TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 910/2016-RRC

Sucre, 18 de noviembre  de 2016


Expediente        : Tarija 48/2016

Parte Acusadora        : Julio Flores Nina   

Parte Imputada        :        José Enrique Ramos Villca 

Delitos                : Injuria  

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 10 de junio de 2016, cursante de fs. 59 a 62 vta., José Enrique Ramos Vilca, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 27/2016 de 26 de febrero, de fs. 45 a 47 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, integrada por los Vocales Ernesto Félix Mur y Carolina Chamon Calvimontes, dentro del proceso penal seguido por Julio Flores Nina contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Injuria, previsto y sancionado por el art. 287 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


  1. Por Sentencia 15/2015 de 16 de octubre (fs. 32 a 35 vta.) el Juez Segundo de Partido y Sentencia de Bermejo del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró al imputado José Enrique Ramos Vilca, autor del delito de Injuria, previsto y sancionado por el art. 287 del CP, imponiendo la pena de cuatro meses de Prestación de Trabajo, más multa de cincuenta días a razón de Bs. 5.- (cinco bolivianos) por día, con costas. 


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado José Enrique Ramos Vilca (fs. 37 a 39), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 27/2016 de 26 de febrero, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar el citado recurso y confirmó la Sentencia impugnada en todas sus partes, motivando el presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 620/2016-RA de 18 de agosto, se extrae el motivo a ser analizada en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


El recurrente acusa que el Auto de Vista recurrido, lejos de reconocer que presentó abundante prueba y como agravio alegó la existencia de errónea aplicación de la ley sustantiva, no hizo más que transcribir lo que indica la sentencia respecto al tipo penal de injuria para finalmente concluir sin mayor fundamento que el Juez de Sentencia, fundamentó fáctica y jurídicamente la resolución apelada así como su conducta, sin analizar el Tribunal de apelación los elementos configurativos del tipo penal de injurias. Invoca los Autos Supremos 89/2012, 512 de 11 de octubre de 2007 y 5 de 26 de enero de 2007.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente, solicita se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado y se determine que se dicte uno nuevo conforme a la doctrina legal aplicable.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 620/2016-RA de 18 de agosto, cursante de fs. 70 a 72, este Tribunal admitió el recurso formulado por José Enrique Ramos Vilca, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 15/2015 de 16 de octubre, el Juez Segundo de Partido y Sentencia de Bermejo del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró al imputado José Enrique Ramos Vilca, autor del delito de Injuria, previsto y sancionado por el art. 287 del CP, imponiendo la pena de cuatro meses de Prestación de Trabajo, más multa de cincuenta días a razón de Bs. 5.- (cinco bolivianos) por día, con costas, al haber concluido que el día 21 de abril de 2015, entre horas 16:30 a 17:30 el querellante Julio Flores Nina, con su esposa Isabel Cristina Ramos Vilca, se trasladaron a limpiar el lote de terreno que ella tenía por regalo de sus padres, ubicado en la calle Pedro Domingo Murillo s/n entre calles Virgen de Chaguaya y Mrcl. Santa Cruz de esa ciudad, donde construyó una habitación y tendrían parte todos los hermanos incluido el acusado, quien tiene su casa en parte del lote y vive con su familia, es así que para limpiar lo tuyo el querellante habría utilizado una desbrozadora y se puso ropa especial de trabajo y protección, cuando procedía a cortar el pasto señala que fue  agredido físicamente por la espalda con un empujón cayendo al suelo donde fue pateado, apuñeteado en su cuerpo y cabeza, sin que reaccione por su indumentaria y la máquina que estaba funcionando, al mismo tiempo fue agredido verbalmente con una serie de adjetivos ofensivos, denigrantes, discriminatorios, peyorativos, descalificantes y amenazas etc., que al darse  cuenta su esposa se acercó corriendo a defenderle siendo igualmente agredida con puñetes en la cara y una patada en su pierna, momento que logró apagar y desenganchar la desbrozadora del chaleco para su agresor  seguir profiriendo las mismas ofensas, luego su esposa llamo a la policía y el acusado se encerró en su cuarto y no salió.


Ahora bien, de la valoración descriptiva y analítica, el Juez  a quo indica que las declaraciones del testigo víctima; y, de su esposa al haber sido sufridas en forma directa éstas fueron ratificadas con la declaración de Daniela Abigail Betancour Ramos, que tomó conocimiento del hecho a las dos horas, al verificar que sus padres se encontraban maltratados física, moral y psicológicamente, atestaciones que consideró sinceras, espontáneas y expresadas con la naturalidad de sentirse víctima, que indica constituyen prueba plena del hecho a las cuales el juzgador da absoluta credibilidad; además, de ser uniformes considerando también  la diferencia física y edad el acusado; y, víctima (36 y 63 respectivamente) adicionalmente el testigo de descargo Kelly Eugenio Gerónimo, habría señalado que no pudo escuchar nada, porque estaba haciendo ruido la maquina cortadora de pasto, afirmación que más allá del interés demostrado (esposa) sostuvo que el acusado fue víctima de agresión física demostrándose confundida y presionada, actitud que consideran no la hace creíble. Asimismo, efectuada la fundamentación jurídica el Juez a quo, concluyó que se ha demostrado y comprobado con prueba testifical, que el acusado el día de los hechos agredió a la víctima subsumiendo su conducta al delito de injurias  tipificado en el art. 287 del CP.


II.2.        De la apelación restringida del acusado.


El recurrente José Enrique Ramos Vilca, interpuso recurso de apelación restringida, que bajo el acápite de Defectos de la sentencia, afirma que la sentencia incurrió en las causales 1, 5 y 6 del art. 370 del CPP, señalando en cuanto a la errónea aplicación de la ley sustantiva penal, que tiene relación con el motivo de casación admitido que de acuerdo al art. 342 de la Ley 1970, la base del juicio es la acusación particular por el delito de injurias llevándose a cabo el mismo sobre la base de la querella o acusación particular haciendo referencia a los hechos fácticos que provocaron la acusación en su contra, afirma además que por el testimonio de los testigos de cargo se pudo evidenciar que existe contradicciones entre Cristian Ramos Vilca, quien habría señalado que su persona sería la que le agredió al querellante, siendo que se encontraba a 10 metros de distancia; sin embargo, Daniela Abigail Betancur no hizo mención de que su persona sea el agresor  más al contrario sólo indicó que su padre, el querellante, le habría contado de las agresiones, declaraciones que el apelante considera son contradictorias; empero, fue acusado por el delito de  injurias, no obstante señala que el Juez de Partido y Sentencia efectuó una interpretación errónea de la ley sobre la prueba testifical de cargo, sin que se haya demostrado el perjuicio moral ocasionado; asimismo, aduce que no existe prueba material testifical que demuestre su actuar doloso; por consiguiente, advierte que se debería anular la errónea interpretación de la ley respecto a este delito debiendo emitirse una nueva sentencia declarándolo absuelto conforme constaría en el acta de juicio y la sentencia.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija emitió el Auto de Vista 27/2016 de 26 de febrero, que declara raciones sin lugar el recurso de apelación restringida y confirmando la Sentencia impugnada, señalando entre sus conclusiones, respecto al agravio de existencia errónea aplicación de la ley sustantiva, hace que a los alcances de este medio de impugnación, afirmando que la inobservancia implica desconocimiento, desobediencia o falta de aplicación de la norma jurídica, no se trata  de  un error  en el modo de aplicarla, sino de una omisión de cumplirla, mientras que la errónea aplicación es la inadecuación o falta de  correspondencia de la norma aplicada con el caso concreto; es decir, una norma es observada o cumplida, pero no es la que debía aplicarse o es aplicada con una mala interpretación de su mandato, que en el caso de autos la parte recurrente no habría cumplido con la fundamentación del agravio exigido en el art. 408 del CPP, en relación al defecto referido, puesto que debe existir congruencia entre el agravio que se denuncia y la fundamentación que respalda al mismo; empero, en el memorial de apelación indica que no se verifica dicha situación; por lo que, considera que el agravio se encuentra infundado.

    

III. VERIFICACIÓN DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO IMPUGNADO CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


Este Tribunal admitió el recurso interpuesto por el recurrente José Enrique Ramos Vilca, abriendo su competencia a objeto de verificar la posible contradicción del Auto de Vista impugnado con los precedente invocados y en definitiva establecer si el agravio planteado tiene mérito o no, labor para el cual es pertinente recordar que el recurrente centra su agravio en que no obstante que alegó en su alzada que hubo errónea aplicación de la ley sustantiva, el Auto de Vista impugnado concluyó sin mayor fundamentación que el Juez a quo fundamentó fáctica y jurídicamente la sentencia pelada  sin que se haya analizado los elementos configurativos  del tipo penal de injurias, invocando al efecto los Autos Supremos 89/2012, 512 de 11 de octubre de 2007 y 5 de 26 de enero de 2007 para el análisis de fondo.


Para dicho fin, en primer término se procederá identificar el fundamento de los precedentes invocados e ingresar al análisis del motivo concreto del recurso planteado.


III.1. De los precedentes invocados.

Conforme se estableció líneas arriba, el recurrente cuestiona que el Auto de Vista incurre en falta de fundamentación sobre el agravio referido a la errónea aplicación de la ley sustantiva; a cuyo efecto, el recurrente invocó los siguientes autos supremos:


El recurrente invocó en primer término el Auto Supremo 89/2012 (25 de abril de 2012), pronunciado en un proceso sobre Estafa y Abuso de Confianza, donde inicialmente se emitió sentencia condenatoria a uno de los imputados siendo absuelto el otro imputado, apelada esta determinación, por Auto de Vista se declaró procedente en parte el recurso, revocando en parte la Sentencia y declarando al co-imputado sancionado, autor solamente del delito estafa, fallo que recurrido de casación fue dejado sin efecto en razón a que modificó la situación jurídica del imputado de culpable a absuelto, respecto al delito de apropiación indebida y modificó además, la condena, excediendo las facultades que le confiere el art. 414 del CPP; consecuentemente, estableció la siguiente doctrina legal aplicable: “Conforme a la jurisprudencia emanada de este Alto Tribunal, el recurso de apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o la sentencia; no siendo el medio jerárquico para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho que hacen los Jueces o Tribunales inferiores, sino para garantizar los derechos y garantías constitucionales y la correcta aplicación de la Ley. Es por ello que no existe la doble instancia y el Tribunal de alzada se encuentra obligado a ajustar su actividad jurisdiccional a los alcances establecidos en los arts. 413 y 414 del Código de Procedimiento Penal. En consecuencia, no se considera dentro del alcance del artículo 413 última parte del Código de Procedimiento Penal la posibilidad de que el Tribunal de apelación cambie directamente la determinación de la condena o absolución del imputado, porque para ello se requiere imprescindiblemente valorar la prueba, debiendo el Tribunal de Alzada aplicar lo dispuesto en el art. 414 del Código de Procedimiento Penal, tomando en cuenta la limitación contenida en dicho precepto legal referida a corregir los errores de derecho en la fundamentación de la resolución impugnada que no influyan en la parte dispositiva, por lo que en los casos en los que se advierta que el error en la fundamentación sea determinante para el cambio en la situación jurídica del imputado, observando lo dispuesto por el artículo 413 del mismo Código Adjetivo Penal, debe anular la sentencia total o parcialmente, dado el caso específico y ordenar la reposición del juicio por otro juez o tribunal, precisando en forma concreta el objeto del nuevo juicio”, doctrina que no es aplicable al caso de autos donde se cuestiona la falta de fundamentación del Tribunal de alzada respecto a un agravio formulado en apelación, situación que no es similar a la planteada en la doctrina invocada donde el hecho fáctico responde a que el Auto de Vista cuestionado modificó la situación jurídica del imputado yendo más allá de los límites de sus facultades  previstas por el art. 414 de la norma adjetiva penal.


También invocó el Auto Supremo 512 de 11 de octubre de 2007, emitido dentro de un proceso de Uso Indebido de Influencias y otros, donde se dictó Sentencia condenatoria para tres de los imputados y absolutoria en favor de uno, apelada que fue la sentencia, por auto de vista  se anuló totalmente la sentencia ordenando la reposición del juicio por otro tribunal de sentencia, resolución que recurrida de casación fue dejada sin efecto, por lo que fue emitido un nuevo Auto de Vista en el que declaro improcedentes los recursos de apelación restringida interpuestos, sin embargo, con la facultad conferida por el art. 414 del CPP, modificó el tiempo de condena, asimismo respecto a un coimputado revocó la sentencia absolviéndolo, por existir duda razonable; recurrida de casación esta última resolución fue dejada sin efecto porque no fue efectuada con la congruencia del caso las denuncias relacionadas con la inobservancia de la ley sustantiva (arts. 146 y 154 del CP), tampoco se pronunció sobre la inexistencia de fundamentación de la sentencia o sobre los argumentos contradictorios de la misma y la valoración defectuosa de la prueba, consecuentemente se emitió la siguiente doctrina legal aplicable: “I. Los fallos judiciales deben ser debidamente fundamentados, no siendo suficiente que se limiten a transcribir los antecedentes procesales, los criterios del juzgador expuestos en la resolución en análisis, los fundamentos de las partes o a hacer una relación de normas legales sin que se ponga en evidencia el iter lógico, o camino del razonamiento, seguido por el juzgador a efecto de arribar a determinada conclusión, cumpliendo de esa manera con la previsión del Art. 124 del Código de Procedimiento Penal y asegurando la efectividad de una amplia gama de derechos constitucionales. En efecto, la norma citada establece que: "Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados, expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. La fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes.". Entretanto, el art. 370 numeral 5 de la Ley Nº 1970, señala que será defecto de la sentencia cuando: "no exista fundamentación de la sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria". II. El vicio de incongruencia, entendido como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido, puede entrañar una verdadera denegación del derecho a la tutela judicial efectiva siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una modificación sustancial de los términos en los que fueron planteados los términos de los recursos. El juicio sobre la congruencia de la resolución judicial precisa de la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del recurso delimitado por el petitum, la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos que sustentan la pretensión y al fundamento jurídico que la nutre, sin que las resoluciones judiciales puedan modificar la causa petendi, alterando de oficio los alcances de la solicitud, pues el tribunal se estaría pronunciando sin oportunidad de debate ni de defensa sobre las nuevas posiciones en que el órgano judicial sitúa el thema decidendi. A este fin, el art. 398 del mismo adjetivo penal señala que: Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución.. Precedente cuyo contenido tiene relación con el caso de autos donde se analiza el cumplimiento la debida fundamentación que debe contener cada resolución, por lo que será tomado en cuenta para la labor de contrastación.


Y finalmente, invocó el Auto Supremo 5 de 26 de enero de 2007, emitido dentro de un proceso de Homicidio, Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito y Omisión de Socorro, se dictó la Sentencia condenatoria, apelada esta determinación por Auto de Vista, se declaró improcedentes los recursos planteados confirmando la resolución del A quo, fallo que fue dejado sin efecto a raíz de que fue emitido al margen de las pretensiones aducidas inobservando el principio tantun devolutum quantum apellatum, en consecuencia se incurrió en el vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), lesivo del derecho de las partes, lo que constituyen un defecto de la sentencia que no puede convalidarse; consecuentemente, se pronunció la siguiente doctrina legal aplicable: La exigencia de motivación es una garantía constitucional de justicia, fundada en el régimen republicano de gobierno que, al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, permiten el control del pueblo, sobre su conducta, resguardando con ello a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces; la motivación responde también a otros fines, ya que podrán los interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptación o fundar su impugnación por los medios que la ley concede. Al mismo tiempo brinda al Tribunal de alzada el material necesario para ejercer su control, y finalmente sirve para crear la jurisprudencia, entendida como el conjunto de las enseñanzas que derivan de las sentencias judiciales. De ahí que la motivación de los fallos emergentes de los recursos, debe ser expresa, clara, legítima y lógica. a) Expresa : porque el Tribunal, no puede suplirla por una remisión a otros actos, o a las constancias del proceso, o reemplazarlas por una alusión de la prueba. La ley exige que el juzgador consigne las razones que determinan su decisorio, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por él, para arribar a la conclusión. b) Clara: en la resolución, el objeto del pensar jurídico debe estar claramente determinado, de manera que produzca seguridad en el ánimo de quienes la conozcan, aún por los legos. c) Completa: la exigencia comprende a todas las cuestiones planteadas por las partes en los diferentes recursos que se analizan, y a cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión. El Tribunal está obligado a considerar todas las cuestiones esenciales o fundamentales que determinan el fallo. En este sentido, cualquier aspecto de la indagación susceptible de valoración propia, asume individualidad a los fines de la obligación de motivar; y sobre la base del principio de exhaustividad habrá falta de motivación, cuando se omita la exposición de los razonamientos efectuados sobre un punto esencial de la decisión y sobre los hechos secundarios alegados en el mismo, porque la obligación de motivar alcanza también a ellos en cuanto comprenden el iter a través del cual el Tribunal llega a la conclusión sobre la causa petendi. La motivación de los fallos emergentes de los recursos, para ser completa, debe referirse al petitum y al derecho, analizando la resolución impugnada y expresando las conclusiones a las que se arribe luego de un examen sobre la veracidad de las denuncias formuladas, resolver apartándose del petitum significa que el fallo incurre en un vicio de incongruencia. El vicio de incongruencia como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones, en definitiva constituyen el objeto del recurso. Al conceder más, menos o cosa distinta a lo pedido, el órgano judicial incurre, en las formas de incongruencia conocidas como ultra petita, citra petita o extra petita partium. d) Legítima: la legitimidad de la motivación se refiere tanto a la consideración de las denuncias formuladas, como a la obligación de revisar ex oficio la legitimidad del proceso. Por lo tanto, el fallo que se funda en la consideración de cuestiones alejadas del objeto particular del recurso deducido, no esta debidamente motivada. e) Lógica : finalmente se exige que la sentencia cumpla con las reglas de logicidad, de ahí que el Tribunal valorará las cuestiones formuladas de un modo integral, empleando el razonamiento inductivo, verificando la observancia de las reglas de la sana crítica y exponiendo los razonamientos en que se fundamenta la decisión; es decir, sustentándolos en las reglas de la lógica, psicología y experiencia”. doctrina que al referirse a la motivación que debe contener cada fallo, será tomada en cuenta para efectuar el análisis de fondo del motivo planteado.


       En el motivo admitido del recurso de casación en análisis, el recurrente advierte que el Auto de Vista recurrido, lejos de reconocer que presentó abundante prueba y como agravio alegó la existencia de errónea aplicación de la ley sustantiva, no hizo más que transcribir lo que indica la sentencia respecto al tipo penal de injuria para finalmente concluir sin mayor fundamento que el Juez de Sentencia fundamentó fáctica y jurídicamente la resolución apelada así como su conducta, sin analizar el Tribunal de apelación los elementos configurativos del tipo penal de injurias.


Al respecto, se debe tener presente que el Tribunal de alzada a momento de resolver el punto apelado referido a la existencia de errónea aplicación de la ley sustantiva, parte haciendo hincapié en lo que se entiende por inobservancia y errónea aplicación de la ley, refiriendo sobre esta última que es la inadecuación o falta de correspondencia de la norma aplicada con el caso concreto; es decir, una norma es observada o cumplida, pero no es la que debía aplicarse o es aplicada con una mala interpretación de su mandato; es por ello que, advirtieron que el recurso de alzada carece de fundamentación sobre lo indicado, apartándose por consiguiente de lo estipulado en el art. 408 del CPP en relación al defecto referido, debiendo existir congruencia entre el agravio que se denuncia y la fundamentación que respalda al mismo, lo cual fue extrañado por el Tribunal ad quem;  anomalía que se encuentra expresamente señalada en el Auto de Vista recurrido; por lo que, no es evidente que frente a su agravio sobre la existencia de errónea aplicación de la ley, el Tribunal de alzada haya procedido a una transcripción de la sentencia sin que haya procedido a su análisis, mas por el contrario se observa que ha atendido el agravio de referencia señalando el porqué de su improcedencia de forma clara, completa, legítima y lógica acudiendo inclusive a un razonamiento de lo que debería haber plasmado en su alzada respecto al defecto denunciado, falencia atribuida a una falta de técnica recursiva de la parte recurrente en ejercicio de su derecho a la defensa; por consiguiente, se advierte que el Tribunal ad quem ha fundamentado su razonamiento en base a un análisis donde explica los motivos en los que apoya su decisión, expresando las razones de la misma de confirmar la sentencia, sobre este punto apelado, precautelado el debido proceso en su elemento de la debida fundamentación; además, de observar el cumplimiento de los arts. 124 y 398 del CPP; consecuentemente, no se advierte que los precedentes invocados Autos Supremos 512 de 11 de octubre de 2007 y 5 de 26 de enero de 2007, sean contrarios al Auto de Vista impugnado, por cuanto el Tribunal de apelación ajusto su actividad jurisdiccional a derecho,  resultando el recurso de casación infundado


Por lo expuesto, éste Tribunal llega a la conclusión de que el Tribunal de apelación obró correctamente a momento de resolver la alzada planteada por José Enrique Ramos Vilca; en cuyo mérito, corresponde declarar infundado el recurso de casación.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por José Enrique Ramos Vilca.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos