TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 171/2017-RA

Sucre, 17 de marzo de 2017


Expediente                        Cochabamba 5/2017

Parte Acusadora                Marianela Arias Blanco

Parte Imputada                Edgar Rojas Rodríguez y otra

Delitos                        Apropiación Indebida y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 5 de diciembre de 2016, cursante de fs. 559 a 566 vta., Edgar Rojas Rodríguez y Sandra Hilda Orellana Leytón, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista de 23 de septiembre de 2016, de fs. 531 a 538, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por Marianela Arias Blanco,  contra los recurrentes por la presunta comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del Código Penal (CP), respectivamente.

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

  1. Por Sentencia 36/2014 de 19 de noviembre (fs.472 a 484), el Juez Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a los imputados Edgar Rojas Rodríguez y Sandra Hilda Orellana Leytón, absueltos por la comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del CP.


  1. Contra la mencionada Sentencia, la acusadora particular formuló recurso de apelación restringida (fs. 497 a 506), resuelto por Auto de Vista de 23 de septiembre de 2016, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró parcialmente procedente el citado recurso y anuló totalmente la Sentencia apelada, ordenando la reposición del juicio por otro Juez de Sentencia.


  1. Por diligencia de 28 de noviembre de 2016 (fs. 534), fueron notificados los recurrentes con el referido Auto de Vista; y, el 5 de diciembre del mismo año, interpusieron el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del memorial de recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. El recurrente acusa al Auto de Vista impugnado de ilegal y arbitrario, por lo siguiente: i) El Tribunal de alzada, dispuso la nulidad de la Sentencia basada en dos de los varios principios en los que se fundamenta la justicia ordinaria, forzando el principio de verdad material para favorecer a la parte apelante, que al no haber observado los principios de honestidad, transparencia, igualdad y otros, ha atentado el derecho al debido proceso. ii) Es un error considerar a la valoración de la prueba como un principio, ya que el art. 173 del Código de Procedimiento Penal (CPP), es una norma positiva y no un principio, error conceptual que contraria el principio de probidad al pretender obligar al Juez o Tribunal de Sentencia que valore prueba ilegal en vulneración de los arts. 13 y 71 del CPP; citar un principio inexistente, constituye una actitud desleal de aplicación incorrecta que atenta el derecho al debido proceso y seguridad jurídica. iii) Señala que si se analiza en forma transparente, honesta, proba y lógica el principio de la verdad material, les es favorable en y no así a la parte contraria, porque: 1. En base a un infundado análisis, el Auto de Vista no ingresó al fondo de la Sentencia, que describió el objeto del proceso, los delitos acusados, el tiempo, lugar, participantes, así como los montos de dinero, basándose en hechos reales; realizó un exhaustivo análisis de las pruebas de cargo y descargo, verificando además que la acusada no se encontraba en el país al momento de suscribir los documentos por otra parte contiene la fundamentación descriptiva e intelectiva e hizo la fundamentación de hecho y derecho no encontrando suficiente prueba de convicción que acredite su culpabilidad, porque no existió daño o perjuicio a los bienes de la querellante y no se apropiaron de bienes o dinero. 2. Respecto a la prueba documental de cargo y su valoración: La prueba AP-1, Testimonio 0332/2010 de 30 de abril y 30 de julio de 2012, refleja un contrato de anticresis, en cuyas cláusulas no se evidencia la intervención de los acusados. AP-2, Escritura Pública de 12 de julio de 2011, que solamente fue suscrita por Marianela Arias Blanco, Gualberto Villarroel Jiménez y Mariel Flores López con intermediación de una inmobiliaria. AP-3, Escritura Pública de anticrético, que igualmente no refleja la intervención de los imputados. AP-4,  Carta Notariada que revela montos de capital de anticrético que no fueron honrados. AP-6, Carta Notarial sobre entrega de dineros que contradice la AP-3. AP-7, Carta dirigida a Marianela Arias Blanco, sobre recibo de dinero sin fecha que crea duda en el juzgador. A-10, sobre la legalización de un proceso penal, que no puede considerarse como antecedente en contra de Edgar Rojas, porque existe desistimiento aceptado. Todo esto constituye la incuestionable aplicación del principio de la verdad material, legalidad y transparencia por el Juez de Sentencia, que por el contrario no supo aplicar el Tribunal de apelación.


Agregan que habiendo la Sentencia aplicado los principios de verdad material y contradicción, el Tribunal de alzada alegó falta de fundamentación, defectuosa valoración de la prueba y falta de observancia de las reglas relativas a la congruencia entre la Sentencia y acusación, cuando el juicio oral demostró que por la prueba documental de acusación, los acusados no adecuaron su conducta a los tipos penales de Apropiación Indebida y Abuso de confianza. Que la contradicción se presenta cuando el Auto de Vista impugnado no aplica correctamente el principio de igualdad, verdad material y de contradicción, porque no realizó un verdadero análisis de las pruebas de cargo y descargo en vulneración a estos principios, tampoco se puede respaldar en la Sentencia Constitucional 1905/2000-R y el Auto Supremo 29 de 26 de enero de 2007 porque no realizó un verdadero análisis de las pruebas de cargo y descargo, menos aludir a la Sentencia Constitucional 0713/2010-R de 26 de julio, para fundar la nulidad de la Sentencia, porque esta resolución enseña la prevalencia del conocimiento de los hechos sobre la aparente verdad que pueda emerger de los documentos, que en el juicio nunca se comprobó la subsunción de la conducta a los delitos atribuidos.



Cita como precedentes contradictorios, los Autos Supremos 176/2013 de 24 de junio y 223 de 28 de marzo de 2007.


  1. Aducen insuficiente motivación del Auto de Vista impugnado, para anular la Sentencia absolutoria declarando parcialmente procedente el recurso de apelación, con base al Auto Supremo 111 de 31 de enero de 2007, cuando esta resolución resuelve un caso por otro delito y no de los delitos acusados, no siendo aplicable al presente caso. Asimismo, el Auto de Vista impugnado olvida citar, analizar y ante todo fundamentar respecto de otros principios previstos en el art. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que deben ser complementados, analizando los principios de transparencia, honestidad, legalidad, probidad y de verdad material; y, al no hacerlo se dejó en indefensión y sin conocer cuál el razonamiento para aplicar únicamente los principios de legalidad y trascendencia. Al no haber complementado y explicado por qué no se citaron los demás principios contrarían el Auto Supremo 117 de 20 de abril de 2006. Por otro lado, el caso procesado no debía llegar a la vía penal porque se han tratado obligaciones de carácter civil en contra del Auto Supremo 241 de 1 de agosto de 2005, referido a que la vía penal no puede ser utilizada para perseguir el cumplimiento de obligaciones en razón a la última ratio del derecho penal.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)           Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)   Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento


obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, el recurso fue interpuesto dentro del plazo de los cinco días hábiles previsto por la normativa penal; habida cuenta que los recurrentes fueron notificados con el referido Auto de Vista el 28 de noviembre de 2016, interponiendo el recurso de casación el 5 de diciembre del mismo año, cumpliendo de esta manera, con lo preceptuado por el art. 417 del CPP relativo al plazo, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Los recurrentes en el primer motivo, denuncian que el Auto de Vista impugnado es ilegal y arbitrario, porque en los puntos que describen se hubiese forzado el principio de la verdad material, sin observar los principios de honestidad, transparencia, igualdad y otros, para favorecer a la parte apelante y pretender que el Juzgador valore prueba ilegal, aspectos que atentan el derecho al debido proceso y seguridad jurídica; que el Auto de Vista impugnado, no ingresó al fondo de la Sentencia, que en base a fundamentación descriptiva e intelectiva de hecho y derecho, valorando la prueba, no encontró convicción que acredite su culpabilidad en los hechos atribuidos. Que el Tribunal de alzada, alegó falta de fundamentación, defectuosa valoración de la prueba y falta de observancia de las reglas relativas a la congruencia entre la Sentencia y acusación, sin considerar que por la prueba documental, los acusados no adecuaron su conducta a los tipos penales de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza. Que existe contradicción porque el Tribunal de alzada, no aplica correctamente el principio de igualdad, verdad material y de contradicción, tampoco realiza un verdadero análisis de las pruebas de cargo y descargo en vulneración a estos principios, cuando nunca se comprobó la subsunción de su conducta a los delitos atribuidos. Al respecto, se observa que los recurrentes cumplieron con la obligación procesal de citar el precedente contradictorio consistente en el Auto Supremo 176/2013 de 24 de junio, señalando la posible contradicción entre el precedente mencionado y la resolución recurrida al resaltar que sólo puede asumirse como correcta valoración de las pruebas en base a la sana crítica, cuando la Sentencia observa ciertas reglas en su fundamentación; cumpliendo de esta forma con los requisitos establecidos para ingresar al análisis de fondo del motivo planteado.


Se deja constancia que la labor de contraste no abarcara el Auto Supremo 223 de 28 de marzo de 2007, en razón a que la transcripción que realiza de la parte de la doctrina legal aplicable, no corresponde al mencionado Auto Supremo y omiten precisar la posible situación contradictoria.


En cuanto al segundo motivo, por el que se denuncia insuficiente motivación del Auto de Vista impugnado, que para anular la Sentencia tomó en cuenta el Auto Supremo 111 de 31 de enero de 2007, cuando esta resolución refiere a un proceso por otro delito y no los delitos acusados, no siendo aplicable al presente caso; asimismo, no analizó y fundamentó respecto de los principios previstos en el art. 180.I de la CPE, de transparencia, honestidad, legalidad, probidad y de verdad material, dejando en indefensión y sin la posibilidad de conocer el razonamiento para aplicar únicamente los principios de legalidad y trascendencia, contrariando el Auto Supremo 117 de 20 de abril de 2006; y, que el caso procesado no corresponde a la vía penal porque trata de obligaciones de carácter civil; se evidencia, que los recurrentes invocan el precedente citado, pero omiten precisar la explicación necesaria de la situación de contradicción entre dicho precedente y el Auto de Vista recurrido, carga procesal que inexcusablemente debía ser observada, siendo que dicha omisión no puede ser soslayada por este Tribunal, imposibilitando el examen de fondo de la problemática esbozada.


Asimismo, se tiene que en el planteamiento se invocan principios constitucionales que hubieren sido omitidos en su análisis por el Auto de Vista impugnado, que a criterio de los recurrentes podrían haber ocasionado indefensión; sin embargo, la alusión a una presunta vulneración de derechos fundamentales susceptibles de generar defectos absolutos, no es suficiente para la concurrencia de los presupuestos de flexibilización contenidos en la última parte del acápite III de la presente Resolución, referidos a la obligación de proporcionar fundadamente los antecedentes del hecho generador del recurso de casación y de precisar detalladamente la dimensión de presunta restricción o disminución del derecho o garantía constitucional del cual pueda emerger un resultado dañoso, que en el caso no se cumplen para el análisis de fondo del motivo por vía de excepción; consecuentemente, este motivo deviene en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE, el recurso de casación interpuesto por Edgar Rojas Rodríguez y Sandra Hilda Orellana Leytón de fs. 559 a 566 vta., únicamente para el análisis del primer motivo identificado en el acápite


II inc. 1); asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, se dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamental de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos