TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 907/2016-RRC

Sucre, 18 de noviembre de 2016


Expediente                        La Paz 54/2016

Parte Acusadora                Ministerio Público y otra

Parte Imputada                : Winston Jesús Arana Castro

Delito                        : Lesiones Graves y Leves   

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 1 de abril de 2016, cursante de fs. 737 a 739, María Giovana Arana Castro, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 17/2016 de 7 de marzo, de fs. 732 a 735, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, integrada por los Vocales Virginia Janeth Crespo Ibáñez y Willy Arias Aguilar, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la recurrente contra Winston Jesús Arana Castro, por la presunta comisión del delito de Lesiones Graves y Leves, previsto y sancionado por el art. 271 primera parte del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACION


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 71/2015 de 15 de mayo (fs. 661 a 674), el Tribunal Cuarto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Winston Jesús Arana Castro, autor de la comisión del delito de Lesiones Graves y Leves, previsto y sancionado por el art. 271 primera parte del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión, más el pago del daño civil y costas a favor del Estado, siendo concedido el beneficio de la Suspensión Condicional de la Pena.


  1. Contra la mencionada Sentencia, la acusadora particular (fs. 683 a 685 vta.), el imputado (fs. 686 a 689) y el Ministerio Público (fs. 701 a 703 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 17/2016 de 7 de marzo, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisible e improcedente las cuestiones planteadas y confirmó la Sentencia impugnada.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 591/2016-RA de 3 de agosto, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).

La recurrente haciendo mención de los antecedentes del proceso, denuncia que el Tribunal de alzada no se había pronunciado respecto a que: i) La Sentencia sólo citó los arts. 37, 38.1 incs. a) y b), 40 inc. 3) del CP, sin fundamentar conforme al art. 124 del CPP, concluyendo que existe un porcentaje mayoritario de agravantes; empero, que como la pena tiene la finalidad de enmienda y readaptación social, impone una pena que viabiliza la suspensión condicional de la pena; y, ii) No se aplicó el art. 38 incs. 1) y 2) del CP, pues el imputado sería una persona instruida, padre de familia, que agredió a la víctima con alevosía y ensañamiento, provocándole cuarenta días de impedimento, obviándose la extensión del daño causado y el peligro corrido por la misma; por lo que, invocó como precedentes los Autos Supremos 82/2012 de 19 de abril y 326/2012 de 12 de noviembre, señalando que el Auto de Vista carece de fundamentación y no se pronuncia sobre ninguno de los puntos apelados, bajo el inconsistente argumento que lo que pretendía es la revalorización de la prueba, cuando lo que procuraba es que el Tribunal de alzada modifique la pena, previa compulsa de las agravantes y atenuantes.


I.1.2. Petitorio.


La recurrente solicita se emita Auto Supremo, dejando sin efecto el Auto de Vista impugnado, disponiendo que el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dicte un nuevo Auto de Vista de acuerdo a la doctrina legal aplicable.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 591/2016-RA de 3 de agosto, cursante de fs. 746 a 747 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación interpuesto por María Giovana Arana Castro, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO.


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y establecido el ámbito de análisis del recurso, se tiene lo siguiente:


II.1.  De la Sentencia y el quantum de la pena.


El Tribunal Cuarto de Sentencia de La Paz, concluidas las emergencias del juicio oral, por Sentencia 71/2015 de 15 de mayo, declaró a Winston Jesús Arana Castro, autor de la comisión del delito de Lesiones Graves y Leves, previsto y sancionado por el art. 271 primera parte del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión, más el pago del daño civil y costas a favor del Estado, siendo concedido el beneficio de la Suspensión Condicional de la Pena, esto de acuerdo a los siguientes fundamentos:


Respecto a la aplicación de la pena estableciendo los límites de la pena en cuanto al art. 271 primera parte del CP, que señala; “… del cual derivare incapacidad para el trabajo de treinta a ciento ochenta días, será sancionado con reclusión de dos a seis años”, el Tribunal a los fines de imponer la pena acorde a los antecedentes fácticos y legislativos tomó en cuenta lo establecido en los arts. 37, 38 inc. 1) a y b; y, 40 inc. 3) del CP, referentes a la personalidad del imputado, las circunstancias y atenuantes generales. Considerando la personalidad del autor, se tomó como agravante que no se hizo cargo de las atenciones médicas de su víctima en la medida de sus posibilidades, que tiene antecedentes policiales que demuestran su comportamiento anterior al hecho, también se consideró como atenuantes el arrepentimiento, su edad, educación, la defensa de su madre que


debieran servir para madurar emocionalmente, ser padre de familia de seis hijos, en consecuencia las agravantes se manifestaron en un porcentaje mayoritario; empero, en consideración a que la pena tiene como finalidad la enmienda y readaptación social del imputado el Tribunal decidió imponer la pena de tres años de privación de libertad, pues si bien se hizo hincapié por parte de la fiscalía la existencia de varios procesos penales en contra del imputado, estos fueron desvirtuados por las pruebas de descargo y al no existir Sentencia condenatoria ejecutoriada con el imputado en otros proceso penales iniciados por la propia acusadora particular el Tribunal consideró la observancia al principio constitucional de presunción de inocencia previsto en el art. 116 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 6 del CPP (en cuanto a los otros proceso penales).


II.3.  De la apelación restringida de la acusadora particular.


Ante la aplicación de la pena impuesta por la Sentencia 71/2015, María Geovana Arana Castro, interpuso recurso de apelación restringida, que en lo que respecta al agravio traído en casación, alegó:


En el numeral séptimo de su recurso se alegó que el Tribunal de Sentencia si bien señaló que, para la aplicación de la pena tomó en cuenta los establecido en los arts. 37, 38 inc. 1) a y b; y, 40 inc. 3) del CP; sin embargo, lo hubiese hecho sin cumplir lo establecido en el art. 124 del CPP, ya que en forma caótica y desordenada se refirió a que el condenado no se hizo cargo de la atención médica de la víctima, que tiene antecedentes policiales y judiciales que demuestran que no tuvo un comportamiento meritorio, que no mostró arrepentimiento, su edad, educación, defensa de su madre, la necesidad de madurar emocionalmente, ser padre de familia, sin establecer en qué medio de prueba sustenta estas conclusiones, para finalmente en forma contradictoria concluir que existió un porcentaje mayoritario de agravantes, pero como la pena tiene la finalidad de enmienda y readaptación social, solo le impone una pena de tres años de privación de libertad. Al respecto, el Tribuna a quo no hubiese cumplido con la aplicación de los parámetros establecidos en los arts. 38 y 40 del CP, no se aplicó el art. 38 incs. 1) y 2) del CP, al no considerarse que el imputado es una persona adulta de cincuenta años, con estudios universitarios, padre de familia; por lo que, no actuó por inmadurez emocional, sino de libre albedrio; tampoco, se podría alegar que salió en defensa de su madre porque la citada no estuvo presente en el lugar de los hechos, no se  tomó en cuenta que agredió a su hermana de padre y madre con un vínculo familiar de primer grado, quien con alevosía y ensañamiento atacó salvajemente en plena vía pública, provocándole lesiones con cuarenta días  de impedimento; por lo que, tampoco hubiere tomado en cuenta la extensión del daño causado ni el peligro corrido.


Se denunció la indebida aplicación del art. 40 inc. 3) del CP, ya que no podría existir justificación legal, para agredir físicamente a una mujer, peor si es su propia hermana. No habiendo en ningún momento demostrado arrepentimiento y por el contrario, tampoco se consideró sus antecedentes policiales y penales.


No se consideró que el imputado ya fue beneficiado con la Suspensión Condicional del Proceso en otro proceso penal, seguido en su contra por los delitos de robo agravado y allanamiento; por lo que, su conducta delictiva reiterada no se le puede otorgar indefinidamente beneficios.


Tampoco, se consideró la agravante establecida en el art. 272 del CP, ya que con la agresión se configuró la causal del art. 252 inc. 3) del CP, alegando que el condenado actuó con alevosía y ensañamiento, llegando a fracturarle los huesos de la cara y generarle lesiones que pusieron de manifiesto la violencia con la que se actuó.


II.2.  Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dictó el Auto de Vista 17/2016 de 7 de marzo y declaró improcedentes las cuestiones planteadas, de acuerdo a los siguientes fundamentos:


En el numeral tercero del Considerando III del Auto de Vista recurrido, se estableció que en cuanto a la aplicación de la pena el Tribunal a quo se basó en la valoración de pruebas de cargo como de descargo, mismas que en el desarrollo del proceso fueron desvirtuadas por la defensa, siendo la raíz del problema rencillas familiares que de la evaluación del Tribunal derivó en la aplicación de los artículos referidos a la imposición de la pena, mismos que se encuentran fundamentados en la exposición de motivos para la aplicación de la pena, habiéndose cumplido con el art. 124 del CPP.


Transcribiendo lo establecido en el art. 37 del CP,  concluyeron que el límite de la imposición de la pena lo constituye la ley y no al requerimiento efectuado por el acusador; por lo que, se aclaró que la aplicación de la pena era exclusiva de los jueces; toda vez, que si quedaran vinculadas a la petición del Ministerio Público, imponiendo exactamente la pena solicitada, estarían renunciando a las prerrogativas otorgadas por la ley de efectuar una valoración libre de los elementos probatorios acumulados en el proceso, en suma se estaría renunciando a la facultad de juzgar.


Finalmente, en cuanto a la aplicación del art. 366 del CPP, en relación a la salida alternativa de suspensión condicional del proceso se concluyó que esta resultaba procedente, en virtud a no haberse demostrado que la conducta del imputado haya sido reiterada como acusó la apelante, siendo correcta dicha aplicación por cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 366 del CPP, lo cual no relaciona de ninguna manera con el art. 23 que se alega, por ser otro instituto de salida alternativa.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN 


III.1.  Análisis del caso concreto.


Respecto al agravio traído en casación en el que se denuncia que el Tribunal de alzada no se había pronunciado respecto a que: i) La Sentencia sólo citó los arts. 37, 38.1 incs. a) y b), 40 inc. 3) del CP, sin fundamentar conforme al art. 124 del CPP, concluyendo que existe un


porcentaje mayoritario de agravantes; empero, que como la pena tiene la finalidad de enmienda y readaptación social, impone una pena que viabiliza la suspensión condicional de la pena; y, ii) No se aplicó el art. 38 incs. 1) y 2) del CP, pues el imputado sería una persona instruida, padre de familia, que agredió a la víctima con alevosía y ensañamiento, provocándole cuarenta días de impedimento, obviándose la extensión del daño causado y el peligro corrido por la misma; invocando como precedentes los Autos Supremos 82/2012 de 19 de abril y 326/2012 de 12 de noviembre.


Auto Supremo 82/2012 de 19 de abril, emitido dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y otro contra IACM por la presunta comisión del delito de Homicidio, teniendo como antecedente que en el Auto de Vista recurrido no existieron suficientes fundamentos en cuanto a los parámetros considerados para la determinación de la agravación de la pena, siendo estos antecedentes los que dieron origen a la emisión de la siguiente doctrina legal aplicable:


“Conforme a lo dispuesto por los arts. 413 y 414 del Código de Procedimiento Penal, es facultad del Tribunal de Alzada ante la evidencia de que concurre en el fallo de mérito errores u omisiones formales que se refieren a la imposición o el cómputo de la pena, modificar directamente el quantum de la pena, sin embargo esta corrección debe realizarse observando los principios constitucionales, procesales y los aspectos contemplados en los arts. 37 y 38 del Código Penal, debiendo contener suficiente fundamentación, emitiendo criterios jurídicos correspondientes al tipo penal y al caso concreto, en el que se explique de manera clara y expresa cuáles son los aspectos o circunstancias que agravan o atenúan la pena, señalando las razones objetivas que determinan la reforma, sin que los argumentos vertidos sean incongruentes e imprecisos; asimismo el Auto de Vista debe absolver con la debida motivación y cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad, logicidad, todos y cada uno de los puntos contenidos en los recursos de apelación restringida interpuestos, por qué la inadvertencia del pronunciamiento de un aspecto reclamado en la apelación restringida, así como la omisión de resolver en su integridad cualquiera de los recursos de apelaciones restringidas interpuestos por las partes, se constituye en un vicio de incongruencia omisiva ( citra petita o ex silentio), y en consecuencia una infracción del deber de fundamentación que vulnera los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal, y atenta contra el derecho al debido proceso.”.

Auto Supremo 326/2012 de 12 de noviembre, emitido dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra MCT, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, teniendo como antecedente que los Tribunales inferiores, no consideraron los fundamentos para la imposición de la pena que respalden la determinación de la sanción, siendo que la jurisprudencia ha establecido línea doctrinal concerniente a los aspectos que se deben considerar para determinar el quantum de la sanción imponible al autor del hecho antijurídico, debiéndose tomar en cuenta lo determinado por los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP, considerándose las atenuantes y agravantes, la personalidad del autor, la gravedad del hecho, las circunstancias y los móviles que le impulsaron para la comisión del mismo, señalando por qué razón llegan a esa determinación; puesto que, la omisión de los razonamientos deja en un estado de indeterminación al acusado, que se constituye un defecto absoluto previsto por el art. 169 inc. 3) en concordancia con el art 310 inc. 1) del CPP, por errónea aplicación de la pena, siendo estos antecedentes los que dieron origen a la emisión de la siguiente doctrina legal aplicable:


“Constituye uno de los elementos esenciales del "debido proceso" la correspondiente fundamentación de las resoluciones, las mismas que deben ser motivadas, individualizando la responsabilidad penal del imputado.


En lo que corresponde a la imposición de la pena al autor del hecho antijurídico el Tribunal de mérito así como el Tribunal de Apelación deben tomar en cuenta para determinar el quantum de la pena, las atenuantes y agravantes que hubieran a favor o en contra del acusado considerando la personalidad del autor, la mayor o menor gravedad del hecho, las circunstancias, los móviles que le impulsaron para la comisión del mismo, conforme determinan los artículos 37, 38, 39 y 40 del Código Sustantivo en materia penal, señalando porque razón llegan a esa determinación, siendo esencial el equilibrio y la proporcionalidad que debe existir entre la culpabilidad y la punición que constituye uno de los rasgos esenciales del derecho penal, pues el omitir los razonamientos constituye un defecto absoluto a tenor del artículo 370 inc. 1) art. 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal y a los derechos y garantías previstos en la Constitución, Tratados y Convenios Internacionales”.


Al respecto, se tiene que los precedentes invocados contienen similitud de hechos en cuanto a la problemática planteada, es decir la falta de fundamentación en cuanto a la aplicación de la pena impuesta; en consecuencia, corresponde ingresar a analizar si evidentemente concurre la contradicción demandada.


De manera puntual, se tiene como hecho alegado que el Tribunal de Sentencia no consideró de manera adecuada las agravantes existentes para la aplicación de la pena impuesta al imputado, pues el Tribunal pese a citar la normativa atinente al tema no cumplió con una debida fundamentación, situación que fue inobservada por el Tribunal de alzada, quien también con carencia de fundamentación e incluso sin pronunciarse; al respecto, procedió a confirmar la Sentencia apelada; en consecuencia, a los fines de resolver la problemática planteada, corresponde tener primero claramente establecido lo que se debe entender por una debida fundamentación, así se tiene el Auto Supremo 210/15-RRC de 27 de marzo, que señala al respecto; “ Conforme fue referido de forma reiterada por este máximo Tribunal de Justicia, la obligación de fundamentar y motivar los fallos judiciales, importa el cumplimiento de formalidades que hacen al sistema procesal penal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia (art. 124 del CPP) y por ende al debido proceso del que converge,


precisamente, el derecho a la debida fundamentación de las Resoluciones judiciales.


En etapa de impugnación, la obligación de fundamentar y motivar los fallos, se encuentran vinculados, además del artículo señalado precedentemente, a los arts. 398 del CPP  (alzada) y 17.II. de la  LOJ, normativa que establece límites al poder jurisdiccional, obligando al Tribunal de impugnación a pronunciar fallos que permitan, con base en lo alegado y en el derecho objetivo, entender el razonamiento empleado en la resolución; es decir, el porqué de cada una de sus conclusiones.


Es importante que en el análisis de las circunstancias alegadas, para una mejor comprensión, el Tribunal realice una reseña de los hechos denunciados en contra de la Sentencia (motivos del recurso), sin que ello signifique todo el argumento del fallo, sino debe tener el debido cuidado de estructurar la Resolución, de forma tal que contenga: i) el objeto de impugnación (motivos del recurso); ii) las consideraciones argumentativas que servirán de sustento a la decisión final, es decir, fundamentación (normativa legal, doctrinal o jurisprudencial que respalda el fallo) y motivación (explicación clara, específica, completa, legítima y lógica del porqué la normativa o doctrina es aplicable al caso en concreto); iii) las conclusiones, que deben ser el fruto racional del análisis de las cuestionantes denunciadas, contrastadas con las actuaciones cursantes en el proceso y la normativa aplicable citada en el fallo, finalmente; iv) la parte resolutiva o dispositiva que debe ir en coherencia con lo analizado y las conclusiones arribadas (congruencia interna).

Ahora bien, toda Resolución, en aplicación del principio dispositivo y la normativa legal citada en el primer párrafo de este fallo, debe circunscribir su pronunciamiento a las cuestiones alegadas, tomando en cuenta todas y cada una de ellas, sin apartarse de esos límites, pues son las denuncias las que delimitan el ámbito de pronunciamiento, lo que significa que en toda Resolución, indefectiblemente debe existir congruencia entre lo pedido y lo resuelto sin que se excluyan de la consideración aspectos reclamados, o contrariamente, se introduzcan cuestiones ajenas a la impugnación (congruencia externa).

A propósito de lo anterior, es innegable que un gran número de recursos, en su formulación, carecen de técnica recursiva mínimamente apropiada, generando impugnaciones desordenadas y confusas, es importante que el Tribunal seleccione las denuncias por ejes temáticos o tipos de denuncias, dejando constancia de ese aspecto, para poder resolver de forma ordenada; pero, bajo ningún motivo puede ser desatendida ninguna denuncia.

En suma, como se manifestó una infinidad de veces, se requiere que la autoridad revisora, no sólo que plasme sus conclusiones, sino que las mismas se encuentren debidamente justificadas; es decir, con la cita de la norma legal que respalde las conclusiones, que debe ser vinculada a cada motivo resuelto; así como con la explicación concreta y clara del porqué se arribó a cada conclusión, no siendo suficiente la remisión a los antecedentes, sino la explicación del porqué se resolvió de un modo y no de otro distinto; es decir, porqué el o los impetrantes tuvieron razón o no al presentar su impugnación.

En la línea expresada anteriormente, el Auto Supremo 86/2013 de 26 de marzo, estableció la siguiente doctrina legal aplicable: La garantía del debido proceso, consagrada en el parágrafo II del artículo 115 y parágrafo I del artículo 180 de la Constitución Política del Estado, cuyo fin es garantizar que los procesos judiciales se desarrollen en apego a los valores de justicia e igualdad, se vulnera y, con ella la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica cuando se infringe el derecho a la debida fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales que establece que toda resolución expedida por autoridad judicial o administrativa necesariamente tiene que encontrarse adecuadamente fundamentada y motivada. 

En alzada, conforme ha establecido la amplia doctrina emanada por el Máximo Tribunal de Justicia, los Tribunales a momento de resolver las apelaciones restringidas, deben pronunciarse de forma puntual, precisa, y bajo ningún aspecto esgrimir fundamentos generales, evasivos, vagos o imprecisos que generen confusión y dejen es estado de indeterminación a las partes por ser vulneratorias del debido proceso en sus elementos derecho a la motivación de los recursos, a la tutela judicial efectiva, a la seguridad jurídica y al artículo 124 del Código de Procedimiento Penal, pues no es fundamentación suficiente la simple remisión a obrados o cita de alguna parte del proceso, doctrina y/o jurisprudencia, seguida de conclusiones, sin respaldo jurídico, ni explicación razonada del nexo entre la normativa legal y lo resuelto; es decir, el Tribunal de Apelación debe plasmar el porqué del decisorio, emitiendo criterios lógico-jurídicos sobre la base de las conclusiones arribadas por el Tribunal de mérito en cumplimiento a su obligación de ejercer el control de logicidad, con el cuidado de no expresar nuevos criterios respecto a la prueba producida en juicio. 

En consecuencia, una vez más se deja establecido que el Tribunal de Apelación, al momento de resolver el o los recursos interpuestos, está obligado constitucionalmente (parágrafo II del artículo 115 de la Constitución Política del Estado) a circunscribir su actividad a los puntos apelados en cada recurso, dentro los límites señalados por los artículos 398 del Código de Procedimiento Penal y parágrafo II del artículo 17 de la Ley del Órgano Judicial, en sujeción a los parámetros especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo a cada recurso por separado o en conjunto cuando las denuncias estén vinculadas, dejando conocer claramente a cada recurrente la parte de la resolución que responde a cada pretensión; además, debe fundamentar y motivar sus conclusiones respecto a cada una de las alegaciones, las que inicialmente podrían clasificarse por motivo alegado, resumiendo y describiendo cada una de ellas por separado o de forma conjunta si estuvieran vinculadas (aclarando ese aspecto), con la finalidad de expresar los fundamentos y la motivación de la resolución de manera ordenada, lo contrario implica incurrir en defecto inconvalidable o insubsanable, al tenor del artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, pues todo acto que vulnere derechos y/o garantías constitucionales, cuyo resultado dañoso no se enmarquen a la salvedad dispuesta en el artículo 167 de la misma norma legal, deriva en defecto absoluto y corresponde renovar el acto…”.

En consecuencia, corresponde verificar si el Tribunal de alzada incurrió en los defectos de fundamentación en cuanto a la problemática alegada por la recurrente, en su recurso de apelación restringida, llegándose a las siguientes conclusiones: i) En cuanto, al objeto de impugnación (motivos del recurso) el Tribunal de alzada en el numeral primero del considerando II de la resolución impugnada, desarrolló de manera precisa y puntual los agravios denunciados por


la apelante estando entre estos la presunta indebida fundamentación de la aplicación de la pena; ii) Respecto de las consideraciones argumentativas que sirven de sustento a la decisión final, (normativa legal, doctrinal o jurisprudencial que respalda el fallo) y motivación (explicación clara, específica, completa, legítima y lógica del porqué la normativa o doctrina es aplicable al caso en concreto), se tiene que en el tercero del considerando III se estableció que el Tribunal a quo basó la aplicación de la pena en cuanto a las pruebas de cargo respecto de los otros procesos que tuviere el imputado (desvirtuadas por la defensa) como de descargo, considerando en lo esencial que el problema de raíz fueron problemas y rencillas familiares, analizando en todo su contexto lo expuesto por el Tribunal de sentencia en el acápite: “exposición de motivos para la aplicación de la pena”, pero además lo hizo en el ámbito del respeto a lo establecido en el art. 37 del CP; y, iii) Las conclusiones, que deben ser el fruto racional del análisis de las cuestionantes denunciadas, contrastadas con las actuaciones cursantes en el proceso y la normativa aplicable citada en el fallo. Al respecto, debe tenerse presente que los argumentos esenciales de la recurrente para la aplicación de una pena mayor, fue de que el imputado se benefició con anterioridad a una suspensión condicional de la pena, situación que a decir del Tribunal  de alzada no fue acreditada así lo establece en el numeral cuarto del considerando III de la resolución impugnada; entonces, si no existe un acreditación fehaciente de lo alegado por la recurrente cómo podría pedirse el cumplimiento a lo solicitado, situación o petitorio que no resulta razonable; y, iv) La parte resolutiva o dispositiva que debe ir en coherencia con lo analizado y las conclusiones arribadas (congruencia interna). De lo desarrollado precedentemente no se advierte que el Tribunal de alzada haya incurrido en algún defecto de fundamentación, a tiempo de resolver la apelación restringida de la ahora recurrente, siendo claros, concretos y precisos los motivos por los que se declaró infundado el merituado recurso.

En cuanto, a la denuncia de que el Tribunal de alzada no se hubiere pronunciado a la incorrecta aplicación de los arts. 37, 38 inc. 1) y 2) a y b, 40 inc. 3) del CP, conforme lo desarrollado precedentemente no resulta ser evidente pues, en todo momento se tuvo de forma clara cual la solicitud de la recurrente dándose respuesta clara a cada una de las cuestionantes.

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación, interpuesto por María Giovana Arana Castro.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos