TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO N° 849/2016-RA

Sucre, 31 de octubre de 2016


Expediente                : La Paz 88/2016

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Carmen Rosa Oliver Fernández y otro

Delito                        : Proxenetismo


RESULTANDO


Por memorial presentado el 18 de agosto de 2016, cursante de fs. 1265 a 1276, Carmen Rosa Oliver Fernández, interpone recurso de casación, a la que se adhirió Jorge Gonzalo Salazar Pérez por escrito de 31 del mismo mes y año, de fs. 1281 a 1286, impugnando el Auto de Vista 59/2016 de 25 de julio de 2016, de fs. 1251 a 1256 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los recurrentes por la presunta comisión del delito de Proxenetismo, previsto y sancionado por el art. 321 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia 106/2014 de 19 de noviembre (fs. 1155 a 1162), el Tribunal Primero de Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a la acusada Carmen Rosa Oliver Fernández, autora de la comisión del delito de Proxenetismo, previsto y sancionado por el art. 321 del CP, imponiéndole la pena de seis años de reclusión, más multa de ochenta días a razón de Bs. 50.- (cincuenta bolivianos) por día y costas a favor del Estado, costas y reparación del daño civil a favor de la víctima y a Jorge Gonzalo Salazar Pérez, autor del delito de Proxenetismo, en grado de Complicidad, tipificado por los arts. 321, con relación al 23 del CP, imponiéndole la pena de tres años de privación de libertad, mas como costas a favor del Estado; y, costas y reparación del daño civil a favor de la víctima.


b) Contra la mencionada Sentencia, los imputados Carmen Rosa Oliver Fernández (fs. 1174 a 1184) y Jorge Gonzalo Salazar Pérez (fs. 1185 a 1206), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 59/2016 de 25 de julio, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró improcedentes las cuestiones planteadas y confirmó la Sentencia recurrida, con costas.

c) El 12 de agosto de 2016 (fs. 1261 y 1263), los recurrentes fueron notificados con el Auto de Vista recurrido, habiendo formulado recurso de casación Carmen Rosa Oliver el 18 del mismo mes y año; y, Jorge Salazar Pérez adhesión al recurso el 31 de agosto del mismo año que son objetos del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACION Y ADHESIÓN


De la revisión del recurso de casación y la adhesión, se extraen los siguientes motivos:

II.1. Del recurso de casación de Carmen Rosa Fernández Oliver.


1) La recurrente asevera que en cuanto a la “errónea e inobservancia”, aplicación del art. 1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que impugnó en apelación restringida, haciendo referencia al contenido de la acusación “0102/07 caso Nro. 2854/2007” y transcribiendo su contenido referente a una descripción sobre las dos declaraciones informativas que prestó antes y después de la imputación formal, el Auto de Vista en el considerando IV, inc. a).3, señaló que no consignó en forma correcta que si prestó su declaración y que tal hecho hubiere sido trascendental para la defensa, influyendo de esta manera en la decisión que se tomó, haciendo hincapié en que no se fundamentó ni acreditó objetivamente vulneración alguna; sin embargo, asegura que no se tomó en cuenta que si bien en la primera declaración no cooperó, eso fue por la situación en la que se encontraba; a cuyo efecto, cita el Auto Supremo 256 de 2 6de julio de 2006.


2) Continúa manifestando, en referencia a la “errónea e inobservancia” en aplicación del art. 76 y 11 del CPP, la Resolución impugnada en ningún momento respalda lo que afirma en sentido de que Hilda NN o Cristina Hidalgo Zurita, no fuere menor de edad y que tampoco ofreció prueba que hubiese sido judicializada como alguna documentación de identificación; sin embargo, por la propia declaración de dicha persona, el dolo está en que se hizo pasar por persona mayor, quien además reconoció que se dedica a la prostitución; en consecuencia, no existe víctima; por cuanto, Hilda NN en su declaración ni siquiera proporcionó fecha de nacimiento, cédula de identidad y demuestra fehacientemente que trabajó por su propia voluntad, no existiendo hecho alguno impulsado por un acto suyo que propicie que ella se dedique o no a la prostitución.


En cuanto a la declaración de Hilda NN, sobre la existencia de dos personas de alias María Fernanda NN, mencionando que la acusada estaría supliendo a la otra administradora que también llevaba ese nombre, habiendo afirmado igualmente que no entregó su documento a la administradora; es decir, a María Fernanda NN (que está en Cochabamba); empero, el Auto de Vista recurrido, refirió que no hubiera ofrecido prueba, ante lo cual la recurrente asevera que debió aplicarse el art. 6 del CPP; vale decir, en caso de duda, resolverla siempre a favor del imputado, lo que no sucedió en el caso de autos.


El Auto de Vista, sobre su denuncia de inexistencia de víctima, respondió en el numeral 4 que no respaldó su afirmación de que Hilda NN o LMO no es menor de edad; sin embargo, quien debió demostrar la minoridad es el Ministerio Público, en mérito a las funciones que cumple; en consecuencia, la aseveración de que este hecho no es trascendental para su defensa y que hubiere influido en el decisorio es claro, porque en el caso también intervino al Defensoría de la Niñez y Adolescencia.


Cita las Sentencia Constitucionales 1173/2004-R de 26 de julio y 1859/2010 de 25 de octubre.


3) En cuanto a la “errónea e inobservancia” en aplicación de los arts. 308 en relación con el art. 27 y 28 del CPP, el Auto de Vista impugnado, señala que “en su oportunidad hubiera hecho la observación correspondiente, vía los medios legales a su alcance, como será por ejemplo la excepción de falta de acción u otro, precisamente en resguardo de sus derechos e intereses…”, sobre lo cual la recurrente afirma que formuló excepción de prescripción, por haber transcurrido más de nueve años, sin que el proceso tenga sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, la que fue rechazada con el justificativo del art. 314 de Ley 586 de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal; por lo que, dicha excepción hasta el momento de presentación del recurso no fue resuelta; por cuanto, solicitó a la Sala Penal Tercera, remita todos los antecedentes referentes a la extinción de la acción penal por prescripción al Juzgado de origen, lo cual no aconteció, agraviándole por cuanto se está hablando de hechos que sucedieron en la gestión 2007, hace más de nueve años. Cita la Sentencia Constitucional 203/2013 y como precedente contradictorio el Auto Supremo 272/2013-RRC de 17 de octubre.


4) Como “errónea e inobservancia” en aplicación del art. 370 incs. 6) y 10), el Auto de Vista recurrido, indica que se refirió nuevamente a las declaraciones de las supuestas víctimas que señalaron la existencia de la otra María Fernanda y que no habría acreditado objetivamente y al interior del juicio esa existencia ni identificó a la misma, soslayando por completo que es la parte acusadora quien tiene que probar los hechos, que ella es inocente hasta que se demuestre lo contrario y que en el presente caso no se demostró con prueba contundente que sea quien incurrió en el delito por el que se le condena.


Añade que la autoridad jurisdiccional no valoró correctamente las pruebas consistentes en declaraciones de los acusados, las vertidas por las supuestas víctimas y las codificadas como MP-01 a la MP-18.


En relación al defecto previsto en el inc. 10 de la norma citada, en la Sentencia se le condenó a la pena privativa de libertad en reclusión de seis años, aplicando la pena máxima que se encontraba en vigencia al momento en el que comenzó el proceso, sin valorar pruebas que disminuyan su responsabilidad. Cita como precedentes contradictorios los Autos Supremos 275/2012 de 4 de octubre y el 038/2013-RRC.


II.2. De la adhesión de Jorge Gonzalo Salazar Pérez al recurso de casación.


i) Previa expresión de que se adhería al recurso de casación interpuesto por Carmen Rosa Fernández Oliver y ampliaba los fundamentos, denuncia que jamás fue declarado rebelde, de modo que la potestad de perseguirle penalmente, por el simple transcurso del tiempo prescribió, habiéndose triplicado el término de duración máxima del proceso; a cuyo efecto, la extinción de la acción penal debería operar incluso de oficio.


Respecto a ello, más adelante señala que formuló excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso en juicio oral, habiendo sido rechazada, decisión contra la que apeló e hizo constar reserva de apelación restringida.


ii) El Auto de Vista cuestionado, es incompleto, ambiguo y contradictorio, al no responder todas las cuestiones objeto de apelación restringida de la Sentencia, al extremo de que ni siquiera se expresa qué recurso de apelación resuelve, dedicándose a hacer referencia a algunos de los puntos expresados en la apelación de la parte querellante; en consecuencia,  convalida, por omisión, un juicio indebido y una Sentencia injusta, violando la garantías del debido proceso en el elemento de debida motivación de las resoluciones judiciales, a cuyo efecto, se refiere a la existencia de vicios in procedendo, cuestionados en el momento oportuno, entre los cuales precisa que el juicio no se llevó a cabo de manera continua, habiéndose sesionado con intervalo de días y semanas inclusiva, solo por horas, lo que fue mencionado tangencialmente en la Resolución de alzada; la simple mención de la documentación contenida en las acusaciones, lo que generó falta de certeza de su participación en los hechos acusados, detallando las pruebas erróneamente valoradas, sobre lo que la Sala Penal no se pronunció debidamente.


Cita como precedentes contradictorios, los Autos Supremos 450 de 19 de agosto de 2004, 5/2007, 448 de 12 de septiembre de 2007, 335 de 10 de junio de 2011, 442 de 10 de septiembre de 2007 y 111/2014-RRC de 11 de abril.


iii) En el memorial de apelación restringida denunció concurrencia del defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, que hace a la falta de fundamentación e insuficiente fundamentación probatoria de la sentencia, respecto a lo cual el Auto de Vista recurrido no se pronunció con fundamentos claros, precisos, sólidos, coherentes, lógicos y razonables, lo que resulta contrario a los Autos Supremos 309/2013 de 24 de octubre y 418 de 10 de octubre de 2006, denunciando a la vez defectos absolutos no susceptibles de convalidación, por falta de pronunciamiento u omisión del Auto de Vista impugnado.


Asimismo, cita los Autos Supremos 111/2014-RRC de 11 de abril, 286/2013 de 8 de octubre, 87/2013 de 26 de marzo, 164/2012 de 4 de julio, 308 de 25 de agosto de 2006, 418 de 10 de octubre de 2006, 12/2012 de 30 de enero y 193/2013 de 11 de julio.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley, conforme a la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de este Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte, y por lo tanto, aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


IV.1. Del recurso de casación de Carmen Rosa Oliver.


De la revisión de antecedentes, se tiene que Carmen Rosa Oliver fue notificada con el Auto de Vista recurrido el 12 de agosto de 2016, habiendo formulado su recurso de casación el 18 de mismo mes y año, teniéndose con ello por cumplido el requisito temporal exigido en el art. 417 del CPP, correspondiendo a continuación verificar el cumplimiento de los demás requisitos exigidos en los arts. 416 y 417 del Código citado.


La recurrente como primer motivo, expresa que sobre el cuestionamiento que realizó en apelación restringida sobre la falta la errónea aplicación e inobservancia del art. 1 del Código adjetivo penal, debido al contenido de las dos declaraciones que otorgó antes de la imputación, el Tribunal de alzada en la Resolución impugnada, aseveró que no consignó en forma correcta que sí prestó declaración y que hubiere sido trascendental para su defensa, influyendo de esa manera en la decisión asumido, lo que tilda de errado por cuanto su falta de cooperación se debió a la situación en la que se encontraba, citando en su mérito el Auto Supremo 256 de 26 de julio de 2006, efectuando una descripción literal de su contenido, sin explicar de manera mínima de qué modo dicho precedente hubiere sido contrariado por el Auto de Vista recurrido, soslayando su obligación procesal consignada en el art. 417 segundo párrafo del Código citado; por cuanto, la recurrente no puede limitar la invocación del precedente contradictorio a la simple cita o referencia de algún Auto Supremo o Auto de Vista emitido por los Tribunales Departamentales de Justicia, sino y conforme se desarrolló en el apartado III del presente Auto Supremo, debe explicar en términos claros y precisos la contradicción denunciada  a partir de la comparación de hechos similares y de las normas jurídicas aplicadas en sentidos jurídicos diversos, obligación legal que habiendo sido omitida, provoca la declaratoria de inadmisibilidad del motivo.


En cuanto al segundo motivo, en el que la impugnante señala por un lado que, el Auto de Vista recurrido fundamentó, sobre la afirmación de Hilda NN, en sentido de que existían dos personas de alias María Fernanda NN y que a una de ellas (la que está en Cochabamba) fue identificada como administradora del lugar, que no habría ofrecido prueba; por lo que, la impugnante denuncia que en ese caso debió haberse aplicado el art. 6 del CPP y por otro, en cuanto a la falta de demostración de la minoridad de Hilda NN o LMO, lo que demostraría la inexistencia de víctima, respecto a lo cual el Tribunal de apelación habría manifestado que no demostró la trascendencia de la denuncia y que como recurrente de apelación no habría presentado pruebas sobre eso ni demostrado la trascendencia en el decisorio, habiendo omitido considerar la intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la impugnante citó las Sentencias Constitucionales 1173/2004-R de 26 de julio y 1859/2010 de 25 de octubre, las que no se encuentran en los alcances del art. 416 del CPP, en calidad de precedentes contradictorios con los que este Tribunal Supremo pueda efectuar la labor de contraste con el Auto de apelación recurrido; en consecuencia, corresponde declarar su inadmisibilidad.


En el tercer motivo, la recurrente aduce que se le rechazó la excepción de extinción de la acción penal por prescripción en aplicación de la Ley 586 y habiendo solicitado al Tribunal de apelación que remita los antecedentes referentes a la extinción al Juzgado de origen, ése no lo hizo, lo que le causó, por lo que cita el Auto Supremo 272/2013-RRC de 17 de octubre. Al respecto, se tiene que la recurrente soslaya establecer cuál el agravio que habría provocado el Tribunal de alzada en la resolución de la apelación restringida; es decir, en el pronunciamiento del Auto de Vista recurrido, siendo la finalidad esencial del recurso de casación, el análisis de derecho de la Resolución de alzada o, de manera excepcional y en resguardo de los derechos y garantías fundamentales del recurrente, el control sobre la omisión de pronunciamiento de una temática expresamente denunciada en apelación restringida, en confrontación con la doctrina legal invocada, supuestos que no son denunciados por la recurrente de casación; por cuanto, únicamente hace referencia a un cuestionamiento netamente procesal en cuanto a la no remisión de antecedentes del Tribunal de mérito al Tribunal de origen, denuncia que no está dentro de los alcances de la competencia asignada a la Sala Penal de este Tribunal; a cuyo efecto, corresponde declarar su inadmisibilidad.


Se aclara que, conforme se estableció anteladamente, las Sentencia Constitucionales no son consideradas precedentes contradictorios susceptibles de análisis en el marco del art. 416 del CPP; en consecuencia, la Resolución Constitucional citada no fue considerada a efectos de determinar la admisibilidad del recurso.


Finalmente, como cuarto motivo, la recurrente denuncia dos aspectos diferentes; por un lado, que el Auto de Vista recurrido no concluyó que no acreditó objetivamente en el juicio la existencia de otra María Fernanda, ni la identificó, lo que considerada errado porque la demostración de los hechos es obligación de la parte acusadora, haciendo referencia a la valoración incorrecta de las pruebas de parte de la autoridad jurisdiccional, respecto a lo cual omitió citar doctrina legal alguna susceptible de contrastación, impidiendo que este Tribunal aperture su competencia; en razón a ello, resulta inadmisible.


Por otro lado, la recurrente cuestiona que se le condenó a la pena máxima en base a una norma vigente al momento en que comenzó el proceso, sin valorar las atenuantes, respecto a lo cual cita los Autos Supremos 275/2012 de 4 de octubre y el 038/2013-RRC, defecto que no puede ser admitido debido a que la recurrente omitió explicar cuál el agravio provocado por el Auto de Vista recurrido en relación a la imposición de la pena y en confrontación con los precedentes invocados; por lo que, en definitiva resulta inadmisible.


IV.        Del recurso de casación de Jorge Gonzalo Salazar Pérez.


Ahora bien, en cuanto a la adhesión del co-acusado, de antecedentes se advierte que fue notificado con el Auto de Vista recurrido el 12 de agosto de 2016, habiendo formulado su adhesión al recurso el 31 de agosto del mismo año. Al respecto, la parte recurrente debe tener en cuenta, que si bien el art. 395 del CPP, posibilita a quien tenga derecho a recurrir, adherirse fundamentadamente al recurso concedido a cualquiera de las partes, esta posibilidad puede hacerse efectiva dentro del periodo de emplazamiento, que sólo ha sido regulado por el legislador respecto a los recursos de apelación incidental y restringida, conforme se advierte de las disposiciones legales contenidas en los arts. 405 y 409 del CPP, sin que exista similar regulación en cuanto al recurso de casación, cuyo trámite no establece emplazamiento alguno, lo cual determina la imposibilidad de adhesión a un recurso de casación formulado, criterio que fue asumido anteriormente por este Tribunal, mediante Auto Supremo 207/2012, que precisó: "De los preceptos anotados, se desprende que el recurso de casación no contempla la adhesión como parte de su procedimiento, pues no existe un periodo de emplazamiento, periodo legal establecido para las adhesiones contempladas en la normativa procesal penal, como es el caso de la apelación incidental (tres días) y la apelación restringida (diez días)", motivo por el cual resulta inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE, el recurso de casación interpuesto por Carmen Rosa Oliver Fernández y la adhesión de Jorge Gonzalo Salazar Pérez, cursantes de fs. 1265 a 1276 y fs. 1281 a 1286.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA