TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 947/2016-RRC

Sucre, 29 de noviembre de 2016


Expediente        : Cochabamba 42/2016

Parte Acusadora        : José Luis Seleme Zubieta y otros

Parte Imputada        :        Pedro Ledezma Ledezma 

Delitos                : Despojo y otros  

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO

Por memorial presentado el 27 de junio de 2016, cursante de fs. 313 a 321, José Luis Seleme Zubieta, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista  de 10 de febrero de 2016, de fs. 300 a 307, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, integrada por los Vocales Nuria Guisela Gonzales Romero y Karen Lorena Gallardo Sejas, dentro del proceso penal seguido por el recurrente contra Pedro Ledezma Ledezma, Humberto Ledezma Ledezma, Maragarita Orellana de Ledezma, Susana Díaz de Ledezma, Hernán Licona y Julia Ledezma de Licona, por la presunta comisión de los delitos de Despojo, Perturbación de Posesión y Daño Simple, previstos y sancionados por los arts. 351, 353 y 357 del Código Penal (CP), respectivamente.

I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


  1. Por Sentencia 1 del 12 de mayo de 2013 (fs. 206 a 212 vta.), la Jueza Primero de Partido Liquidador y Sentencia de Sacaba del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a Herman Licona Solis, Julia Ledezma de Licona, Susana Díaz de Ledezma, Humberto Ledezma Ledezma, Pedro Ledezma Ledezma y Margarita Orellana de Ledezma, autores de la comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del CP, imponiendo la pena de dos años de reclusión, más el pago de costas; asimismo, los absolvió de los delitos de Perturbación de Posesión y Daño Simple tipificados por los arts. 353 y 357 del CP.


  1. Contra la mencionada Sentencia, Hernán Licona Solis, Julia Ledezma de Licona, Susana Díaz de Ledezma, Humberto Ledezma Ledezma, Pedro Ledezma Ledezma y Margarita Orellana de Ledezma (fs. 229 a 233) y José Luis Seleme Zubieta (fs. 240 a 246), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista de 10 de febrero de 2016, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró procedente parcialmente el recurso de José Luis Seleme Zubieta con fundamentación complementaria relativa a la imposición de la pena e improcedente el recurso de apelación de los co-recurrentes, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 679/2016-RA de 12 de septiembre, se extrae el motivo a ser analizada en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).

El recurrente alega que el Auto de Vista no consideró respecto a la fijación de la pena, la personalidad del autor, su edad, la confesión, la mayor o menor gravedad del hecho, consecuencias del delito, la agravación en caso de víctimas adultas mayores, pues se comprobó en juicio que la víctima es adulta mayor, pero el Juez a quo no ha aplicado la Ley (art. 346 Ter, del CP) como correspondía y el Tribunal de alzada no ha corregido bajo una debida fundamentación y motivación esos defectos vulnerando el debido proceso en su elemento debida fundamentación, el derecho a la víctima, a la igualdad y la tutela judicial efectiva, señalando que el Auto Vista no consideró la afectación al derecho a la propiedad y a la posesión del inmueble de una persona adulta mayor, ya que su determinación se encuentra en base a afirmaciones que no han sido demostrados por elementos probatorios, habiéndose hecho total abstracción de las disposiciones legales previstas por los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP; por lo que, los Vocales no han reparado en su fundamentación complementaria los defectos de la Sentencia previstos en el art. 370 incs. 1) y 5) del CPP.

I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado y se pronuncie uno nuevo, imponiendo la sanción penal con agravantes.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 679/2016-RA de 12 de septiembre, cursante de fs. 338 a 341, este Tribunal admitió vía flexibilización el recurso formulado por José Luis Seleme Zubieta, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


La Jueza Primero de Partido Liquidador y Sentencia de Sacaba del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dictó la Sentencia 1 de 12 de  mayo de 2014, declaró a los imputados Hernán Licona Solis, Julia Ledezma de Licona, Susana Díaz de Ledezma, Humberto Ledezma Ledezma, Pedro Ledezma Ledezma y Margarita Orellana de Ledezma, absueltos de responsabilidad y pena de la comisión de los delitos de Perturbación de Posesión y Daño Simple previstos y sancionados por los arts. 353 y 357 del CP y autores del delito de Despojo previsto en el art. 351 del CP, imponiendo la pena de dos años de reclusión, en el recinto penitenciario de San Pedro de Sacaba en las secciones de Varones y Mujeres, respectivamente, pudiendo beneficiarse con el Perdón Judicial previa acreditación de los requisitos exigidos por ley. Asimismo, se indica que se condena a los querellados Hernán Licona Solis, Julia Ledezma De Licona, Susana Díaz De Ledezma, Humberto Ledezma Ledezma, Pedro Ledezma Ledezma y Margarita  Orellana De Ledezma, al pago de costas del juicio, en razón a que se habría


demostrado que el acusador es propietario y poseedor del lote de terreno ubicado en el Temporal Ikanada, que se encuentra registrado en Derechos Reales, cuyo goce uso y disfrute le pertenece; empero, a pesar de tener conocimiento de ello, los acusados se resistieron a abandonar el lote de terreno impidiendo el ingreso del propietario con el cerco de alambrado de púas, colocando una puerta de garaje metálica  provisional  con la leyenda  “Prohibido el ingreso  Propiedad Privada Familia Ledezma” (sic), conforme se habría verificado de la inspección judicial realizada a dicho predio, constando inclusive una construcción precaria donde habitan terceras personas en calidad de cuidadores manteniéndose en él, desconociendo la venta realizada por el anterior propietario Isac Ramírez y Sra. al querellante José Luis Seleme  Zubieta presentándose en consecuencia un dolo directo; por consiguiente, los acusados subsumieron su conducta en la figura del despojo al carecer de derecho alguno sobre el inmueble, al margen de asumir conciencia que de la posesión del querellante con el arado de las tierras, al no haber enervado prueba alguna que desvirtúe lo señalado y que por las declaraciones testificales e inspección judicial, se advierte que el cercado con alambre de púas, la construcción de una vivienda precaria y el sembrado de los terrenos fueron realizados con posterioridad a la adquisición del inmueble por parte del querellante, puesto que una vez que apareció los acusados se negaron a salir manteniendo sus sembradíos, animales e improvisando corrales para la crianza de animales dejando a cuidadores para evitar el ingreso del mismo en el inmueble; asimismo, respecto a los delitos de perturbación de posesión y daño simple señalan que no fueron acreditados por prueba testifical o documental suficiente por consiguiente indican que existir duda razonable sobre su comisión.

    

II.2.        De la apelación restringida del acusador.


José Luis Seleme Zubieta, a través de su alzada denuncia que la sentencia incurre en: i) Falta de fundamentación en la fijación del quantum de la pena, incurriendo en las causales 1 y 5 del art. 370 del CPP e indica que la sentencia no cuenta con la debida fundamentación sobre la fijación de la pena omitiendo indicar las consideraciones de orden jurídico como doctrinal necesarios para la fijación del quantum de la pena prevista en el art. 351 del CP relacionada con los arts. 37 y 38 del CP, no se refiere a agravantes y atenuantes tampoco se fundamenta en derecho los motivos para la determinación de la pena de dos años, pese a que en el juicio se demostró según la juzgadora, que los acusados actuaron con dolo perpetrando el hecho delictivo a sabiendas que su persona se encontraba en posesión del inmueble; empero, advierte que esto no fue considerado por la juez a quo para sustentar su determinación de sancionarlos con tan solo dos años de privación de libertad incurriendo en un hecho contradictorio. Añade que no se especifica el modo y alcances de la aplicación de las citadas normas legales y el 40 del CP; por lo que, existe una aplicación errónea de la ley sustantiva respecto a la determinación de la pena prevista en el art. 351 del CP, adicionalmente afirma que se vulneró el principio de proporcionalidad entre el injusto y la sanción, al no haberse ponderado los hechos, atenuantes y agravantes, tampoco se refirió a la personalidad de los acusados, rasgos psicológicos, actitudes y su comportamiento explicando de forma anterior y posterior al hecho delictivo necesario para determinar la legalidad de la fijación del quantum de la pena; tampoco, se habría indicado la referencia jurídica y doctrinal que fue tomada por la Juzgadora  para fijar la mayor o menor gravedad del hecho para determinar el quantum  de la pena. Adicionalmente, indica que no existe una apreciación de las características de los autores sobre su edad, educación, costumbres, ni conducta precedente y posterior, situación económica y social que justifique en derecho; asimismo, de los antecedentes, la violencia y la cantidad de los agresores era suficiente para considerar la peligrosidad en que actúan los acusados y en ellos no han mediado en su accionar el cumplimiento de la ley y sometimiento a la ley. Empero, en sentencia no se ha efectuado una fundamentación sobre las condiciones especiales de su persona como víctima de la tercera edad que fue objeto de despojo en forma violenta extrañando la explicación jurídica doctrinal en la sentencia; asimismo, en la lógica de la falta de fundamentación afirma que en la sentencia no se especifica con qué medios de prueba se demostró las posibles atenuantes, tampoco el número de acusados y las circunstancias del hecho y las consecuencias jurídicas en conclusión, la previsión del art. 272 con relación al art. 351 ambos del CP; ii) Añade que la sentencia incurre en el defecto previsto en el inc. 1) del art. 370 del CPP, que era obligación de la juzgadora referirse a las agravantes o atenuantes y por ello de aplicación lo dispuesto en los arts. 37, 38 y 40 del CP, la personalidad de los autores quienes no tuvieron reparo en la comisión del hecho delictivo, además de los efectos nocivos, su gravedad de acuerdo al inc. 2) del art. 38 del CP; es decir, la naturaleza de la acción, los medios empleados, la extensión del daño causado y el peligro corrido, circunstancias y consecuencias del delito, que no fueron considerados por la juzgadora a momento de la emisión del quantum de la pena.  


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba emitió el Auto de Vista de 10 de febrero de 2016, declarando: IMPROCEDENTE  la apelación formulada por los imputados  Pedro Ledezma Ledezma, Humberto Ledezma Ledezma, Margarita Orellana de Ledezma, Luisana Díaz de Ledezma, Hernán Licona y Julio Ledezma de Licona y, PARCIALMENTE PROCEDENTE le recurso de apelación restringida  interpuesto por el querellante José Luis Seleme Zubieta, en consecuencia, CONFIRMA la Sentencia pronunciada por la Juez de Partido Liquidador y de Sentencia  Nº 1 de sacaba de fs. 206-212 vta., y en función del Art. 413 última parte y 414 del CPP con la fundamentación complementaria relativa  a la imposición de la pena  de dos años de reclusión de cada uno de  los  acusados  en la cárcel pública “San Pedro” de Sacaba, varones y mujeres, respectivamente” (sic), señalando entre sus conclusiones respecto a planteada por el acusador particular José Luis Seleme Zubieta, el Tribunal ad-quem sobre la incursión en los incs. 1) y 5) del art. 370 del CPP, por falta de fundamentación en la fijación del quantum de la pena así como la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, de los arts. 37, 38, 40 y 346 ter del CPP y el art 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), el Tribunal de alzada considera que el Juez a-quo ha efectuado un análisis y fundamentación breve de los tipos penales acusados y la conducta de los imputados en función a la prueba judicializada, de los que la Juez a quo determina únicamente la concurrencia del tipo penal de despojo; sin


embargo, hace una abstracción de los fundamentos que determinaron la imposición de la pena privativa de libertad de dos años de privación de libertad como efecto de la responsabilidad penal y comisión de este delito por todos los imputados, sin determinar una eventual participación o responsabilidad individual en el hecho; tampoco, las condiciones  fácticas  y jurídicas determinando las pruebas que las respaldan para establecer en función a los arts. 37, 38 y 40 del CP, bajo criterios objetivos y de  proporcionalidad entre la máxima y la mínima de la pena asignada para el delito en cuestión, por el que hubieren sido encontrados penalmente responsables, en ese sentido afirma que la juzgadora previo análisis y valoración de las pruebas procedió a realizar la fundamentación jurídica en la que determinó que la conducta de los acusados se subsume al tipo penal  de despojo para luego en el “por tanto” del fallo determinó la autoría de los acusados, imponiéndoles la condena respectiva de dos años de privación de libertad que a criterio del Tribunal de alzada la fundamentación efectuada  no existe para comprender cuáles los motivos o pruebas por las que la misma consideró pertinente imponer la pena de dos años de reclusión; por lo que, respecto a este motivo acogió la apelación.


Es así que de acuerdo a los arts. 413 in fine y 414 del CPP, el Tribunal ad quem procedió a realizar una fundamentación complementaria de la imposición de la sanción penal a los acusados, quienes conforme a los fundamentos de la sentencia fueron encontrados autores y responsables de la comisión del delito de Despojo, previsto en el art. 351 del CP, siendo ese el marco normativo establecido que impone los límites legales en la pena de privación de libertad mínima y máxima, que debe definir en relación a las condiciones personales de los autores; por lo que, aprecia de acuerdo a los datos proporcionados por los acusados en la audiencia de juicio y la prueba presentada, que son personas mayores de edad con capacidad discernimiento  suficiente de comprender sus actos y sus consecuencias, que luego de dar las generales de cada uno de los acusados refieren su situación económica humilde que integran un grupo familiar extendido con hijos, vínculos de parentesco consanguíneo y por afinidad, que de manera conjunta habrían consumado el delito de despojo bajo las circunstancias expuestas en la fundamentación de la sentencia por el delito de despojo efectuando actos persistentes y reiterados, manteniéndose en el lote de terreno del acusador particular, percibiendo una conducta activa y acordada entre todos los acusados en la comisión  del ilícito contra el bien jurídicamente protegido de la propiedad, en su componente de libre posesión y acceso del querellante, a lo que se suma que los acusados Hernán Licona Soliz, Humberto Ledezma Ledezma y Pedro Ledezma conforme a la prueba cuentan con antecedentes policiales; por lo que, concluye que no concurre de manera específica ninguna atenuante especial, ni general prevista en los arts. 39 y 40 del CP; tampoco, advierte la existencia de agravantes específicas como la reincidencia por sentencia condenatoria ejecutoriada ni el concurso real, ni ideal de delitos en cuyo caso en función a las circunstancias personales en contraste con la gravedad del hecho por la naturaleza de la acción, los medios empleados de manera conjunta y activa por los acusados, resultando razonable y proporcional imponer a todos una condena media agravada de dos años de privación de libertad, en la cárcel pública de San Pedro varones y mujeres, respectivamente, a cumplir cada uno de los nombrados acusados, teniendo presente que la sanción penal tiene por finalidad la enmienda y readaptación social del delincuente, así como el cumplimiento de las funciones preventivas en general y especial.  


Por último, con relación al reclamo referido a la falta de consideración de la agravación en caso de victimas adultas  mayores, contemplada en la Ley 369 de 01 de mayo, art. 346 ter, en relación a los tipos penales previstos en arts. 336, 351 y 353 del CP, estableció que, de la revisión de los antecedentes y en concreto de la acusación particular como elemento que constituye el objeto del juicio oral, sobre cuya base se estableció el debate en juicio oral con la aportación de prueba por las partes, no se tiene ninguna constancia de la pretensión de una sanción agravada con dichos argumentos, por lo que declaró carente de sustento dicha pretensión.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN AL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA E IGUALDAD

Previamente corresponde destacar que este Tribunal, flexibilizando los requisitos exigidos por la norma procesal penal, admitió el recurso de casación planteado por José Luis Seleme Zubieta, abriendo su competencia de manera extraordinaria a los fines de verificar la posible vulneración de los derechos al debido proceso, tutela judicial efectiva e igualdad; toda vez, que el Tribunal de alzada no repara bajo una debida fundamentación y motivación el defecto en la fijación de la pena y la agravación (víctimas adultas mayores), por cuanto el Juez a-quo no aplicó el art. 346 Ter del CP; en consecuencia, corresponde resolver la problemática planteada; a cuyo efecto, resulta pertinente realizar algunas consideraciones de orden doctrinal y normativo, respecto a la temática que se denuncia, para luego ingresar al análisis del caso en concreto.

III.1.  El debido proceso.

Este Tribunal en reiteradas oportunidades ha señalado que la Constitución Política del Estado, reconoce y garantiza el debido proceso en sus arts. 115.II y 117.I y 180.I; siendo así que, la citada garantía contiene entre uno de sus elementos la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones, lo que significa que el Juez o Tribunal al emitir el fallo debe resolver los puntos denunciados, mediante el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que apoya su decisión; además, esta expresión pública de las razones justificadas de la decisión judicial, garantiza también el derecho a la publicidad otorgado a las partes como a la sociedad en general respecto a la información de la resolución, fallo que debe ser: expreso, claro, completo, legítimo y lógico, exigencia que también se halla establecida en el art. 124 del CPP.

Es así, que en consideración a la exigencia contenida en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal ha establecido en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319 de 4 de diciembre de 2012, entre otros determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica: i) Expresa,


porque se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez A quo; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica.


Estos requisitos de la fundamentación o motivación, deben ser tomados en cuenta por el Tribunal de alzada a momento de emitir la Resolución, a fin de que sea válida, lo contrario significaría incurrir en falta de fundamentación y de motivación. Asimismo, para una fundamentación o motivación no se precisa que esta sea extensa o redundante de argumentos y cita de normas legales, sino ser clara, concisa y responder todos los puntos denunciados.


Lo anterior significa que sólo se estará ante una falta de fundamentación o motivación, cuando la resolución emitida por el Juez o Tribunal carezca de alguno de los elementos (expresa, clara, completa, legítima y lógica) del iter lógico o camino del razonamiento efectuado, a efecto de llegar a una determinada conclusión, incumpliendo de esta manera lo determinado por el art. 124 del CPP y vulnerando los derechos al debido proceso y debida fundamentación.

III.2. Análisis de caso en concreto.

Denuncia el recurrente, que el Tribunal de alzada no fundamenta y motiva la fijación de la pena y su agravación en el caso de víctimas adultas mayores inadvertido por la Juez a quo, aspecto que vulneraría sus derechos al debido proceso, tutela judicial efectiva e igualdad.

Ingresando al análisis del presente recurso, conforme lo extractado en el acápite II.2 de este Auto Supremo, se tiene que el recurrente, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 240 a 246), reclamando entre sus agravios que la sentencia no cuenta con la debida fundamentación sobre la fijación de la pena sobre las condiciones especiales como víctima de la tercera edad que fue objeto de despojo en forma violenta; aspecto sobre el cual el Auto de Vista impugnado ha señalado en su parte in fine, lo siguiente: “(…) respecto al reclamo que realiza la parte querellante en razón a que no se habría considerado la agravante contemplada en la Ley 369 de 01 de mayo, como ser los Arts. 346 ter, agravación en caso de victimas adultas  mayores, que refiere que los delitos tipificados  en los  Arts. 336, 351 y 353 del Código penal cuando se los realice  en perjuicio de personas  adultas mayores serán sancionados con reclusión de 3 a 10 años; este Tribunal de Alzada  debe señalar  que de la revisión de los antecedentes y en concreto de la acusación particular como elemento que constituye el objeto del juicio oral, sobre cuya base se estableció el debate en juicio oral con la aportación de prueba por las partes,  no se  tiene ninguna constancia de la pretensión  de una sanción agravada  por las condiciones  que ahora se reclaman  en la vía impugnatoria, en ese  sentido, la impugnación  por este punto carece  de  sustento” (sic).

De lo anterior, se constata que la denuncia efectuada por el recurrente, no resulta evidente; por el contrario, en resguardo de sus derechos al debido proceso, tutela judicial efectiva e igualdad sobre el punto apelado, en el Auto de Vista recurrido, se fundamentó sobre la imposibilidad de aplicar la condena agravada en el caso de víctimas adultas mayores, explicando los motivos en los que apoya su decisión, expresando las razones de la misma para que la alegación del apelante no sea acogida, debido a que, de la revisión de antecedentes, en concreto de la acusación, no verificó que tal pretensión se haya alegado por la víctima, siendo que es sobre esa que se sustancia el juicio oral con la aportación de la pruebas por las partes, fundamentación que si bien no es ampulosa; sin embargo, es suficiente y clara en cuanto a las razones por las que no podía aplicarse la agravación prevista en el art. 346 ter del CPP, incorporados por la Ley 369 de 01 de mayo, actuación en la que no se advierte lesión del debido proceso en su elemento de la debida fundamentación, además, de observarse el cumplimiento de los arts. 124 y 398 del CPP; consecuentemente, resultando el recurso de casación infundado. 

POR TANTO

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por José Luis Seleme Zubieta.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos