TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 163/2017-RA

Sucre, 17 de marzo de 2017


Expediente                : Cochabamba 2/2017

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otros

Parte Imputada        : Adalid Wilder Reyes Morales

Delito                : Violación de Niño, Niña o Adolescente


RESULTANDO


Por memorial presentado el 7 de noviembre de 2016, cursante de fs. 472 a 476 vta., Adalid Wilder Reyes Morales, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista de 26 de agosto de 2016 de fs. 457 a 465 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Ariel Neco Sánchez Flores y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis, con la agravante del 310 inc. 2) del Código Penal (CP).


  1. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 21/2014 de 3 de septiembre (fs. 391 a 410), el Tribunal Cuarto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a Adalid Wilder Reyes Morales, absuelto de culpa y pena del delito de Violación, tipificado y sancionado por el art. 308 bis en relación al 310 inc. 2) del CP, disponiendo la cesación de las medidas cautelares que se le hubiera impuesto al sindicado.


  1. Contra la mencionada Sentencia, Alicia Rosales Siles en representación de su hija MISR (víctima), interpuso recurso de apelación restringida (fs. 418 a 420 vta.), que fue resuelto por Auto de Vista de 26 de agosto de 2016 (457 a 465 vta.), dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró procedente el recurso planteado; en consecuencia, anuló totalmente la Sentencia apelada, ordenando el reenvío de la causa y la sustanciación del juicio oral por otro Tribunal de Sentencia, previo sorteo computarizado.


  1. Por diligencia de 31 de octubre del 2016 (fs. 466), fue notificado el recurrente con el referido Auto de Vista; y, el 7 de noviembre del mismo año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:


El recurrente describiendo los fundamentos expuestos en el Auto de Vista recurrido señala que en el primer motivo el Tribunal de alzada hubiese establecido la concurrencia de los defectos establecidos en los incs. 5) y 6) del art. 370 del Código de Procedimiento Penal (CPP), efectuándose en dicho agravio la mención sobre lo expresado por la madre de la menor, la testificación del Medicó Forense, el Certificado de 21 de diciembre de 2011, el informe Psicológico además del documento privado transaccional suscrito por el imputado y el esposo de la apelante. De igual manera describe los fundamentos expuestos en el segundo motivo apelado, relativo a la falta de fundamentación en la Sentencia o que esta sea insuficiente o contradictoria defecto previsto en el inc. 5) del art. 370 del CPP, en el que se concluyó que la Resolución impugnada no hubiese dado el valor correspondiente a cada una de las pruebas sustituyendo la motivación por la sola descripción de los elementos probatorios, sin efectuar una explicación lógica a cada elemento probatorio; de lo señalado anteriormente y de los motivos de apelación interpuesta por la medre de la víctima, a decir del recurrente el Tribunal de alzada hubiese vulnerado el art. 398 del CPP, norma que dispone que los Tribunales de alzada deben circunscribirse en sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución que se impugna, situación así interpretada por la Sentencia constitucional 2523/2010-R de 19 de noviembre, misma que tendría relación con lo señalado por el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007 relativo a la forma correcta de denunciar la inobservancia a las reglas de la sana crítica en la que se debe señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógicos jurídicos, proporcionando la solución que se pretende en base al análisis lógico explicito, situación que no hubiera acontecido en la apelación presentada por la parte contraria ya que sólo hubiese efectuado una relación de supuestos agravios sufridos en la Sentencia sin manifestar de manera clara y concreta cual la aplicación que debería darse a la norma pretendiendo que el Tribunal de alzada realice una valoración de cosas que no fueron mencionadas, así se tendría por ejemplo en la página 10 del Auto de Vista impugnado, cuando se analiza el segundo considerando de la Sentencia sin cerciorarse que dicho acápite nunca fue mencionado en el recurso de apelación restringida pues, nunca se observó la falta de valoración de los testigos, del perito y otros, ingresándose a un análisis de hechos no denunciados; en consecuencia, dejándole en total estado de indefensión, lo mismo ocurriría en la página 12 en la que se hace referencia a la valoración del certificado médico forense y en la página 13 respecto a los puntos 4 y 5 de la Resolución de primera instancia, se realizan valoraciones cuando estos puntos no fueron denunciados, en la página 15 se hizo referencia en el hecho de que la menor tenía desgarro de himen antiguo cuando en la Sentencia sí se hizo el análisis de manera conjunta de toda la prueba; pero sin embargo, en la referida página se efectúa un análisis forzado del testimonio de la víctima apartándose con este criterio del art. 398 del CPP, cuando en la apelación jamás se manifestó como base del recurso que se haya alegado contradicción referente al testimonio de la menor.


Lo referido anteriormente sería contrario a lo establecido por los Autos Supremos 141 de 22 de abril de 2006 y 244 de 7 de marzo de 2007, relativos a la imposibilidad de añadirse de oficio aspectos no contemplados en las impugnaciones, preservando el principio de seguridad jurídica como garantía del proceso penal, situación también considerada en el Auto Supremo 347/2013 de 24 de diciembre.

Finalmente transcribe lo señalado por el Auto Supremo 474/2005 de 8 de diciembre de 2005, alegando que esta resolución establece la posibilidad de



deponer la absolución cuando existe duda razonable en la participación del imputado. 


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que

existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que el 31 de octubre de 2016 (fs. 466), fue notificado el recurrente con el Auto de Vista impugnado y el 7 de noviembre del mismo año, formuló recurso de casación; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, cumpliendo con el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


Respecto de los demás requisitos de admisibilidad se tiene que en el único motivo del recurso de casación se alega, que el Tribunal de azada hubiese vulnerado la previsión establecida en el art. 398 del CPP, al haberse pronunciado sobre aspectos no apelados, es decir, en cuanto a las declaraciones de testigos, del perito e informe del asignado al caso, defectos que se encuentran identificadas en las paginas 10, 12, 13 y 15 de la Resolución impugnada, además de no considerarse que en el recurso de apelación restringida formulada por la parte contraria no cumplió con una fundamentación adecuada en cuanto a la denuncia de vulneración a la sana critica, aspectos que a decir del recurrente serian contrarios a lo establecido por los Autos Supremos 214 de 28 de marzo de 2007, 141 de 22 de abril de 206, 244 de 7 de marzo de 2007 y 347/2013-RRC  de 24 de diciembre.


Al respecto se tiene que el recurrente cumple con la previsión de los arts. 416 y 417 del CPP, primero en cuanto al plazo de presentación de su recurso, como también en la invocación de precedentes contradictorios, efectuando para ello la


precisión de la presunta contradicción en la que hubiese incurrido el Tribunal de alzada a tiempo de emitir el Auto de Vista motivo del presente recurso de casación (vulneración del art. 398 del CPP, pronunciarse sobre cuestiones no apeladas), constituyendo elementos suficientes para ingresar a considerar el fondo de la problemática planteada, consiguientemente el recurso de casación resulta admisible.


Se aclara que, en cuanto a la Sentencia Constitucional 2523/2010-R de 19 de diciembre, esta no será motivo de pronunciamiento en la resolución de fondo en mérito a no ser considerada un precedente contradictorio valido dentro de un recurso de casación tal cual lo establece el art. 416 del CPP. En igual sentido el Auto Supremo 474 de 8 de diciembre de 2005, no será motivo de contraste en virtud a que el recurrente se limitó a transcribir los argumentos de la referida resolución, sin precisar cual la contradicción de esta con el Auto de Vista motivo de análisis.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara  ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Adalid Wilder Reyes Morales de fs. 472 a 476 vta.; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos