente, haciendo referencia a la doctrina señalada por el Auto Supremo 87 de 1 de marzo de 2006, en el octavo considerando de la resolución, el Ad quem refiere que llega a la conclusión de que el fallo apelado no se ajusta a las normas procesales vigentes, ya que se había inobservado la Ley adjetiva con relación a la valoración defectuosa de la prueba, la falta de fundamentación y motivación



de la Sentencia, por lo que existiría las infracciones acusadas por el Fiscal y los querellantes.


III. VERIFICACIÓN DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO IMPUGNADO CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS POR LA RECURRENTE


En el caso presente, este Tribunal admitió por precedente el recurso de casación interpuesto por el imputado Ramiro Aguirre Salazar, ante la denuncia de revaloración de la prueba e incongruencia en el Auto de Vista hoy impugnado.


III.1. Análisis del caso concreto.


III.1.1. En cuanto a la denuncia de revaloración probatoria.


En el primer motivo de casación, el recurrente denunció que el Tribunal de apelación a fin de cambiar su situación jurídica de absuelto a condenado, revaloró la prueba testifical, ingresando en contradicción con la línea jurisprudencial sentada por:


El Auto Supremo 53/2012 de 22 de marzo de 2012, dictado dentro del proceso penal seguido por Dionicio Luján Rosado contra YMF, por la presunta comisión del delito de Daño Calificado, el cual tuvo como antecedentes, la constatación por parte del Tribunal Supremo de Justicia, que el Tribunal de apelación a tiempo de resolver la denuncia de defectuosa valoración probatoria, desconociendo el debido proceso, había revalorado prueba, lo cual motivó la emisión de la siguiente doctrina legal aplicable.

Conforme con la nueva concepción doctrinaria, la apelación restringida es el medio legal para impugnar únicamente la errónea aplicación de la ley sustantiva o la inobservancia de las normas procesales en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o la Sentencia y no es un medio para revalidar la prueba, pues no es una doble instancia; en ese entendido la facultad de valorar la prueba corresponde exclusivamente al Juez o Tribunal de Sentencia al encontrarse en contacto directo con la producción de la misma, estableciendo los hechos y poniendo en práctica los principios que rigen el juicio oral y público, plasmando en los fundamentos de la sentencia el análisis e interpretación del significado de las pruebas y de los hechos, que deben ser expresados con claridad, concreción, experiencia, conocimiento, legalidad y lógica, producto de la interacción contradictoria de las partes, la que surge de esa pugna de validación de objetos, medios e instrumentos de prueba que se da dentro del contexto del juicio oral y público, cuya objetividad alcanzada de la producción de la prueba, no puede ser reemplazada por la subjetividad del Tribunal de Apelación; pues éste no esta facultado para revisar la base fáctica de la Sentencia, sino analizar si ésta contradice el silogismo judicial, es decir, debe abocarse a controlar que el fundamento sobre la valoración de la prueba y de los hechos tenga la coherencia, orden y razonamientos lógicos que manifiesten certidumbre, lo contrario significaría desconocer el principio de inmediación que se constituye en el único eje central en la producción probatoria reservada exclusivamente para los Tribunales de Sentencia sean estos colegiados o unipersonales, acto con el que se atenta la garantía del debido proceso y se afecta al principio de legalidad formal y material, deviniendo consecuentemente en defecto absoluto contemplado en el art. 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal.

Similar entendimiento fue asumido por los Autos 91 de 28 de marzo del 2006 y 167/2012 de 4 de julio.

Existiendo una situación de hecho similar entre el hecho generador de la doctrina legal descrita precedentemente y la denuncia formulada en el primer motivo de casación, referida a que el Tribunal de apelación habría revalorado prueba, corresponde a este Tribunal ingresar al análisis de fondo y establecer la posible existencia o no de la contradicción denunciada.


En el caso de autos, conforme a lo descrito en el acápite II.3 de la presente resolución, el Tribunal de apelación en el cuarto considerando, concluyó que el Tribunal de mérito incurrió en los defectos de Sentencia previsto en el art. 370 incs. 1) y 6) del CPP, conclusión a la que llegó con base a las siguientes declaraciones: i) Jesús Mauricio Oros Saucedo, la cual el Ad quem considera clara y precisa, al individualizar a Ramiro Aguirre Salazar como la persona que correteó a la víctima con un palo en mano y utilizó un vehículo, ii) Katherine Ramírez Vinaya, quien a decir del Ad quem, es otro testigo clave, pues sería quien identifica e individualiza al referido imputado, como la persona que conducía el vehículo con placa 2451-IID y sería quien recogió más gente de la calle N° 1 para agredir a la víctima; y, iii) Roberto Colque Alvarado, que corroboraría la segunda declaración, señalando que se identificó al autor de los hechos como Ramiro Aguirre; declaraciones que sirven al Ad quem, para afirmar que la conducta típica, antijurídica, culpable y por tanto punible del mencionado imputado, se configuraría en el delito de Homicidio, tipificado por el art. 251 del CP.


Conforme la doctrina legal aplicable emitida por el precedente invocado por el recurrente, se tiene que el recurso de apelación restringida no es un medio para revalorar prueba o revisar cuestiones de hecho, sino es un medio de control de legalidad de la Sentencia, ello quiere decir que, conforme al actual sistema de valoración de la prueba, cual es el “Sistema de la libre convicción, de la sana crítica o de la crítica racional”, el Tribunal de apelación no tiene facultad de valorar la prueba, pues en apelación restringida no se halla munido de inmediación con las pruebas a fin de poderlas valorar conforme a las reglas de la sana crítica, en el caso concreto, el Tribunal de apelación al considerar las declaraciones testificales como claras, precisas, testigo clave; evidentemente, hace una revaloración de la prueba testifical, considerando las mismas como útiles para establecer que el co-imputado Ramiro Aguirre Salazar, es autor del delito de Homicidio.


Esta revaloración probatoria realizada por el Ad quem, viola el principio de inmediación, el cual es parte del principio de oralidad, y por el cual el Juez o Tribunal de mérito al tener contacto directo con la prueba, hallándose munido de inmediación es el único que puede valorar la prueba, justificando el valor otorgado; es decir, además de la calificación de claro, útil, etc., debe justificar las razones por las cuales les otorga esa calidad, fundamento que el Tribunal de apelación no puede realizar al no haber tenido contacto directo con la prueba.



En el octavo considerando de la resolución impugnada, el Tribunal de apelación de manera indudable, ratifica el error cometido al revalorar la prueba, cuando expresamente argumentó que “(…) el fallo apelado no se ajusta a las normas procesales vigentes ya que se ha inobservado la Ley Adjetiva con relación a la valoración defectuosa de la prueba (…)”;  es decir, que afirma la existencia de un defecto procesal en cuanto a la defectuosa valoración probatoria, defecto que ameritaba que el Tribunal de apelación en aplicación a lo dispuesto por el párrafo primero del art. 413 del CPP, disponga el reenvío del juicio; empero, erróneamente sin considerar el principio de inmediación y el debido proceso, de manera equívoca, el Tribunal de apelación en el octavo considerando del Auto de Vista, posterior a declarar la existencia de defectuosa valoración probatoria, alega que no es necesario la realización de un nuevo juicio a fin de dictar una nueva Sentencia.


Corresponde aclarar en este punto, que evidentemente el Tribunal de apelación podría dictar nueva sentencia e incluso cambiar la situación jurídica del imputado, empero ello se da con la única condición de no revalorar la prueba ni modificar los hechos establecidos por el A quo, como probados, como dice Fernando de la Rúa en su obra “La Casación Penal”, “(…) todo aquello que para ser valorado necesite la determinación judicial que declare su existencia en el mundo de la realidad, pertenece a los hechos irrevisables (…)”; sin embargo, en el caso de autos, el Tribunal de apelación a fin de modificar la situación jurídica del imputado Ramiro Aguirre Salazar, en lugar de partir su análisis desde los hechos descritos por el de mérito como probados y realizar el encuadramiento de éstos al tipo penal de Homicidio; sin hacer referencia a los hechos probados por el de mérito, en el cuarto considerando del Auto de Vista hoy impugnado, ingresa a revalorar la prueba, a fin de establecer la autoría del imputado en el delito de Homicidio; y peor aún, determina la existencia del defecto procesal de defectuosa valoración probatoria; empero, no señala sobre qué prueba recayó dicho defecto y qué reglas de la sana crítica fueron inobservadas, inaplicadas o aplicadas de manera errónea.


Estableciéndose que es evidente que el Tribunal de apelación incurrió en contradicción con la doctrina legal aplicable, al revalorar la prueba en violación del principio de inmediación y debido proceso, incurriendo en el defecto absoluto previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP, defecto que amerita la nulidad de la resolución impugnada, a fin de que el Tribunal de apelación emita nueva resolución.


Habiéndose establecido la existencia de defectos insubsanables, no corresponde el análisis del segundo motivo de casación, más si se toma en cuenta que la observación realizada nace justamente de la prohibición de revaloración probatoria, que dio lugar a la condena del imputado por el delito de Homicidio, el cual es observado como contradictorio con la condena del co acusado Alexander Dorado Contreras.


       POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Ramiro Aguirre Salazar y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 38 de 20 de abril del 2016, disponiendo que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz de la Sierra, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.



Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos