TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 878/2016-RA

Sucre, 08 de noviembre de 2016


Expediente                : Santa Cruz 97/2016

Parte Acusadora        : Wilma Ibáñez Bazan y otra

Parte Imputada        : José David Tapia Ibáñez y otros

Delitos        : Despojo y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 16 de septiembre de 2016, cursante de fs. 493 a 495 vta., Shamir Tapia Céspedes, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 39 de 15 de julio de 2016, de fs. 474 a 477 y su Auto de Explicación 245 de 11 de agosto de 2016, de fs. 483 a 484 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por Wilma Ibáñez Bazan y Soledad Ibáñez Bazan de Justiniano contra José David Tapia Ibáñez, Daniel Tapia Céspedes, Fausto Tapia Céspedes y la parte recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Despojo y Alteración de Linderos, previstos y sancionados por los arts. 351 y 352, ambos del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia 3/2015 de 24 de noviembre (fs. 450 a 456), el Juez de Partido Mixto y de Sentencia de la Niñez y Adolescencia de Cotoca de la Provincia Andrés Ibáñez del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró al imputado Samir Tapia Céspedes, autor de la comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión, más el pago de costas, disponiendo además que en ejecución de Sentencia se libre el correspondiente mandamiento de desapoderamiento contra los ocupantes del inmueble, habilitándose el procedimiento para la reparación del daño causado y su correspondiente indemnización; asimismo, declaró absuelto del delito de Alteración de Linderos tipificado por el art. 352 de la citada Ley. Respecto a los imputados José David Tapia Ibáñez, Daniel Tapia Céspedes los declaró absueltos de la comisión de los delitos endilgados. 


b) Contra la referida Sentencia, el imputado Shamir Tapia Céspedes interpuso recurso de apelación restringida (fs. 462 a 464), resuelto por Auto de Vista 39 de 15 de julio de 2016, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado y confirmó la sentencia apelada.

c) Notificado el recurrente con el referido Auto de Vista el 9 de agosto de 2016 (fs. 480), solicitó Explicación y Complementación (fs. 482 y vta.), que  fue resuelto por Auto 245 de 11 de agosto de 2016, notificado con tal Resolución el 9 de septiembre de 2016 (fs. 489), interpuso recurso de casación el 16 del mismo mes y año que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial que cursa de fs. 493 a 495 vta., se extraen los siguientes motivos:


1) Como primer agravio denuncia, que el Auto de Vista recurrido incurrió en falta de fundamentación respecto al primer reclamo de su recurso de apelación restringida, referido a que la sentencia no estaba motivado, que incumplió los mandatos del art. 370 incs. 5) y 6) del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, el Tribunal de alzada sin fundamentación sólida arguyó, que el Juez a quo realizó una fundamentación de hecho indicando que a eso se denominaba valoración intelectiva de la prueba; además, que de la prueba documental así como de las declaraciones testificales, inspección judicial se llegó a la conclusión de a quien pertenecía el derecho propietario, argumento que le resulta contrario al art. 124 del CPP; toda vez, que no fundamentó y menos efectuó un control de cada uno de los elementos de prueba; limitándose a indicar de forma escueta que el Juez a quo, en base a los elementos descriptivos e intelectivos de las pruebas llegó a determinar su autoría; aspecto que, incumple lo previsto por el art. 398 del CPP, vulnerando el debido proceso que debe ser subsanado en aras de aplicar una justicia pronta, al respecto invoca los Autos Supremos 319/2012 de 4 de diciembre, 342 de 28 de agosto de 2006 y 114 de 20 de abril de 2006.


2) Por otra parte denuncia, que el Auto de Vista recurrido obró de manera ultra petita, ante su reclamo referido a que la querellante no se encontraba en posesión del inmueble, donde únicamente refirió que actuó a título hereditario; toda vez, que solo existe la declaratoria de heredero a favor de la madre de la querellante; entonces, quien tendría legitimidad activa en calidad de supuesta víctima sería la madre de la querellante y al no estar la querellante en posesión del inmueble no concurrió el Despojo; aspectos que, no fueron considerados por el Tribunal de juicio ni de alzada, quien alegó que el derecho a la sucesión hereditaria daba categoría a los herederos forzosos entre ellos a los hijos y conyugue, quienes tendrían un derecho espectaticio mientras esté vivo el causante pero a su muerte el derecho espectaticio se convertiría en un derecho real, no aclarando el Tribunal de alzada, que el derecho sucesorio está legalmente obtenido por la madre de la querellante, quien no presentó prueba documental que acredite su condición sucesoria a la muerte de su madre, resultando en consecuencia un derecho inexistente; además, el Auto de Vista recurrido en su considerando VI, efectuando una descripción de cómo se configura el delito de Despojo que serían invadiendo el inmueble, expulsando a los ocupantes y manteniéndose en él de forma ultra petita se dio a la tarea de manifestar que: “aunque el juez no lo diga de manera expresa de la valoración de la prueba que se realizó se extrae que es la tercera forma que se adecúa al comportamiento del querellado es decir que el ingreso fue consentido con el titular del bien pero esta posesión se vuelve ilícita cuando se niega a salirse del predio y mas aun cuando construye e impide el ingreso de los querellantes a su propiedad”,  facultad dotada al juez sentenciador; toda vez, que al Tribunal de alzada le está prohibido revalorizar prueba para determinar la tipicidad de la conducta del acusado, ya que lo único que puede hacer es efectuar un control de la valoración de las pruebas; a cuyo efecto, invoca el Auto Supremo 203 de 16 de julio de 2013.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que el recurrente cumplió con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta, que fue notificado con el Auto de rechazo a la solicitud Complementación al Auto de Vista impugnado el 9 de septiembre de 2016, presentando su recurso de casación el 16 del mismo mes y año, conforme consta del cargo electrónico de recepción de fs. 493, cumpliendo de esta manera con el primer párrafo del art. 417 del CPP.


Ahora bien, respecto al primer motivo en el que denuncia que el Auto de Vista recurrido incurrió en falta de fundamentación respecto a su reclamo referido a que la sentencia no estaba motivado, que incumplió los mandatos del art. 370 incs. 5) y 6) del CPP, no obstante el Tribunal de alzada arguyó que el Juez a quo, realizó una fundamentación de hecho indicando que a eso se denominaba valoración intelectiva de la prueba; además, que de la prueba documental así como de las declaraciones testificales, inspección judicial se llegó a la conclusión de a quien pertenecía el derecho propietario, argumento que le resulta contrario al art. 124 del CPP; toda vez, que no efectuó un control de cada uno de los elementos de prueba; limitándose a indicar de forma escueta que el Juez a quo, en base a los elementos descriptivos e intelectivos de las pruebas llegó a determinar su autoría; aspecto que, vulnera el debido proceso, al respecto invocó los Autos Supremos 319/2012 de 4 de diciembre y 342 de 28 de agosto de 2006, que estarían referidos a que para que un Auto o sentencia se encuentren fundamentados debe ser expreso, completo, legítimo y lógico, explicando que la Resolución recurrida de forma precipitada y sin motivación llegó a la conclusión asumida, en la argumentación de este motivo, se evidencia que el recurrente explicó la posible contradicción de la Resolución recurrida con relación a los precedentes invocados; en tal sentido, se observa que cumplió con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, resultando admisible.


En cuanto, a la invocación del Auto Supremo 114 de 20 de abril de 2006 no será considerado en el análisis de fondo; toda vez, que el recurrente se limitó a citarlo, no observándose el trabajo de contraste; es decir, la explicación de contradicción en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP.


En cuanto al segundo motivo, en el que denuncia que el Auto de Vista recurrido obró de manera ultra petita; puesto que, ante su reclamo referido a que la querellante no se encontraba en posesión del inmueble, ya que únicamente actuó a título hereditario, teniendo legitimidad activa en calidad de supuesta víctima la madre de la querellante; entonces, al no estar la querellante en posesión del inmueble no concurrió el Despojo, alegó que el derecho a la sucesión hereditaria daba categoría a los herederos forzosos entre ellos a los hijos y conyugue, quienes tendrían un derecho espectaticio mientras esté vivo el causante pero a su muerte el derecho espectaticio se convertía en un derecho real, no aclarando que el derecho sucesorio estaba legalmente obtenido por la madre de la querellante, quien no presentó prueba documental que acredite su condición sucesoria a la muerte de su madre, resultando en consecuencia un derecho inexistente; además, el Auto de Vista recurrido de forma ultra petita habría añadido que: “aunque el juez no lo diga de manera expresa de la valoración de la prueba que se realizó se extrae que es la tercera forma que se adecúa al comportamiento del querellado es decir que el ingreso fue consentido con el titular del bien pero esta posesión se vuelve ilícita cuando se niega a salirse del predio y mas aun cuando construye e impide el ingreso de los querellantes a su propiedad”, no considerando que le está prohibido revalorizar prueba para determinar la tipicidad de la conducta del acusado, pudiendo únicamente efectuar un control de la valoración de las pruebas; a cuyo efecto, invocó el Auto Supremo 203 de 16 de julio de 2013; empero, se limitó a citarlo, no observándose el trabajo de contraste; es decir, la explicación de contradicción en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, pues para el efectivo cumplimiento de la carga procesal impuesta recurrente, no basta con citar el Auto Supremo, como se advierte en este caso; sino, corresponde explicar por qué considera que el Auto de Vista recurrido contradijo los entendimientos asumidos del precedente invocado, para que con esos insumos este Tribunal pueda ingresar a verificar si existe o no contradicción; aspecto que, no ocurrió en el presente motivo, deviniendo en consecuencia en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Shamir Tapia Céspedes, de fs. 493 a 495 vta., únicamente con relación al primer motivo identificado en el acápite II., de este Auto Supremo; asimismo, en cumplimiento del segundo párrafo del citado artículo, se dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA