TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 958/2016-RRC

Sucre, 05 de diciembre de 2016


Expediente                        : Tarija 61/2016        

Parte Acusadora                : Ministerio Público    

Parte Imputada                : Wilson Miguel Burgos Choque y otro    

Delitos                        : Transporte de Sustancias Controladas y otros

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 10 de mayo de 2016, cursante de fs. 1034 a 1038 vta.,  el Ministerio Público, interpuso recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 19/2015 del 27 de noviembre, de fs. 1026 a 1033., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, integrada por los Vocales José Luis Lenz Mamani y Adolfo Nilo Velasco Albornoz, dentro del proceso penal seguido por el recurrente contra Wilson Miguel Burgos Choque y Julio Mamani Rengifo, por la presunta comisión de los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación, previstos y sancionados por los arts. 55 y 53 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


a)        Por Sentencia 8/2014 de 22 de mayo (fs. 925 a 930), la Juez Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Wilson Miguel Burgos Choque, autor del delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley 1008, imponiendo la pena de ocho años de reclusión, más el pago de costas a favor del Estado; asimismo, lo absolvió de la comisión del delito de Asociación Delictuosa y Confabulación, tipificado en el art. 53 de la Ley 1008; por otro lado, al co-imputado Julio Mamani Rengifo, lo declaró absuelto de responsabilidad penal de los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación, previsto y sancionado por los arts. 55 y 53 de la Ley 1008.


b)        Contra la mencionada Sentencia, el representante del Ministerio Público  (fs. 959 a 965 vta.) y el acusado Wilson Miguel Burgos Choque (fs. 980 a 998), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 19/2015 del 27 de noviembre, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar ambos recursos.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo 664/2016-RA de 31 de agosto, se extraen los motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme el mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).

1)        El recurrente alega que en la apelación restringida se denunció defectos de la Sentencia previsto en el inc. 1) del art. 370 del CPP y los principios de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía y debido proceso; sin embargo, solo fueron mencionados en el considerando tercero de la resolución, pese de que es obligación del Tribunal de alzada verificar si se ha aplicado correctamente la Ley sustantiva; empero, el Auto de Vista sobre este aspecto se limita en transcribir lo que establece la Ley, evidenciándose que tanto la Sentencia como la resolución ahora impugnada adolece de fundamentación y motivación exigida por el art. 124 del CPP, pues no contiene el motivo por el cual se adopta la determinación, vulnerando el debido proceso y contrario a los Autos Supremos 657/2007 y  034/2009 del 7 de febrero.


2)        Respecto al agravio previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, el Auto de Vista es incongruente, ya que sostiene que para el acusado Julio Mamani Rengifo sí contiene la Sentencia fundamentación concreta, sin explicar cuál sería la misma, ya que en los hechos existe una clara contradicción entre lo probado y lo Sentenciado, pero no hay una fundamentación que explique el motivo por el cual se ha determinado la absolución, omisión que vulneraria el debido proceso.    

I.1.2. Petitorio. 


El recurrente concluye solicitando que admitido el recurso de casación, se dicte nueva Resolución de acuerdo la doctrina legal aplicable y se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido, conforme al art. 419 de la ley 1970.  


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 664/2016-RA de 31 de agosto, cursante de fs. 1104 a 1108 vta., este Tribunal admitió solamente los motivos primero y segundo del recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público.

  

II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se concluye lo siguiente:


II.1.  Del acta de juicio.


El imputado Julio Mamani Rengifo en su declaración realizada en audiencia de juicio oral, manifestó que el día de su aprehensión se encontraba solo al bordo de su movilidad, que el día anterior habría tenido un choque con su movilidad y ese día se dirigía a su comunidad donde tenía un partido de futbol, manifestó que el día de su detención los policías lo preguntaron sobre su compañero y lo acusaron que él era punta de lanza de su compañero (señala que el término de punta de lanza no entendía), que en la requisa que lo hicieron no encontraron sustancia alguna tanto en su movilidad ni en su persona, que evidentemente se habría puesto nervioso en el momento de su detención porque le acusaban de algo que él no hizo y que además le inculpaban de que su compañero lo hubiera pagado la suma de Bs. 600.- el cual estuviera viniendo por su detrás, más al contrario manifestó que él le habría prestado dinero al referido amigo, que no tiene



nada que ver en ese asunto concluye señalando que estuvo detenido injustamente.


II.2.  De la Sentencia.


La Sentencia dictada en el caso de autos, declaró a Wilson Miguel Burgos Choque, autor del delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley 1008, imponiendo la pena de ocho años de reclusión, más el pago de costas a favor del Estado; asimismo, lo absolvió de la comisión del delito de Asociación Delictuosa y Confabulación, tipificado en el art. 53 de la Ley 1008; por otro lado, en relación al motivo traído a casación se observa que, Julio Mamani Rengifo, fue declarado absuelto de culpa y pena de los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación, previsto y sancionado por los arts. 55 y 53 de la Ley 1008; extrayéndose a continuación lo pertinente a los motivos que son analizados en la presente Resolución:


En al acápite de HECHOS PROBADOS, CIRCUNSTANCIAS Y OBJETO DEL JUICIO, se tiene que:


  1. La acusación del Ministerio Público, sostiene que el 9 de julio de 2013, una patrulla de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), constituida en el retén de Santa Ana habría interceptado inicialmente a Julio Mamani Rengifo, conduciendo un vehículo verde con el logotipo “ESTRELLA DEL SUR”, que al observarlo como sospechoso se habría procedido a la requisa del mismo, porque al ser el mismo un vehículo de servicio público estuviera vacío, denotándose en el conductor nerviosismo y contradicción en su respuestas y que de la verificación de su celular se habría evidenciado mensajes y llamadas sospechosas; además, sostienen que el conductor hubiere manifestado de manera voluntaria que fue contratado por su amigo Wilson Burgos, para que avance por adelante y verifique si es que había algún control policial y de ser así lo alerte, trabajo por el cuál le habrían pagado la suma de Bs. 600; y que posteriormente, apareció por detrás un vehículo blanco, que al percatarse de la presencia del control policial inmediatamente se dio la vuelta dándose a la fuga, procediéndose inmediatamente a la persecución y detención del mismo, encontrándose en el mismo la sustancia controlada que fue incautada.


  1. La documental MP-1, consiste en el acta de requisa del vehículo de Julio Mamani Rengifo, señala que el mismo habría mostrado bastante nerviosismo al ser requisado y que ingresó llamadas a su celular de un contacto que tenía registrado como Wilson, momento en el que se realizaba la requisa se aproximó un vehículo blanco que se dio a la fuga, al que inmediatamente lo persiguieron y detuvieron; y, en su requisa habrían encontrado la sustancia controlada; la documental MP-2, consistente en la prueba de campo que dio positivo a cocaína; la documental MP-3, consiste en el acta de requisa de Wilson Miguel Burgos Choque; las documentales MP-4, MP-5, MP-6, MP-7 y MP-8 consisten en los actas de secuestro de la sustancia controlada, de teléfonos celulares, del dinero, documentos y vehículos de los acusados, respectivamente; la documentales MP-9 Y MP-11, consisten en actas de pesaje e incineración de la sustancia controlada incautada; concluye señalando que la documentales de MP-12 a MP-20 no tienen incidencia.


  1. Que las testificales de Leo Llanque Ramírez, Edwin Rolando Alanoca Fernández, Rubén Viracocha López y Hernán Gualberto Choque Chávez, -todos policías-, señalan que el 9 de junio del 2013, manifiestan que constituidos en la tranca de la comunidad de Santa Ana,  habría llegado una vagoneta color verde de la empresa “Estrella del Sur”, conducida por Julio Mamani Rengifo, sin pasajeros el mismo que se encontraba bastante nervioso, que en ese momento no contesta la llamada telefónica que ingresa a su celular, el que habría manifestado que fue contratado por su amigo Wilson por la suma de Bs. 600.- (seiscientos bolivianos), para que lo avisara sobre la presencia de control policial, momento en el cual a 500 metros aparece una movilidad de color blanco, que al percatarse de la presencia de la tranca móvil se da media vuelta y fuga; por lo que, se procedió a la persecución y detención del mismo, requisado dicha movilidad en el mismo se habría encontrado una bolsa de yute que contenía la sustancia controlada incautada, forradas con cinta masquín en forma de ladrillos, que en la prueba de campo dieron positivo a marihuana; que los testigos de descargo Eudalio Cruz Ovando, Mauricio Choque Morales, Agustín Carrizo Ortega y Wilson Miguel Brugos Choque, manifestaron que conocen a ambos acusados, que los mismos eran socios de la Empresa de transporte Estrella del Sur, que conocen la ruta donde se ubicó la tranca móvil, que es una zona accidentada y que en el lugar solo se puede ver hasta 30 metros de distancia por la topografía accidentada del lugar.


  1. En el acápite de VALORACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA, el Juez de Sentencia concluyó que por la prueba documental y testifical desfilada, llega a la conclusión que Wilson Miguel Burgos Choque, fue sorprendido en flagrancia transportando en su movilidad noventa y un mil doscientos cincuenta gramos de marihuana, conclusión a la que llega de la valoración del acta de requisa del vehículo, del acta de secuestro del vehículo, acta de prueba de campo, acta de sustancias controladas, acta de pesaje de la sustancia controlada, del Dictamen técnico pericial y las testificales de los testigos, siendo que las mismas fueron uniformes y contestes al señalar que el automóvil secuestrado era manejado por Wilson Burgos Choque, donde se encontró una bolsa de yute que contenía la sustancia controlada, configurando su conducta al tipo penal de Transporte de Sustancias Controladas, puesto que ilícitamente se encontraba transportando la sustancia controlada; concluyendo que el acusado además sabía que esa situación era ilícita, porque al percatarse de la presencia de la presencia de funcionarios de la FELCN se dio a la fuga.


Respecto a la conducta del Julio Mamani Rengifo, señala que de la requisa del automóvil, tipo vagoneta, color verde, conducido por Julio Mamani, no se encontró sustancia controlada alguna, tampoco se encontró sustancia controlada entre sus pertenencia o que este adherido a su cuerpo, respecto a que el acusado hubiere servido como punta de lanza, para advertir a  Wilson Burgos sobre la presencia de control policial y que el acusado hubiere manifestado que fue contratado por Wilson Burgos y que el mismo lo hubiese pagado la suma de Bs. 600.- (seiscientos bolivianos), el Ministerio Público no probó que se hubieren comunicado entre ellos vía celular, por lo que concluye


que el acusado Julio Mamani Rengifo, no adecuó su conducta al tipo penal de Transporte de Sustancias Controladas, por ende tampoco al delito de Asociación Delictuosa y Confabulación.  

         

II. 3. De la apelación restringida.


Notificado con la Sentencia, el representante del Ministerio Público, formuló recurso de apelación restringida, de cuya lectura en relación a los motivos admitidos se advierte:


  1. Inicialmente transcribe in extenso los acápites II. hechos probados, circunstancias y objeto del juicio y III. valoración y fundamentación jurídica de la sentencia, con ese antecedente denuncia, que no sería correcta la determinación de la Juez a quo, al declarar absuelto de culpa y pena al acusado Julio Mamani Rengifo por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación, señalando que la prueba documental y testifical demostraría que su conducta se subsume a los referidos tipos penales, resaltando que los cinco testigos de manera uniforme habrían señalado que el referido acusado venia de campana y fue encontrado con los Bs. 600.- que habría recibido como pago de ese trabajo; por lo que, a su criterio habría cooperado a Wilson Miguel Burgos Choque a cometer el delito de Transporte de Sustancias Controladas, con lo cual denuncia que se habría vulnerado las reglas de la sana crítica.


  1. Por otro lado, señala que toda resolución emitida por un Juez o Tribunal como garante del debido proceso, debe considerar que los razonamientos de fundamentación guarden relación y correspondencia con la parte decisoria, finalmente señala que se habría vulnerado los principios constitucionales consistentes en la Legalidad, Seguridad Jurídica, Igualdad, Proporcionalidad, Jerarquía Normativa y Debido Proceso, porque el a quo a momento de valorar la prueba, no habría tomado en cuenta las declaraciones de los testigos de cargo y la prueba documental legalmente introducida a juicio, absolviendo curiosamente de culpa y pena al acusado Julio Mamani Rengifo. 

  

Concluye solicitando, que se admita el recurso de apelación, que se revoque parcialmente la sentencia, y se condene al acusado Julio Mamani Rengifo, por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas y Asociación Delictuosa y Confabulación, imponiendo la pena de doce años de presidio, con costas.

II.4. Del Auto de Vista impugnado.

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró sin lugar el recurso de apelación restringida interpuesto por el Ministerio Público y mantuvo la absolución del imputado Julio Mamani Rengifo, bajo el siguiente argumento:

 

Como defecto previsto en el inc. 1) del art. 370 del CPP, el Tribunal de alzada señaló: “…de la revisión minuciosa de la sentencia, del acta de registro de juicio y demás antecedentes, realizando el control correspondiente sobre la valoración de los medios ofrecidos y producidos en el desarrollo del juicio; se puede advertir que en relación a este imputado es correcta la valoración de los medios de prueba de cargo, no existiendo una errónea aplicación de la ley, pues si bien el Ministerio Público, presentó la acusación en contra de Julio Mamani Rengifo, por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación Arts. 55 y 53 de la Ley del Régimen de Sustancias Controladas, esto no implica que necesariamente se deba condenar por alguno de los delitos(sic), señalando que con relación al delito de Sustancias Controladas, se evidencia que la prueba de cargo presentada por el Ministerio Público, no fue suficiente para generar en el a quo, la convicción suficiente sobre la responsabilidad penal del imputado conforme al art. 362. 2) del Código de Procedimiento Penal, del mismo modo señala que respecto al delito de Asociación Delictuosa y Confabulación, evidenció que durante el desarrollo del juicio oral, el Ministerio Público no demostró todos los elementos configurativos de los tipos penales acusados, concluyendo que los elementos configurativos de un delito son: LA ACCIÓN, LA TIPICIDAD, LA ANTIJURICIDAD Y LA CULPABILIDAD, y en caso de no concurrir uno de ellos el delito deja de ser delito, señalando como jurisprudencia el Auto Supremo 431 de 11 de octubre de 2006; finalmente reiterando que la labor del Ministerio Público es la de cumplir con la carga de la prueba, de conformidad al art. 6 tercer párrafo del CPP, concluye señalando que lo jueces y tribunales tienen la obligación de aplicar la ley sustantiva, enmarcando la conducta del imputado exactamente en el marco descriptivo de la ley penal a efectos de no incurrir en calificación errónea que afecte el debido proceso y devenga en defecto absoluto insubsanable, y que la actuación del a quo en referencia a Julio Mamani Rengifo es correcta, por lo que declaró sin lugar ese agravio.


En relación a la falta de fundamentación, agravio establecido en el inc. 5) del art. 370 del CPP, resolvió señalando que esa situación no es evidente, señalando que: “…pues se advierte que la Juez A quo, refiere que el Ministerio Público, sostiene, al manifestar esa palabra, la Aquo, hace referencia a los hechos narrados en la acusación fiscal, pues ya en debate, bajo el desfile probatorio de la prueba de cargo y descargo, realizada por las partes (Ministerio Público y Defensa), las conclusiones y la palabra final de los acusados, se dictó la sentencia absolutoria a favor del acusado, no hay que olvidar lo que se juzga son hechos y no delitos siendo correcto el actuar de la A quo, en el sentido que se valoró los medios de prueba con la experiencia, la lógica y la sana crítica art. 173 de la Ley Adjetiva Penal, si bien los testigos de cargo refieren se puso nervioso durante la entrevista realizada en el puesto de control; manifestando que recibió dinero del otro acusado en la suma de Bs. 600.oo para que avise si existe policías, como así también la prueba de cargo signada como MP-6, que refiere que se secuestró Bs. 600.oo” (sic), el Tribunal de apelación coincide con el criterio de la Juez inferior, por cuanto el Auto Supremo 131 de 31 de enero de 2007, establece como doctrina legal aplicable que “Es obligación de quien acusa, cumplir la carga de la prueba, demostrando plenamente la hipótesis acusatoria, tarea que puede requerir la demostración no solo de cuestiones objetivas, sino también de elementos normativos descritos en el injusto tópico, de ahí que ante la eventual inexistencia de uno de los elementos, la conducta no puede subsumirse, dentro del tópico injusto atribuido, en función del principio de legalidad penal…” (sic), afirmando que la Sentencia no se funda en subjetivismos, sino en hechos concretos y reales, tarea a cargo del acusador, que en el caso el Ministerio Público tiene los medios coercitivos para requerir a las instancias que corresponda, los medios necesarios para fundar y demostrar objetivamente la existencia del o los delitos atribuidos al acusado.



Concluye indicando que, la sentencia en relación al acusado Julio Mamani Rengifo contiene una fundamentación, señalando que la motivación no implica la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas.


Finalmente, respecto agravio establecido en el inc. 6 del art. 370 del CPP, que del control de la prueba de cargo y descargo y de la revisión de la sentencia, expresó que la Sentencia no se basó en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba en relación al acusado, porque la prueba que se judicializó no generó en la Juez la convicción suficiente sobre la responsabilidad penal del imputado, por lo que de manera acertada se aplicó el principio del in dubio pro reo, además indica que los argumentos traídos al recurso son inconsistentes y sin sustento legal. 


III.    VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DEFECTO ABSOLUTO DENUNCIADO EN EL RECURSO


El recurrente sostiene que con relación a los motivos de su apelación restringida sobre la concurrencia de los defectos de sentencia previstos en los incs. 1) y 5) del CPP, el Tribunal de apelación denota ausencia de una debida y suficiente fundamentación, por cuanto no explicaría las razones por las que adopta la determinación de declarar sin lugar sus impugnaciones.   


III.1. Sobre el deber de fundamentación en las resoluciones judiciales.


El debido proceso, conforme lo prescrito por nuestra Constitución Política del Estado (CPE), se halla reconocido en una triple dimensión, como derecho de acuerdo a lo dispuesto por el art. 115.II de la Norma Suprema referida, como garantía en el art. 117.I de la misma norma fundamental, y finalmente como principio procesal de acuerdo a lo establecido por el art. 180.I de la CPE, de lo dispuesto por las normas señaladas, se entiende que el debido proceso, impone el respeto a las normas legales, tanto por parte del Estado a través de los que ejercen jurisdicción a su nombre, como de las partes procesales; dicho cumplimiento de disposiciones normativas, se traduce en la seguridad jurídica.


Dentro de los derechos que forman parte del debido proceso, encontramos la fundamentación, prevista por el art. 124 del CPP, que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y obliga a todo operador de justicia en cualquiera de las fases del inter procesal, a expresar los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones.


Al respecto, este Tribunal estableció, a través del Auto Supremo 45/2012 de 14 de marzo: “De acuerdo a la jurisprudencia contenida en el A.S. Nro. 6 de 26 de enero de 2006 y el entendimiento desarrollado por el A.S. Nro. 12 de 30 de enero de 2012, todo Auto de Vista debe ser debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad, respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentre en el recurso de apelación restringida; asimismo es preciso dejar sentado de que toda fundamentación debe circunscribirse a absolver de manera puntual y objetiva el fondo de la denuncia o denuncias realizadas, sin que la argumentación vertida sea evasiva, incongruente o haga alusión a aspectos distintos a los denunciados, toda vez que esta circunstancia deja en estado de indeterminación e incertidumbre a las partes, al no haberse absuelto de manera efectiva a sus acusaciones.


En ese entendido, no existe fundamentación en el Auto de Vista cuando en el mismo se evidencia que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre el fondo de los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida, no siendo suficiente acudir a fundamentos o argumentaciones evasivas, sin que se absuelvan expresamente los  cuestionamientos deducidos por el o los procesados, aspecto que deriva en un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) que vulnera lo establecido por los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal constituyendo un defecto absoluto inconvalidable que vulnera el derecho a recurrir, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, derechos reconocidos por la constitución Política del Estado y los Tratados y Convenios Internaciones.


De lo expuesto, se evidencia la existencia de un fallo dictado sin la observancia de las reglas del debido proceso y las garantías constitucionales, que constituye defecto absoluto al tenor del art. 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal, lo que amerita en aplicación del art. 419 del Código de Procedimiento Penal, dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido, para que las omisiones observadas seas subsanadas.”


III.2. Análisis del caso concreto.


Inicialmente se deja presente, que en el caso de autos se admitió vía flexibilización solo los motivos primero y segundo del recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público; se advierte, que en el primer motivo se alega, que el Tribunal de apelación no habría fundamentado respecto a la denuncia del defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, es decir no se habría verificado si se aplicó correctamente la ley sustantiva al declarar absuelto al imputado Julio Mamani Rengifo, que sólo se habría limitado a transcribir lo que dice la ley, sin cumplir con lo prescrito por el art. 124 del CPP; y, en el segundo motivo, denuncia incongruencia señalando que existiría contradicción entre lo probado y sentenciado, sin que exista una fundamentación del porque se absuelve al acusado Julio Mamani Rengifo, advirtiéndose que en ambos motivos se denuncia falta de fundamentación para ratificar la sentencia.   


En ese contexto, se advierte que el Ministerio Público en el recurso de apelación restringida, sostiene que la Juez de mérito habría manifestado que la prueba es conteste e uniforme, respecto a cómo fue interceptado el acusado Julio Mamani en el retén de Santa Ana el 9 de junio del 2013, el cual se hubiere encontrado nervioso en el momento que se lo aborda, que no se lo encontró sustancia controlada alguna y que de manera voluntaria


habría manifestado que fue contratado para que avance viendo el camino, con la finalidad de verificar la existencia de algún control policial, y de ser así llamara por teléfono a su compañero Wilson Burgos que venía por atrás con la carga, servicio por el cual le habría pagado la suma de Bs. 600, situación que estaría corroborada por la documental consistente en las requisas del vehículo, de Julio Mamani Rengifo donde se encontró la suma de Bs. 600.-, con el acta de secuestro del dinero, por lo que no sería evidente la falta de prueba para condenar a Julio Mamani Rengifo, por lo que a criterio de la parte recurrente no se habrían tomado en cuenta las declaraciones de cargo y la prueba legalmente introducida.


Al respecto el Auto de Vista recurrido concluyó lo siguiente: “…de la revisión minuciosa de la sentencia, del acta de juicio y demás antecedentes, realizando el control correspondiente sobre la valoración de los medios ofrecidos y producidos en el desarrollo del juicio…” (sic), concluyó que la valoración de los medios de prueba de cargo, en relación al imputado aludido, es correcta, no existiendo una errónea aplicación de la ley, por cuanto si bien el Ministerio Público presentó acusación en contra de Julio Mamani Rengifo, por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas y Asociación Delictuosa y Confabulación, esto no implica que se deba condenar obligatoriamente por alguno de los delitos, determinando a continuación que la prueba de cargo presentada por el Ministerio Público no fue suficiente para generar en la a quo, la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado Julio Mamani Rengifo, que el Ministerio Público no demostró la configuración de todos los elementos de los tipos referidos en el desarrollo del juicio, indicando que la labor de los jueces y tribunales al aplicar la ley sustantiva, deben enmarcar la conducta del imputado exactamente en el marco de la ley penal a efectos de no concurrir en calificación errónea que afecte el debido proceso y devenga en defecto absoluto insubsanable, por lo que a su criterio la labor de la Juez de mérito es correcta, señalando que el mismo actuó bajo el principio de legalidad, principio que se constituye en una garantía constitucional del individuo, que limita la actuación punitiva del Estado desarrollada en el art. 180. I) de la Constitución Política del Estado (CPE), además del principio de seguridad jurídica art. 178. I) CPE. 


Respecto a la falta de fundamentación para la absolución de Julio Mamani Rengifo, señala que esa situación tampoco es evidente, señalando que no se debe olvidar que lo que se juzga son hechos y no delitos, que el actuar del a quo es correcta, en el sentido de que valoró los medios de prueba con la experiencia, la lógica y la sana crítica establecidos en el art. 173 del CPP, señalando que si bien los testigos de cargo refieren que se puso nervioso durante la entrevista, que manifestó que recibió dinero del otro acusado, que la acta de secuestro refiere el secuestro del dinero, sin embargo indica que la sentencia no se funda en subjetivismos, sino en hechos concretos y reales, tarea a cargo del acusador, que en el caso de autos el Ministerio Público, tiene los medios coercitivos para requerir a las instancias que corresponda, los medios necesarios para fundar y demostrar objetivamente la existencia de los delitos atribuidos al acusado, finaliza indicando que la motivación no necesariamente tiene que ser una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, finalmente indica que la Sentencia no se habría basado en hechos inexistentes o no acreditados o en una valoración defectuosa de la prueba, concluye indicando que el haber aplicado en principio del in dubio pro reo es correcta. 


Sin embargo el Tribunal de alzada, no realiza el análisis específico respecto a que si existe prueba suficiente para determinar la culpabilidad del acusado Julio Mamani Rengifo respecto a los delito acusados, si es evidente o no que el indicado acusado hubiera confesado, en sentido que él era punta de lanza del Wilson Burgos, si es evidente o no que le hubiera pagado la suma de Bs. 600.- aspectos que determinarían si se aplicó correctamente la ley sutantiva al declarar absuelto a Julio Mamani Rengifo; menos responde de manera fundamentada la denuncia que si existe o no contradicción entre la parte considerativa y parte resolutiva de la sentencia; en consecuencia, el recurso de casación del Ministerio Público, deviene en fundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Gilda Lorena Fernández Valeriano en representación del Ministerio Público; en consecuencia se DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 19/2015 de 27 de noviembre, disponiendo que el Tribunal de alzada, previo sorteo y sin espera de turno, de manera directa pronuncie nueva resolución, observando la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17. IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.



Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos