TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 931/2016-RRC

Sucre, 24 de noviembre de 2016


Expediente                        : Tarija 56/2016

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otra 

Parte Imputada                : Santos Minchaca Tarraga 

Delito                : Violación

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina

       

RESULTANDO


Por memorial presentado el 1 de julio de 2016, cursante de fs. 287 a 289, Santos Minchaca Tarraga, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 68/2016 de 13 de junio, de fs. 276 a 281, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Ángela Maritza Miranda contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación, previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 2/2016 de 7 de marzo (fs. 233 a 241), el Tribunal de Sentencia de Entre Ríos del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Santos Minchaca Tarraga, autor de la comisión del delito de Violación, previsto y sancionado por el art. 308 del CP, imponiendo la pena de  dieciséis años de reclusión; asimismo, se le impone una multa de cien días multa a razón de Bs. 6.- (seis bolivianos) por día, haciendo un total de Bs. 600.- (seiscientos bolivianos) más costas a favor del Estado.

  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Santos Minchaca Tarraga, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 246 a 248),  resuelto por Auto de Vista 68/2016 de 13 de junio, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar al recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.

I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 652/2016-RA de 24 de agosto, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


  1. Transcribiendo una parte del Auto de Vista referida a la resolución del primer motivo su recurso de apelación restringida, el recurrente señala que realizó reserva de recurrir cuando no se le proporcionó el acta del juicio y la declaración de la supuesta víctima; por lo que, el Tribunal de alzada incurrió en error, al afirmar que no se reclamó oportunamente este hecho y que el  registro de juicio no tiene trascendencia, aspecto que no es correcto debido a que el art. 371 del CPP, establece las diferentes formas de registro de juicio, aclarando que dicho registro tiene valor probatorio conforme lo previsto en el art. 372 del CPP, de ahí su trascendencia; y además, que el acta se anexó un mes después; por lo que, el motivo de la no entrega del acta al imputado le restringe su derecho a la defensa previsto en el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), situación que implica un defecto absoluto con relación  al art. 169 inc. 3) del CPP. Asimismo, señaló que el Auto de Vista refirió que no se citó precedente contradictorio sin tener en cuenta que cuando se alega vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales, no es aplicable esta exigencia.

   

  1. Transcribe fragmentos de los motivos segundo, tercero y quinto,  resueltos por el Auto de Vista para señalar las siguientes deficiencias: a) El razonamiento del Auto de Vista que está de acuerdo con lo señalado en la Sentencia, respecto de que la prueba de descargo (D-1 y D-2) es impertinente; este aspecto, no sería cierto porque las pruebas referidas que consistían en certificados médicos, demostraban que no era verdad lo afirmado por la víctima; vale decir, que ella señaló que le mordió el brazo al imputado y con los certificados médicos se pudo establecer que eso no es cierto; en consecuencia, si la víctima mintió respecto de lo señalado, también pudo mentir al afirmar que la violaron, esta situación crea duda razonable, la cual debe ir en beneficio del procesado conforme lo establecido por el art. 116 de la CPE; b) Se debe tener en cuenta que la prueba MP-3 certificado Médico Forense, diagnostica posible agresión sexual, lo que significa que hasta la propia médico dudó de la violación; asimismo, cuando se refiere de las lesiones se dice que son de cinco a siete días de evolución cuando el hecho supuestamente es de día anterior; por lo que, no resulta lógico que exista una evolución de cinco a siete días, cuando el hecho fue un día antes lo que sería coherente es que la evolución sea de un día; en consecuencia, las lesiones no coinciden con la verdad material; por lo que, el Tribunal omitió fundamentar correctamente el valor probatorio sin tergiversar los mismos, evidenciando de eta manera vulneración al debido proceso que no fue reparado por el Tribunal de alzada; al respecto, señala que procede incluso la revisión de oficio aún sin invocarse los precedentes contradictorios cuando se evidencia la vulneración al debido proceso, para evitar que las resoluciones injustas se mantengan inalterables.

  

  1. Refiere que el Tribunal de alzada rechazó el tercer agravio de su recurso de apelación restringida con el argumento que la verdad material está por encima de las formas, sin tomar en cuenta los siguientes aspectos: a) Lo dispuesto por la Ley 348 en sus arts. 65 y 95,  que señala que los certificados médicos en la etapa de investigación solo sirven de indicios y que los mismos deben ser homologados para que adquieran valor probatorio; y, en el presente caso no se homologó el certificado codificado como prueba MP-3, aspecto que fue reclamado oportunamente e incluso se hizo la reserva de recurrir, precisando también que en este caso no existe precedente contradictorio; sin embargo, de ello menciona que en este caso existió vulneración del debido proceso y ante esa situación se debe realizar la revisión de oficio, tal como lo establece el Auto Supremo 401 de 18 de agosto de 2003 y la Sentencia Constitucional 1414/2013 de 16 de agosto; b) Refiere que dicho certificado (prueba MP-3) no tiene requerimiento para su obtención y fue emitido antes del inicio de investigación, defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 1) del CPP; c) Por otro lado, refiere que si bien al Tribunal de alzada le está impedido revalorizar la prueba; sin embargo, se debe tener en cuenta que el acusador público no probó documentalmente la agresión sexual, la violencia física y violencia psicológica, requisitos indispensables para establecer y comprobar las conductas de los ilícitos de Violación; d) También menciona, que la acusación señaló dos testigos presenciales, los cuales fueron retirados por el Ministerio Público, lo que hace ver que no existió prueba que sustente lo afirmado y respecto a la declaración de la víctima dicen que es creíble sin considerar el horario de salida de clases, el mismo que no coincide con el horario descrito en la acusación y denuncia, incluso la misma madre de la víctima al momento de declarar en calidad de testigo desmiente el horario de clases del colegio de la víctima; y, e) Señala que de la prueba MP-3 no se advierte que esta prueba pueda demostrar la comisión del delito de Violación, teniendo en cuenta que la misma dice posible agresión sexual y el Tribunal lo tergiversa convirtiéndolo como prueba y como documento idóneo para acreditar la Violación, aspecto suficiente para demostrar el error en la valoración de la prueba; por lo que, señala que de ser valorada correctamente la prueba correspondía una Sentencia absolutoria; en definitiva, señala que estos defectos mencionados vulneran los arts. 124, 173, 359, 360 y 370 del CPP.


  1. Hace referencia que el Auto de Vista sostiene que el cuarto agravio de su recurso de apelación, respecto de la inexistencia del tercer juez técnico el acusado no hizo observación alguna a la conformación del Tribunal, situación de la cual el recurrente señala no ser evidente, porque constaría en el acta de registro de juicio, que antes de instalar la audiencia el Tribunal no observó la presencia del tercer Juez técnico convocado de la ciudad de Tarija, quién no hizo conocer los motivos de su inasistencia y no fue separado del conocimiento del juicio, siendo que los dos Jueces técnicos decidieron llevar adelante la audiencia; por lo que, ante semejante acto arbitrario en audiencia hubiere anunciado la reserva de recurrir, en aplicación del art. 407 del CPP, aclarando que la única forma de apartar del proceso a un Juez técnico es mediante la excusa o recusación por las causales previstas en el art. 316 del CPP, siendo esos los medios legales para apartar a un juez del conocimiento de la causa, porque al mismo no se le puede separar solamente a criterio personal y sin que exista algún medio legal para marginarlo del conocimiento del proceso y no como sucedió en este caso en el que se eliminó al tercer juez técnico sin alguna fundamentación jurídica al respecto, siendo ese actuar contrario a lo establecido en el art. 316 del CPP,  lo que implica la existencia de defecto absoluto sancionado con nulidad previsto en el art. 169 incs. 1) y 4) del CPP, siendo incorrecta la aplicación del art. 318 inc. 4) del CPP, cuando en la presente causa no existió ni excusa ni recusación, también señala que es irresponsable por parte del Tribunal de alzada que cite el art. 336 del CPP, expresando que un 50% no está escrito en la norma citada lo que da a entender que se estaría aplicando el criterio propio de los jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia, eliminando la aplicación de la ley, confirmando la condena a como dé lugar olvidándose la garantía del debido proceso previsto en el art. 115 del CPE, teniendo en cuenta que no hay justificación ni fundamentación por parte del Tribunal de Sentencia y el Tribunal de alzada respecto de la no participación del tercer juez técnico y su eliminación como miembro del Tribunal de Entre Ríos.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita que se declare fundado su recuso, debiendo dictarse un nuevo Auto de Vista de manera motivada y congruente.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 652/2016-RA de 24 de agosto, cursante de fs. 295 a 299, este Tribunal admitió el recurso de casación interpuesto por Santos Minchaca Tarraga, de los motivos identificados precedentemente  para su análisis de  fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 2/2016 de 7 de marzo, el Tribunal de Sentencia de Entre Ríos del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Santos Minchaca Tarraga, autor de la comisión del delito de Violación, previsto y sancionado por el art. 308 del CP, imponiendo la pena de  dieciséis años de reclusión; asimismo, se le impone una multa de cien días multa a razón de Bs. 6.- (seis bolivianos) por día, haciendo un total de Bs. 600.- (seiscientos bolivianos) más costas a favor del Estado; bajo los siguientes argumentos:


  1. Resulta un hecho incuestionable que el imputado utilizó la violencia física y a través de la fuerza logró tener acceso carnal con la víctima.

 

  1. El imputado el 18 de octubre de 2103 al promediar las 17:00 cuando la víctima iba a la casa de su abuela, en el trayecto donde se encontraba la casa de Santos Minchaca Tarraga, siendo así que éste aprovechando la circunstancia, de forma sutil le busca conversación a la víctima y sosteniendo por un momento la plática y ante la advertencia de la fragilidad de la misma, de forma intempestiva la toma y haciendo uso del a fuerza y la desproporcionalidad con relación a la víctima de forma violenta la sujeta de los brazos, la lleva a su casa y posteriormente a su habitación para someterla y en dicha habitación procede a quitarle su ropa y procede a tocarle de forma obscena dándole besos y sujetándola contra su voluntad y pese a su resistencia logra someterla e introduce su miembro viril en la vagina de la víctima y así logra el acceso carnal llegando a abusar sexualmente a la víctima, consumándose de esta forma violenta el acceso carnal.


  1. La conducta del imputado se subsumió a los elementos que constituyen el tipo penal de violación, porque el imputado en uso de la violencia reduce de forma total a la víctima y logra obtener acceso carnal sin consentimiento de la víctima, porque en forma violenta la sujetó de los brazos y la introdujo a la fuerza a su cuarto y ahí venció la resistencia de la víctima logrando el acceso carnal y abusarla sexualmente.                            


II.2. De la apelación restringida.


Contra la precitada Sentencia, Santos Minchaca Tarraga formula recurso de apelación restringida, argumentando los siguientes extremos:


  1. Fueron suprimidas el acta de juicio y la declaración de la víctima que fue recibida en privado vulnerando el derecho a la defensa, daño lugar a un vicio de nulidad absoluta.   


  1. Existe prueba de descargo que fue calificada de impertinente, siendo que con ella se acreditaba duda, que no fue aplicada en favor del procesado, teniendo en cuenta que a través de dos certificados médicos de revisión al imputado se estableció que no existe mordedura en el brazo del encausado referida por la víctima en su declaración.


  1. La Sentencia se basó en prueba incorporada ilegalmente a juicio, al no haber dado curso a su exclusión probatoria del Certificado Médico emitido por un profesional de la Salud de Entre Ríos, sin que haya sido homologado por el médico forense, obviando la exigencia de los arts. 65 y 95 de la Ley 348.


  1. Falta la firma del tercer juez convocado, que no participó en el juicio, que no fue excusado ni recusado, no entendiéndose como los dos jueces técnicos apartaron al tercero.


  1. Denunció defectuosa valoración de la prueba, ya que el acusador público no probó documentalmente la agresión sexual, la violencia física y la violencia psicológica, advirtiéndose que los testigos presenciales Edmundo Coca y Sarha Raquel Minchaca fueron retirados por el Ministerio Público.


II.3.        Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, resolvió el recurso de apelación restringida, por Auto de Vista 68/2016 de 13 de junio, que declaró sin lugar el recurso de apelación restringida interpuesto por el recurrente y confirmó la Sentencia, expresando lo siguiente:


  1. Respecto, de que fueron suprimidas el acta de juicio y la declaración de la víctima que fue recibida en privado vulnerando el derecho a la defensa, dando lugar a un vicio de nulidad absoluta; al respecto, señala que el acta de juicio se halla adherida al expediente, la que según decreto de 5 de abril de 2016 fue entregada en esa fecha por la Secretaria del Tribunal de juicio, así también refiere que el recurrente no tomó en cuenta la previsión contenida en el art. 17 .III de la Ley 025, que establece que la nulidad solo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los proceso; por lo que, mal pudiere postreramente alegar supuesta vulneración al derecho a la defensa si por negligencia propia se colocó en situación de indefensión al respecto refiere la Sentencia Constitucional 0287/2003-R de 11 de marzo; por lo que, confirma que la supuesta irregularidad en modo alguno puede suponer su nulidad, máxime si se trata de un acto que no tiene trascendencia que arguye, dada la previsión del art. 120 del CP, correspondiendo declarar sin lugar el agravio.
  2. Sobre el segundo agravio, relativo a la supuesta prueba de descargo, consistente en dos certificados médicos, al respecto refiere en el punto “sexto” del considerando III “De la fundamentación intelectiva” del fallo impugnado el Tribunal a quo afirma que al tratarse de  dos informes médicos de fecha 25 de octubre de 2013 o sea practicados después de siete días del hecho, relativos al estado de salud del imputado, efectivamente el órgano judicial es el destinatario de la prueba y tiene facultad de determinar la pertinencia de la prueba conforme lo especifica la parte final del citado precepto, de donde se advierte que no son atinentes los agravios esgrimidos por el apelante; por cuanto, dentro del sistema acusatorio al juez o tribunal previo dibujo de ejecución debe determinar la utilidad de los medios y elementos de prueba y su pertinencia de la prueba conforme lo especifica la parte final del art. 171 del CPP; por lo que, declara sin lugar a este agravio.
  3. Con relación al tercer agravio, refirió que la prueba pericial entre las que se concluye el informe médico es un medio corroborativo, no es directo porque siempre es ex post. En el caso en análisis la prueba nuclear o central es la declaración de la víctima, que es a su vez corroborada entre otros elementos, como ser el informe médico codificado como MP-3 que según la Sentencia impugnada en la parte saliente describe las lesiones ocasionadas en extremidades superiores e inferiores y en el examen ginecológico ante el hisopado vaginal dolor y presencia de espermatozoides, prueba que incorporada y valorada se sustenta también en el inc. 4) de la Ley 348 que señala: “Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad”.

Refiere que aunque las formas y requisitos del proceso cumplen un papel de capital importancia para su ordenación, no toda irregularidad formal puede convertirse en un  obstáculo insalvable para su prosecución, con repudio por lo tanto de formalismos enervantes contrarios al espíritu y finalidad de la norma. En ese contexto si el objeto de la Ley 348 es establecer mecanismos, medidas y políticas de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio de sus derechos para vivir bien, no puede concebirse como una limitante en la actividad probatoria la previsión del art. 65 de la Ley 348, la homologación del certificado médico, sino más bien como un elemento confirmatorio, sin que la ausencia de esta formalidad invalide en modo alguno el contenido del aludido certificado.

  1. Con relación al cuarto motivo, refiere que con relación a los arts. 5 de la Ley 586, 60 de la LOJ y 318 del CPP, tratándose de un Tribunal colegiado integrado por tres jueces técnicos dos hacen quórum y de ningún modo sus decisiones podría considerarse anómalas; además, se debe considerar la previsión de los  arts. 52 del CPP, los juicios se celebraran con un juez técnico y dos ciudadanos en previsión a la parte final del art. 336 del CPP, 180.I de la CPE y 1 de la Ley 586, para desvirtuar lo manifestado en su punto cinco. Por otro lado, señala que el imputado en el momento oportuno no hizo reclamo alguno por lo que su derecho precluyó, conforme los Autos Supremos 73/2013 y 46/2006 y en base al art. 16 del LOJ.
  2. Respecto del punto quinto, hace referencia con relación a la prueba y a la debida fundamentación de las resoluciones el Auto Supremo 14 de 6 de febrero de 2013. Con relación a la defectuosa valoración de la prueba refirió que la Sentencia en su considerando III señaló que de la fundamentación intelectiva jurídica de los hechos probados y controvertidos de la valoración de la prueba afirma que se tiene probado que el acusado Santos Minchaca Tárraga el 18 de octubre 2013; a través, de la violencia y al fuerza ha logrado el acceso carnal con la víctima, puntualizando que dicha afirmación emerge de la atestación de la víctima, siendo corroborada dicha declaración con el certificado médico del Hospital de Entre Ríos de 19 de octubre de 2013, por lo que no es evidente lo denunciado.       

III.  FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y/O GARANTÍAS CONSTITUCIONALES


Los motivos del presente recurso de casación fueron admitidos debido a la denuncia de: 1) El Tribunal de alzada incurrió en error, al afirmar que no se reclamó oportunamente el hecho de que no se le entregó el acta de juicio y la declaración de la víctima al imputado cuando incluso se hizo reserva de recurrir; además, de señalar que el registro de juicio no tiene trascendencia; 2) El razonamiento del Tribunal de alzada que está de acuerdo con lo señalado en la Sentencia, respecto de que la prueba de descargo (D-1 y D-2) son impertinentes, cuando estas pruebas demostraban que la víctima mintió porque no se advierte lo que afirmo con relación a que le hubiera mordido al imputado; y, que la prueba MP-3 certificado médico forense, diagnostica posible agresión sexual, lo que significa que hasta la propia médico dudó de la violación; asimismo, cuando se refiere de las lesiones se dice que son de 5 (cinco) a 7 (siete) días de evolución cuando el hecho supuestamente es de día anterior; 3) El Tribunal de alzada rechazó el tercer agravio de su recurso de apelación restringida, con el argumento que la verdad material está por encima de las formas; y, 4) El Auto de Vista señala que el recurrente no observó respecto de la exclusión del tercer juez; sin embargo, el recurrente señala que no es cierto porque incluso realizó la reserva de recurrir.


III.1.  La debida fundamentación de las resoluciones judiciales.


El art. 180.I de la CPE, entre los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece el debido proceso como principio que garantiza a todo sujeto procesal, tener acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado, sobre todos los motivos alegados en cualquier recurso que la ley prevé, por lo mismo las autoridades que ejercen jurisdicción a nombre del Estado, deben manifestar por escrito los motivos de sus resoluciones, resguardando de esa manera tanto a los particulares como a la colectividad, de decisiones arbitrarias.


Orlando A. Rodríguez Ch., en su obra “Casación y Revisión Penal”, refiriéndose a la fundamentación y motivación, refiere: “…constituye un sello de garantía a los usuarios de la administración de justicia, porque con ello se evita la arbitrariedad, el capricho, decisiones contrarias, errores de lógica jurídica, y el actuar irrazonado de los funcionarios judiciales”.


El mismo autor citando a Joan Pico I. Junoy,  manifiesta que la motivación cumple las siguientes finalidades: a) Le permite controlar a la sociedad la actividad judicial y cumplir así con el de publicidad; b) Garantía intraprocesal de los derechos y libertades fundamentales de las partes; c) Logra el convencimiento de las partes sobre la justicia y corrección de la decisión judicial, eliminando la sensación de arbitrariedad y estableciendo su razonabilidad, al conocer el por qué concreto de su contenido; y, d) Les garantiza a las partes procesales la posibilidad de control de la resolución judicial interponiendo ante los tribunales superiores que conocen de los correspondientes recursos.


Ese entendimiento fue asumido por este Tribunal en el Auto Supremo 218/2014 de 4 de junio, entre otros, que refiere: “Es así, que en consideración a la exigencia contenida en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal estableció (…), entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; i) Expresa por qué se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez a quo; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica”.


III.2.  Control de legalidad y logicidad de la Sentencia.


Conforme la reiterada doctrina legal establecida por el máximo Tribunal de Justicia, se ha dejado sentando que el sistema recursivo contenido en el Código de Procedimiento Penal, fue establecido con la finalidad de que los sujetos procesales, que se consideraran agraviados con la emisión de un fallo, puedan acudir ante un Tribunal superior a efectos de hacer valer sus pretensiones, efectivizándose así las garantías jurisdiccionales, principios y garantías constitucionales contenidos en los arts. 109, 115, 116 y 180.I.II  de la CPE relativos a los arts. 8.2 inc. h) de la Ley 1430 de 11 de febrero de 1993 (Pacto de San José de Costa Rica) y art. 14 núm. 5 de la Ley 2119 de 11 de septiembre de 2000 (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).


En etapa de alzada, la normativa procesal penal establece que el recurso de apelación restringida constituye el único medio para impugnar la Sentencia; consecuentemente, el control de la legalidad ordinaria y logicidad del fallo de mérito, debe ser ejercido por el Tribunal de apelación conforme disponen los arts. 51 inc. 2) del CPP y 58 inc. 1) de la Ley de LOJ. Debe añadirse que este control debe estar sustentado en la Ley, observando, siempre conforme lo alegado en el recurso de alzada, que la Sentencia no haya incurrido en los defectos descritos en el art. 370 del CPP, que pudieran tener como consecuencia la configuración de defectos absolutos inconvalidables por vulneración a normativa penal sustantiva o adjetiva y con ella infracción  de derechos y garantías establecidas en la Constitución Política del Estado.


III.3.        Sobre la defectuosa valoración de la prueba, su formulación y control.


La denuncia por defectuosa valoración de la prueba, defecto de Sentencia descrito en el inc. 6) del art. 370 del CPP, como norma habilitante, debe encontrarse vinculada a la infracción del art. 173 del mismo cuerpo legal; es decir, a la vulneración de las reglas de la sana crítica, que son aquellas que conoce el hombre común (sentido común conocimiento adquirido por cualquier persona de forma espontánea como verdad irrefutable); las reglas de la ciencia, entre las cuales la más aplicada es la de la psicología, que en el caso del juzgador requiere conocimientos mínimos (se aplican cuando el juzgador observa comportamientos); además de las reglas de la lógica (la lógica de lo razonable); es decir, las reglas de la identidad, de contradicción, de tercero excluido o de razón suficiente, para crear un razonamiento debidamente estructurado. Lo que implica, que quien alegue defectuosa valoración de la prueba, debe brindar información necesaria que posibilite identificar cuál de las reglas del recto entendimiento humano fueron infringidas o soslayadas, señalando de forma ineludible, cuáles las afirmaciones o hechos contrarios a la experiencia común, cuáles los hechos no ciertos en los que se sustenta el fallo, de qué manera los medios de prueba fueron valorados indebidamente, cuáles las conclusiones que demuestren cosa diferente a la que se tuvo como cierta con base en ellos, cuál el o los elementos analizados arbitrariamente, únicamente  planteado en esos términos el recurso, es posible el control sobre la valoración de la prueba, control que debe ser ejercitado sobre la logicidad de la Sentencia, teniendo como circunscripción lo argumentado en el recurso.


Sobre la temática, el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, estableció como doctrina fundadora, que fue citada también por el Tribunal de alzada, que: "Los jueces de mérito son soberanos en la valoración de las pruebas, que las estiman o desestiman, debiendo siempre indicar las razones para admitir o desestimar determinados elementos probatorios, los razonamientos del fallo deben estar acordes a las reglas del pensamiento humano, siendo este el iter lógico de una sentencia, el que debe fundarse en las leyes del pensamiento, las que independientemente de nuestra experiencia se presentan como necesarias en nuestro raciocinio.


Para que la fundamentación de una sentencia sea válida se requiere no sólo que el Tribunal de juicio funde sus conclusiones en pruebas de valor decisivo, sino también, que éstas no sean contradictorias entre sí, ni ilegales y que en su valoración se observen las reglas fundamentales de la lógica, no puede considerarse motivación legal ni aplicación integral de las reglas de la sana crítica, a una simple y llana referencia a una prueba por parte del juzgador y que se formula de un modo general y abstracto, en el que se omite realizar una exposición razonada de los motivos en los que se funda.


El Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les esté permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas, de ahí que alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante a señalar cuáles son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio.


Ante la invocación de la violación de las reglas de la sana crítica el Tribunal de alzada es el principal llamado a ejercer un control sobre la logicidad que debe imperar en los razonamientos plasmados en la sentencia, los recurrentes además de expresar las reglas de la lógica que hubieran sido inobservadas, deben vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, de ahí que si bien los jueces se encuentran obligados a motivar debidamente sus resoluciones, es obligación de quienes motivan sus recursos en la inobservancia de las reglas de la sana critica, señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógico-jurídicos, proporcionando la solución que pretenden en base a un análisis lógico explícito; será pues obligación del recurrente, al alegar la infracción basada en la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, atacar en sus argumentaciones el silogismo desarrollado en la sentencia y no referirse ha actuaciones procesales sin incidencia directa en la resolución de mérito, la inobservancia de estas reglas emergentes de lo expresamente determinado en la ley adjetiva penal deberán ser observadas por los Tribunales que conocen el recurso de apelación restringida previamente ha admitirse los recursos por estos motivos y en caso de no ser debidamente subsanada la observación referida, los Tribunales deberán declarar inadmisibles los recursos por este motivo, en cuyo caso no podrán reiterarse estos argumentos en el recurso de casación.


El recurso basado en errónea apreciación de la prueba, tiene por finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano.


Resulta deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente en lugar de señalar concretamente las partes de la sentencia donde se hubieran infringido los principios alegados, requisitos indispensables cuando se reclama sobre la presunta falta de coherencia.


Para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica es preciso que la motivación de la sentencia esté fundada por un hecho no cierto, que invoque afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, una prueba, de acuerdo a la sana crítica, tiene que referirse a hechos que en un momento histórico no son imposibles naturalmente, porque no se opone a ellos ninguna ley científica natural.


Los principios lógicos nos previenen contra el posible error de juicio, pero no nos indican ni nos enseñan cual es la verdad o cuáles son los pensamientos verdaderos; simplemente nos suministran un criterio de error, o un criterio aproximado de verdad, sobre el razonamiento del juez.


El análisis de las resoluciones a partir de la formulación de una crítica al sistema de valoración de la prueba, requiere un alto nivel de tecnicidad y fundamentalmente un adecuado manejo de las leyes del pensamiento; así, los profesionales que asisten en los procesos donde se pretende criticar la actividad valorativa del titular del órgano jurisdiccional, requiere un especial manejo de principios tales como el de razón suficiente, de identidad, contradicción, del tercer excluido, etc.; de igual manera, las máximas de experiencia que son las obtenidas de la observación de la realidad, y que comprueban que ciertos hechos o sucesos se comportan reiteradamente de determinada manera, son parámetros básicos que nos permiten explicar la ocurrencia de ciertos fenómenos cuya extensión, notoriedad, regularidad e identidad, han permitido convertirlos en estándares generales para la comprensión de acontecimientos suscitados a lo largo del tiempo.


III.4. Análisis del caso concreto.


III.4.1.        Error del Tribunal de alzada al pronunciarse respecto de su primer motivo.


El recurrente refiere que el Tribunal de alzada incurrió en error al afirmar que no se reclamó oportunamente el hecho de que no se le entregó el acta de juicio y la declaración de la víctima, al imputado, cuando incluso se hizo reserva de recurrir; además, de señalar que el registro de juicio no tiene trascendencia, aspecto que no es correcto debido a que el art. 371 del CPP, establece las diferentes formas de registro de juicio aclarando que dicho registro tiene valor probatorio conforme lo previsto en el art. 372 del CPP.


Con relación a lo señalado por el recurrente, corresponde analizar el Auto de Vista con la finalidad de verificar si evidentemente dicho fallo rechazó dicho agravio con esos argumentos; de ahí, que analizada la referida resolución del Tribunal de alzada, se advierte que no obstante de lo señalado por el recurrente, también dicha resolución explicó los motivos por los cuales no pudo ser viable lo pretendido por el recurrente de apelación restringida, teniendo en cuenta que fue claro en establecer de los antecedentes que verificó que el acta de juicio se encontraba adherida al expediente y que la misma fue entregada por la Secretaria del Tribunal (Dra. Dayana Ortega), a quién se responsabilizó por la demora en la entrega de dicho documento, tal como verificó de lo establecido mediante decreto de 5 de abril de 2016; asimismo, con relación a la declaración de la víctima el recurrente debió tener en cuenta que el Tribunal de alzada fue claro en establecer que desde el 5 de abril de 2016, hasta el día de la presentación de sus memorial de impugnación (11 de abril de 2016) los documentos extrañados estuvieron a disposición del apelante, de lo que se puede establecer que el acta de juicio y la declaración de la víctima estuvieron a disposición del recurrente del 5 al 11 de abril de 2016; por lo que, no se advierte vulneración de algún derecho y/o garantía constitucional denunciado, debido a que el Tribunal de alzada le dio una respuesta fundada en base a los antecedentes del proceso.          


III.4.2. Sobre la pertinencia de las pruebas D-1 y D-2.


Con relación a la afirmación del recurrente de que el razonamiento del Tribunal de alzada que está de acuerdo con lo señalado en la Sentencia respecto de que la prueba de descargo (D-1 y D-2) es impertinente, cuando estas pruebas demostraban que la víctima mintió, porque no se advierte lo que afirmó con relación a que le hubiere mordido al imputado, aspecto que genera duda con relación a su afirmación respecto de la violación; por lo que, se debió aplicar la duda razonable prevista en el art. 116 de la CPE; y que, la prueba MP-3 certificado médico forense, diagnostica posible agresión sexual, lo que significa que hasta la propia médico dudó de la violación; asimismo, cuando se refiere de las lesiones se dice que son de 5 (cinco) a 7 (siete) días de evolución, cuando el hecho supuestamente es de día anterior, evidenciando de esta manera vulneración al debido proceso que no fue reparado por el Tribunal de alzada, más al contrario se dio por hecho la comisión del delito cuando las pruebas no acreditaban dicha comisión.


Al respecto, el Tribunal de alzada explicó de manera fundada al recurrente que las pruebas reclamadas se referían al estado de salud del imputado, trayendo a colación la sentencia respecto de la temática planteada afirmó que la misma  estableció en su considerando III en su fundamentación intelectiva, que si bien dichas pruebas fueron incorporadas a juicio, se tiene que considerar que el proceso se ventila y tramita por el delito de violación y no así por algún hecho relativo al estado de salud del imputado, porque es de naturaleza distinta; por lo que, se estableció que dichas pruebas no guardan relación con el proceso, esto en aplicación de la facultades que le confiere la Ley al Tribunal de Sentencia con relación a la pertinencia de la prueba. Por otro lado, se debe considerar que en los casos donde se pretende criticar la actividad valorativa del titular del órgano jurisdiccional, se requiere un especial manejo de principios tales como el de razón suficiente, de identidad, contradicción, del tercer excluido, etc.; de igual manera, las máximas de experiencia que son las obtenidas de la observación de la realidad y que comprueban que ciertos hechos o sucesos se comportan reiteradamente de determinada manera, son parámetros básicos que nos permiten explicar la ocurrencia de ciertos fenómenos cuya extensión, notoriedad, regularidad e identidad, han permitido convertirlos en estándares generales para la comprensión de acontecimientos suscitados a lo largo del tiempo, aspectos que no se advierten en el planteamiento del presente motivo; por lo que, el mismo deviene en infundado; toda vez, que el recurrente se limitó a señalar la existencia de vulneración del debido proceso porque las pruebas D-1 y D-2, resultarían pertinentes y que la prueba MP-3 no demostraría la comisión del hecho, porque referiría posible agresión sexual, más la observación de que las lesiones fueran de 5 (cinco) a 7 (siete) días de evolución cuando el hecho supuestamente es de día anterior; sin embargo, sin cumplir los presupuestos establecidos para observar la actividad valorativa del Tribunal de Sentencia como se tiene desarrollado y explicado en el punto III.3 de la presente resolución.  


III.4.3. El Tribunal de alzada rechazó el tercer agravio de su recurso de apelación restringida con el argumento que la verdad material está por encima de las formas.


El Tribunal de alzada rechazó el tercer agravio de su recurso de apelación restringida con el argumento que la verdad material está por encima de las formas, sin tomar en cuenta los siguientes aspectos: a) Se incumplió la Ley 348 en sus arts. 65 y 95 con relación a la prueba de cargo MP-3; b) La prueba MP-3, no tiene requerimiento para su obtención y fue emitido antes del inicio de investigación, defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 1) del CPP; c) El Ministerio Público no probó documentalmente la agresión sexual, la violencia física y violencia psicológica, requisitos indispensables para establecer y comprobar las conductas de los ilícito de Violación; d) El Ministerio Público retiró a sus dos testigos presenciales; y, que la hora de salida de clases no coincide con las declaraciones de la madre de la víctima y la propia víctima, con la acusación y la denuncia, lo que hace ver que no existió prueba que sustente lo afirmado; y, e) Señala que de la prueba MP-3 no demuestra la comisión del delito de Violación teniendo en cuenta que la misma dice posible agresión sexual y se lo toma como documento idóneo para la condena cuando concurría la absolución.


Al respecto, es preciso verificar si el Auto de Vista incurrió en la denuncia referida por el recurrente, de donde se debe tener en cuenta que no es cierto lo manifestado en este punto, debido a que el Tribunal de alzada fue expreso en señalar el por qué no se infringió la normativa señalada, explicando que en aplicación del principio de la utilidad de la prueba, que esta se encontraba directamente relacionada con el objeto que debe probarse, al respecto analizó el art. 65 del la Ley 348, el cual lo relacionó con la aplicación del art. 180.I de la CPE, que impone a la autoridad jurisdiccional de verificar los hechos tal como ocurrieron, en virtud a los elementos de prueba examinados o valorados prescindiendo de la formalidades en cuanto sea factible, sin afectar los derechos de las partes, criterio que lo ratificó con el art. 86.11 de la Ley 348, que establece: “Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres debe considerar la verdad de los hechos probados por encima de la formalidad pura y simple”, de donde explica que la prueba pericial es un medio corroborativo, siendo la prueba nuclear la declaración de la víctima, la cual es confirmada por otros medios de prueba; en consecuencia, de los aspectos anotados se advierte que el Tribunal de alzada explicó la aplicación de la CPE y la propia ley 348 con relación a la denuncia realizada por el recurrente, de donde se establece que el Auto de Vista no incurrió en vulneración de derecho y/o garantía constitucional denunciada.

    

III.4.4.        Con relación a la exclusión del tercer juez.


Al respecto, resulta que no es cierto lo manifestado por el recurrente respecto de que el Auto de Vista no observó la exclusión del tercer juez, debido a que el Tribunal de alzada puntualmente motivos II.4.1 y II.4.2 estableció contra dicha denuncia que con relación a los arts. 5 de la Ley 586, 60 de la LOJ y 318 del CPP, tratándose de un Tribunal colegiado integrado por tres jueces técnicos dos hacen quórum y de ningún modo sus decisiones podrían considerarse anómalas; además, explicó que se debe considerar la previsión del art. 52 del CPP, el cual establece que los juicios se celebraran con un juez técnico y dos ciudadanos en previsión a la parte final del art. 336 del CPP, aclarando que ahora en la actualidad se debe tener en cuenta que ya no existen los jueces ciudadanos, los juicios se celebraran hasta con dos jueces técnicos los que hacen el quórum respectivo para emitir las la resoluciones que correspondan lo contrario significaría negar los principios de eficacia, eficiencia y celeridad establecidos en el art. 180.I de la CPE, de la misma forma de manera fundada afirmó que este entendimiento se encuentra acorde a lo establecido por el art. 1 de la Ley 586, de donde se establece que incluso en situaciones de causas pendientes a la vigencia de la Ley 586 se autoriza la celebración de los mismos a cargo de un solo juez técnico en aplicación a la disposición transitoria cuarta. Por los aspectos anotados emergentes del Auto de Vista, se establece que no es cierto lo manifestado por el recurrente en este motivo, porque el Tribunal de Alzada analizó y explicó respecto de la exclusión del tercer juez, haciéndolo de manera fundada respondiendo lo pretendido por en el recurso de apelación restringida que interpuso el ahora recurrente.

En definitiva, el Tribunal de alzada cumplió con su labor y facultad de control de verificación de la correcta valoración de las pruebas; además, que actuó conforme a la doctrina legal aplicable incorporada en el presente fallo, que establece el deber de fundamentar las resoluciones judiciales, controlando que la resolución pronunciada por el Tribunal de Sentencia haya realizado una correcta valoración de las pruebas; además, verificó que la misma se encontró suficiente y correctamente motivada y fundamentada, respecto a la valoración de los elementos de prueba, observando y verificando si el iter lógico, expresado en la fundamentación del fallo el mismo que se encontró acorde con las reglas del recto entendimiento humano, analizando que la motivación fue expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, que integran  la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando que las conclusiones obtenidas respondieron a las reglas del recto entendimiento humano; en consecuencia, se evidencia que el Tribunal de alzada cumplió con el deber que le otorga la Ley.


De ahí que el Auto de Vista no incurrió en vulneración de derechos y garantías, más al contrario se encuentra acorde a la doctrina legal emitida por este máximo Tribunal de Justicia en el punto III de la presente resolución; por lo que, al emitirse dicho fallo, no se quebrantó el marco procesal referido a su labor al momento de responder de manera fundada a los aspectos consignados en el recurso de apelación restringida; en consecuencia, el recurso interpuesto deviene en infundado.     


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación de lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Santos Minchaca Tárraga, de fs. 287 y 289.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA