TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 145/2017-RRC

Sucre, 01 de marzo de 2017


Expediente                        La Paz 38/2016

Parte Acusadora                Ministerio Público y otro

Parte Imputada                Clotilde Cardozo Vilaseca

Delitos                        Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado

  (Calificación de la Responsabilidad Civil)

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 21 de marzo de 2016, cursante de fs. 1386 a 1389, Adolfo Beque Parra, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 13/2015 de 24 de noviembre, de fs. 1382 a 1383 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, integrada por los Vocales Elías Fernando Ganam Cortez y Rubén Ramírez Conde, dentro de la demanda de responsabilidad civil emergente del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el recurrente contra Clotilde Cardozo Vilaseca Vda. de Beque, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado, tipificados por los arts. 198 y 203 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


  1. Por Sentencia de 17 de junio de 2003 (fs. 921 a 926 vta.), el Juez Quinto de Partido en lo Penal Liquidador de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, declaró a la imputada Clotilde Cardozo Vilaseca, autora de la comisión de los delitos de Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198 y 203 del CP, imponiendo la pena de cuatro años de reclusión, más el pago de daños civiles y costas a favor de la parte civil y el Estado.


  1. La mencionada Sentencia fue recurrida de apelación restringida y posterior casación, resueltos mediante Auto de Vista 74/2004 de 17 de marzo y Auto Supremo 191 de 27 de marzo de 2009, que confirmaron la Sentencia de primera instancia.


  1. En mérito a la demanda de calificación de Responsabilidad Civil, formulada por Adolfo Beque Parra (fs. 1001 a 1002 vta.), el Juez Primero de Partido en lo Penal, dictó la Resolución 22/2011 de 26 de abril, declarando NO HABER LUGAR a la reparación del Daño Civil a favor de Adolfo Beque Parra, por no haber acreditado el quantum y por ser improcedente la entrega del inmueble reclamado.


  1. Esta resolución fue objeto de apelación por parte del recurrente, de acuerdo a los memoriales de 16 de mayo y 7 de diciembre de 2011, resuelta por Auto de Vista 55/2013 de 31 de julio de 2013 (fs. 1310 a 1312), que fue ANULADO por Auto Supremo 247/2014-RRC de 12 de junio (fs. 1349 a 1351), habiendo la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitido nuevo Auto de Vista 13/2015 de 24 de noviembre (fs. 1382 a 1383 vta.), que confirmó parcialmente la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 10 de marzo de 2016 (fs. 1385), el Auto de Vista referido fue notificado al recurrente, quien el 21 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación sujeto al presente análisis.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. Refiere que el Auto Supremo 247/2014 de 12 de junio, dispuso la anulación de obrados y la emisión de nueva resolución debidamente fundamentada, previo sorteo y sin espera de turno, que a tiempo de radicar el proceso ante la Sala Penal Segunda, después de los trámites de recusación que interpuso, debiera haberse dictado la respectiva resolución como se dispuso previo sorteo y sin espera de turno; empero, de acuerdo a proveído de 9 de junio de 2015 (fs. 1380), se ordena pasen obrados a sorteo de vocal relator, sorteo que presumiblemente se hubiere realizado el 16 de noviembre de 2015 y pronunciarse el Auto de Vista recurrido el 24 de noviembre, aspecto que demuestra se tuvo que esperar turno, incurriéndose en retardación de justicia y la pérdida de competencia del vocal Rubén Ramírez Conde, que no podía dilucidar la procedencia o improcedencia del recurso de apelación; aspecto que, constituye nulidad absoluta por afectación al debido proceso, en franca violación de los arts. 90 y 206 última parte del Código de Procedimiento Civil (CPC), por haberse dictado resolución sin competencia que amerita declarar la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo.


  1. Reclama que el Tribunal de alzada, debía circunscribir su decisión a los puntos recurridos de acuerdo al art. 278 del Código de Procedimiento Penal Abrogado de 1972 (CPP.1972), porque el recurso de apelación se encuentra debidamente fundamentado y explica detalladamente los agravios sufridos, pero con la dictación del Auto de Vista recurrido, no se tomó en cuenta que la demandada utilizó un poder falso con el que obtuvo el préstamo de $us. 20.000.- (veinte mil dólares estadounidenses), que dudosamente dijo haber procedido a su devolución, que no obstante ser co-propietario, no se le entregó dinero alguno. Que ante la negativa de la restitución del inmueble e indicación de hacer valer sus derechos ante la autoridad llamada por ley, señala que no hay necesidad de postergar la solución del conflicto, cuando las resoluciones deben ser expresas y positivas ante su pretensión de indemnización por el lucro cesante en la suma de $us. 85.720.- (ochenta y cinco mil setecientos veinte dólares estadounidenses), al amparo del art. 91 inc. 3) del CP, en base al medio probatorio pericial que demuestra el lucro cesante o en caso de insuficiencia de prueba fijarse un monto prudente.


  1. Reclama que la Juez Primero de Partido en lo Penal, no valoró en su real dimensión las pruebas aparejadas y tomando en cuenta la Sentencia ejecutoriada que dispuso el pago de daños civiles a su favor, que al no haberse permitido su ingreso al inmueble que le pertenece por sucesión hereditaria, tuvo que peregrinar como inquilino y erogar sumas de dinero de


    acuerdo a la literal de fs. 1124 a 1128, corroborado por las testificales de Graciela del Carmen Peralta de Orosco y Rosa Álvarez Daza Rodríguez, violentándose los arts. 242, 339 y 157 del CPP. 1972; igualmente, el Tribunal de alzada no tomó en cuenta las versiones de los testigos René Julián Villegas Ontiveros, Isabel Jeanette Villarroel Vasquez y Betty Terrazas Rodríguez, a tiempo de la inspección ocular al inmueble, sobre las ganancias obtenidas por la demandada por concepto de alquileres, cuantificado por el informe económico de fs. 1266 a 1279, que no fueron valoradas en su real dimensión debiendo ser corregida por el superior el grado, por infracción de los arts. 1330 del Código Civil (CC), 90 y 206 del CPC, 139, 157, 242, 285, 298, 339 y 355 del CPP.1972.


En base a esa relación pide conceder el recurso de casación y en cuanto a la forma, se emita Auto Supremo anulando obrados hasta el vicio más antiguo o en su defecto, se case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo se declare probada la demanda de resarcimiento de daños civiles y se cuantifique el monto a cancelar en la suma de $us. 85.720.- (ochenta y cinco mil setecientos veinte dólares estadounidenses).


I.2. Requerimiento Fiscal.


Por Decreto de 27 de abril de 2016, se dispuso VISTA FISCAL, cursante a fs. 1394, habiendo la representación del Ministerio Público emitido el Requerimiento, de fs. 1396 a 1398, pidiendo se declare infundado el recurso de casación.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se concluye lo siguiente:


  1. Ejecutoriada la Sentencia penal condenatoria contra Clotilde Cardozo Vilaseca, por memorial presentado el 3 de marzo de 2010, Adolfo Beque Parra demandó la calificación de Responsabilidad Civil, que concluyó con la Sentencia 22/2011 de 26 de abril, que dispuso no haber lugar a la reparación del Daño Civil en favor del demandante, por no haber acreditado el quantum y por ser improcedente la entrega del inmueble que reclama.


  1. Esta Sentencia fue recurrida de apelación por el demandante, por considerar contraria a las leyes y a sus intereses, que causa inseguridad jurídica total y desamparo a las víctimas, mientras que los que cometen delitos, gozan de lo que les redituó su conducta antijurídica, en este caso la demandada que sigue disfrutando de cosa ajena. Recurso de apelación que fue resuelto por Auto de Vista 55/2013 de 31 de julio, que declaró admisibles e improcedentes las cuestiones planteadas, siendo sin embargo anulado por Auto Supremo 247/2014-RRC de 12 de junio, al haber sido emitido con fundamentos que corresponden al actual sistema procesal aprobado mediante Ley 1970, vulnerándose el debido proceso en su componente a una resolución debidamente fundamentada, por haberse inaplicado las normas legales previstas en el CPP-1972.


  1. El nuevo Auto de Vista 13/2015 de 24 de noviembre, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, fundamentó que el Tribunal de apelación, debe circunscribir su resolución a los puntos recurridos de acuerdo al art. 178 del CPP.1972, que la determinación asumida en sentido de no haberse establecido el quantum de la responsabilidad civil es razonable y que la restitución total del inmueble no es viable al no haber establecido la fracción ideal que le corresponde al demandante, que el proceso penal no tiene el objeto principal de pretender la devolución o restitución, cancelación o dejar sin efectos registros públicos si ellas no emergen de la conducta penal; por lo que, el fundamento de la autoridad a quo, guarda coherencia parcial sobre lo demandado al disponer no haber lugar a la demanda de reparación del daño civil a favor de Adolfo Beque Parra, confirmando parcialmente la Sentencia de calificación de Responsabilidad Civil.


III. RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


Por mandato de la Disposición Transitoria Primera del Código de Procedimiento Penal vigente, tomando en cuenta que la presente acción emerge de la tramitación del proceso penal iniciado en diciembre de 1998, el ámbito normativo de aplicación comprende las disposiciones del CPP abrogado de 1972; por consiguiente, en la resolución del presente recurso de casación, se aplica la mencionada normativa adjetiva penal y la Ley de Organización Judicial de 1993, también abrogada.


III.1.         El recurso de casación en el Código de Procedimiento Penal  abrogado de 1972.


De la disposición contenida en el art. 296 del CPP.1972, el recurso de nulidad o casación, procede por inobservancia o quebrantamiento de las formas procesales prescritas bajo pena de nulidad y por violación de la ley sustantiva en la decisión de la causa; a este efecto, para la admisibilidad del recurso de casación, es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 301 y 303 del citado cuerpo legal. En ese sentido, conforme señala el art. 301 del CPP.1972, se debe fundamentar el recurso de casación, cumpliendo con requisitos insoslayables, como es el precisar los motivos del recurso, la cita de las leyes procesales cuya inobservancia se impugna o citar las leyes sustantivas o de fondo cuya violación se acuse en el recurso y señalar en que consiste la vulneración.


En el caso de la tramitación de la Responsabilidad Civil originada del proceso penal fenecido, la normativa pertinente se encuentra comprendida en el Titulo II Capítulo I DE LA CALIFICACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL, arts. 327 al 338 del CPP.1972, que constituye un procedimiento especial destinado a la determinación o indemnización de los daños y perjuicios ocasionados en favor de la víctima o damnificado como consecuencia de la comisión del delito, calificación que debe ser efectuado por la autoridad jurisdiccional que dispuso la emisión de Sentencia, siempre y cuando hubiere lugar a su determinación o cuantificación.


En el tema relacionado a los recursos, el art. 331 del CPP.1972, establece: “La sentencia que califique la responsabilidad civil, será apelable ante la


Corte Superior del Distrito, en el término de cinco días de su notificación y el auto de vista que se pronuncie, recurrible de nulidad o casación ante la Corte Suprema de Justicia, en el término fatal de ocho días.

Estos recursos será conocidos por las salas en materia penal de las respectivas Cortes, de acuerdo a las normas procesales y alternativas establecidas para causas civiles”.


Ello significa que la norma procedimental citada, prevé que el recurso de nulidad o casación en contra el Auto de Vista que resuelve la responsabilidad civil, tiene categóricamente determinado un plazo para su interposición, que es de ocho días, que se computa a partir de la notificación a la parte interesada con la resolución de apelación o Auto de Vista pertinente, siendo el término fatal entendido como tal, que no admite prórroga o excepción, que corre de momento a momento sin lugar a prolongación, interrupción o aplazamiento, teniendo en cuenta el art. 141 del CPC, que ordena que los plazos transcurrirán ininterrumpidamente y sólo se suspenderán durante las vacaciones judiciales, norma que es de orden público y de cumplimiento obligatorio tal cual lo reconoce el art. 90 del CPC, aplicable al caso de autos en razón del art. 355 del CPP.1972 y conforme esta Sala lo precisara en el Auto Supremo 330/2015-RRC de  29 de mayo de 2015, al señalar: “(…) el art. 331 del CPPabrg, en cuanto a los recursos de casación sobre la calificación del daño civil, establece que el término para interponer dichos recurso es de ocho días, que correrá de momento a momento, desde la notificación a la parte interesada con el Auto de Vista pertinente”.


Asimismo, el art. 307 inc. 1) del CPP.1972, refiere que corresponderá la improcedencia del recurso de casación por incumplimiento de los requisitos señalados en el art. 301 de la misma norma procesal penal y por la presentación extemporánea del recurso.


III.2. Análisis del caso concreto.


En consideración al marco normativo aplicable al caso, es menester verificar el cumplimiento de los requisitos que establece el art. 331 del CPP.1972, en la interposición del presente recurso, advirtiéndose que de los antecedentes procesales que emitido el Auto de Vista 13/2015 de 24 de noviembre, el recurrente Adolfo Beque Parra fue notificado el 10 de marzo de 2016 de acuerdo a la diligencia cursante a fs. 1385, habiendo interpuesto el recurso de casación el 21 del mismo mes y año, tal cual consta del cargo de recepción que cursa a fs. 1389 y del sello inserto en el recibo comprobante de caja de fs. 1385 A de obrados; es decir, a los once días de haber sido notificado con el Auto de Vista recurrido.


Consiguientemente, al constatar que el recurso de casación fue presentado fuera del término fatal y perentorio de los ocho días establecido en el art. 331 del CPP.1972, corresponde declarar su improcedencia ante la  extemporaneidad en su presentación, en sujeción al art. 307 inc. 1) del referido Código adjetivo.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en desacuerdo con el Requerimiento Fiscal cursante de fs. 1396 a 1398, con la atribución conferida por el art. 59 inc. 1) de la Ley de Organización Judicial abrogada y en aplicación del art. 307 inc. 1) del CPP.1972, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación o nulidad, interpuesto por Adolfo Beque Parra, cursante a fs. 1386 a 1389. Con costas de acuerdo a la última parte del art. 307 del CPP.1972.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos